En este trabajo de investigación posdoctoral se invita a los periodistas de los medios de comunicación de América Latina a transformar sus prácticas y narrativas para dar voz a la niñez e incluirlas en los discursos mediáticos autorregulando el ejercicio profesional para aportar en la consolidación de imaginarios de la niñez como sujeto de derechos, partiendo de estudios en sociología jurídica sobre el derecho y la comunicación, y tomando como referentes a autores como Liebel (2015), quien expone las contradicciones que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño al dejar fuera a las infancias (Gaitán, 2006) y a su autonomía (Cordero, 2015), centrando su postulado en la mirada adultocéntrica (Picontó, 2016). Así mismo, aquí se expone que la Convención no contempla los medios de comunicación en los escenarios convergentes (Prensky, 2001), sino en la linealidad del siglo pasado, dejando de lado la sociosemiótica de las hipermediaciones (Scolari, 2013), la teoría de los nuevos medios y los nuevos consumos culturales (Igarza, 2009). Así, esta investigación busca abrir nuevas tramas de significación que permeen el discurso mediático en el que predomine la concepción de los niños y las niñas como sujetos de derechos y sujetos sociales.
El derecho a la salud que tienen todas las personas por el solo hecho de existir es inalienable y como tal debe ser reconocido, respetado y materializado a través de los instrumentos que disponga el Estado para asegurar la supervivencia de la sociedad, el respeto a la dignidad humana y una convivencia en condiciones de bienestar para la población en general, mediante una adecuada prestación de los servicios de salud. Esta última comprende las actividades de prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y todos los servicios de curación, protección, recuperación y rehabilitación, como también los cuidados de paliación de la enfermedad, los cuales se manifiestan en las actividades, intervenciones y procedimientos que se realizan en el suministro de los medicamentos y en el uso de las tecnologías e insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud. El a bordaje del derecho a la salud o a la protección de la salud puede hacerse con respecto al reconocimiento del derecho de cada persona y de la salud colectiva; al servicio público de la prestación de los servicios de salud; al funcionamiento del sector salud de la administración pública, del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en general, de la organización de los servicios de atención en salud, desde diversas perspectivas como la técnica, la administrativa, la económica y la jurídica. Esta obra recoge los esfuerzos que la sociedad colombiana ha venido adelantando durante varias décadas en torno a la dimensión jurídica de la salud, desde cuando se abocó la organización del Sistema Nacional de Salud, en los años sesenta del siglo XX, hasta la consagración del reconocimiento del derecho a la salud para todas las personas como derecho fundamental autónomo en la Constitución de 1991, en la Ley 100 de 1993, sus reformas, y en la Ley Estatutaria de Salud, organizado bajo la estructura jurídica y administrativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se espera que este trabajo resulte de gran utilidad, no solo para los responsables de la dirección y administración de las instituciones de seguridad social y salud, sino para los estudiosos de esta materia y demás personas interesadas en un tema de transcendental importancia para los colombianos.
Este libro es el resultado de un proceso de investigación adelantado por los profesores del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social, en el que se analizan algunas de las problemáticas actuales de esta disciplina que se han evidenciado a lo largo de los 30 años de vigencia del sistema integral de seguridad social creado con la Ley 100 de 1993.
La consagración constitucional del derecho a la seguridad social, no solo como un servicio público que se presta bajo la orientación y dirección del Estado, sino también como un derecho fundamental autónomo. ha resignificado el alcance de este derecho y de las instituciones que conforman el sistema. De allí han surgido interesantes debates de raigambre constitucional acerca de la inclusión de la familia de crianza en la acción protectora de la seguridad social o la garantía del derecho a la salud de la población migrante o el acceso a las técnicas de reproducción asistida a través de la seguridad social, por señalar solo algunos ejemplos que son abordados en este estudio.
La desigualdad pareciera ser un tema presente en las agendas de todos los países, esto es, un problema de preocupación de la comunidad humana. Sin embargo, en el contexto colombiano este problema se presenta con mayor fuerza, pues sin lugar a dudas la historia, las cifras y la realidad social innegable describen a Colombia como un país abiertamente inequitativo, como 10 constata el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que la sitúa en el puesto noveno entre las sociedades con mayor desigualdad.': un país que aún refleja en su tejido social los rasgos del régimen estamental francés; una sociedad en la que la estratificación de los ciudadanos marca los senderos y los criterios más apropiados para asignar recursos o para restringir derechos. Lo correcto sería que los planes y las estrategias para superar la enorme brecha social que identifica a nuestra comunidad fueran asuntos prioritarios para ser abordados por los poderes públicos.
La creación en 1993 del Sistema Integral de Seguridad Social constituye un punto fundamental en el desarrollo de la seguridad social en Colombia y la base para su evolución.
La Ley 100 de 1993 creó el Subsistema de Riesgos Profesionales, hoy de Riesgos Laborales, introduciendo modificaciones estructurales de gran importancia en la organización y prestación de los servicios y beneficios derivados de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Entonces se dio autorización para que el sector privado participara en el aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo, dando continuidad a los progresos que presentaba el Instituto de Seguros Sociales (rss) en materia de aseguramiento de dichos riesgos, por lo que a esta institución se sumó un importante número de aseguradores privados.
Por otra parte, los sectores productivos, empleadores y trabajadores les han otorgado mayor importancia a la prevención y al aseguramiento frente a las posibles contingencias que se pueden presentar en el desarrollo del trabajo, que no solo afectan al individuo que las padece, sino la marcha y la productividad de las organizaciones empresariales.
En 1988, la primera edición de este libro anticipó la concepción que adoptarían el Constituyente y el Legislador colombianos, pocos años después para fundamentar y desarrollar el nuevo Sistema de Seguridad Social integral contenido en la Ley 100 de 1993. En sus posteriores ediciones, se actualizó el contenido, presentando con más detalle los antecedentes y alcances de las reformas implicadas en esta ley, sus posteriores modificaciones.
La cuarta edición de este título constituye un nuevo texto en el que el autor lo revisa y amplía, e incluye las disposiciones más recientes en materia de seguridad y protección social. En esta edición, el autor conserva las virtudes de las anteriores, llena vacíos conceptuales y presenta de manera clara y esquemática las distintas instituciones de la seguridad social y su evolución, permitiendo a lectores expertos y entusiastas tener una visión panorámica y una comprensión integral de la seguridad social en Colombia.
Aborda desafíos contemporáneos de la responsabilidad civil, penal, laboral y de derechos humanos, analizando nuevos paradigmas y la influencia internacional, resultado de un seminario doctoral.
A pesar de que el mundo contemporáneo se define como una era de la abolición, sorprende la persistencia de la pena capital en los Estados Unidos de América. David Garland, quien hizo época como catedrático de criminología con su Cultura del control, aborda en este libro la disección histórica, política y cultural que pudiera explicar cómo es que, a pesar de que fuera Michigan en 1846 uno de los miembros de los Estados Unidos y el primero de los países del mundo en abolir la pena de muerte, hoy sigue permitiendo en sus leyes y en su práctica en buena parte de sus miembros, siendo el estado de Texas en el que se ejecutan dos tercios del total anual.
En los últimos treinta años, varios autores han descrito el aumento vertiginoso de la población penitenciaria global; un fenómeno histórico y político tan intenso que merece ser llamado: la era del encarcelamiento masivo. En el centro de este debate se encuentran los estudios de Jonathan Simon, que nos permiten comprender cómo desde hace varias décadas la cuestión penitenciaria, un problema social y político por excelencia, se ha convertido en un problema jurídico. Los trabajos de Simon que se presentan en este libro son claves para comprender las nuevas realidades y los retos de la criminología y la sociología del castigo.
Este volumen explora el camino que ha recorrido el campo de la justicia transicional desde sus orígenes en el Cono Sur, con el tránsito de las dictaduras a las democracias, hasta su configuración actual en escenarios de (post) conflicto armado. A través de un análisis de las principales necesidades y los objetivos de las sociedades en estos momentos de cambio político y legal; la naturaleza ,el tipo y la extensión de los abusos cometidos y la capacidad institucional para implementar las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los textos que integran este libro ofrecen un análisis crítico de las oportunidades y los riesgos que surgen con la aplicación de la justicia transicional en escenarios de (post) conflicto armado.
Este documento explora el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales.
Ampliar y corregir los problemas de las medidas alternativas en Colombia no solo son formas de enfrentar el hacinamiento carcelario y la crisis, sino también un camino para romper el círculo vicioso de una política criminal centrada en la seguridad y la fuerza.
