LIJURSANCHEZ

A diferencia de otros textos, la indagación del profesor Francisco Perea puede considerarse como un delicado y profundo estudio en derecho ambiental. Y se dice «delicado y profundo estudio en derecho ambiental» porque sus páginas analizan, con la pericia de un científico que escudriña en la materia, los aspectos más significativos y destacados de esta importantísima rama del derecho. Dividido en siente capítulos, el libro trata temas que todo fanático del medio ambiente problematiza cuando tiene oportunidad. Por ejemplo, discute cuestiones como los antecedentes del derecho ambiental, sus orígenes en la historia del pensamiento, la relación actual entre medio ambiente y el concepto del desarrollo sostenible, el Estado y el medio ambiente, el sistema colombiano del medio ambiente, la función ecológica de la propiedad, los crímenes contra el medio ambiente, un rodeo bastante interesante respecto a la legislación ambiental, entre otros. ¡No olviden!, la obra del profesor Perea es ante todo un libro de consulta y un curso perfecto en derecho ambiental. ¡Disfrútenlo!

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Este libro, del Dr. Guillermo Alonso Arévalo Gaitán, ofrece un análisis exhaustivo sobre la evolución de la autonomía de la voluntad en los sistemas jurídicos, desde el liberalismo clásico hasta el neoliberalismo. Examina los límites que los derechos fundamentales imponen a las relaciones contractuales entre particulares, con un enfoque especial en la Drittwirkung y su aplicación en Colombia. Además, propone una reformulación del sistema de fuentes para interpretar contratos, destacando el impacto económico de las decisiones de la Corte Constitucional. Una obra esencial para entender la interacción entre contratos y derechos fundamentales.

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La transformación radical que ha tenido el proceso penal peruano, unida a la complejidad de alguna de sus instituciones, justifican la publicación de esta obra, a la vez que explican su estructura y contenido.

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Nuevamente al mercado “El Diccionario de jurisprudencia penal”, actualizado totalmente y ampliado en conceptos y aspectos que son necesarios manejar en un momento determinado frente a las lides de la práctica judicial penal. Este es un esfuerzo vivo y real, pensando en una inmensa masa lectora y consultante, que ha entendido el valor académico de este libro, revisado en su enteridad, integridad y cuidado. Se realizó en horas silenciosas y cargadas de una atención especial, todo buscando su corrección y actualización, pedido necesario para responder ante la gran acogida que ha tenido entre los profesionales del derecho penal. Luego, hoy entregamos con mucha satisfacción, su edición 2023. Es la ideación de un libro creativo, articulado en forma temática, cronológica y alfabéticamente organizado para hacer ágil la búsqueda y consulta. Esta vez, su actualización se hace evidente y, además, repetimos, se ha trazado una línea conceptual de términos que se hacen necesarios a la discusión litigiosa y usanza práctica del Derecho Penal; también, su contenido encuentra una caracterización especialísima dado que se ofrece como un libro didáctico y oportuno ante la discusión presurosas que muchas veces surgen en el foro, creando distintas puertas de entrada y alternativas fáciles de revisar y consultar por parte del abogado.

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Fueron suficientes cuatro años para que la comunidad lectora nacional  conociera el contenido de Referentes jurisprudenciales penales —quince  años de compilación—; hoy, lo solicitan con una gran devoción y  necesidad.  Este pedido hizo que se procediera a ejercer una nueva tarea, la cual se  realizó en horas silenciosas y cargadas de una atención especial, todo  buscando su actualización y mejor coherencia.  Luego, hoy se entrega, por parte de Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., la  segunda edición, que constituye un libro ideal y creativo, con el título de  Diccionario jurisprudencia penal, articulado en forma temática, cronológica  y alfabéticamente una información, disponible y oportuna para los  estudiosos de la rama penal.  Esta vez, su actualización se hace evidente y, además, se ha trazado una  línea conceptual de términos que se hacían necesarios a la discusión  litigiosa y a la usanza práctica del derecho; también, su contenido  encuentra una caracterización especialísima dado que se ofrece como un  libro didáctico y oportuno ante la discusión presurosas que muchas veces  surgen en el foro, creando distintas puertas de entrada y alternativas  fáciles de revisar y consultar.  Nuevamente los leyeratos, Henry Yecid Sánchez Saavedra y Marín Castro  se apuntalan como verdaderos creadores de formas ágiles, didácticas y de  buen espíritu para los profesionales del derecho.  Hoy, damos paso a su oferta, convencidos de que será un éxito indiscutible  que no podrá faltar en las bibliotecas de los abogados penalistas. 

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’Interpretar’ viene del latín interpretor, que dimana de interpres, que designa al traductor, al que hace accesible lo que no se entiende. El interpres era el intermediario capaz de lograr el entendimiento entre las partes. Por tanto, interpretar significa <<servir de intermediario>> o <<venir en ayuda de>>. Lo que hace necesario saber si la Corte Constitucional colombiana, cumple con su tarea de <<venir en ayuda de>> la sociedad, o cooperar con esta, otorgándole en su interacción jurisprudencial una contribución pertinente, verdadera y clara. Este texto, Busca formular correcciones a los posibles desmanes de la Corte Constitucional colombiana cuando se presuman potenciales vulneraciones a los principios de razonabilidad y coherencia, o se pueda deducir interpretación creativa […].

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII

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La Ley de Restitución de Tierras como los decretos que facilitan la restitución de los derechos territoriales étnicos establecen como límite al ejercicio de la acción de restitución por despojo o desplazamiento el 1.º de enero de 1991, y para el caso étnico desde 1990 cuando se trata de despojo o desplazamiento de tierras coloniales. El control de convencionalidad con respecto al ejercicio pretemporal de la acción de restitución tiene como finalidad establecer, a partir del control de convencionalidad, los elementos de juicio necesarios que permitan determinar el carácter inconvencional de la limitación temporal para el ejercicio de la acción de restitución, señalada en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y replicada sin ninguna contemplación a la acción de restitución de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas en los decretos leyes 4633 y 4635 de 2011.

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Históricamente, el control fiscal en Colombia ha tenido varios períodos de transformación parcial, pero que no han sido simétricos con la dinámica del país y mucho menos con la acelerada corrupción que ha permeado las instituciones del Estado colombiano, sin que podamos tener la certeza de que las normas, los procedimientos, los sistemas de información y las técnicas de verificación, entre otros, sean instrumentos contundentes para combatir esta plaga que desangra las finanzas públicas del país. Con esta publicación procuramos articular varias herramientas existentes hoy en Colombia, para el adecuado ejercicio del control fiscal, que, si bien no garantizan que la putrefacción de las entidades del Estado desaparezca, por lo menos, sí puede atenuar este cáncer que nos está destruyendo a pasos agigantados, ante la mirada impotente de los ciudadanos de bien que observan cómo el recaudo de los tributos es utilizado para alimentar a aquellos zánganos de la patria.

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Una de las causas de responsabilidad patrimonial del Estado que mayor tráfico tiene en los estrados judiciales y por la cual se le condena son las irregularidades que se presentan en las actuaciones administrativas contractuales de tipo sancionador, especialmente por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares contratistas o terceros que concurren a las mismas, razón por la cual encontramos plausible realizar un ejercicio académico que analice los alcances de ese derecho y sus garantías en el marco de las citadas actuaciones. Máxime ahora que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley tendiente a modificar nuevamente el Estatuto General de Contratación de la Administración, y en lo que se refiere a este punto, pareciere dar al traste con los grandes avances jurisprudenciales construidos por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia (especialmente la Sección 3.ª), así como con las normas proferidas ulteriormente, con ocasión del contenido de ese «derecho viviente»

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En esta oportunidad, el autor deja a consideración de toda la comunidad académica y de la ciudadanía, en especial, este trabajo exclusivamente jurídico, titulado El delito de cohecho. Análisis dogmático y jurisprudencial de la casuística en Colombia, como una obra, además, de carácter histórico que no puede faltar en la biblioteca de todo ciudadano colombiano que se interese en el acontecer político y social de la nación. La yidispolítica, el escándalo político que se originó en 2008 y dio lugar a juicios penales que culminaron en sentencias condenatorias contra altos funcionarios del Gobierno nacional y contra congresistas de la época por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio […].

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