Oralidad y escritura. El proceso por audiencias en Colombia
Se reflexiona sobre la oralidad en el proceso laboral, que desde el año 1948 se había consagrado, si bien como lo dicen los autores en forma nominal, de todas maneras fue útil para que se estudiara la posibilidad de llevarla a la práctica realmente.
En esta obra igualmente, se hacen razonamientos para que desde la perspectiva de la Ley 906 de 2004 se mire la utilidad que se puede derivar del conocimiento y comparación que se hace con la regulación probatoria en el Código General del Proceso. Igualmente, es muy válido, reflexionar no solo sobre las ventajas de la oralidad, sino también sobre los inconvenientes que se pueden presentar. Es una invitación imperiosa, para que se haga una reflexión, con toda la honradez y si se quiere en forma exhaustiva sobre la oralidad.
La obra aborda la compleja relación entre la intervención judicial y la formulación e implementación de políticas públicas, centrándose específicamente en la garantía de los derechos sociales. El autor examina cómo los jueces constitucionales actúan como actores relevantes en la definición de agendas públicas, especialmente ante vulneraciones estructurales de derechos fundamentales (como salud, educación, vivienda, etc.)
Este libro ha sido organizado en trece capítulos que abordan, de manera amplia y detallada, los distintos aspectos que componen el régimen departamental colombiano. Desde una aproximación histórica que se remonta a la organización territorial de los pueblos indígenas prehispánicos, pasando por el régimen colonial y republicano, hasta los desafíos contemporáneos de planeación, competencias, asambleas, gobernadores, ordenanzas y control fiscal, se presenta un panorama completo y multidisciplinario. También se dedican capítulos a los esquemas asociativos, a los regímenes especiales como el del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a los debates vigentes sobre la creación de nuevos departamentos y la redefinición de límites.
Esta obra estudia de forma sistemática y sencilla todos aquellos aspectos jurídicos que rodean los asentamientos humanos de desarrollo incompleto – AHDI en Colombia, advirtiendo que son una realidad, no solo urbana, sino también rural, y aunque está fija en el paisaje, pasa desapercibida, como invisible y por ende normalizada en la sociedad.
Esta publicación es un compendio normativo y jurisprudencial exhaustivo, completamente actualizado a febrero de 2020, que busca servir como una herramienta práctica y accesible para funcionarios públicos, académicos, estudiantes y cualquier persona interesada en la administración municipal. Su objetivo principal es desglosar la compleja y dispersa legislación que rige los municipios colombianos, proporcionando una guía clara para la gestión eficiente y transparente de los asuntos locales.
El autor aborda la importancia del municipio como la "célula de la democracia cotidiana" y la entidad territorial fundamental para la gestión de los intereses de la comunidad local, gozando de autonomía dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
Se centra en el derecho penal, las víctimas del terrorismo y los diferentes tipos de reparación integral que incluyen medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
La parte I, se encargará de dejar sentada la premisa de la estructura de la responsabilidad estatal, las teorías especiales y los regímenes de imputación. La parte II ocupará la tarea de explorar el panorama general de lo que se entiende por transformación digital, medios tecnológicos, revolución industrial, avance informático, qué se entiende o puede entender por ciberterrorismo o por ataque informático. Finalmente, la parte III desarrollará un abordaje de casos y el alcance de los daños de esta naturaleza para posteriormente reflexionar sobre la aplicación del derecho en sede de declaratoria de responsabilidad estatal por daños causados por medios tecnológicos.
Hay en la historia de esta firma momentos difíciles –no podía ser de otro modo en un país donde el Derecho a menudo debe defenderse también de quienes lo interpretan–, pero es precisamente en esas encrucijadas donde se revela el temple de quienes la han construido. En cada contestación, en cada audiencia, en cada alegato, en cada consulta respondida con rigor y con paciencia, late la convicción de que la ley no es un escudo para el más fuerte, sino una esperanza para quien ha sido herido.
Tal vez por eso, y como ocurre con las obras verdaderamente humanas, lo que conmueve al leer estas páginas no es solo la solidez jurídica, sino la delicadeza con la que se aborda cada caso. Porque detrás de cada conflicto hay una vida. Y en esta firma, desde siempre, se ha entendido que defender una causa no es solo argumentar a su favor, sino también comprenderla. Es eso, quizás, lo que diferencia al técnico del jurista, al especialista del sabio.
Aborda los conceptos fundamentales del derecho constitucional, definiendo la Constitución como la norma que organiza el Estado y regula la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos. La obra se centraría en los principios y la estructura de la organización política, diferenciando entre una concepción general de "constitución" y el concepto específico de la "Constitución del Estado" como unidad política y sistema normativo.
La dogmática clasifica las presunciones en legales y judiciales según sea el sujeto que la formule, enrutando sus efectos hacia la verdad de los hechos. Se plantea que la presunción juris tantum admite prueba en contrario y que las iure et de jure no admite la producción de prueba en contrario del hecho presumido.
Se plantea entonces una mirada crítica al concepto de presunciones por parte de la doctrina para eliminarlas de la noción tradicional y reconducirlas a otros conceptos como la carga de la prueba, las ficciones legales y las inferencias probatorias, pero con la salvedad de que existirán otras circunstancias que justifican que el concepto se mantenga.
La vida humana tiene dos tipos de regulaciones jurídicas, a saber: la sustantiva y la procesal, cada una con finalidades diferentes, pero íntimamente conectadas.La relación sustancial otorga a los intervinientes facultades y deberes. Los convierte en acreedores o deudores, arrendadores o arrendatarios, comodantes o comodatarios, calidades que a su vez habilitan al titular para dar, hacer u omitir, o para demandar, de otro sujeto obligado, una o varias de tales prestaciones.
