La presente obra tiene como objetivo encontrar criterios sustanciales de valoración del cumplimiento de las obligaciones que contribuyan a la construcción de una consideración de la conducta del deudor, en la ejecución de las prestaciones a su cargo, capaz de reflejar la importancia de este concepto para el derecho civil, pues el cumplimiento es la más perfecta realización del contenido de la obligación: hacia él está destinada fisiológicamente desde que nace, ya que solo a través del mismo despliega plenamente su función social. El cumplimiento, en suma, es la única vía que permite la materialización de la colaboración intersubjetiva que el derecho aspira a facilitar y tutelar por medio de la obligación como categoría jurídica.
Nuestro propósito se encuentra justificado en la convicción de la insuficiencia de los mecanismos que en la actualidad se utilizan para evaluar el comportamiento del deudor al dar cumplimiento a sus compromisos, por cuanto dichos mecanismos se encuentran restringidos a la mera verificación de la correspondencia entre fuente de la obligación y conducta efectivamente desplegada en términos de sujetos, tiempo y lugar del pago, así como a una confrontación formal de los señalados extremos que permita concluir que el pago es idéntico y completo respecto del título que lo impone.
Asimismo, nos motiva la preocupación que proviene de constatar que en el derecho civil contemporáneo el lugar por antonomasia en el que se evalúa con mayor detalle y atención la conducta del deudor es el de la responsabilidad civil. En nuestra opinión, esta manera de afrontar las problemáticas relacionadas con el comportamiento de aquel sobre el que pesa una obligación ha contribuido a la difusión, tal vez silenciosa, de una percepción de las obligaciones como compromisos respecto de los cuales puede elegirse entre cumplir o indemnizar, con lo cual se pone en grave peligro la capacidad de las obligaciones y contratos como estructuras jurídicas que permiten la realización de la autonomía privada y la solidaridad entre individuos que se necesitan mutuamente.
Qué grato tener una obra densa pero a la vez atractiva, sobre un tema tan antiguo como la propia especie y siempre novedoso como es el del daño. El autor ofrece aquí las primicias de un empeño prolongado y asiduo de investigación. Concebida y escrita con rigor metodológico, a partir de un plan severo, como corresponde a la etapa francesa de su autor, esta obra cuyo origen se encuentra en su proyecto de tesis doctoral en la Universidad de Paris, en el ánimo de cotejar los dos derechos en materia de responsabilidad de la Administración pública por los daños que llegue a ocasionar a los particulares, contiene un acopio monumental de información jurisprudencial y doctrinaria, que cubre, sin exagerar, íntegra la evolución de la responsabilidad del poder público en ambos países, clasificada, analizada y traída a colación con la mayor pertinencia. Pero, adicionalmente a dicho aporte, de suyo significativo, es apreciable el hilo conductor de la actitud crítica y constructiva de un estudioso que a la pesquisa agrega la experiencia, no por breve menos fructífera, que tuvo, primero como auxiliar en la Sección Tercera del Consejo de Estado, y luego como Procurador Delegado ante la misma y Procurador que alentó el llamamiento en garantía al funcionario causante del estropicio y lo puso en práctica.
Superada la cuestión del carácter resarcible del daño no patrimonial contractual, es necesario analizar los presupuestos que deben confluir para que este tipo de daño sea indemnizado. Ese es el propósito de la presente investigación: contribuir a demarcar las fronteras de la reparación del daño no patrimonial derivado del incumplimiento de un contrato.La propuesta planteada al respecto se basa en el estudio de la previsibilidad y la exaltación de su rol como límite de la responsabilidad contractual configurada por el padecimiento de un daño no patrimonial. Con tal objetivo, este texto analiza varios ordenamientos jurídicos y los más significativos principios y reglas de derecho contractual aprobados en el ámbito internacional.
El derecho a la salud que tienen todas las personas por el solo hecho de existir es inalienable y como tal debe ser reconocido, respetado y materializado a través de los instrumentos que disponga el Estado para asegurar la supervivencia de la sociedad, el respeto a la dignidad humana y una convivencia en condiciones de bienestar para la población en general, mediante una adecuada prestación de los servicios de salud. Esta última comprende las actividades de prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y todos los servicios de curación, protección, recuperación y rehabilitación, como también los cuidados de paliación de la enfermedad, los cuales se manifiestan en las actividades, intervenciones y procedimientos que se realizan en el suministro de los medicamentos y en el uso de las tecnologías e insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud. El a bordaje del derecho a la salud o a la protección de la salud puede hacerse con respecto al reconocimiento del derecho de cada persona y de la salud colectiva; al servicio público de la prestación de los servicios de salud; al funcionamiento del sector salud de la administración pública, del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en general, de la organización de los servicios de atención en salud, desde diversas perspectivas como la técnica, la administrativa, la económica y la jurídica. Esta obra recoge los esfuerzos que la sociedad colombiana ha venido adelantando durante varias décadas en torno a la dimensión jurídica de la salud, desde cuando se abocó la organización del Sistema Nacional de Salud, en los años sesenta del siglo XX, hasta la consagración del reconocimiento del derecho a la salud para todas las personas como derecho fundamental autónomo en la Constitución de 1991, en la Ley 100 de 1993, sus reformas, y en la Ley Estatutaria de Salud, organizado bajo la estructura jurídica y administrativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se espera que este trabajo resulte de gran utilidad, no solo para los responsables de la dirección y administración de las instituciones de seguridad social y salud, sino para los estudiosos de esta materia y demás personas interesadas en un tema de transcendental importancia para los colombianos.
El autor se propone demostrar en este trabajo que la doctrina general del contrato, originada en el derecho privado, proporciona las bases para proveer una respuesta unitaria al tratamiento que debe dárseles a las situaciones de desequillbrio contractual sobreviniente, lo que permitirá superar el enfoque prevaleciente en la dogmática tradicional, que aboga por la división irreconciliable entre el derecho privado y el derecho público en esta materia.
Sostiene también que en el ordenamiento jurídico están disponibles las herramientas requeridas para lograr la prevalencia de la justicia en las relaciones contractuales ante alteraciones significativas del equilibrio concebido por las partes al celebrar el contrato por situaciones sobrevinientes no atribuibles a su conducta, con miras a mantener la armonia y proporcionalidad que debe estar presente ab initio en el intercambio prestacional, sin que por ello se dejen de lado la asunción por cada parte del alea ordinario a su cargo y los riesgos que, adecuadamente asignados, les corresponda soportar, en correspondencia con la retribución o ventaja que debe acompañar tal asignación.
Esta investigación ofrece una explicación detallada acerca de las consecuencias que debe afrontar el Estado y el proponente al incumplir los mandatos legales y constitucionales que sirven de fundamento al derecho a la consulta previa en comunidades indígenas en un contrato de obra pública. Bajo esta óptica, la autora fundamenta dichas consecuencias en casos jurisprudenciales y determinaciones gubernamentales en el estudio de los principios y reglas establecidas en torno a la consulta previa. Los argumentos que componen esta investigación analizan en principio el desarrollo histórico de la consulta previa con una descripción del derecho como tal, luego establece las obligaciones que nacen del mismo y, finalmente, determina sus límites en el ordenamiento jurídico. A partir de la teoría establecida, la investigación profundiza en las consecuencias que se presentan cuando el Estado contrata una obra e incumple el deber de realizar la consulta previa de la manera indicada, e identifica los límites establecidos por la jurisprudencia y las decisiones gubernamentales. De esta manera, se proporciona una orientación para entender los puntos clave en la celebración de un contrato de obra pública, cuya ejecución tiene efectos en territorios indígenas, descifrando los elementos que deben darse para reparar a los pueblos indígenas en el caso de incumplimiento de los requisitos para realizar la consulta previa.
Los ocho capítulos que componen este libro ofrecen un amplio panorama sobre el estado del arte del presidencialismo en Latinoamérica. En particular, se presentan útiles aportes en cuanto a los temas de: i) reflexión sobre la acumulación de poder; ii) restricciones al periodo y a las facultades presidenciales; iii) incidencia presidencial sobre el poder público y la práctica democrática; iv) análisis históricos que permiten contextualizar las experiencias presidenciales actuales.
La creación en 1993 del Sistema Integral de Seguridad Social constituye un punto fundamental en el desarrollo de la seguridad social en Colombia y la base para su evolución.
La Ley 100 de 1993 creó el Subsistema de Riesgos Profesionales, hoy de Riesgos Laborales, introduciendo modificaciones estructurales de gran importancia en la organización y prestación de los servicios y beneficios derivados de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Entonces se dio autorización para que el sector privado participara en el aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo, dando continuidad a los progresos que presentaba el Instituto de Seguros Sociales (rss) en materia de aseguramiento de dichos riesgos, por lo que a esta institución se sumó un importante número de aseguradores privados.
Por otra parte, los sectores productivos, empleadores y trabajadores les han otorgado mayor importancia a la prevención y al aseguramiento frente a las posibles contingencias que se pueden presentar en el desarrollo del trabajo, que no solo afectan al individuo que las padece, sino la marcha y la productividad de las organizaciones empresariales.
Este libro es una edición póstuma y corresponde al resultado de un trabajo de investigación realizado por el profesor ALFREDO PUYANA SILVA, quien contó con una reconocida trayectoria en el estudio de los temas de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Externado de Colombia.
Este documento tiene la virtud de introducir al lector en el contexto del actual Sistema. General de Seguridad Social y explicar en forma sencilla y completa el subsistema de pensiones, desde sus características hasta las modalidades de pensión, con un valor adicional, y es que dedica un aparte al estudio de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, con lo cual el alcance del régimen de transición creado por dicha ley, aún vigente, es más fácil de comprender y aplicar.
Estamos seguros de que la lectura de este trabajo orientará a todos los operadores jurídicos, particularmente los estudiantes de derecho, en el estudio del tema pensional y despertará el interés por esta materia que se ha vuelto de particular actualidad y relevancia para los colombianos en general y para quienes de antaño se dedican al-estudio de los asuntos relacionados con el derecho y el mercado de trabajo.
El subsistema de seguridad social en salud. regulado en la Ley 100 de 1993, desarrollo del artículo 49 constitucional, modificó la forma como el Estado garantizará el acceso a los servicios de salud para todos los habitantes del territorio nacional. El mecanismo operativo es el aseguramiento del riesgo de la Salud, con lo cual la persona y su grupo familiar aseguran la prestación, médico-asistencia, que comprende la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento necesario, la rehabilitación, cuando se necesite y sea viable, y los servicios paliativos.
Las decisiones de la Corte Constitucional, junto con los tratados y pactos internacionales, han llevado al reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, como se consagra en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que junto con lo previsto en la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1435 de 2011, forma un estatuto del cual puede afirmarse se tiene un todo reglamentado, pero con protuberantes fallas en su aplicación, por cuanto las quejas sobre el servicio son cada día mayores.
Con esta publicación se busca organizar el material legislativo vigente hacia julio de 2017 para tener una visión de cómo se ha conformado el subsistema de seguridad social en salud, y en donde el lector puede ir estableciendo la brecha entre lo pretendido en la ley y la falla humana en la aplicación.
El Derecho penal está inmerso, desde hace décadas, en una tendencia expansiva. Hacia dentro del sistema, se crean nuevos delitos, se agravan las escalas penales, se flexibilizan las reglas de imputación y se relativizan garantías. Actualmente y hacia fuera, crecen las expresiones propias de una supuesta <> paralela: linchamientos, escraches, cultura de la cancelación, etc. Para hacer frente al fenómeno expansivo, es necesario recuperar el diálogo entre la dogmática jurídico-penal y el Poder Judicial, insistiendo en que la función social del académico radica en proporcionar nuevas herramientas que permitan a los jueces hacer mejor su trabajo: separar, de forma justa, los hechos punibles de aquellos que no son ni deben ser punibles.
No obstante, debe reconocerse también que la dogmática -entre otras cosas- no ha logrado sistematizar todo aquello que, una vez cometido el delito, afecta la posibilidad de ejercer (o la intensidad con que se ejerce) la facultad punitiva del Estado. En este campo trazan surcos las líneas de esta monografía: aquí se pretende aminorar esa deficiencia mediante la construcción y puesta a prueba de una teoría general de los equivalentes funcionales de la pena retributiva; esto es, un modelo que permite asignar, de forma sistemática y segura, consecuencias jurídicas a diferentes institutos del Derecho penal, estén o no contemplados en la contingente legislación moderna. Para la construcción del modelo y en el primer bloque de contenidos, se utilizan tres herramientas básicas. La primera, un sistema bipartito del hecho punible que, construido sobre la base de una teoría dualista de las normas, permite mantener lo sistemático de la teoría del delito a nivel de injusto culpable (antinormatividad) y, al mismo tiempo, proporcionar criterios nuevos en el campo del hecho punible (sancionabilidad). La segunda, adoptar una teoría retributivo-comunicativa de la pena en el marco una concepción del Derecho como praxis efectivamente practicada. La tercera, el método comparativo del funcionalismo de las equivalencias. Delineado el modelo, el bloque segundo pone a prueba su capacidad de rendimiento a través del análisis detallado de tres institutos clave: el desistimiento de la tentativa, la regularización tributaria y la atenuante de confesión.
Según la opinión de Jesús-María Silva Sánchez y Omar Palermo, directores de la investigación y prologuistas del libro, se trata de «la primera monografía -en cualquier lengua que tiene por objeto la elaboración de una teoría de los equivalentes funcionales de la pena»; «una gran obra de filosofía del Derecho penal y de dogmática de la teoría del delito» y, en definitiva, «un extraordinario libro de Derecho penal; aquí y allá; antes y ahora».
La obra Estudios de responsabilidad civil pretende mostrar al lector diferentes escenarios de la responsabilidad civil, analizando en cada uno de los capítulos las consecuencias que generan los daños causados en la actividad transportadora, especialmente en el campo del transporte aéreo y del transporte multimodal, los daños ambientales y los daños que resultan de la prestación de los servicios de salud, recogiendo las tendencias modernas del derecho de la responsabilidad sobre la aplicación de la teoría del riesgo y la crisis de la teoría de la culpa.
