La presente colección de ensayos de Adrienne Stone es una introducción al mundo del constitucionalismo dentro del common law (específicamente al del constitucionalismo australiano) y una visión completa y compleja del Estado y de la naturaleza del constitucionalismo en el ámbito mundial. El trabajo de Stone ofrece una verdadera metodología indagatoria y un cuestionamiento de las bases del constitucionalismo bajo una perspectiva transnacional, útil sobre todo para entender las constituciones, las diversas formas de interpretación de estas (incluyendo derechos humanos fundamentales) y su reforma o enmienda. Stone aborda, junto con otros constitucionalistas reconocidos como Elisa Arcioni, Rosalind Dixon, Katharine Gelber, Rishad Chowdhury, Martin Clark y George Williams, temas relacionados con la identidad constitucional australiana, la revisión judicial, la interpretación constitucional y la libertad de expresión, entre otros.
Adrienne Stone es catedrática laureada de la Universidad de Melbourne y directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Facultad de Derecho de Melbourne. Es investigadora en las áreas de derecho y teoría constitucionales en Australia y en el mundo, libertad de expresión y libertad académica. Ha publicado numerosos artículos sobre estos temas. Enseña Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Comparado y Libertad de Expresión en los programas de doctorado (JD) y máster (MLM) en la misma universidad.
La mayoría de los trabajos que recopila este volumen se publicaron hace más de un siglo, pero aún resulta innegable su actualidad y valor. Merkl ofrece su visión respecto de la epistemología jurídica respondiendo preguntas como: ¿qué es el derecho?, ¿cómo identificarlo?, ¿de qué manera abordar su conocimiento? Preguntas fundamentales en los debates teórico-jurídicos sobre metodología del derecho. Es así como su trabajo da cuenta de los límites del derecho en tres direcciones. Primero, respecto de las distintas nociones de Estado y cómo se manifiesta su surgimiento o cambio; segundo, en lo referido a la explicación de las nociones de soberanía y constitución en el contexto de una estructura estatal; y tercero, en cuanto a considerar a las normas irregulares o inválidas dentro de su reconstrucción frente a las instituciones jurídicas que posibilitan su convalidación. Temáticas estas últimas que desde el siglo pasado hasta la actualidad se han posicionado como tópicos perennes de la teoría jurídica. La importancia histórica de estos textos radica en proporcionar al público hispanohablante los insumos necesarios para determinar cómo se ideó una primera reconstrucción teórica del carácter dinámico del derecho.
La organización Women In Mining - WIM Colombia y el grupo de investigación del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia ofrecen la presente obra, que a través de siete capítulos traza un panorama sobre la equidad de género en el sector minero colombiano, los avances, balance y desafíos, destacando que la equidad de género no es solo tarea de los gobiernos, las empresas, las organizaciones y la academia, sino que implica acciones cotidianas de cada individuo con el fin de eliminar barreras culturales, sesgos inconscientes y actitudes que generen discriminación y violencia.
La obra destaca el papel y la importancia de las mujeres en el sector minero y en la sociedad, superando prejuicios aprehendidos culturalmente desde la infancia por generaciones, pero también la relevancia de los hombres, su aporte e influencia en la discusión sobre el cierre de las brechas de equidad de género como agentes de cambio.
La excepción de incumplimiento permite a una parte contratante suspender el cumplimiento de sus propias obligaciones si la contraparte no cumple simultáneamente con las suyas.
Este trabajo pretende precisar el contenido y el alcance de la imparcialidad en materia probatoria. La complejidad del tema radica en que el juex se exige asumir el conocimiento de los hechos de manera desprevenida, sin tener una hipótesis sentada acerca de cómo han sucedido los hechos antes de instruir el proceso, pero en la práctica es innegable que está expuesto a la influencia mediática, a sus prejuicios extraídos de casos anteriores e incluso a los sentimientos que le susciten las partes en juicio. Se propone, entonces, que el juez para ser imparcial debe partir siempre de un estado cognitivo de ignorancia frente a los hechos afirmados por las partes, y obtener así su estado de certeza mediante el contraste de estos a priori con el flujo de información obtenida en la instrucción del proceso, de tal manera que solo pueda dar por probados los hechos, luego de ponderar los actos probatorios llevados al proceso judicial.
Las demandas de los trabajadores para reclamar el pago de la sanción moratoria por los retardos del empleador en el pago de las prestaciones sociales o consignación de las cesantías es uno de los asuntos que mayor atención ocupa en la jurisprudencia. Esto en la medida en que es la forma en que la legislación castiga la tardanza del empleador en el cumplimiento de algunas de sus obligaciones laborales, al punto que la jurisprudencia laboral ha señalado que se trata de una verdadera sanción que se impone al empleador incumplido.
Ahora bien, por tener una naturaleza eminentemente sancionatoria, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que esta no opera de forma automática, sino que, en cada caso concreto, es deber del juez analizar si el empleador tuvo razones atendibles y justificadas para no cubrir a tiempo los salarios y prestaciones sociales del trabajador una vez finalizado el contrato de trabajo o para consignar las cesantías en el respectivo fondo. Lo anterior significa que se debe establecer si el empleador actuó de buena o mala fe y en función de esto el juez impondrá la correspondiente sanción.
Así, el objetivo general de esta obra es establecer, a partir del estudio de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en qué casos se considera que ha habido buena fe y en cuáles no, a efectos de condenar a un empleador al pago de la indemnización moratoria, tanto en el sector público como privado.
Los aniversarios suelen provocar cierto revuelo de papeles, acompañado de una comparsa de estantes desempolvados y del desfile de nuevas fuentes primarias. Cuando la conmemoración es de un hecho nacional, todo eso ocurre con más intensidad, no solo porque el acontecimiento nos concierne a todos, sino porque atrae la novedad en las preguntas y en las interpretaciones, por ello, cartas y remembranzas adquieren una dimensión diferente a la que tuvieron antes.
Esas novedades son las que hacen particular este libro, pues el análisis de la forma como se organizó el Banco de la República involucra el componente político-institucional que lo hizo posible, en especial las redes políticas en las que participaban las directivas de la entidad. Igualmente, al reflexionar sobre las medidas adoptadas por el Banco en coyunturas como “la prosperidad al debe”, la Gran Depresión y la fase de reactivación económica, en la investigación se da cuenta de la influencia de las fuerzas políticas, así como de los grupos sociales y empresariales que demandaban acciones favorables a sus intereses, pero también de aquellos sectores que se oponían a su existencia o, por lo menos, a la manera como se estructuraba la banca central en Colombia.
La subordinación, como instrumento jurídico que sirve de acceso al derecho del trabajo, ha presentado constantes desafíos. Desde su nacimiento, pero sobre todo con los diversos cambios tecnológicos y de organización empresarial, la subordinación ha requerido constantes desarrollos interpretativos para irse adaptando a distintas realidades. Recientemente, la pandemia y el trabajo en plataformas digitales -como las de reparto- han servido de catalizadores para poner a prueba este criterio determinante, por lo cual el presente libro es la síntesis y justificación de una propuesta para fortalecerlo y evitar la tendencia de fuga del derecho del trabajo.
Esta investigación aborda la problemática de la baja concurrencia en los procesos de licitación pública para contratos de obra en Colombia, partiendo del hallazgo empírico de que el 80% de las 250 licitaciones analizadas (2012-2015) tuvieron solo uno o dos proponentes, resultando en escasos beneficios económicos para el Estado. El problema central es determinar las razones jurídicas que permiten a las entidades públicas restringir la participación bajo el pretexto del interés general. La hipótesis sostiene que el ejercicio de la libre competencia (en conexidad con la igualdad) solo admite restricciones legítimas y proporcionales si son estrictamente necesarias para proteger el fin del contrato estatal. Para evaluar esto, el estudio propone someter las reglas de participación contenidas en los pliegos a un Test de Proporcionalidad.
La aplicación del test reveló que, si bien las reglas cumplían el criterio de adecuación (los proponentes seleccionados eran idóneos para el interés general), fallaban en el criterio de necesidad . La conclusión es que la baja participación se debió a la consagración de reglas abusivas y discriminatorias, ya que existían medidas menos restrictivas que habrían garantizado la idoneidad y el cumplimiento del contrato, facilitando al mismo tiempo una mayor pluralidad de oferentes. La investigación valida esta conclusión al demostrar que las licitaciones que sí fomentaron la competencia no generaron incumplimientos contractuales, confirmando la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad para proteger la libre competencia y la igualdad en la contratación pública.
Los administrativistas trabajan arduamente en la recuperación de la importancia del "poder disciplinario" como parte de la naturaleza administrativa del Derecho disciplinario, lo cual hace vaticinar que la calidad del discurso jurídico en la materia aumentará cuantitativa y cualitativamente.
La Carta Política establece subespecies de Derecho disciplinario administrativo, judicial y político, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el Derecho disciplinario, cualquiera que fuere su modalidad, es uno mismo, y el derecho interno se ve compelido a consagrar instituciones que devienen de tratados sobre derechos humanos o de lucha contra la corrupción, ámbitos ante los cuales una visión doméstica del poder disciplinario resultaría demasiado corta para su explicación, como también mostraría ingente debilidad frente a la protección de garantías y aseguramiento de eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción.
En Colombia, una visión meramente administrativista resultaría recortada o se dificultaría explicar adecuada y apropiadamente su inserción en un mundo cada vez más globalizado. Seguimos apostando por un Derecho disciplinario autónomo e independiente, capaz de explicar todas sus manifestaciones.
El presente trabajo doctoral se circunscribe en un tema propio del derecho constitucional comparado, como lo es la migración de las ideas constitucionales. En este sentido, la investigación pretende examinar cómo se ha materializado este fenómeno en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, producto de la incorporación de doctrinas jurisprudenciales foráneas, en lo que respecta a los límites al poder de reforma constitucional; el objeto del control de constitucionalidad; y la extensión de las fuentes de derecho como instrumento de integración normativa y parámetro de control de constitucionalidad. Para lograr este propósito, el estudio abarca un análisis y una exposición crítica del contexto global en el que este fenómeno se ha desarrollado, así como su aplicación concreta en lo que concierne a las Cortes Constitucionales locales a nivel global; y por último, lo referente al caso colombiano.
En el presente trabajo de investigación se estudia la responsabilidad del empleador por los daños ocasionados por el estrés laboral, en COntra de la vida y la salud de los trabajadores, Como consecuencia del incumplimiento de la obligación de seguridad que legalmente le corresponde.
Taoto en Francia' como en Colombia', el cumplimiento de la ob ligación de seguridad del empleador es el parámetro de califica ción judicial de la culpa del empleador en los accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL). Así mismo, en los dos países, el objeto principal de la obligación de seguridad patronal es la prevención de todos los riesgos laborales causantes de ATEL', la cual se materializa en la ejecución de unos deberes legales tendientes a evitar la realización del riesgo o aminorar sus efectos.
