Esta investigación aborda la problemática de la baja concurrencia en los procesos de licitación pública para contratos de obra en Colombia, partiendo del hallazgo empírico de que el 80% de las 250 licitaciones analizadas (2012-2015) tuvieron solo uno o dos proponentes, resultando en escasos beneficios económicos para el Estado. El problema central es determinar las razones jurídicas que permiten a las entidades públicas restringir la participación bajo el pretexto del interés general. La hipótesis sostiene que el ejercicio de la libre competencia (en conexidad con la igualdad) solo admite restricciones legítimas y proporcionales si son estrictamente necesarias para proteger el fin del contrato estatal. Para evaluar esto, el estudio propone someter las reglas de participación contenidas en los pliegos a un Test de Proporcionalidad.

La aplicación del test reveló que, si bien las reglas cumplían el criterio de adecuación (los proponentes seleccionados eran idóneos para el interés general), fallaban en el criterio de necesidad . La conclusión es que la baja participación se debió a la consagración de reglas abusivas y discriminatorias, ya que existían medidas menos restrictivas que habrían garantizado la idoneidad y el cumplimiento del contrato, facilitando al mismo tiempo una mayor pluralidad de oferentes. La investigación valida esta conclusión al demostrar que las licitaciones que sí fomentaron la competencia no generaron incumplimientos contractuales, confirmando la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad para proteger la libre competencia y la igualdad en la contratación pública.