Constitucional

Diccionario

Leer Más Menos

En la presente obra se quiso desarrollar un tema que poco a poco va teniendo gran importancia y repercusión en el escenario jurídico, tanto en el orden internacional como interno, concerniente a la necesidad latente de la aplicación efectiva por parte de los funcionarios del Estado del corpus juris interamericano de derechos humanos ratificados por Colombia y que como corolario repercuten en la protección de los derechos fundamentales instituidos en la Carta política de 1991. De igual forma se buscó rescatar la importancia de aplicar ex officio estos tratados y convenciones ratificados por el Estado colombiano que versen respecto de derechos humanos, al igual que los distintos Pronunciamientos y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de aquellos funcionarios que encabezan los despachos de la rama judicial (entiéndase jueces y magistrados) antes de proferir sus respectivas sentencias; como también de todos los funcionarios del Estado Colombiano en cada una de sus actuaciones administrativas en las que se vea inmerso una decisión que pueda vulnerar un derecho de esta categoría, con miras a buscar con la implementación de un control de convencionalidad su protección efectiva.

Leer Más Menos

Nuestro país hace gala de una larga tradición con la cual se celebran y exaltan los principales acontecimientos del proceso independentista, un momento que fue confuso, dilatado y sangriento. De hecho, sendas leyes de la República establecen tres festivos nacionales para conmemorar hitos sobresalientes de ese momento de nuestra historia (20 de julio, 7 de agosto y 11 de noviembre). En ese mismo orden de ideas, ni que decir de la inabarcable bibliografía sobre los hechos ocurridos entre 1810 y 1819 a través de la cual se ha registrado y analizado hasta el más mínimo detalle de esos acontecimientos, así como la trayectoria de sus protagonistas. Pero inexplicablemente, cuando se trata de analizar la creación civil de la República, el hecho capital de nuestra historia nacional, nos enfrentamos a un indiferente silencio y a mucho olvido. Se produce así una extraña paradoja en la que nuestra historia lleva 200 años inmersa en un notable esfuerzo por mantener vivo el recuerdo de la gesta militar, a la vez que ha sostenido una discreta relación con los acontecimientos que dieron origen a nuestro Estado constitucional.

Leer Más Menos

La dignidad humana es el valor máximo en las constituciones democráticas. Como valor constitucional, la dignidad humana está en la base de la libertad, la autonomía y la capacidad de cada persona para definir su propio destino. Como derecho constitucional, se expande a todos los demás derechos y fundamenta la propia organización del poder del Estado. Este estudio analítico de la dignidad humana como valor constitucional y como derecho constitucional adopta una perspectiva jurídico-interpretativa. Explora las fuentes de la dignidad humana como concepto jurídico, su función en los documentos constitucionales, su contenido y sus alcances. En conjunto, constituye un compendio de fuentes y experiencias a partir del Derecho comparado contemporáneo (adaptado a partir del resumen de la versión en inglés).

Leer Más Menos

Mientras la democracia es atacada en todas partes, por los populismos occidentales y las autocracias orientales, se redescubre la separación de poderes: el último requisito esencial de los regímenes democráticos, luego del descrédito que ha caído sobre las elecciones. Muchos de los “redescubridores”, sin embargo, no se han dado cuenta de tres cuestiones fundamentales que se analizan en este libro. En primer lugar, la supuesta separación es en realidad una división tripartita de las funciones estatales (legislar, implementar y aplicar las leyes) más el equilibrio entre los poderes que los ejercen. En segundo lugar, en menos de trescientos años, la propia separación de poderes ha cambiado por lo menos tres veces: la antigua, basada en el poder legislativo, ha sido superpuesta por la nueva, basada en el poder ejecutivo, y la actual, que se centra sobre el poder judicial y los órganos constitucionales independientes. En tercer lugar, hoy en día son necesarias nuevas separaciones de poderes, hasta ahora impensables (no solo jurídicas y políticas, sino también económicas, digitales y militares). Solo con estas nuevas separaciones es posible salvar el planeta. Finalmente, el autor expone los potenciales riesgos de la justicia digital y la justicia sustitutiva, las cuales amenazan no solo al funcionamiento del poder judicial, sino a la misma concepción de justicia y democracia

Leer Más Menos

El análisis institucional se propone aportar en la construcción de teorías más completas de la organización social, asumiendo la existencia de la diversidad y la complejidad en las interacciones humanas. Representa la aspiración a construir un enfoque integrador y constituye el referente central de este libro. Instituciones, gobernanza y economía, obedece a la necesidad de difundir herramientas para comprender y solucionar problemas de gobernanza colectiva, agudizados en nuestra época actual de subprovisión de bienes

Leer Más Menos

En virtud de la importancia nacional e internacional que ha tomado el precedente judicial, como fenómeno jurídico en los países latinoamericanos, más concretamente en Colombia, se erige la necesidad de realizar una Obra que contenga de manera explícita y concreta, las definiciones, planteamientos y advertencias con relación a esta institución, la cual ha venido a equiparse (y en algunos casos a suplantar), de manera equivocada, a la misma ley. En consecuencia, es de público conocimiento que se ha estado reproduciendo en los pronunciamientos de los magistrados que están en cabeza de las altas corporaciones de cierre, importantes decisiones que afectan a toda la población colombiana, con lo que he venido a denominar: ficciones legislativas, en el entendido que han comenzado a suplantar para beneficio de estas cortes, el carácter superior de las atribuciones constitucionales dadas por el constituyente al legislador, es decir que el poder legislativo ha pasado a manos de los magistrados de los máximos órganos de la rama judicial. En ese orden de ideas, sé de antemano que las premisas y teorías que se plantean en la presente Obra van a tender a despertar algunas polémicas, controversia, puntos a favor y puntos en contra. Sin embargo, como quiera que siempre me he caracterizado por profesar  un espíritu republicano, amparado fervientemente en la defensa prevalente de la Constitución y por ende de la democracia, no puedo pasar por alto este ¡asalto a la Carta Fundamental!  El cual se ha venido gestando desde movimientos con corrientes extranjeras y que ha permeado un fenómeno de politización de la justicia, y lo que es peor, las decisiones politizadas han venido a moldear el derrotero jurídico colombiano por medio del precedente judicial, muy especialmente el constitucional. Por tal motivo, se busca con el análisis y la propuesta desarrollada en esta Obra, un retorno al respeto de la Constitución política, ayudando con ello a comenzar a crear un germen intelectual que permita un mejor control de las decisiones jurisprudenciales que conforman el precedente judicial, dotando de una mayor seguridad al sistema jurídico colombiano, al igual que una mejor configuración de nuestras instituciones, en especial las de la altas cortes, con miras a resguardar nuestro Estado Social de Derecho y a la democracia.

Leer Más Menos

Este libro, del Dr. Guillermo Alonso Arévalo Gaitán, ofrece un análisis exhaustivo sobre la evolución de la autonomía de la voluntad en los sistemas jurídicos, desde el liberalismo clásico hasta el neoliberalismo. Examina los límites que los derechos fundamentales imponen a las relaciones contractuales entre particulares, con un enfoque especial en la Drittwirkung y su aplicación en Colombia. Además, propone una reformulación del sistema de fuentes para interpretar contratos, destacando el impacto económico de las decisiones de la Corte Constitucional. Una obra esencial para entender la interacción entre contratos y derechos fundamentales.

Leer Más Menos

Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadana; Legislación; Código Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadana; LegislaciónCódigo Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadanaLegislaciónCódigo Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)

Leer Más Menos

Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII

Leer Más Menos

El Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales, nace ante la realidad que representa el Internet y las redes sociales, en vista que, al hacer uso de la web, estamos ante un gigantesco espejo que refleja para los demás lo que se está publicando, es por ello que hemos afirmado que nada se puede borrar de internet, porque una vez publicado pertenece a ese mundo de la web, en consecuencia, también hemos afirmado que, el término Derecho al Olvido, semánticamente, no es el más apropiado, sencilla y simplemente porque no se olvida nada, lo que si logra efectivamente, es que al ingresar los datos de una persona que haya ejercido el Derecho al Olvido es que  sus datos sean de difícil ubicación, pero siempre estarán disponibles en la web, lo que viene a desmentir, algunas voces que insisten en decir que este derecho atenta flagrantemente contra el derecho a la información y la libertad de expresión, dejando de considerar lo ya expuesto, aunado el hecho cierto que existe la hemeroteca digital, donde permanecen los datos personales, solo se debe buscar con mayor rigor y se encuentran. Finalmente, dejamos a la consideración, de la academia y al público general la presente obra, de un interesante tema que sin dudas va en evolución, y por lo tanto el derecho debe hacer su mayor esfuerzo de aparejar tal evolución, pues, no es secreto que siempre, el derecho queda muy atrás de la tecnología. El debate queda abierto, las opiniones, críticas y comentarios, darán un solo ganador, que somos todos los interesados en este hermoso tema, Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales.

Leer Más Menos

El día 28 de mayo de 2024 se publicó la tan esperada Sentencia C-134/23, por medio de la cual la Corte Constitucional realizó el examen del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La mayor expectativa recaía en la manera como la Corte abordaría el estudio de las normas referentes a la virtualidad judicial en materia procesal penal.  Estimó la Corte Constitucional que, a diferencia de otros ámbitos de la jurisdicción, en el proceso penal se debía imponer como regla general la presencialidad en la celebración de los juicios orales y, en consecuencia, la virtualidad como excepción debía quedar sujeta a circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas por los jueces penales de conocimiento. En este orden de ideas, expuso la Corte Constitucional, a título meramente ilustrativo, que las audiencias de juicio oral se podrían practicar virtualmente o por el sistema de videoconferencia 1) si una parte o testigo estuviese en condiciones graves de salud que les impidan desplazarse desde su lugar de residencia, 2) cuando haya serios motivos de seguridad que aconsejen evitar su desplazamiento; 3) por la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria en que se disponga como medida la celebración virtual de todas las actuaciones procesales; 4) por la existencia de regulaciones especiales que exijan la adopción de medidas para no exponer a la víctima frente al presunto agresor, o 5) por compromisos internacionales del Estado colombiano en virtud de tratados de cooperación judicial que privilegien la realización de audiencias virtuales como instrumento para materializar la asistencia entre Estados, entre otras múltiples y muy diversas circunstancias excepcionales que puedan presentarse y que el juez deberá valorar en su momento. Según algunos críticos, la decisión de la Corte implica un retroceso en los logros que se han obtenido con la virtualidad judicial en materia procesal penal, en clave de garantizar el derecho de acceso de las personas a la administración de justicia y, por tal razón, proponen que las normas que restringen el uso de la videoconferencia en los juicios penales sean objetadas,  por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,  por motivos de inconveniencia política, social o económica. Este y otros temas de la sentencia de constitucionalidad, son abordados en la presente obra jurídica, que, debido a su gran aceptación en los diferentes escenarios judiciales y académicos, hoy llega a su segunda edición.

Leer Más Menos