Constitucional

Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadana; Legislación; Código Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadana; LegislaciónCódigo Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadanaLegislaciónCódigo Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)

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El presente escrito es producto del proyecto de investigación La Constitución de 1991 a treinta años de su expedición. Análisis de su origen, desarrollo e impacto en la transición hacia una verdadera democracia, que se desarrolló entre julio de 2006 y julio de 2008. La finalidad central del proyecto era indagar, a través de los testimonios de los constituyentes –los protagonistas principales de ese hecho histórico–, por las complejas circunstancias que rodearon el proceso de expedición de la Constitución que fue promulgada en julio de 1991. De esto se desprende que la principal fuente de información en el curso de la investigación, hayan sido entrevistas en profundidad a un número significativo de delegatarios y que fueron seleccionados de un modo tal, que sus visiones fueran comprensivas de un panorama muy amplio dentro del espectro ideológico que se tuvo presencia en el escenario constituyente.

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Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII

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En la presente obra se quiso desarrollar un tema que poco a poco va teniendo gran importancia y repercusión en el escenario jurídico, tanto en el orden internacional como interno, concerniente a la necesidad latente de la aplicación efectiva por parte de los funcionarios del Estado del corpus juris interamericano de derechos humanos ratificados por Colombia y que como corolario repercuten en la protección de los derechos fundamentales instituidos en la Carta política de 1991. De igual forma se buscó rescatar la importancia de aplicar ex officio estos tratados y convenciones ratificados por el Estado colombiano que versen respecto de derechos humanos, al igual que los distintos Pronunciamientos y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de aquellos funcionarios que encabezan los despachos de la rama judicial (entiéndase jueces y magistrados) antes de proferir sus respectivas sentencias; como también de todos los funcionarios del Estado Colombiano en cada una de sus actuaciones administrativas en las que se vea inmerso una decisión que pueda vulnerar un derecho de esta categoría, con miras a buscar con la implementación de un control de convencionalidad su protección efectiva.

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El Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales, nace ante la realidad que representa el Internet y las redes sociales, en vista que, al hacer uso de la web, estamos ante un gigantesco espejo que refleja para los demás lo que se está publicando, es por ello que hemos afirmado que nada se puede borrar de internet, porque una vez publicado pertenece a ese mundo de la web, en consecuencia, también hemos afirmado que, el término Derecho al Olvido, semánticamente, no es el más apropiado, sencilla y simplemente porque no se olvida nada, lo que si logra efectivamente, es que al ingresar los datos de una persona que haya ejercido el Derecho al Olvido es que  sus datos sean de difícil ubicación, pero siempre estarán disponibles en la web, lo que viene a desmentir, algunas voces que insisten en decir que este derecho atenta flagrantemente contra el derecho a la información y la libertad de expresión, dejando de considerar lo ya expuesto, aunado el hecho cierto que existe la hemeroteca digital, donde permanecen los datos personales, solo se debe buscar con mayor rigor y se encuentran. Finalmente, dejamos a la consideración, de la academia y al público general la presente obra, de un interesante tema que sin dudas va en evolución, y por lo tanto el derecho debe hacer su mayor esfuerzo de aparejar tal evolución, pues, no es secreto que siempre, el derecho queda muy atrás de la tecnología. El debate queda abierto, las opiniones, críticas y comentarios, darán un solo ganador, que somos todos los interesados en este hermoso tema, Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales.

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La autotutela administrativa, como expresión del poder de Estado, y como concreción de los cometidos sociales, está atada de manera inescindible al ordenamiento. La Administración Pública no goza de libertad dispositiva de potestades, por el contrario todo halla inicio y fin en las normas. Cuestión esta, que hace que se encause el hacer con el deber hacer para la realización del bienestar social. Bienaventuranza que se muestra como la mayor aspiración grupal, la cual hace que, las sociedades, de manera correlativa, se tornen más apacibles de manera temporal. No obstante, la dicha perseguida no se muestra paquidérmica, por el contrario, los escenarios de ventura, que inspira la colectividad, se tornan día a día más progresivos. De ahí que sean, los momentos de prolongada quietud, los gestores de los más trascendentales cambios estructurales administrativamente hablando. Por consiguiente lograr el equilibrio social, a partir de la realización del bienestar, invita a una verdadera ejecución de fines. Mismos, que requieren de una dinámica administrativa robusta que conlleva el ejercicio de potestades y de la iniciativa para la toma de decisiones libres y oportunas, entre otras, que materialicen los cometidos normativamente propuestos. Ahora, esta persecución de gozo también halla otros límites distintos al ordenamiento como, por ejemplo, los recursos públicos. El presente texto encausa el referido contexto buscando acercarse a determinaciones como el Estado, el poder, la autotutela administrativa, la autotutela ejecutiva, la decisión ejecutoria y demás. De ahí que, su lectura, persiga el entendimiento administrativo actual. 

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El día 28 de mayo de 2024 se publicó la tan esperada Sentencia C-134/23, por medio de la cual la Corte Constitucional realizó el examen del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La mayor expectativa recaía en la manera como la Corte abordaría el estudio de las normas referentes a la virtualidad judicial en materia procesal penal.  Estimó la Corte Constitucional que, a diferencia de otros ámbitos de la jurisdicción, en el proceso penal se debía imponer como regla general la presencialidad en la celebración de los juicios orales y, en consecuencia, la virtualidad como excepción debía quedar sujeta a circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas por los jueces penales de conocimiento. En este orden de ideas, expuso la Corte Constitucional, a título meramente ilustrativo, que las audiencias de juicio oral se podrían practicar virtualmente o por el sistema de videoconferencia 1) si una parte o testigo estuviese en condiciones graves de salud que les impidan desplazarse desde su lugar de residencia, 2) cuando haya serios motivos de seguridad que aconsejen evitar su desplazamiento; 3) por la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria en que se disponga como medida la celebración virtual de todas las actuaciones procesales; 4) por la existencia de regulaciones especiales que exijan la adopción de medidas para no exponer a la víctima frente al presunto agresor, o 5) por compromisos internacionales del Estado colombiano en virtud de tratados de cooperación judicial que privilegien la realización de audiencias virtuales como instrumento para materializar la asistencia entre Estados, entre otras múltiples y muy diversas circunstancias excepcionales que puedan presentarse y que el juez deberá valorar en su momento. Según algunos críticos, la decisión de la Corte implica un retroceso en los logros que se han obtenido con la virtualidad judicial en materia procesal penal, en clave de garantizar el derecho de acceso de las personas a la administración de justicia y, por tal razón, proponen que las normas que restringen el uso de la videoconferencia en los juicios penales sean objetadas,  por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,  por motivos de inconveniencia política, social o económica. Este y otros temas de la sentencia de constitucionalidad, son abordados en la presente obra jurídica, que, debido a su gran aceptación en los diferentes escenarios judiciales y académicos, hoy llega a su segunda edición.

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Nuestro país hace gala de una larga tradición con la cual se celebran y exaltan los principales acontecimientos del proceso independentista, un momento que fue confuso, dilatado y sangriento. De hecho, sendas leyes de la República establecen tres festivos nacionales para conmemorar hitos sobresalientes de ese momento de nuestra historia (20 de julio, 7 de agosto y 11 de noviembre). En ese mismo orden de ideas, ni que decir de la inabarcable bibliografía sobre los hechos ocurridos entre 1810 y 1819 a través de la cual se ha registrado y analizado hasta el más mínimo detalle de esos acontecimientos, así como la trayectoria de sus protagonistas. Pero inexplicablemente, cuando se trata de analizar la creación civil de la República, el hecho capital de nuestra historia nacional, nos enfrentamos a un indiferente silencio y a mucho olvido. Se produce así una extraña paradoja en la que nuestra historia lleva 200 años inmersa en un notable esfuerzo por mantener vivo el recuerdo de la gesta militar, a la vez que ha sostenido una discreta relación con los acontecimientos que dieron origen a nuestro Estado constitucional.

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En este sentido, el propósito del libro es dar una mirada de conjunto a una de las cuestiones más importantes para una Constitución: la organización territorial del Estado. Para ese efecto nos hemos reunido un reconocido grupo de constitucionalistas latinoamericanos, a fin de abordar este asunto que, junto a la separación del poder del Estado en ramas y la enunciación de un catálogo de derechos fundamentales y sus garantías para los asociados, hace parte del conjunto de contenidos mínimos y exigibles a todo contrato político que aspire a ser reconocido como una Constitución.

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’Interpretar’ viene del latín interpretor, que dimana de interpres, que designa al traductor, al que hace accesible lo que no se entiende. El interpres era el intermediario capaz de lograr el entendimiento entre las partes. Por tanto, interpretar significa <<servir de intermediario>> o <<venir en ayuda de>>. Lo que hace necesario saber si la Corte Constitucional colombiana, cumple con su tarea de <<venir en ayuda de>> la sociedad, o cooperar con esta, otorgándole en su interacción jurisprudencial una contribución pertinente, verdadera y clara. Este texto, Busca formular correcciones a los posibles desmanes de la Corte Constitucional colombiana cuando se presuman potenciales vulneraciones a los principios de razonabilidad y coherencia, o se pueda deducir interpretación creativa […].

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