Constitucional

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El día 28 de mayo de 2024 se publicó la tan esperada Sentencia C-134/23, por medio de la cual la Corte Constitucional realizó el examen del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La mayor expectativa recaía en la manera como la Corte abordaría el estudio de las normas referentes a la virtualidad judicial en materia procesal penal.  Estimó la Corte Constitucional que, a diferencia de otros ámbitos de la jurisdicción, en el proceso penal se debía imponer como regla general la presencialidad en la celebración de los juicios orales y, en consecuencia, la virtualidad como excepción debía quedar sujeta a circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas por los jueces penales de conocimiento. En este orden de ideas, expuso la Corte Constitucional, a título meramente ilustrativo, que las audiencias de juicio oral se podrían practicar virtualmente o por el sistema de videoconferencia 1) si una parte o testigo estuviese en condiciones graves de salud que les impidan desplazarse desde su lugar de residencia, 2) cuando haya serios motivos de seguridad que aconsejen evitar su desplazamiento; 3) por la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria en que se disponga como medida la celebración virtual de todas las actuaciones procesales; 4) por la existencia de regulaciones especiales que exijan la adopción de medidas para no exponer a la víctima frente al presunto agresor, o 5) por compromisos internacionales del Estado colombiano en virtud de tratados de cooperación judicial que privilegien la realización de audiencias virtuales como instrumento para materializar la asistencia entre Estados, entre otras múltiples y muy diversas circunstancias excepcionales que puedan presentarse y que el juez deberá valorar en su momento. Según algunos críticos, la decisión de la Corte implica un retroceso en los logros que se han obtenido con la virtualidad judicial en materia procesal penal, en clave de garantizar el derecho de acceso de las personas a la administración de justicia y, por tal razón, proponen que las normas que restringen el uso de la videoconferencia en los juicios penales sean objetadas,  por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,  por motivos de inconveniencia política, social o económica. Este y otros temas de la sentencia de constitucionalidad, son abordados en la presente obra jurídica, que, debido a su gran aceptación en los diferentes escenarios judiciales y académicos, hoy llega a su segunda edición.

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Nuestro país hace gala de una larga tradición con la cual se celebran y exaltan los principales acontecimientos del proceso independentista, un momento que fue confuso, dilatado y sangriento. De hecho, sendas leyes de la República establecen tres festivos nacionales para conmemorar hitos sobresalientes de ese momento de nuestra historia (20 de julio, 7 de agosto y 11 de noviembre). En ese mismo orden de ideas, ni que decir de la inabarcable bibliografía sobre los hechos ocurridos entre 1810 y 1819 a través de la cual se ha registrado y analizado hasta el más mínimo detalle de esos acontecimientos, así como la trayectoria de sus protagonistas. Pero inexplicablemente, cuando se trata de analizar la creación civil de la República, el hecho capital de nuestra historia nacional, nos enfrentamos a un indiferente silencio y a mucho olvido. Se produce así una extraña paradoja en la que nuestra historia lleva 200 años inmersa en un notable esfuerzo por mantener vivo el recuerdo de la gesta militar, a la vez que ha sostenido una discreta relación con los acontecimientos que dieron origen a nuestro Estado constitucional.

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En este sentido, el propósito del libro es dar una mirada de conjunto a una de las cuestiones más importantes para una Constitución: la organización territorial del Estado. Para ese efecto nos hemos reunido un reconocido grupo de constitucionalistas latinoamericanos, a fin de abordar este asunto que, junto a la separación del poder del Estado en ramas y la enunciación de un catálogo de derechos fundamentales y sus garantías para los asociados, hace parte del conjunto de contenidos mínimos y exigibles a todo contrato político que aspire a ser reconocido como una Constitución.

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’Interpretar’ viene del latín interpretor, que dimana de interpres, que designa al traductor, al que hace accesible lo que no se entiende. El interpres era el intermediario capaz de lograr el entendimiento entre las partes. Por tanto, interpretar significa <<servir de intermediario>> o <<venir en ayuda de>>. Lo que hace necesario saber si la Corte Constitucional colombiana, cumple con su tarea de <<venir en ayuda de>> la sociedad, o cooperar con esta, otorgándole en su interacción jurisprudencial una contribución pertinente, verdadera y clara. Este texto, Busca formular correcciones a los posibles desmanes de la Corte Constitucional colombiana cuando se presuman potenciales vulneraciones a los principios de razonabilidad y coherencia, o se pueda deducir interpretación creativa […].

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«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. 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Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »

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