No se trata de un estudio profundo legal ni jurisprudencial el que ofrecemos en este libro. Tampoco se trata de hacer una transcripción de todas las disposiciones legales ni de explicar cada uno de los artículos que las contienen y sus procedimientos. Buscamos dar algunas luces con fundamento en las disposiciones legales vigentes, a las preguntas que en lo cotidiano las personas se formulan, debiendo por supuesto en aquellos casos de menor ocurrencia o de mayor complejidad acudir a la asesoría de un profesional versado en el tema.
Pretendemos entonces poner en conocimiento algunos conceptos generales sobre los temas de mayor relevancia u ocurrencia al interior de las familias, haciendo claridad sobre cuáles son las vías más propicias para procurar solucionar las diferencias que tanto daño hacen al núcleo familiar y que tal vez con una adecuada asesoría y desde luego a partir de darlas a conocer, se puede sobre ellas dar una solución que permita avanzar en la convivencia pacífica.
Los te mas se presentan en forma de preguntas y respuestas y en un lenguaje comprensible a las personas y a aquellos profesionales del derecho que tengan interés en ellos y que puedan servir como aporte al conocimiento que ya posean al respecto.
En otros libros publicaos por el autor se han decantado ya más a fondo las disposiciones sustantivas y los procedimientos que corresponden al extenso derecho de familia y que por lo reciente de aquellas publicaciones aún hoy pueden consultarse si de profundizar y encontrar mejores respuestas se trata.
La presente versa sobre la problematica relativa a la «causalidad» y la «imputación objetiva» como factores de atribución material en el juicio de responsabilidad extracontractual frente al Estado y, concretamente, en la responsabilidad del Estado por parte de actos de terrorismo cometidos por terceros; es decir, se esgrime como problema central las razones jurídicas y filosóficas por las cuales el Estado colombiano debe o no responder patrimonialmente a las víctimas de actos de terrorismo causados por un tercero, ajeno a la administración.
A lo largo de estas páginas, hemos emprendido un viaje que partió de los fundamentos constitucionales y legales de la tributación en Colombia, desentrañando conceptos esenciales, para luego sumergirnos en la mecánica, las problemáticas y las soluciones prácticas de cada uno de los impuestos centrales de nuestro análisis. Hemos explorado no solo el “qué” y el “cómo” de las normas, sino también el “porqué” de ciertos mecanismos y los “dónde” suelen residir las dificultades más comunes.
«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »
Contiene la reforma de las Leyes 2080 de 2021, 2213 de 2022 y la 2220 de 2022
La Ley 640 de 2001, cuya vigencia empezó a partir del día 6 de enero de 2002, abrió un nuevo panorama en todos los conflictos en Colombia para desjudicializarlos y permitir la solución oportuna, dándole un nuevo impulso a la institución, exigiendo en el ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales el previo agotamiento del trámite de conciliación, estableciéndolo como requisito de procedibilidad. Por su parte, la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, extendió la conciliación prejudicial a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y así el artículo 161, numeral 1.º del CPACA consagró la obligación de acudir a la conciliación antes de demandar en los asuntos que sean conciliables de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
Recientemente se expidió la Ley 2220 de 2022, con la cual se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en Colombia, la cual entró a regir el 30 de diciembre de 2022, derogando todas las disposiciones anteriores y convirtiéndose en el único régimen vigente para esa figura. En lo referido a lo contencioso administrativo, mantuvo el requisito de procedibilidad en los mismos casos fijados en el CPACA, en los que se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, al paso que actualizó sus reglas y procedimientos, buscando, ante todo, la protección del interés general y la salvaguarda del patrimonio público.
Esta nueva reglamentación unificó y estandarizó la dispersión normativa que existía sobre la conciliación, pues dado que esta se regía en algunos aspectos por la Ley 640 de 2001, por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y por el CPACA, se generaban conflictos de interpretación que, en algunos casos, terminaban dificultando el uso de este instrumento y afectando el acceso a la justicia de los ciudadanos.
En un mundo cada vez más complejo, donde la verdad se oculta tras capas de intereses, tecnología y silencio, surge la figura del investigador privado como una pieza clave en la búsqueda de justicia.
La esencia del investigador privado y su rol en el sistema judicial mundial no es solo un libro: es una mirada profunda al compromiso, la ética, las herramientas y los desafíos que enfrenta quien se dedica a descubrir lo que otros quieren ocultar.
Desde los casos civiles hasta los procesos penales, desde el fraude corporativo hasta la localización de personas, el investigador privado moderno debe dominar no solo el arte de observar, sino también la ciencia de interpretar, analizar y documentar.
Esta obra revela el verdadero valor del investigador como puente entre la verdad y el derecho, resaltando su impacto en los sistemas judiciales a nivel global.
Un viaje que honra la labor silenciosa pero trascendental de quienes hacen de la verdad su causa, de la discreción su virtud y de la justicia su destino.
La presentación de este trabajo tiene por objetivo hacer un análisis, de forma crítica, del alcance del contenido de las normas que regulan la ley 258 de 1996 y demás normas que la adicionan, reforman o modifican, que tratan sobre la protección del bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con destino a la habitación de la familia, llamada «Afectación de la Vivienda Familiar» o comúnmente conocida como la ley de la doble firma.Del contenido de esta normatividad vigente a partir del 18 de Enero de 1996, se desprende que inicialmente el propósito era de proteger el grupo familiar, luego de los debates en la Cámara y Senado, terminó amparando solo el patrimonio con relación a un bien (El destinado a la habitación de la familia).El desarrollo de los diferentes temas y estudiados las distintas inquietudes en su aplicación y efectos, hemos querido hacer claridad en algunas apreciaciones jurídicas en su operancia notarial y registral, con ánimo de despejar dudas y dar pautas para una mejor interpretación que permita una mayor efectividad jurídica en beneficio de la sociedad.De manera breve, pretendemos hacer un cuadro comparativo entre el patrimonio de familia inembargable y la ley de afectación a vivienda familiar, observando ventajas o desventajas de una y otra institución familiar, en cuanto a su cobertura en el ámbito familiar, la naturaleza del bien protegido y sus efectos y aplicación.
Descripción
El derecho procesal es el instrumento diseñado por el Legislador para lograr la realización del derecho sustancial.
En consecuencia, quien conoce el proceso judicial diseña su victoria.
Por ello, a través del presente manual suministro una serie de herramientas útiles para que los lectores se conviertan en los escultores de la justicia en el ámbito de las actividades litigiosas.
El texto está nutrido con normas, doctrina, jurisprudencia y la experiencia académica y profesional adquirida por el autor durante 20 años dedicados al litigio.
No se agota el texto en el ámbito de la teoría, pues incluye una parte práctica, en la que se plasman situaciones reales para que el lector aprenda a elaborar solicitudes de conciliación y demandas contenciosas administrativas.
El autor.
Esta octava edición, que compila, comenta y referencia los antecedentes históricos y jurisprudenciales del texto oficial del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es también un ejercicio de memoria institucional y de gratitud, en tanto detrás de cada artículo, de cada regla procedimental, de cada opción de política legislativa, existe una construcción colectiva, interdisciplinaria e interinstitucional, que merece ser reconocida con rigor, transparencia y sentido histórico. Durante más de setenta años, la administración de justicia en las causas laborales y de seguridad social se rigió por el Decreto Ley 2158 de 1948, un estatuto que, si bien fue visionario para su época, había sido superado por las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y, principalmente, por el paradigma de Estado Social de Derecho consagrado por la Constitución de 1991.
En materia de compensación de los perjuicios inmateriales por daño a la
salud y de la vida de relación, en el Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia, desde el nacimiento de esta subcategoría, se han
emitido fallos que para los planteamientos de esta investigación generan
violación al derecho de igualdad, y se constituye en un claro
quebrantamiento al principio de reparación integral de las víctimas, por
cuanto el resarcimiento económico a falta de baremos compensatorios y
el arbitrio judicial cómo criterio subjetivo del juzgador no son suficientes
para satisfacer aspectos de igualdad, dado el matiz poco estructurado de
elementos axiológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos, sobre la
magnitud de este como criterio omnicomprensivo del ser humano en la
pérdida de esos aspectos sustanciales de la vida. Desde esa óptica
hacemos críticas profundas al sistema existente y planteamos
recomendaciones de cómo llevarlos al plano de la igualdad, pues el
sistema de competencias judiciales en Colombia no puede ser óbice de
criterios desiguales frente a daños de semejante identidad.
