Con este libro se pretende adentrar al lector en las nuevas dinámicas de la práctica y aplicación de la prueba judicial, que el denominado Código General del Proceso implanta en el sistema jurídico colombiano; para ello, se parte del concepto general de la prueba, sus principios y su práctica dentro de la oralidad procesal, revisando uno a uno los medios probatorios con fundamento en las teorías tradicionales esbozadas y sostenidas por reconocidos teóricos del derecho probatorio procesal. Busca el autor, ademas dar claridad a la aplicación de la prueba en los diferentes procesos regulados en las novísima codificación procesal, sin pretender eso sí, dar la última palabra al respecto, pues hay que tener en cuenta que ya con el antiquísimo Código de Procedimiento Civil colombiano […].
«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »
Ante la complejidad de la criminalidad en nuestro país, viene el legislador ahora a diversificar las diferentes situaciones a la hora de imponer las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal, al introducir nuevos escenarios es así, estableciendo normas propias para atender aquella criminalidad que proviene de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, como son los términos de la detención preventiva (art. 307 A), las causales de libertad (art. 317 A) y los criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra los miembros de estos grupos mencionados (art. 323 A), que ha determinado la ley 1908 de 2018 […].
El presente trabajo pretende abarcar el tema de las pruebas penales frente a la Casación Penal de una manera clara y detallada, pues actualmente no existe claridad en cuanto a las causales de casación, y de la ubicación de las diferentes pruebas dentro de ellas.
Esto ha generado, per se, a la inadmisión de muchas demandas por parte de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues en el libelo demandatorio no se ubican de manera correcta los motivos que conllevan a la interposición del recurso extraordinario, y ello trae como consecuencia que no se logre un pronunciamiento de la máxima autoridad de la justicia ordinaria.
Es así como comencé a ver los artículos que este texto entregará al lector: lleno de curiosidad por las andanadas de los autores que derrumban al abogado clásico y ortodoxo, para recordarle la simbiosis de la cultura, del sentimiento, del individualismo y de la idiosincrasia de cada pueblo con las normas. El análisis de algunas de las canciones más conocidas y sentimentales del género musical que nos ocupa, la salsa, nos tiene que traer a la memoria que salsa es Caribe, salsa es Latinoamérica y que salsa es fusión con Nueva York.
Andrés Prieto Quintero
Teniendo como fundamento las disposiciones del artículo 125 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 909 de 2004,que han establecido que los empleos públicos en las tres ramas del poder público y en los órganos de control, por regla general, pertenecen a la carrera administrativa, siendo en consecuencia, la excepción los cargos clasificados como de libre nombramiento y remoción, el acceso a ellos, será siempre por concurso de mérito.
Código Penal Ley 599 de 2000 (24 de julio) Actualizado con las leyes 1709, 1719/2014; 1752, 1761, 1762 de 2015. 1773, 1774, 1778, 1787, 1819/2016; 1850, 1864/2017; 1908, 1915, 1918, 1943, 1944/2018; 1959, 2010, 2014/2019; 2081, 2083, 2110, 2111, 2168, 2098/2021; (2197/2022. Corregida por el Decreto 207/2022); 2277/2022; 2292/2023. Sentencia C-055/2022 sobre el aborto; C-014/2023 Actualizado con la ley 2316/2023 que crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas -biopolímeros- y dicta otras disposiciones; leyes 2356, 2364, 2375/2024; 2446, 2455, 2477, 2502/2025 integradas al texto
Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 (agosto 31) Actualizado con las leyes 1760 de 2015; 1774, 1786/2016; 1826, 1851/2017; 1908, 1944/2018; 1959/2019; 2111, 2098/2021 de 2021; (2197/2022. Corregida por el Decreto 207/2022); 2205; 2213/2022 – Establece vigencia permanente del decreto 806/2020; 2292/2023; ley 2356, 2375/2024; 2477/2025 integradas al texto
La presentación de este trabajo tiene por objetivo hacer un análisis, de forma crítica, del alcance del contenido de las normas que regulan la ley 258 de 1996 y demás normas que la adicionan, reforman o modifican, que tratan sobre la protección del bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con destino a la habitación de la familia, llamada «Afectación de la Vivienda Familiar» o comúnmente conocida como la ley de la doble firma.Del contenido de esta normatividad vigente a partir del 18 de Enero de 1996, se desprende que inicialmente el propósito era de proteger el grupo familiar, luego de los debates en la Cámara y Senado, terminó amparando solo el patrimonio con relación a un bien (El destinado a la habitación de la familia).El desarrollo de los diferentes temas y estudiados las distintas inquietudes en su aplicación y efectos, hemos querido hacer claridad en algunas apreciaciones jurídicas en su operancia notarial y registral, con ánimo de despejar dudas y dar pautas para una mejor interpretación que permita una mayor efectividad jurídica en beneficio de la sociedad.De manera breve, pretendemos hacer un cuadro comparativo entre el patrimonio de familia inembargable y la ley de afectación a vivienda familiar, observando ventajas o desventajas de una y otra institución familiar, en cuanto a su cobertura en el ámbito familiar, la naturaleza del bien protegido y sus efectos y aplicación.
Presento a la colectividad jurídica el trabajo sobre la nueva estructura de la administración pública, tal como la concibió la Constitución del 91 y la estructuró y reglamentó la Ley 489/98, y muchas otras normativas, como decretos reglamentarios, correspondiente a la llamada «Modernización del Estado», que no es otra cosa que la privatización, obedeciendo políticas de organismos y monopolios multinacionales y de estados dominantes, que de manera unilateral imponen y globalizan la economía y determinan la apertura de mercados que les permitan el libre acceso de sus bienes y servicios producidos en exceso por una estructura de sobreproducción.Igualmente presentamos en esta edición la nueva estructura jurídica de cada una de estas entidades u organismos, de acuerdo a la sectorización en que se halle, como las del sector central, entre los cuales se encuentran los organismos principales de la administración. Del sector descentralizado, tanto por servicios como territorialmente, los organismos sujetos a régimen especial, etc.Describimos un poco las funciones de los organismos de control, Ministerio Público y Contraloría, organización electoral, función pública, y terminamos con un muy completo, pero resumido estudio sobre la contratación estatal, con su nueva legislación.Se presentó como novedad en la segunda edición, integrada en un solo texto, la parte especial ya tratada en la primera edición, con la general que ahora incluimos, lo que quiere decir, que trataremos como primera parte, los temas concernientes al Derecho Administrativo General, y como segunda, el Derecho Administrativo Especial, con sus respectivas modificaciones y actualizaciones.Primera parte novedosa que comprende: Teoría del Estado, Acto Administrativo, Control Administrativo de Legalidad, Bienes del Estado, Expropiación, Policia Administrativa, Responsabilidad del Estado y Teoría del Servicio Público
Ley 2220 de 2022
Contiene lo pertinente de las Leyes 1579 de 2012, 1564 de 2012, 1395 de 2010, 1367 de 2009, 446 de 1998, 23 de 1991 y de los Decretos 1829 de 2013 y 2511 de 1998 (compilados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho N° 1069 de 2015), 2771 de 2001 y 2158 de 1948
2.a edición
