Esta octava edición, que compila, comenta y referencia los antecedentes históricos y jurisprudenciales del texto oficial del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es también un ejercicio de memoria institucional y de gratitud, en tanto detrás de cada artículo, de cada regla procedimental, de cada opción de política legislativa, existe una construcción colectiva, interdisciplinaria e interinstitucional, que merece ser reconocida con rigor, transparencia y sentido histórico. Durante más de setenta años, la administración de justicia en las causas laborales y de seguridad social se rigió por el Decreto Ley 2158 de 1948, un estatuto que, si bien fue visionario para su época, había sido superado por las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y, principalmente, por el paradigma de Estado Social de Derecho consagrado por la Constitución de 1991.
La presente versa sobre la problematica relativa a la «causalidad» y la «imputación objetiva» como factores de atribución material en el juicio de responsabilidad extracontractual frente al Estado y, concretamente, en la responsabilidad del Estado por parte de actos de terrorismo cometidos por terceros; es decir, se esgrime como problema central las razones jurídicas y filosóficas por las cuales el Estado colombiano debe o no responder patrimonialmente a las víctimas de actos de terrorismo causados por un tercero, ajeno a la administración.
Leyes 84 de 1873; 57 y 153 de 1887, 67 de 1930; 45 y 50 de 1936; 165 de 1941; 201 de 1959; 1 de 1976; 29 de 1982; 11 de 1984; 25 de 1992; 222 de 1995; 791 de 2002; 820 de 2003; 1060, 1098 y 1116 de 2006; 1306 de 2009; 1564 y 1579 de 2012; 1676 de 2013; 1774 de 2016; 1934 de 2018; 1996 de 2019; 2097, 2129 y 2089 de 2021. Contiene la Ley 2229 de 2022 - Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Ley 2388 de 2024, Familia de Crianza, Ley 2442 de 2024, Divorcio por Voluntad Unilateral Decretos 1260 de 1970; 2820 de 1974; 772 de 1975; 12 de 1984; 1712 de 1989 Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM Se incluyen las inexequbilidades de los artículos 34, 117 y 124 sobre matrimonio de menores de edad. Sentencia C-039/2025 Contiene la Ley 2447 de2025. Uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años
Las pruebas testimonial y pericial adquieren inusitada importancia en el proceso penal acusatorio, fase deticio oral y público, dada la viabilidad, material y normativa, que ofrecen para ser practicadas en la audiencia, con vigencia plena de los principiosde inmediacion, concentracion, continuidady, naturalmente, respecto de su oralidady publicidad. Adiciona mente se trata de medios probatorios, tradicional y especialmente socorridos en materia criminal, que en gran medida se corresponden o adaptan en forma muy aceptable a los requerimientos de un proceso penal garantista, rápido y económico como el que ha pretendido diseñarse para Colombia.No obstante, se trata de medios probatorios que también tradicionalmente han sido fuente de riesgo y duda, pues, como lo hemos advertido a lo largo de nuestra investigación, se trata de formas demostrativas de fuente humana, verdaderos testimonios de conocimiento y percepción respectivamente, que no son inmunes a deficiencias y limitaciones objetivas, las cuales han de ser eficazmente neutralizadas, tanto en fase de elaboración legislativa como por vía doctrinal y, siempre, dentro del manejo y dominio que les proporcionen sus diferentes operadores, jurídicos y extrajurídicos. Esta la razón fundamental que impone la necesidad de un discernimiento, estudio y debate de todos sus elementos, desde las etapas de formación de la prueba, hasta los momentos, también trascendentales, de ofrecimiento, solicitud, admisión, práctica, contradicción, apreciación y valoración.En esta ocasión abordamos el estudio de la prueba pericial, labor que hemos emprendido gracias a la insospechada acogida que la comunidad jurídica ha dispensado -quizá de forma inmerecida- a nuestro anterior trabajo sobre la prueba testimonial, los interrogatorios y contrainterrogatorios en el sistema acusatorio, publicado gracias también al calor y la confianza de esta Casa Editorial.La también llamada prueba técnica, presenta tal vez mayor complefidad y por tanto mayor necesidad de estudio y reflexión; adquiere dentro del sistema de oralidad
No se trata de un estudio profundo legal ni jurisprudencial el que ofrecemos en este libro. Tampoco se trata de hacer una transcripción de todas las disposiciones legales ni de explicar cada uno de los artículos que las contienen y sus procedimientos. Buscamos dar algunas luces con fundamento en las disposiciones legales vigentes, a las preguntas que en lo cotidiano las personas se formulan, debiendo por supuesto en aquellos casos de menor ocurrencia o de mayor complejidad acudir a la asesoría de un profesional versado en el tema.
Pretendemos entonces poner en conocimiento algunos conceptos generales sobre los temas de mayor relevancia u ocurrencia al interior de las familias, haciendo claridad sobre cuáles son las vías más propicias para procurar solucionar las diferencias que tanto daño hacen al núcleo familiar y que tal vez con una adecuada asesoría y desde luego a partir de darlas a conocer, se puede sobre ellas dar una solución que permita avanzar en la convivencia pacífica.
Los te mas se presentan en forma de preguntas y respuestas y en un lenguaje comprensible a las personas y a aquellos profesionales del derecho que tengan interés en ellos y que puedan servir como aporte al conocimiento que ya posean al respecto.
En otros libros publicaos por el autor se han decantado ya más a fondo las disposiciones sustantivas y los procedimientos que corresponden al extenso derecho de familia y que por lo reciente de aquellas publicaciones aún hoy pueden consultarse si de profundizar y encontrar mejores respuestas se trata.
Contiene la reforma de las Leyes 2080 de 2021, 2213 de 2022 y la 2220 de 2022
La Ley 640 de 2001, cuya vigencia empezó a partir del día 6 de enero de 2002, abrió un nuevo panorama en todos los conflictos en Colombia para desjudicializarlos y permitir la solución oportuna, dándole un nuevo impulso a la institución, exigiendo en el ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales el previo agotamiento del trámite de conciliación, estableciéndolo como requisito de procedibilidad. Por su parte, la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, extendió la conciliación prejudicial a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y así el artículo 161, numeral 1.º del CPACA consagró la obligación de acudir a la conciliación antes de demandar en los asuntos que sean conciliables de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
Recientemente se expidió la Ley 2220 de 2022, con la cual se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en Colombia, la cual entró a regir el 30 de diciembre de 2022, derogando todas las disposiciones anteriores y convirtiéndose en el único régimen vigente para esa figura. En lo referido a lo contencioso administrativo, mantuvo el requisito de procedibilidad en los mismos casos fijados en el CPACA, en los que se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, al paso que actualizó sus reglas y procedimientos, buscando, ante todo, la protección del interés general y la salvaguarda del patrimonio público.
Esta nueva reglamentación unificó y estandarizó la dispersión normativa que existía sobre la conciliación, pues dado que esta se regía en algunos aspectos por la Ley 640 de 2001, por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y por el CPACA, se generaban conflictos de interpretación que, en algunos casos, terminaban dificultando el uso de este instrumento y afectando el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La presentación de este trabajo tiene por objetivo hacer un análisis, de forma crítica, del alcance del contenido de las normas que regulan la ley 258 de 1996 y demás normas que la adicionan, reforman o modifican, que tratan sobre la protección del bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con destino a la habitación de la familia, llamada «Afectación de la Vivienda Familiar» o comúnmente conocida como la ley de la doble firma.Del contenido de esta normatividad vigente a partir del 18 de Enero de 1996, se desprende que inicialmente el propósito era de proteger el grupo familiar, luego de los debates en la Cámara y Senado, terminó amparando solo el patrimonio con relación a un bien (El destinado a la habitación de la familia).El desarrollo de los diferentes temas y estudiados las distintas inquietudes en su aplicación y efectos, hemos querido hacer claridad en algunas apreciaciones jurídicas en su operancia notarial y registral, con ánimo de despejar dudas y dar pautas para una mejor interpretación que permita una mayor efectividad jurídica en beneficio de la sociedad.De manera breve, pretendemos hacer un cuadro comparativo entre el patrimonio de familia inembargable y la ley de afectación a vivienda familiar, observando ventajas o desventajas de una y otra institución familiar, en cuanto a su cobertura en el ámbito familiar, la naturaleza del bien protegido y sus efectos y aplicación.
Esta obra se trata el Proceso de jurisdicción coactiva en sus distintas manifestaciones. Se habla de su historia, de su naturaleza jurídica. Se analiza el proceso ejecutivo fiscal propiamente dicho, que se realiza por los jueces civiles de circuito; también el procedimiento administrativo coactivo (cobro coactivo), se tramita ante la DIAN. De igual modo, se estudia el proceso coactivo fiscal-financiero, que corresponde a las distintas contralorías. Igualmente se habla del proceso coactivo de la contribución de valorización.
