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El ejercicio de la función pública en Colombia exige un marco normativo sólido que garantice la integridad, la transparencia y el cumplimiento de las multas esenciales del Estado. Bajo esta premisa, el  Código General Disciplinario  surge como la herramienta fundamental para regular la conducta de los servidores públicos y de aquellos particulares que ejercen funciones administrativas. La presente investigación (o estudio) toma de manera integral la Ley 1952 de 2019 junto con las modificaciones estructurales introducidas por la Ley 2094 de 2021 . Este marco legal representa un hito en el derecho administrativo colombiano, al armonizar el régimen disciplinario con los estándares internacionales de derechos humanos particularmente en lo referente a la distinción entre las funciones de instrucción y juzgamiento y al actualizar el catálogo de faltas y sanciones.    A través del análisis de esta obra, se pretende examinar no solo la estructura del procedimiento disciplinario, sino también los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad que rigen la potestad sancionatoria del Estado en el contexto jurídico.

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Enseñanzas del derecho: contextos y conceptos» reúne textos introductorios que responden a contenidos complejos de la enseñanza y puesta en marcha del derecho, los cuales servirán de base para que el lector se familiarice con distintas discusiones contemporáneas de esta disciplina, sus conceptos principales y los contextos jurídicos en los que son aplicables. En los diferentes capítulos se presentan los cambios en el aprendizaje del derecho, así como las herramientas que atienden a sus complejas discusiones teóricas, a los procesos de globalización e internacionalización que impactan en los ordenamientos jurídicos, al fomento del pensamiento crítico y a la apertura del derecho a la interacción con otros saberes y disciplinas. Así, los lectores podrán introducirse en estas temáticas que fortalecerán tanto el proceso de aprendizaje como la enseñanza del derecho.

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Esta investigación se enmarca en una pregunta concreta: ¿qué habilita para que ciertas autoridades públicas puedan participar o intervenir en el proceso de las políticas públicas en Colombia? Una lectura económica diría que lo anterior sucede porque las fuerzas del mercado, por sí mismas, no lograron resolver el asunto, o porque el Estado debe proveer bienes y servicios públicos, entre otros. Desde la sociología, podrían abordarse narrativas, construcciones sociales o tal vez fenómenos que afectan dicho contexto. Desde la psicología, se mencionarían probablemente algunos sesgos, normas sociales u otros asuntos concernientes al individuo que logran trascender a la esfera de lo público.  Sin embargo, en el libro se propone un abordaje interdisciplinar entre el derecho (en sus ramas del derecho constitucional y administrativo) y las políticas públicas. En efecto, el autor considera que el principio de legalidad (muy propio de Estados con fuerte raigambre legalista como Colombia) explica cuándo una autoridad (entidad, organismo, servidor público, etc.) debe participar o intervenir en el proceso de políticas públicas. Incluso, la investigación afirma que un análisis de política que no considere el derecho dentro del enfoque multidisciplinario sería un análisis meramente idealista.

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Como conclusión del proyecto de investigación sobre Acción de tutela y derecho procesal, adelantado por el Grupo de Investigación en Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, el Departamento de Derecho Procesal presenta el libro Aspectos procesales de la acción de tutela, fruto del trabajo de investigación colectiva de los profesores Camilo Valenzuela Bernal, Fredy Toscano López, Grégory Torregrosa Rebolledo, Jaime Augusto Correa Medina, Jorge Ramirez Gómez, Juan Carlos Naizir Sistac, Marcela Rodríguez Mejía, Marcos Quiroz Gutiérrez, Pablo Moreno Cruz y Ramiro Bejarano Guzmán.  El presente es un trabajo también crítico sobre las instituciones procesales más frecuentes en el trámite de la acción de tutela. Se trata de un conjunto de artículos que no se limita a la identificación de las disposiciones legales pertinentes, sino que además contiene diversos análisis y reflexiones sobre aspectos controversiales del trámite del recurso de amparo, con base en las providencias más relevantes proferidas por la Corte Constitucional a través de estos últimos 25 años de vigencia de la acción de tutela.  La acción de tutela significó para Colombia lo más parecido a una revolución, en el sentido de que con ella se hizo posible a todos los ciudadanos no solo tener un acceso a la justicia del que antes carecían, sino entender la utilidad de contar con una Constitución Política que hubiese reconocido este mecanismo para proteger sus derechos fundamentales. Sin duda, bien puede decirse que gracias a la acción de tutela se inició una nueva y trascendental era que los procesalistas han denominado como una especie de "procesalización del derecho constitucional", mientras los constitucionalistas la reconocen como una especie de "constitucionalización del derecho procesal". Cualquiera sea la denominación, lo cierto es que el "derecho de la tutela" irrumpió en el firmamento jurídico nacional para quedarse.   La acción de tutela fue concebida como un mecanismo procesal despojado de formalismos procesales y de ritualidades a la vieja usanza del derecho procesal, con el propósito de hacerla lo más informal posible para que todos los ciudadanos pudieran acceder a ella y al restablecimiento de los derechos fundamentales amenazados o conculcados por una acción u omisión de una entidad pública o de un particular.  .

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De los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos y de derecho penal internacional, de las constituciones políticas y de sus interpretaciones autorizadas, se infiere un conjunto de principios normativos del proceso penal que determinan una estructura básica y que sientan las bases para la elaboración de un modelo dogmático, Uno de los elementos para tener en cuenta en esta tarea es el atinente a los límites del poder de acusar y a la instancia concebida para la verificación del respeto de esos límites.Con todo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de regímenes del derecho comparado, de la estructura del proceso penal colombiano no hace parte una fase intermedia ante el juez de las audiencias preliminares que comprenda el control material de la acusación, Además, la interpretación jurisprudencial plantea que solo hay lugar a un control ante el juez de conocimiento que, para no afectar su imparcialidad, se limita a la verificación de los presupuestos formales del escrito de acusación.Sin embargo, la práctica judicial evidencia situaciones en las que ese escrito presenta manifiestas irregularidades que no son susceptibles de ser superadas por vía de un control formal. En estos casos es posible un control excepcional de la acusación que, sin recaer sobre su fundamento sustancial, impida, en situaciones extremas, el abuso del poder de acusar, y como el control formal y el control excepcional de extremos sobre la acusación no solucionan el problema central planteado por la inexistencia de un control material, el camino más expedito para hacerlo es una reforma al Código de Procedimiento Penal. Hasta tanto, los instrumentos a los que se podría acudir con ese propósito son el autocontrol de la Fiscalía y la acción de tutela.     

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Esta nueva edición, en esta Casa de Estudios, prosigue la línea trazada en las ediciones anteriores, especialmente en lo expuesto en la segunda, aparecida en el año 2017. No obstante, tiene una especial particularidad. Dada la interdependencia con el derecho penal de los mayores de edad, y también su especialidad, hemos construido un A-Z de principios y subprincipios rectores que determinan y guían las decisiones que deben ser tomadas en materia del derecho penal de la adolescencia. La redacción de la Ley 1098 de 2006 tiene una muy interesante particularidad, puesto que se hace desde la perspectiva de las normas principios y no de las normas reglas, aspecto que hace de su correcta interpretación el éxito de la aplicación de una legislación tan sensible como determinante para el futuro de una sociedad moderna. Los principios y subprincipios se incardinan de tal manera que unos parecen repetir o reiterar lo que ya otro u otros ha señalado. Empero, no se trata de detectar allí contradicciones o antinomias normativas, sino una imposición de ejercicios de armonización y sincronización en su aplicación. El norte se orienta, principalmente, hacia los artículos 1, 2, 4, 93 y 94 de la Carta Política y el Orden Público Internacional de los Derechos Humanos. Por demás, se actualiza el texto con las normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia que han tenido discusión en el entretanto de la segunda edición y de esta actualización. Particularmente es importante señalar que este tomo se refiere al principio de oportunidad en sentido estricto, pero no es menos cierto que dentro de tal conceptualización también cabe una definición en sentido amplio, en la cual se recogen múltiples mecanismos alternativos de solución de conflictos que tienen como denominador común la voluntad de las partes involucradas en los mismos, lo que no es más que un desarrollo del derecho procesal consensual, como lo ha establecido la Corte Constitucional en su Sentencia T-142 de 2019, luego de estudiar los antecedentes normativos y jurisprudenciales de los consabidos instrumentos: Con fundamento en lo anterior, es dado concluir del Acto Legislativo 03 de 2002, por el cual se modifican los artículos 116 y 250 de la Constitución  Política , las siguientes particularidades: (i) se trata de un principio que se aplica mediante figuras procesales tales como las preclusiones que profiere la Fiscalía cuando hay conciliación, por indemnización integral, desistimiento, transacción o bien aplicándolo en la sentencia anticipada o audiencia especial; (ii) constituye “un mecanismo apto para canalizar la selectividad espontánea de todo sistema penal”; (iii) permite simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia penal, descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidades; y (iv) bajo la estricta regulación legal, se le permitiría a la Fiscalía, en determinadas circunstancias, prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en la conducta punible.

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Durante el desarrollo de las ideas que componen este libro se busca mostrar una nueva versión del legislador en el Estado constitucional, el cual es respetuoso de las formas y principios que irradian su actividad. Por tal motivo, este texto no busca ser una obra comentada al Reglamento del Congreso, sino generar elementos teóricos y parámetros jurisprudenciales que contribuyan a mejorar las prácticas legislativas y la producción de la ley en Colombia. A partir de su experiencia en la Unidad de Trabajo Legislativo de la Cámara de Representantes, sus cátedras de Procedimiento y Argumentación Legislativa y su labor en el Semillero de Estudios Constitucionales y Legislativos «Jacobo Pérez Escobar» de la Universidad del Magdalena, el autor aporta al mejoramiento de la imagen y labor del legislador colombiano a través del estudio e investigación sobre los fundamentos, principios y procedimientos que aplican a la función legislativa en Colombia.

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