Esta segunda edición de La policía judicial en el sistema penal acusatorio, con diez capítulos es producto de las vivencias y experiencias del autor como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que realizó investigaciones en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y por violación de derechoshumanos, como también del desempeño como Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en donde fue muy importante el acumulado que ese organismo traía desde la época de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con un personal comprometido con la investigación criminal y el trabajo criminalístico y de las ciencias forenses.
Esta obra estudia de forma sistemática y sencilla todos aquellos aspectos jurídicos que rodean los asentamientos humanos de desarrollo incompleto – AHDI en Colombia, advirtiendo que son una realidad, no solo urbana, sino también rural, y aunque está fija en el paisaje, pasa desapercibida, como invisible y por ende normalizada en la sociedad.
Toda la normatividad que, de manera directa, se ocupa de las relaciones jurídicas que tienen como epicentro al sujeto de especial protección llamado campesino y los que se le asemejan como son los grupos étnicos; así como de lo relativo a la conservación y explotación de la tierra y de los recursos naturales. De esta manera, sin aplicar el dogma del "Rey Midas", encontramos que el Derecho Agrario se nutre de las diferentes ramas del derecho, como el Civil, el Administrativo, el constitucional, el Financiero, el Cooperativo, el Laboral, el Minero, el Energético, el Notarial, el catastral, el Registral, el comercial, el Internacional, el Ambiental y, en fin, de todas las especiales regulaciones jurídicas que resulten directamente predicables a esos sujetos especiales, a la explotación de los recursos naturales y al medio ambiente. Con este criterio hemos elaborado el presente trabajo, que abarca la búsqueda de las definiciones consignadas en las diferentes providencias de nuestras Altas Cortes desde el año de 1886 hasta nuestros días, y esperamos resulte útil para los colegas y en general para los comprometidos con este mundo de nuestro derecho patrio. Las definiciones son punto esencial en las ciencias, especialmente en la ciencia del derecho y en su naciente rama del DERECHO AGRARIO INTEGRAL, pues ellas permiten el entendimiento y cabal desarrollo de sus diferentes instituciones. Ya lo dijeron los filósofos: "definid y no disputareis".
Reseña : Reformas estatutarias y transformación; Fusión; Aspectos prácticos de las operaciones de integración societaria; Escisión; Derecho de retiro; Matrices subordinadas y grupos empresariales; Disolución de la sociedad; Causales de disolución; Liquidación; Empresa unipersonal de responsabilidad limitada; El proyecto de reforma al régimen de sociedades; Bibliografía; Índice de autores; Índice de disposiciones; Índice de materias. de clausura de la fiscalía; El hecho; Los presupuestos procesales; Los actos procesales; El procedimiento intermedio; El procedimiento principal (panorama general); Las máximas procesales; El tribunal en el juicio oral; Los intervinientes en el proceso; Medios de prueba; Conceptos fundamentales del derecho probatorio; La producción de la prueba y el procedimiento probatorio; El deber de esclarecimiento, § 244, inciso 2º; El derecho a requerir prueba; La oralidad de la recepción de la prueba; La inmediación de la recepción de la prueba; Prohibiciones probatorias; Libre valoración de la prueba; La sentencia concertada. acuerdo en el proceso penal; La sentencia; Cosa juzgada; Clases especiales de procedimiento; Recursos: reglas generales; Apelación; Casación; La queja; Intervención del ofendido en el proceso penal; Las costas del proceso.
Tomo I: Importancia y definición de las pruebas judiciales; noción o concepto de la prueba. el derecho subjetivo de probar; naturaleza del derecho probatorio y de las normas sobre pruebas judiciales; breve historia de las pruebas judiciales.
Tomo II: Del juramento como medio especial de prueba el testimonio de terceros; de la peritación o la prueba por peritos; de la prueba por inspección o reconocimiento judicial; de la prueba por documentos.
En el mundo jurídico, la Teoría General del Derecho y la Teoría General del Proceso sólo han hecho referencia, fundamentalmente, al derecho romano-germánico, olvidando que fuera de este tipo de derecho existen también el derecho inglés, el chino, el musulmán, el hindú, el africano, entre otros, y uno más que apenas se está estudiando: el Derecho Consuetudinario Indígena Latinoamericano, incluido el colombiano, el cual a través de los últimos años tenido un gran desarrollo a causa del reconocimiento expreso que la Constitución Nacional de 1.991 hizo sobre la Jurisdicción Especial Indígena.La presente investigación está enfocada hacia el campo de la posibilidad teórico-práctica de hacer compatible el Sistema Jurídico Procesal Nacional con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Para tal efecto, durante el desarrollo de la investigación se encontrarán algunos temas jurídicos, sociológicos y antropológicos que nos ayudarán a encontrar la posible conexidad o compatibilidad entre ambos sistemas. Por tal razón, temas como el de la singularidad cultural y jurídica de los pueblos indígenas; facultades jurisdiccionales; elementos centrales de la Jurisdicción Especial Indígena; límites al ejercicio de la referida jurisdicción; Estatuto de Autonomía para las comunidades indígenas; derechos humanos y derechos colectivos; finalidad de la Jurisdicción Especial Indígena; autoridades indígenas; homologación de los fallos proferidos al interior de la comunidades indígenas, entre otros, han sido objeto de análisis en la presente investigación. Adicionalmente, se ha optado por el estudio de los sistemas jurídicos imperantes en las comunidades indígenas Paez, Wayúu, Tule, Kogi y Nukák-Makú, comparándolos con el Sistema Procesal Colombiano, para luego extraer unas conclusiones finales en torno al tema investigado y, con base en ellas, elaborar un Proyecto de Ley Estatutaria sobre Jurisdicción Especial Indígena, el cual ha sido incorporado como anexo al presente trabajo, junto con otros dos proyectos elaborados, uno por el Ministerio de Justicia, y el otro por el Senador Jesús Enrique Piñacué.
«Algunos de los temas que la Corte Constitucional estudió durante el 1.er semestre del año 2016. Estos derechos y muchos más serán objeto de especial consideración en la obra que se presenta al escrutinio de los estudiosos de los temas que a diario se estudian en el seno de la Corte Constitucional a través de las tutelas que abarcan aspectos de carácter penal, civil, familia, laboral, administrativo, donde se resuelven los casos que diariamente aquejan a la población más indefensa, como son las personas de la tercera edad, los niños y adolescentes, reclusos, trabajadoras domésticas, los enfermos, etc».
El fenómeno de la delincuencia organizada o de las empresas criminales, ha obtenido un amplio, pero sobre todo, vertiginoso avance en el contexto social latinoamericano que les ha permitido a los grupos delincuenciales expandir su radio de acción desde su país de origen a otros territorios del continente.
No se puede ignorar los ingentes esfuerzos y avances que han intentado realizarse desde los distintos colectivos para edificar una serie de políticas criminales trasnacionales para hacerle frente a esta problemática, pero tampoco se pueden desconocer las maniobras empleadas por estos emprendimientos criminales para mutar su accionar y seguirse manteniendo al margen del radar de acción de las autoridades que abogan por su judicialización.
Las diferentes maneras en que se desarrolla la actividad delictiva organizada, los fines ilícitos más recurrentes, las formas en que se mimetizan en la sociedad, los modos usados para agrandar su acción nacional y trasnacional, entre otros aspectos, son temas que merecen ser materia de un estudio coherente y, sobre todo, mancomunado por parte de los Estados, contando con el apoyo de la comunidad jurídica con miras a obtener respuestas claras sobre la forma en que se deberían encaminar las diferentes políticas criminales que busquen hacerle frente, de forma certera, a esta problemática que día a día prolifera a lo largo y ancho del continente.
La transformación radical que ha tenido el proceso penal peruano, unida a la complejidad de alguna de sus instituciones, justifican la publicación de esta obra, a la vez que explican su estructura y contenido.
La concepción del derecho romano de estas páginas es, simultáneamente, histórica e institucional, a la manera neopandectista.
En cuanto a lo primero, se concibe la normatividad de la ciudad romúlea como uno de los tres elementos estructurales, constitutivos de la civilización occidental. Con efecto, ella, en lo fundamental, o in nuce, se puede y se debe condensar en religión cristiana, filosofía griega y derecho romano. Por consiguiente, estudiar este es comprender nuestra idiosincrasia […].
La autotutela administrativa, como expresión del poder de Estado, y como concreción de los cometidos sociales, está atada de manera inescindible al ordenamiento. La Administración Pública no goza de libertad dispositiva de potestades, por el contrario todo halla inicio y fin en las normas. Cuestión esta, que hace que se encause el hacer con el deber hacer para la realización del bienestar social. Bienaventuranza que se muestra como la mayor aspiración grupal, la cual hace que, las sociedades, de manera correlativa, se tornen más apacibles de manera temporal. No obstante, la dicha perseguida no se muestra paquidérmica, por el contrario, los escenarios de ventura, que inspira la colectividad, se tornan día a día más progresivos. De ahí que sean, los momentos de prolongada quietud, los gestores de los más trascendentales cambios estructurales administrativamente hablando. Por consiguiente lograr el equilibrio social, a partir de la realización del bienestar, invita a una verdadera ejecución de fines. Mismos, que requieren de una dinámica administrativa robusta que conlleva el ejercicio de potestades y de la iniciativa para la toma de decisiones libres y oportunas, entre otras, que materialicen los cometidos normativamente propuestos. Ahora, esta persecución de gozo también halla otros límites distintos al ordenamiento como, por ejemplo, los recursos públicos.
El presente texto encausa el referido contexto buscando acercarse a determinaciones como el Estado, el poder, la autotutela administrativa, la autotutela ejecutiva, la decisión ejecutoria y demás. De ahí que, su lectura, persiga el entendimiento administrativo actual.
