El artículo 90 de la Carta Política establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. A pesar del reconocimiento constitucional de la responsabilidad por omisión y su aplicación tanto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se observa que recientemente esta última ha empezado a desviar su práctica en casos de negligencia médica. En lugar de aplicar la responsabilidad por omisión, opta por la teoría de la pérdida de oportunidad, generando discrepancias significativas en la dogmática y en el quantum reparatorio. Mientras que la responsabilidad por omisión lleva al Consejo de Estado a reconocer una indemnización plena, bajo la premisa de que no evitar un resultado adverso es equivalente a causarlo, la aplicación de la teoría de la pérdida de oportunidad resulta en soluciones variadas. Estas pueden ir desde el reconocimiento de un porcentaje del daño final por daño emergente y lucro cesante, hasta la consideración de un perjuicio autónomo denominado pérdida de oportunidad, o incluso el reconocimiento solo del perjuicio moral o un porcentaje de este. Este libro busca resolver la incertidumbre generada por estas prácticas divergentes.
Se centra en el estudio de las instituciones fundamentales de la teoría general del proceso, con un enfoque especial en el derecho procesal civil general, desde la perspectiva de la teoría de los sujetos y los actos procesales, según el autor. Aborda el contexto del proceso civil oral bajo la nueva normativa del Código General del Proceso colombiano y analiza los factores de crisis en la administración de justicia.
Enfatiza la importancia de las notificaciones como elemento fundamental del debido proceso, garantizando que las partes conozcan las decisiones judiciales y tengan la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción. Dada la publicación, es posible que la obra aborde tanto las reglas generales como las innovaciones o la evolución en los métodos de notificación, incluyendo la posible incorporación de la tecnología y los medios electrónicos.
Obra que aborda de manera integral el régimen legal y jurisprudencial de la responsabilidad de los profesionales de la salud, probablemente en el contexto del derecho colombiano.
Esta obra simplifica la teórica abstracta del derecho procesal civil con ejemplos y cuadros sinópticos muy sencillos que hacen posible dar aplicación práctica a la teoría del derecho procesal civil, obra que será de suma importancia para los estudiosos de derecho procesal civil.
El texto aborda la relación entre las sanciones penales que restringen la libertad y el marco de los derechos humanos, un tema fundamental en el derecho penal y penitenciario contemporáneo.
El libro aborda la noción de territorio como una construcción intelectual importante para el derecho y la ciencia política, funcionando como un ámbito de regulación y un espacio para la acción del Estado
Analiza la relación entre el conflicto armado y la protección de los derechos fundamentales en Colombia durante el siglo XX. La obra examina cómo la guerra ha impactado y desafiado el sistema jurídico colombiano en lo que respecta a las garantías ciudadanas, proponiendo una revisión crítica de esta interconexión.
Se trata de un texto impreso en español que aborda el tema del control constitucional y la supremacía de la Constitución, incluyendo un prólogo de Edgardo Villamil Portilla.
Aborda los conceptos fundamentales del derecho constitucional, definiendo la Constitución como la norma que organiza el Estado y regula la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos. La obra se centraría en los principios y la estructura de la organización política, diferenciando entre una concepción general de "constitución" y el concepto específico de la "Constitución del Estado" como unidad política y sistema normativo.
La presente obra, "Derecho constitucional, penal, procesal y garantismo", aborda un eje fundamental en el pensamiento jurídico contemporáneo: la "constitucionalización del ordenamiento jurídico". En los modernos Estados Constitucionales de Derecho, ninguna rama del saber jurídico, y menos aún el ius puniendi estatal, puede entenderse aislada de los principios y garantías consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de derechos humanos.
