La tutela inhibitoria no sólo llama la atención sobre el error que supone unificar las categorías de la ilicitud y la responsabilidad civil, sino que también hace surgir la necesidad de técnicas procesales alternativas a las habitualmente utilizadas por los procesalistas. Si se piensa en el proceso en términos de -tutela de derechos-, se ve que la tutela jurisdiccional no puede seguir clasificándose según criterios procesales, sino que es necesario reflejar su interconexión con el derecho material. Esta forma de ver la tutela jurisdiccional permite diferenciar la tutela inhibitoria de la cautelar, y clasificar las tutelas jurisdiccionales a partir de los puntos que tienen en común.
El libro es "Juicio a la desigualdad: La defensa de los derechos sociales a través del proceso", escrito por María Carlota Ucín, con prólogo de Roberto Gargarella, publicado por la editorial Marcial Pons en 2021, dentro de la colección "Proceso y derecho", y aborda cómo defender los derechos sociales mediante mecanismos procesales.
La anticipación de la tutela es actualmente el último paso en la evolución del estudio de las medidas cautelares. No se trata ya de obtener medidas que preserven el statu quo extraprocesal mientras se celebra el proceso, a fin de garantizar la efectividad de la sentencia. Se intenta que mediante una cognición sumaria y preprocesal, basada en la probabilidad de que el demandante tenga razón, el juez conceda, con carácter provisional, la tutela que, en principio, debería estar reservada a la sentencia. Esta obra estudia por completo esta realidad desde el prisma práctico, especificando con claridad qué tutelas pueden ser anticipadas y cómo deben ser solicitadas de forma exitosa.
El presente artículo es un intento de proporcionar una teoría coherente que los tribunales internacionales puedan utilizar para funda- mentar la atribución de responsabilidad penal indirecta por crímenes colectivos. Actualmente, la jurisprudencia y la academia están enfocadas en un debate entre la doctrina de la empresa criminal conjunta aplicada por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la doctrina de la coautoría de la Corte Penal Internacional, que define como coautores a aquellos que tienen control conjunto sobre el crimen colectivo. El artículo somete la teoría del control a un nuevo escrutinio y cuestiona si el "control" es el criterio más importante para los crímenes colectivos. Este trabajo defiende la afirmación de que el aspecto esencial para atribuir responsabilidad indirecta a los miembros de un grupo criminal es la intencionalidad (mens rea) de sus miembros individuales.
Esta obra tiene como finalidad ampliar el campo de conocimiento y generar reflexión en torno a las políticas públicas, la gestión de la educación y la evaluación de los procesos formativos en el territorio, con el fin de aportar elementos de juicio en el análisis y las soluciones a las diferentes problemáticas sociales, así como en la formulación de políticas públicas que reconozcan la territorialidad, la gobernanza y la globalización, como espacio de conformación cultural, social e incluso emocional.
Este libro presenta los grandes temas que estudia la criminología: por qué las personas infringen la ley, los contextos en que lo hacen y las formas de reducir el delito. Además, expone de forma clara y concisa cómo reacciona la sociedad a la delincuencia y el funcionamiento del sistema penal (agentes de policía, sistema judicial penal y sistema de castigos). La criminología aporta conocimiento empírico basado en investigaciones criminológicas. Por ello, en esta segunda edición se han actualizado todos los datos referidos a la delincuencia y a los cambios que ha introducido el movimiento de víctimas. También se han puesto al día las variaciones en el sistema penal, consecuencia de la puesta en práctica de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, de la reforma del código penal de 2015, del impacto de la crisis económica en las tasas de delincuencia y penitenciarias y de la influencia de la penología europea. En todos los temas tratados se combina una orientación crítica con una actitud apreciativa hacia el colectivo estudiado, que describe su función, la complejidad de sus tareas, las demandas contradictorias a las que están sometidos sus agentes y los múltiples valores en conflicto.
En este libro se analiza el marco jurídico de los derechos de la tercera edad, asociándolo al deporte. Los autores recorren el camino que va, desde los planteamientos teóricos —las recomendaciones y líneas de actuación estratégicas—, hasta los desempeños prácticos —la oferta de programas y espacios para el desarrollo del deporte—. Con dicho planteamiento se espera el interés, no solo de juristas, sino también de gestores y en general, de personas que tengan la tarea o vocación de promover el deporte como derecho para este sector de la población.
Este libro narra tres décadas de intervención constitucional en el mundo penitenciario colombiano. Para ello, propone una interpretación de la doctrina del Estado de cosas inconstitucional (ECI) desde la antropología, la cual está basada en el concepto de liminalidad defendido por van Gennep y Turner. Así, se propone una manera de interpretar la relación entre jurisprudencia constitucional y encarcelamiento que denomino constitucionalismo liminal, la cual permite comprender la manera en que la doctrina del ECI convierte a las personas presas en sujetos de sufrimiento inevitable e irremediable al ubicarlas en un espacio de suspensión permanente entre la violación de derechos y la protección material. La violación fáctica y permanente de derechos coexiste con la declaratoria simbólica de su inconstitucionalidad, cuya superación se encuentra suspendida en y supeditada a una temporalidad constitucional específica, esto es, a las órdenes de reforma estructural en cuyo transcurso se produce el sacrificio de la persona presa como condición de la restauración del orden constitucional perturbado por el acto de castigar.
Este trabajo pretende precisar el contenido y el alcance de la imparcialidad en materia probatoria. La complejidad del tema radica en que el juex se exige asumir el conocimiento de los hechos de manera desprevenida, sin tener una hipótesis sentada acerca de cómo han sucedido los hechos antes de instruir el proceso, pero en la práctica es innegable que está expuesto a la influencia mediática, a sus prejuicios extraídos de casos anteriores e incluso a los sentimientos que le susciten las partes en juicio. Se propone, entonces, que el juez para ser imparcial debe partir siempre de un estado cognitivo de ignorancia frente a los hechos afirmados por las partes, y obtener así su estado de certeza mediante el contraste de estos a priori con el flujo de información obtenida en la instrucción del proceso, de tal manera que solo pueda dar por probados los hechos, luego de ponderar los actos probatorios llevados al proceso judicial.
Quien pretenda, como lo hace el autor de este trabajo, proponer un modelo de responsabilidad penal para las empresas multinacionales (EMN) se adentra en ámbitos de estudio e investigación aún en plena construcción. Es más, diría, sin temor a equivocarme, que emprende una titánica tarea, pues se enfrenta a concepciones tradicionales del derecho penal, del derecho internacional y del derecho de los derechos humanos, con las cuales, muy a pesar de su aceptación teórica, no será posible aportar soluciones satisfactorias en la sociedad global de hoy. Ahora bien, eso fue precisamente lo que William J. Parra advirtió desde el inicio de esta investigación, de tal manera que la necesidad de superar los estáticos paradigmas teóricos fue el norte de este trabajo, orientado a construir un modelo que en verdad explicara la realidad del funcionamiento de las empresas multinacionales en la sociedad moderna e internacional, su posición normativa y los criterios de su responsabilidad (especialmente de orden penal).
El de convencionalidad es un concepto amplio, omnicomprensivo, complejo y en proceso de consolidación en el ámbito del derecho, que involucra, dada su configuración, un claro e inobjetable elemento amplificador del ordenamiento jurídico vigente en cada Estado, no solo por el hecho de la pertenencia de estos a la comunidad internacional, sino también por estar ligados a ella, por medio de instrumentos jurídicos vinculantes, como pueden ser, entre otros, los tratados, convenios, protocolos y acuerdos internacionales de todo orden.
El solo hecho de la pertenencia a la comunidad de Estados significa la afirmación de los principios generales del derecho de toda la comunidad civilizada y en la que se han asentado los ordenamientos jurídicos, y la defensa y cumplimiento de las obligaciones internacionalmente imperativas (jus cogens), que producen efectos ergo omnes, sea que se encuentren positivizadas o no.
La investigación que nos ocupa aborda una de las problemáticas de la mayor trascendencia para la coexistencia entre la comunidad internacional y sus países miembros, como es la de la permanencia y garantía de respeto profundo a los derechos humanos. Pretende identificar los estándares derivados de los principios, valores y normas del derecho internacional, que, articulados con los ordenamientos jurídicos de los países miembros de la comunidad internacional, les brindan a las personas los mínimos necesarios en relación con la preservación material de sus derechos subjetivos y colectivos.
Conforme a los postulados del derecho internacional, se han venido construyendo, desde hace ya muchos años, las bases de un régimen jurídico único, con valores, principios y normas que se materializan en permanentes decisiones de los organismos internacionales, y de todas las autoridades en el interior de los Estados, protectoras y garantes de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho de Gentes y demás bienes derivados del Derecho Internacional Consuetudinario.
Lecciones de derecho penal. Parte especial está formado por una pluralidad de estudios elaborados por profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia que con total autonomía conceptual acometen el análisis sintético de los temas fundamentales de dicha área del conocimiento.
Esta obra fue promovida por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia y pretende, primordialmente, brindar a nuestros lectores, en especial a los estudiantes de la Facultad de Derecho de esta alma máter, un manual de consulta básica que abarca el examen de la mayoría de los tipos penales consagrados en la parte especial de la ley penal colombiana, no solo desde el punto de vista de su estructura y contenido, sino también -y en particular-con énfasis en los aspectos más polémicos de cada uno de ellos, con sustento en desarrollos doctrinales, jurisprudenciales y legales que se han dado en esta materia.
En consecuencia, esta obra constituye un elemento de suma utilidad para el desempeño de estudiantes, funcionarios judiciales, abogados litigantes y, en general, los estudiosos del tema
