Novedades

La presente edición conserva la estructura temática de las anteriores ediciones a saber: generalidades, principios fundamentadores del Derecho Procesal Laboral, conciliación laboral, reclamación administrativa, incidentes, conflictos laborales, demanda, contestación de demanda, notificaciones, recursos ordinarios y extraordinarios, grado jurisdiccional de consulta y régimen probatorio. La novedad de esta obra, estriba en la actualización de dos temas puntuales: (i) El relativo a la conciliación consagrado en la Ley 2220 de 2022, que amplió la competencia para llevar a cabo la conciliación extrajudicial, otorgándosela también a los jueces laborales, y (ii) El concerniente a la Ley 2213 de 2022, que consagró una nueva forma de presentación de demanda, un método complementario de otorgamiento de poder y una nueva forma y complementaria de llevar a cabo la notificación personal.

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Compilación normativa y jurisprudencialLey 80 de 1993, contiene las leyes y decretos vigentes modificatorias y reglamentarias del estatutoContiene modificaciones de: Ley 2080 de 2021, Ley 2069 de 2020, Ley 2040 de 2020,  Ley 2014 de 2019, Ley 1150 de 2007 Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica relacionados con la Contratación Pública Jurisprudencia – Conceptos – Doctrina

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Estudio comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo, a la luz de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 2080 de 2021 Nadie se imaginaba a principios del año 2020, los profundos cambios a los que se vería sometida la humanidad a raíz de la pandemia derivada del virus Covid 19.   A inicios de ese año se vislumbraba una reforma a la Ley 1437 de 2011 evidenciada en el proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado),  pero  no estaba en los cálculos de nadie, que a causa del mencionado problema de salud pública, quedáramos sometidos, no solo a un sinnúmero de restricciones  de toda índole, sino, a una avalancha de  decretos y normas  emitidas en virtud del  estado de excepción que tuvo que ser declarado para tratar de contener  la enfermedad y sus nocivos efectos en todos los ámbitos.  Esa normativa de “emergencia”, que entre otras cosas enfatizó en la digitalización de la justicia, llegó para quedarse, tal como lo evidencia la Ley 2080 de 2021, que incorpora trascendentales cambios que impactarán los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y claro está, repercutirá en los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo.

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Las acciones para reparar a las víctimas por perjuicios causados como consecuencia de una falla en el servicio, por responsabilidad civil extracontractual, por un  punible o delito, o por culpa patronal, se encuentran legalmente establecidas en nuestro orden jurídico, como son: la acción reparación directa consagrada en el art. 140 de la Ley 1437 de 2011, el ordinario de responsabilidad civil extracontractual, reglado en el art. 2341 del C. Civil, el incidente de indemnización de perjuicios en proceso penal, según el art. 95 del C. Penal, y la culpa patronal en ordinario laboral, de conformidad con el numeral 2 del inciso d) del numeral 4 del artículo 64 del C.S. del S.S. En el ejercicio de estas acciones ya sean de índole civil o de índole administrativo, de índole penal, o de índole laboral, es menester presentar de manera adecuada los perjuicios que se van a solicitar, a fin de que el operador judicial pueda igualmente ordenar conforme a la ley y a la jurisprudencia vigente la reparación integral a la víctima que ha sufrido un daño o perjuicio indemnizable.

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Descripción El derecho procesal es el instrumento diseñado por el Legislador para lograr la realización del derecho sustancial. En consecuencia, quien conoce el proceso judicial diseña su victoria. Por ello, a través del presente manual suministro una serie de herramientas útiles para que los lectores se conviertan en los escultores de la justicia en el ámbito de las actividades litigiosas. El texto está nutrido con normas, doctrina, jurisprudencia y la experiencia académica y profesional adquirida por el autor durante 20 años dedicados al litigio. No se agota el texto en el ámbito de la teoría, pues incluye una parte práctica, en la que se plasman situaciones reales para que el lector aprenda a elaborar solicitudes de conciliación y demandas contenciosas administrativas. El autor.

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(En concordancia con la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Contiene a su vez el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 [Actualizada]; el Decreto 409 del 16 de marzo de 2020; el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019; y, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 [Actualizada]) La presente edición, se proyectó como consecuencia de los cambios introducidos por los recientes pronunciamientos jurisprudenciales emanados por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, los cuales tuvieron una importancia trascendental en lo atinente al proceso de responsabilidad fiscal, en virtud del fenómeno de la reviviscencia y la jurisdicción coactiva ejercida por los órganos de control fiscal. Ante esta novedad, sumada a la intención de entregarle al lector una obra más profunda y detallada en lo referente a la parte temática del control fiscal, del proceso de responsabilidad fiscal, como también lo relacionado al desarrollo de las auditorías realizadas por las diferentes Contralorías, se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva edición que contuviera, con mayor precisión, un desarrollo temático más actualizado, acorde a las necesidades doctrinales que se requieren en el momento, dado el poco desarrollo de estos temas en la actualidad…

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Los convenios y contratos interadministrativos son figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, cuya finalidad es facilitar la colaboración entre entidades estatales, posibilitando la contratación directa sobre la base de que el bien, servicio u obra pública que se requiera lo pueda satisfacer otro ente oficial, que cuente con la experiencia, capacidad técnica, financiera, etc.    Funcionarios públicos inescrupulosos, para evitar los requisitos establecidos en la ley para la selección objetiva del contratista, que inicia con la convocatoria pública, elaboración del pliego de condiciones, la publicación en el sistema electrónico de contratación pública, SECOP I y SECOP II, participación de los proponentes en las distintas etapas, deciden hacer uso equivocado de los convenios y contratos interadministrativos, en contravía de la ley e incurriendo en actos de corrupción, que dan  lugar a la declaración judicial de nulidades y condenas patrimoniales a las entidades involucradas. Para los jefes de las entidades estatales, alcaldes, Gobernadores, gerentes de entes descentralizados, este libro les será de mucha utilidad pues los hará entender que caer en la trampa de cambiar el objeto social de la empresa pública escogida para torcer el pescuezo de la ley, eludiendo la convocatoria pública, les saldrá bien caro, les esperan penas de prisión muy altas, por tratarse de delitos repudiables socialmente que no gozan de subrogados penales, es decir que la condena se cumple completa, sin descuentos y cien por ciento intramural.  La razón de ser de la presente investigación es aportar en la formación de los operadores jurídicos para evitar las dolorosas consecuencias de ignorar lo dicho arriba, para este propósito se analizan sentencias condenatorias proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos de corrupción donde precisamente se ponen de acuerdo dos o más personas para robarse los recursos públicos, siendo de resaltar que se tiene el concierto para delinquir como un delito autónomo, independientemente del resultado, basta con el acuerdo de voluntades que conduzca a evitar la licitación pública. Finalmente, la explicación del porqué la mezcla de derecho administrativo con derecho penal en esta obra, tiene que ver con la necesidad de que los lectores tengan muy claros los conceptos y definiciones , que les permitan distinguir el contrato y el convenio interadministrativo, y los casos en que se pueden utilizar sin riesgo de caer a la cárcel.

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Esta obra ofrece a los lectores la posibilidad de tener un manual sobre la parte procedimental de la responsabilidad fiscal; aquí se incluyen acápites relacionados con institutos jurídicos procesales, tales como, el procedimiento ordinario y verbal, los recursos, medidas cautelares, instancias, nulidad, caducidad, prescripción, intervención judicial, cesación de la acción fiscal, sucesión procesal, expedición de copias, suspensión de términos, unidad procesal, garantía de defensa, defensor de oficio, grado de consulta, la participación de los terceros civilmente responsables, etc. De igual forma, el libro hace énfasis en el régimen probatorio, las diligencias de notificación, los impedimentos y las recusaciones. Finalmente, se exponen los efectos del fallo con responsabilidad fiscal y el control judicial en materia fiscal. Las diferentes temáticas son abordadas con base en la normativa vigente, en concordancia con la abundante jurisprudencia de las Altas Cortes y los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República.  Este libro es útil y práctico para todos los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.

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La obra que reposa en sus manos contiene la parte sustantiva de la Responsabilidad Fiscal en Colombia, en la cual se plasma su evolución histórica, desde la época de la Colonia hasta la fecha. Luego se exponen con sencillez, pero con rigor intelectual los fundamentos constitucionales y legales que regulan la materia. Igualmente, se precisa el objeto, las características y los principios que orientan la vigilancia, gestión, control y acción fiscal. Así mismo, se trae a colación el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia.  Finalmente, se hace énfasis sobre los elementos de este tipo de responsabilidad, temáticas que se abordan con base en la normativa que regula la materia, en concordancia con diversos conceptos emitidos por parte de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República y múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los cuales orientan el ejercicio de la gestión y la responsabilidad fiscal. Este libro está dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.

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La naturaleza y funciones de los principios jurídicos en el Estado social y constitucional de derecho constituye uno de los temas de mayor importancia para la teoría general del derecho, el derecho constitucional y el derecho procesal. En esta oportunidad, el autor demuestra de manera original y desde una perspectiva sociojurídica, que toda idea de principios jurídicos debe corresponder a las circunstancias de cada contexto, al deseo de cada sociedad por alcanzar la justicia material y a su interés por limitar el ejercicio del poder.  Con una metodología práctica, pero sin rehuir a las reflexiones más profundas en relación a los principios jurídicos, el autor indica que son mucho más que criterios auxiliares de la actividad judicial. En el Estado social y constitucional, son normas pertenecientes al ordenamiento jurídico que condicionan la validez de las restantes normas, concretan el contenido de los valores y limitan el ejercicio del poder, cumpliendo una importante función jurídica, axiológica y política, respectivamente. La Excepción de Principialidad, novedosa propuesta de control constitucional que ya es aplicada por funcionarios jurisdiccionales y administrativos, responde a dos crisis: la del razonamiento jurídico liberal con el ingreso del Estado social y constitucional y la de la administración de justicia. Ambas truncaron el cumplimiento de la función principal del constitucionalismo: la limitación del ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales. Es una herramienta teórica y práctica fundamental para todo jurista que confía en la posibilidad de fusionar la justicia material con una idea de derecho entendido como principal instrumento para la transformación social.  

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El procedimiento administrativo es el principal instrumento empleado por las autoridades para satisfacer el catálogo de garantías constitucionales y legales de los habitantes de Colombia. En efecto, el horrible de las decisiones proferidas por la administración está supeditada al inicio y culminación de un trámite formal, el cual comprende una serie de etapas diseñadas por el legislador para garantizar los intereses generales y particulares, la prevalencia del principio de legalidad y la vigencia del Estado de derecho. A través de la presente obra se brinda al lector la posibilidad de acceder al contenido normativo, jurisprudencial y doctrinario del procedimiento administrativo consagrado en la Ley 1437 de 2011, e igualmente se ofrecen las herramientas necesarias para que el estudiante o el profesional del derecho intervenga eficazmente en las actuaciones promovidas ante las autoridades para reclamar o defender los derechos propios o de terceros. Usted sostiene en sus manos un texto actualizado, elaborado por la abogada Rosember Rivadeneira Bermúdez, quien cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en el área del litigio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y un recorrido en la docencia universitaria desde el año. 2006.

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El día 28 de mayo de 2024 se publicó la tan esperada Sentencia C-134/23, por medio de la cual la Corte Constitucional realizó el examen del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La mayor expectativa recaía en la manera como la Corte abordaría el estudio de las normas referentes a la virtualidad judicial en materia procesal penal.  Estimó la Corte Constitucional que, a diferencia de otros ámbitos de la jurisdicción, en el proceso penal se debía imponer como regla general la presencialidad en la celebración de los juicios orales y, en consecuencia, la virtualidad como excepción debía quedar sujeta a circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas por los jueces penales de conocimiento. En este orden de ideas, expuso la Corte Constitucional, a título meramente ilustrativo, que las audiencias de juicio oral se podrían practicar virtualmente o por el sistema de videoconferencia 1) si una parte o testigo estuviese en condiciones graves de salud que les impidan desplazarse desde su lugar de residencia, 2) cuando haya serios motivos de seguridad que aconsejen evitar su desplazamiento; 3) por la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria en que se disponga como medida la celebración virtual de todas las actuaciones procesales; 4) por la existencia de regulaciones especiales que exijan la adopción de medidas para no exponer a la víctima frente al presunto agresor, o 5) por compromisos internacionales del Estado colombiano en virtud de tratados de cooperación judicial que privilegien la realización de audiencias virtuales como instrumento para materializar la asistencia entre Estados, entre otras múltiples y muy diversas circunstancias excepcionales que puedan presentarse y que el juez deberá valorar en su momento. Según algunos críticos, la decisión de la Corte implica un retroceso en los logros que se han obtenido con la virtualidad judicial en materia procesal penal, en clave de garantizar el derecho de acceso de las personas a la administración de justicia y, por tal razón, proponen que las normas que restringen el uso de la videoconferencia en los juicios penales sean objetadas,  por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,  por motivos de inconveniencia política, social o económica. Este y otros temas de la sentencia de constitucionalidad, son abordados en la presente obra jurídica, que, debido a su gran aceptación en los diferentes escenarios judiciales y académicos, hoy llega a su segunda edición.

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