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Código Sustantivo del Trabajo: Código Sustantivo del Trabajo – Decretos 2663 y 3743 de 1950 – Ley 141 de 1961 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias  Contiene: Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral (modificada por la ley 1622 de 2013) – Ley 1822 de 2017 nueva norma de licencia de maternidad – Ley 1823 de 2017 salas amigas de la familia lactante del entorno laboral Incluye: Ley 2088 de 2021 – trabajo en casa – Ley 2141 de 2021 – fuero de paternidad – Ley 2114 de 2021 – licencia de paternidad – Ley 2101 de 2021 – reducción jornada laboral – Ley 2121 de 2021 – régimen de trabajo remoto – Ley 2174 de 2021 isaac – establece parámetros para la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad especial – Ley 2209 de 2022 – prescripción de acciones por acoso laboral – Decreto 1227 de 2022 – reglamenta Teletrabajo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Decreto Ley 2158, Decreto Ley 4133 de 1948 – Ley 712 de 2001, Ley 1149 de 2007 Incluye: Ley 2213 de 2022 – establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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En consonancia con las finalidades establecidas para el proceso y la sanción disciplinaria, este manual de derecho disciplinario se erige como una herramienta fundamental de ilustración general sobre los principios, normas, procedimiento y sanciones que, a juicio de los autores, son de imperativo conocimiento para los servidores públicos, profesionales del derecho, operadores disciplinarios e inclusive para aquellos particulares que desempeñan funciones públicas, a los que a partir de un lenguaje claro, preciso, conciso y sencillo se pretende facilitar la comprensión de las generalidades del procedimiento disciplinario y de los principios. en que se funda. Ahora bien, el contenido del texto se divide en tres capítulos, el primero define de forma general los principios básicos en que debe fundarse la actuación disciplinaria; el segundo señala las etapas y procedimiento que debe observar el operador disciplinario en fase de instrucción y juzgamiento, haciendo hincapié en la importancia del mandato establecido para los operadores disciplinarios de observar las garantías fundamentales, constitucionales y legales que arropan al sujeto disciplinable.  Finalmente, el tercer capítulo de esta obra aborda uno de los temas más polémicos del derecho disciplinario en la actualidad, relativo a las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios elegidos por voto popular, allí, los autores se aventuran a plantear algunas propuestas sobre cómo superar la discusión que se zanja a partir del caso Petro Orrego vs Colombia; de esta manera lograr, en lo que consideran los autores, que el régimen disciplinario colombiano se acomode al estándar Interamericano.

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Contiene la reforma de las Leyes 2080 de 2021, 2213 de 2022 y la 2220 de 2022 La Ley 640 de 2001, cuya vigencia empezó a partir del día 6 de enero de 2002, abrió un nuevo panorama en todos los conflictos en Colombia para desjudicializarlos y permitir la solución oportuna, dándole un nuevo impulso a la institución, exigiendo en el ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales el previo agotamiento del trámite de conciliación, estableciéndolo como requisito de procedibilidad. Por su parte, la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, extendió la conciliación prejudicial a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y así el artículo 161, numeral 1.º del CPACA consagró la obligación de acudir a la conciliación antes de demandar en los asuntos que sean conciliables de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Recientemente se expidió la Ley 2220 de 2022, con la cual se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en Colombia, la cual entró a regir el 30 de diciembre de 2022, derogando todas las disposiciones anteriores y convirtiéndose en el único régimen vigente para esa figura. En lo referido a lo contencioso administrativo, mantuvo el requisito de procedibilidad en los mismos casos fijados en el CPACA, en los que se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, al paso que actualizó sus reglas y procedimientos, buscando, ante todo, la protección del interés general y la salvaguarda del patrimonio público. Esta nueva reglamentación unificó y estandarizó la dispersión normativa que existía sobre la conciliación, pues dado que esta se regía en algunos aspectos por la Ley 640 de 2001, por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y por el CPACA, se generaban conflictos de interpretación que, en algunos casos, terminaban dificultando el uso de este instrumento y afectando el acceso a la justicia de los ciudadanos.

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Las Naciones Unidas declararon en 1980 que, “la violencia contra las mujeres es el  crimen encubierto más numeroso del mundo”.  No exageró, tampoco  sobredimensionó, solo se atuvo a la verdad dolorosa de una dinámica negativa en la  historia de la humanidad que, hasta ahora no se ha podido superar, pues desde  tiempos remotos la mujer estuvo borrada de sus páginas y en el hoy, pese a que ha  logrado que se reescriba parcialmente incluso desde la prehistoria, el recuento de las  vivencias de la humanidad,  por el contrario va en aumento acelerado las violencias,  pese al supuesto progreso del género humano y ante la mirada permisiva de muchos  Estados y en otros, acompañada de pasmosa tolerancia de lo que no debe ser tolerado  o que enmascaran en el famoso lenguaje inclusivo que no ha reportado los resultados  que pretendían, porque las cifras de violencias hablan por sí solas en los hemisferios del  globo terráqueo, en países de otros idiomas que no permiten el carnaval de lo absurdo  que propicia la destrucción de uno de los idiomas más bellos del mundo, objeto de  atropello con palabras altisonantes, unas veces ridículas y otras tantas en contravía de  la semántica de una tradición filológica reconocida, por lo que se deben estar  revolcando en sus tumbas los defensores de la lengua de Castilla y de León, en tanto  que las muertes de mujeres persisten, aumentan las estadísticas en clave de las  violencias más reconocidas, sin importar la formación o clase social, tampoco los  orígenes raciales e igualmente emergen otras violencias  que no habían sido  identificadas y se incrementan en los ámbitos privado y público. 

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Decreto 960 de 1970 – Notariado Ley 1579 de 2012 – Registro Contiene las modificaciones, reglamentaciones y normas conexas del Notariado y Registro Leyes: 2220 de 2022; 588 de 2000; 29 de1973; Decretos: 2106 de 2019; 911 de 2017; 1895 de 2016; 2205,1858,1664, 2015, 1310,1227 de 2015, 2148 de 1983 y 2163 de 170 Contiene el Decreto 1609 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho

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Incluye en su articulado las reformas de las leyes 1709 de 2014, 54 de 1999, 415 de 1997 y el decreto 2636 de 2004

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«Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho disciplinario». Ley 2000 de 2019 - Ley 2054 de 2020 - Ley 2197 de 2022 Contiene normatividad conexa

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Decretos Reglamentarios 4840 de 2007, 860 de 2010, 936 de 2013 Con las modificaciones de las Leyes de 2021: 2089 prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes; 2126 reforma a Comisarías de Familia; 2137 Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Con la modificación de la Ley de 2022: 2229 Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. ; Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro  de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

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Leyes 903/2004, 1239/2008, 1281/2009, 1310/2009, 1383/2010, 1397/2010, 1450/2011, 1548/2012,1696/2013, 1730/2014, 1753/2015, 1843/2017, Decreto 19 de 2012 y la Ley 2161 DE 2021 Incluye: Ley 1696 DE 2013 – Resolución Nº 1844 de 2015 , Ley 1843 de 2017, Leyes 2251 y 2252 de 2022

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N.o 01, 02, 03 de 2023; N.o 01, 02 de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017; 01 de 2016; 01, 02 de 2015. Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706 de 2017 y Sentencia C-332 de 2017

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Actualizado con las leyes 2294 de 2023; 2069 de 2020; 1778 de 2016; 1676 de 2013; 1727 de 2012; 1258 de 2008; 811 de 2003 (SAT); 256 de 199; 222 de 1995; Decreto 398 de 2020 – Decreto 19 de 2012 – Decreto 1 de 1990 ; Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 – 780 de 2016 – 2420 de 2015 – 1085 de 2015 – 1082 de 2015 – 1080 de 2015 – 1079 de 2015 – 1078 de 2015 – 1077 de 2015 – 1076 de 2015 – 1074 de 2015 1072 de 2015 – 1071 de 2015 – 1070 de 2015 – 1068 de 2015 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020; Ley 2195 de 2022 en lo pertinente; Medidas en materia de transparencia, prevención  y lucha contra la corrupción 

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