LIJURSANCHEZ

El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada. En esta oportunidad, el autor somete a consideración de toda la comunidad académica y profesional del derecho este trabajo jurídico, como una obra que no puede faltar en la biblioteca de todo estudioso del derecho procesal penal. Y, especialmente, en la de aquellos abogados que se le midan al «reto jurídico y profesional» de representar a la víctima, en su papel de acusador privado. El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado tiene como finalidad servir de orientador o guía al lector sobre los principales aspectos reglamentados por la Ley 1826 de 2017 referentes al procedimiento especial abreviado y al acusador privado.El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada.

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La presente obra recorre los caminos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado vista desde la óptica de la Jurisprudencia del Consejo de Estado. El estudio de la responsabilidad en general, del daño antijurídico, de los diferentes títulos contractuales y extracontractuales de imputación, y de la expropiación administrativa, son los ejes principales en torno a los cuales gira la obligación de las entidades públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, y que han merecido un análisis profundo y consiente del autor, en aras de entregar a la comunidad académica una visión clara, precisa y concreta, de la Responsabilidad Económica Estatal.

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Este texto lo he titulado “Manual práctico de derecho penal general”, porque eso es lo que pretende, ser un manual, explicar con lenguaje sencillo la dogmática del derecho penal.  No pretende ser un tratado, tampoco el crear nuevas teorías del derecho penal solo busca invitar al lector a darse la oportunidad de adentrarse en los caminos de esta rama del derecho. La motivación para la construcción de esta compilación sencilla, fue la sugerencia de estudiantes de Derecho que me pidieron que lo desarrollado en clase se estructurara en un trabajo como este. La obra está estructurada en siete capítulos, en donde se hace un análisis del por qué del derecho penal,  la reseña del derecho penal en Colombia. Luego en el capítulo dos se desarrollan los principios rectores y su armonía con la Constitución Política. Posteriormente en el capítulo tres se desarrolla el estudio de la conducta punible. En los capítulos cuatro, cinco y seis se estudia la estructura tripartita de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para terminar abordando en el capítulo siete la punibilidad y las consecuencias civiles de la conducta antijurídica.

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Entregar a la comunidad jurídica, académica y profesional este Manual Práctico del Sistema Penal Acusatorio en la 4ª edición, ha implicado un gran compromiso y reto que, esperamos haber superado y ello por cuanto: 1) Las evaluaciones sobre el sistema no son las mejores y el optimismo inicial que nos motivó en un comienzo, ha venido menguando por circunstancias complejas y que escapan a nuestro control; 2) Lamentablemente, las diferentes intervenciones de tribunales y cortes han desvirtuado la estructura y esencia del sistema acusatorio, ya que en una labor de “legisladores extraordinarios”, han derogado figuras, creado otras, todo en una acción de descontextualización total, que antes que comprensión, entendimiento y aplicabilidad práctica del sistema, ha generado todo un caos, haciendo de la inseguridad jurídica la constante y como sustento de  lo anterior, solo basta mirar algunas sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la conversión de la víctima en “parte” y otras de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, en las que se transforma todo el sentido original del sistema, haciéndolo hoy, prácticamente inoperante; 3) No obstante lo anterior, y ante los nuevos desarrollos técnicos, tecnológicos y científicos; ante la explosión e invasión de las redes sociales, la virtualidad como legislación ordinaria y prácticamente obligatoria, la avalancha temática generada por el ciberespacio, la Inteligencia Artificial y las nuevas aplicaciones en el ámbito de la administración de justicia, hemos logrado mantener la estructura de la obra, con las correcciones y complementaciones necesarias y pertinentes en los temas antes mencionados, haciendo de la misma una obra clara, coherente y técnicamente actualizada de apoyo y complemento necesario en la nueva dinámica de la operación judicial. El desarrollo temático estructural, proyectivo y gráfico hacen que las estructuras y subtextos puedan ser relacionados y entendido lógicamente con apoyo en la jurisprudencia respectiva. Tal como ha sucedido con las ediciones anteriores, confiamos en que esta 4ª edición, también sea de aceptación no solo en nuestro país, sino en toda América.

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Descripción El derecho procesal es el instrumento diseñado por el Legislador para lograr la realización del derecho sustancial. En consecuencia, quien conoce el proceso judicial diseña su victoria. Por ello, a través del presente manual suministro una serie de herramientas útiles para que los lectores se conviertan en los escultores de la justicia en el ámbito de las actividades litigiosas. El texto está nutrido con normas, doctrina, jurisprudencia y la experiencia académica y profesional adquirida por el autor durante 20 años dedicados al litigio. No se agota el texto en el ámbito de la teoría, pues incluye una parte práctica, en la que se plasman situaciones reales para que el lector aprenda a elaborar solicitudes de conciliación y demandas contenciosas administrativas. El autor.

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«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »

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Leyes 84 de 1873; 57 y 153 de 1887, 67 de 1930; 45 y 50 de 1936; 165 de 1941; 201 de 1959; 1 de 1976; 29 de 1982; 11 de 1984; 25 de 1992;  222 de 1995; 791 de 2002; 820 de 2003; 1060, 1098 y 1116 de 2006; 1306 de 2009; 1564 y 1579 de 2012; 1676 de 2013; 1774 de 2016;  1934 de 2018; 1996 de 2019; 2097, 2129 y 2089 de 2021. Contiene la Ley 2229 de 2022 – Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Decretos 1260 de 1970; 2820 de 1974; 772 de 1975; 12 de 1984; 1712 de 1989 Decreto 1310 de 2022 – Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

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Actualizado con las leyes 2294 de 2023; 2069 de 2020; 1778 de 2016; 1676 de 2013; 1727 de 2012; 1258 de 2008; 811 de 2003 (SAT); 256 de 199; 222 de 1995; Decreto 398 de 2020 – Decreto 19 de 2012 – Decreto 1 de 1990 ; Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 – 780 de 2016 – 2420 de 2015 – 1085 de 2015 – 1082 de 2015 – 1080 de 2015 – 1079 de 2015 – 1078 de 2015 – 1077 de 2015 – 1076 de 2015 – 1074 de 2015 1072 de 2015 – 1071 de 2015 – 1070 de 2015 – 1068 de 2015 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020; Ley 2195 de 2022 en lo pertinente; Medidas en materia de transparencia, prevención  y lucha contra la corrupción 

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Decretos Reglamentarios 4840 de 2007, 860 de 2010, 936 de 2013 Con las modificaciones de las Leyes de 2021: 2089 prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes; 2126 reforma a Comisarías de Familia; 2137 Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Con la modificación de la Ley de 2022: 2229 Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. ; Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro  de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

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Ley 1437 de 2011 – Ley 1564 de 2012 – Ley 1881 de 2018 Contiene las modificaciones de la Ley 2080 de 2021; 2195; 2207 “Términos Derecho de Petición”; 2213 de 2022 “Por la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020” Sentencia C-91/2022; Ley 2220 de 2022

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Ley 1564 de 2012 – Decreto 1736 y 2677 de 2012 – Ley 1676 de 2013 – Decreto 1365 de 2013; Decreto1664 de 2015 – Ley 1996 de 2019 – Decreto 806 de 2020 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020 – Actualizado con la Ley 2030 de 2020; 2080 y 2113 de 2021; 2213 de 2022.  Establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020. Contiene modificaciones Ley 2220 de 2022. Estatuto de Conciliación

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Leyes 903/2004, 1239/2008, 1281/2009, 1310/2009, 1383/2010, 1397/2010, 1450/2011, 1548/2012,1696/2013, 1730/2014, 1753/2015, 1843/2017, Decreto 19 de 2012 y la Ley 2161 DE 2021 Incluye: Ley 1696 DE 2013 – Resolución Nº 1844 de 2015 , Ley 1843 de 2017, Leyes 2251 y 2252 de 2022

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