LIJURSANCHEZ

Hoy en día resulta común ver las reacciones adversas de distintos medios de comunicación cuando los jueces de control de garantías se abstienen de imponer la detención preventiva como medida de aseguramiento. Entre las razones de dicha desazón se encuentran, por ejemplo, que el funcionario dejó al imputado libre porque “no representa un peligro para la comunidad”, mensaje que por supuesto genera un fuerte desagrado y perplejidad en la opinión pública. Al mismo tiempo es posible evidenciar, tal vez de forma paradójica, que este es uno de los argumentos más recurrentes y que en la mayoría de los casos sirve de fundamento para asegurar preventivamente al procesado mientras es llevado a juicio. De acuerdo con lo anterior, ya es clásica en la doctrina procesal penal la división entre las corrientes que atribuyen finalidades extraprocesales a la detención preventiva —conocidas como sustantivistas— y aquellas que únicamente abogan, porque dicha medida esté al servicio de finalidades procesales —tesis procesalistas—. El presente trabajo se adscribe a esta última postura y, por tanto, considera que, aunque la finalidad arriba mencionada es legítima desde una perspectiva constitucional, no se puede perseguir a través del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.

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Esta cuarta edición  de la obra, ampliada y actualizada con la Ley 1786 de 2015, que subroga en gran parte a la Ley 1760 de 2015, y precedentes constitucionales y convencionales pertinentes, sistematiza el instituto de la excepcionalidad  de la detención preventiva, que garantiza el derecho fundamental  y convencional  a la presunción de inocencia, con aplicación irrestricta del plazo razonable hasta la culminación del proceso con sentencia en firme. El autor es consecuente con las tres (3) ediciones anteriores, en la no pacífica consideración del plazo razonable como estándar del derecho internacional de los derechos humanos […].

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Subraya la Corte su posición histórica en relación con la materia, en el sentido de que: “… la duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial.” En efecto, la duración del proceso penal, en ninguno de sus estadios procesales, puede sustraerse del marco constitucional según el cual, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, existen restricciones sobre las medidas que resulten privativas de derechos, en especial del derecho a la libertad. Concluye, entonces, la Corte que “la indefinición de términos, particularmente cuando puedan afectar la libertad personal del procesado, resulta inconstitucional”. Ante tal advertencia, la Corte declaró condicionalmente exequible el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación”, dejando diferidos sus efectos hasta el 20 de julio de 2015 a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente.

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La Reforma Procesal Penal en América Latina, más que un cambio normativo o procedimental, implica básicamente una transformación cultural y que los operadores adquieran una nueva visión de la Justicia Penal. El nuevo modelo de Juzgamiento que trae el Código Procesal Penal, está basado en el método de la Oralidad, cuyo desarrollo debe garantizar la efectividad de los principios de publicidad, inmediación, concentración, contradicción y defensa. En ese contexto de cambio, se hace necesaria la formación de operadores jurídicos capaces de materializar los principios fundamentales del Sistema Penal Acusatorio, a través del desarrollo de habilidades y destrezas para la Litigación Oral Adversarial. El presente texto pretende ocuparse en los primeros capítulos del proceso penal común y en los capítulos finales busca contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y valores para la litigación oral, a partir de conceptos, recomendaciones y ejercicios prácticos de las técnicas del proceso oral y del planteamiento y análisis de casos. Para la presentación de los temas se acudirá a ejemplificar las ideas con ejercicios en casos penales. Ello, sin embargo, no significa que este sea un libro sobre práctica forense penal. Existe consenso en cuanto a que la labor más delicada, difícil y exigente que puede enfrentar un abogado litigante o un Fiscal en el curso de un proceso judicial de cualquier naturaleza, es litigar en un Juicio Oral; probablemente nada requiere tanta preparación, destreza y experiencia…

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Los contratos estatales en Colombia, es la nueva obra que presento al país y por supuesto a aquellos que se dedican a la contratación pública, ya sea en su labor profesional como abogados litigantes, asesores jurídicos o jueces de la República. El libro recoge las experiencias adquiridas tanto en la cátedra que dicto desde hace varios años en la Universidad del Rosario, como del ejercicio profesional. La estructura sencilla del libro será pues de gran ayuda para todos aquellos que les interese la materia. Así, en él se hace un breve estudio del desarrollo histórico y legal del contrato estatal. De la misma forma, se indican cuáles son las reglas de escogencia del contratista y como se perfecciona y legaliza el negocio jurídico estatal. Seguidamente, se analizan los distintos fenómenos que surgen en la ejecución del contrato, así como se describen las principales potestades y cláusulas excepcionales de las que goza la administración en sus relaciones contractuales. Finalmente, se analiza la terminación y liquidación de los contratos, así como las distintas tipologías especiales consagradas en la Ley 80 de 1993 para concluir con el estudio de los mecanismos procesales para resolver todo tipo de controversias contractuales.

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El presente texto comprende cuatro capítulos, así:El primero hace relación a la principialística en tanto instrumento de interpretación, integración y creación jurídicaEl segundo refiere a la formación del consentimiento en los negocios jurídicos bilaterales: los contratos.El tercero tiene que ver con el contrato en tanto institución jurídica de capital importancia para el desarrollo, transformación y pervivencia social.El cuarto, por su parte, trata los contratos preparatorios propiamente dichos: promesa, opción y preferenciaEl presente texto comprende cuatro capítulos, así:El primero hace relación a la principialística en tanto instrumento de interpretación, integración y creación jurídicaEl segundo refiere a la formación del consentimiento en los negocios jurídicos bilaterales: los contratos.El tercero tiene que ver con el contrato en tanto institución jurídica de capital importancia para el desarrollo, transformación y pervivencia social.El cuarto, por su parte, trata los contratos preparatorios propiamente dichos: promesa, opción y preferencia

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En nuestra calidad de defensores públicos o representantes judiciales de víctimas de la Defensoría del Pueblo, que lo fuimos, nos hemos propuesto escribir este libro, que acaso sirva para ilustrar un poco al lego en esta materia y para investigar, recopilar y compendiar no solo algunos apartes de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y de los tribunales superiores de Distrito Judicial, sino también para copiar textualmente algunos aportes de otros autores sobre el tema y las experiencias vividas por las víctimas de este tipo de delitos y realizar algunas propuestas en materia de reparación integral.

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Estudio comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo, a la luz de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 2080 de 2021 Nadie se imaginaba a principios del año 2020, los profundos cambios a los que se vería sometida la humanidad a raíz de la pandemia derivada del virus Covid 19.   A inicios de ese año se vislumbraba una reforma a la Ley 1437 de 2011 evidenciada en el proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado),  pero  no estaba en los cálculos de nadie, que a causa del mencionado problema de salud pública, quedáramos sometidos, no solo a un sinnúmero de restricciones  de toda índole, sino, a una avalancha de  decretos y normas  emitidas en virtud del  estado de excepción que tuvo que ser declarado para tratar de contener  la enfermedad y sus nocivos efectos en todos los ámbitos.  Esa normativa de “emergencia”, que entre otras cosas enfatizó en la digitalización de la justicia, llegó para quedarse, tal como lo evidencia la Ley 2080 de 2021, que incorpora trascendentales cambios que impactarán los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y claro está, repercutirá en los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo.

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En la tercera edición de esta obra se continúa realizando un análisis comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo colombiano, teniendo en cuenta no solo la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 01 de 1984, sino, el Proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado), que se presenta como la primera gran reforma legal al CACA, y que, seguramente, será ley de la República en el corto plazo.De igual forma, los más de siete años de vigencia de la Ley 1437 de 2011, le han permitido a la doctrina y, especialmente, a la judicatura, decantar estas instituciones procesales a través de importantes pronunciamientos que han sido objeto de análisis y reflexiones en el presente texto, y que han servido de fundamento para la formulación de críticas y propuestas que buscan enriquecer el debate académico y quizá, fomentar un cambio sobre el papel que los presupuestos procesales están llamados a cumplir en el derecho colombiano en procura de la materialización de la tutela judicial efectiva.

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En este libro se trata el proceso ejecutivo, en general. Pero también trata de otros procesos ejecutivos específicos, como se deduce de los subtítulos del mismo.Se presenta una reseña histórica de los procesos en referencia y, de igual forma, se habla de las medidas cautelares.– Civiles – Comerciales – Agrarios – Familiares (alimentarios) – Laborales – Administrativos – Arbitrales.En este libro se trata el proceso ejecutivo, en general. Pero también trata de otros procesos ejecutivos específicos, como se deduce de los subtítulos del mismo.Se presenta una reseña histórica de los procesos en referencia y, de igual forma, se habla de las medidas cautelares.– Civiles – Comerciales – Agrarios – Familiares (alimentarios) – Laborales – Administrativos – Arbitrales.En este libro se trata el proceso ejecutivo, en general. Pero también trata de otros procesos ejecutivos específicos, como se deduce de los subtítulos del mismo.Se presenta una reseña histórica de los procesos en referencia y, de igual forma, se habla de las medidas cautelares.– Civiles – Comerciales – Agrarios – Familiares (alimentarios) – Laborales – Administrativos – Arbitrales.

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En este libro se habla de los recursos en el Código General del Proceso. Se trata tanto de los ordinarios como de los extraordinarios. Se presenta un breve bosquejo histórico de su origen y evolución. Se incluyen aspectos prácticos relativos a los mismos. Se aducen jurisprudencias referentes a el.

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