En este sentido, el propósito del libro es dar una mirada de conjunto a una de las cuestiones más importantes para una Constitución: la organización territorial del Estado. Para ese efecto nos hemos reunido un reconocido grupo de constitucionalistas latinoamericanos, a fin de abordar este asunto que, junto a la separación del poder del Estado en ramas y la enunciación de un catálogo de derechos fundamentales y sus garantías para los asociados, hace parte del conjunto de contenidos mínimos y exigibles a todo contrato político que aspire a ser reconocido como una Constitución.
«Abordar el estudio de una institución de la seguridad social, como lo es la pensión de vejez, con el fin de abrir el paso a una teoría que permita entrar a validad su utilidad social es un trabajo en extremo dificultoso.No es que exista una gran variedad de autores en el mundo y, en especial, en nuestro país, que hayan escrito sobre la seguridad social, sus programas, sus prestaciones, etc.Tampoco faltan quienes hayan ensayado sobre su definición y contenido , ni mucho menos quienes se hayan referido a sis fuentes de financiamiento, consecuencias, eficiencias. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos conocido son estudios bastante limitados, poco comprensivos del universo que compone la seguridad social, que de una manera u otra señalan verdades parciales que generan creencias generales, falacias de composición que sólo una investigadora consagrada buscaría evitar a través de la construcción de un marco teórico fuerte, dispuesto a ser probado con la rudeza que exige el método científico […].».
Los obligados pari gradu son una institución propia de los títulos-valores, que exigen ser observados frente al fenómeno de la prescripción extintiva y la solidaridad pasiva, bajo la arista del derecho cambiario y los principios que lo rigen. De este ejercicio, puede arribarse a la conclusión de que existen tantas relaciones cambiarias independientes, unas de otras, como obligados pari gradu, y donde la suerte de alguno de ellos dista de la de los demás, como es el caso de la prescripción extintiva formulada por uno de los pari gradu, que de estimarse, solo afecta la relación obligacional de este, extinguiendo su única y exclusiva relación, perdurando la de los demás pese a la solidaridad pasiva que existe entre ellos […].
La nueva obra que el Doctor Bañol Betancur pone en circulación, permite que la ciencia del Derecho pueda ser abordada desde diferentes dimensiones para su mejor aplicación en sociedades complejas y conflictivas. Por ello se comparte el pensamiento del Dr. Motta cuando señala que: “En lo que respecta a la aplicación de la perspectiva del pensamiento complejo al tema central de la tesis, evidencia un conocimiento apropiado y cierta originalidad al aplicarlo al tema como marco valorativo”
Desde hace algún tiempo, se viene cuestionando en cierto sector de la Doctrina europea, en especial la de España e Italia, lo mismo que en la Latinoamericana, lo concerniente a los poderes materiales del juez, con especial énfasis en el deber impuesto a los jueces de decretar pruebas de oficio.La prueba de oficio, como deber- poder material del juez, consistente en que el juzgador, a su iniciativa, en los procesos civiles, laborales, contencioso administrativo y aún penal, pueda decretar pruebas no solicitadas por las partes, sin más limitaciones que los establecidos por el ordenamiento jurídico, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en aras de buscar la verdad de los enunciados fácticos propuestos por las partes.Las pruebas de oficio, van más allá de las medidas para mejor proveer, que eran definidas como «aquellas que el juzgador puede disponer, en el momento que ha de dictar una providencia, y con las garantías y los requisitos establecidos por la ley, al objeto de lograr que dicha providencia sea más ajustada al derecho y la justicia; esto es, como su nombre lo indica, para mejor proveer»'.
La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general.
Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse.
Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.
La digitalización de la justicia se ha consolidado como una respuesta inevitable y esencial para satisfacer la creciente demanda de este servicio público, lejos de ser una medida temporal o pasajera como algunos inicialmente pensaron respecto al Decreto 806 de 2020. La promulgación de la Ley 2213 de 2022 y la Ley 2080 de 2021 ha confirmado la incorporación definitiva de la digitalización en la justicia colombiana como norma general. El acceso a la justicia y a la administración pública a través de plataformas digitales, junto con el uso de la prueba electrónica, supone un desafío tanto para los litigantes actuales como para los futuros abogados. Este nuevo paradigma, que busca agilizar los procesos y mejorar la atención a los usuarios, se ha consolidado gracias a estas leyes. Por tanto, es urgente continuar adquiriendo conocimientos sobre los procedimientos y la prueba digital en cada etapa procesal. En este contexto, la presente obra jurídica, actualizada conforme a la normativa y jurisprudencia vigente, se convierte en una herramienta indispensable para guiar las actuaciones administrativas y judiciales, respondiendo al desafío de modernizar un sistema judicial que demanda cambios profundos, entre los cuales la justicia digital representa un avance necesario y decisivo.
Con este libro se pretende adentrar al lector en las nuevas dinámicas de la práctica y aplicación de la prueba judicial, que el denominado Código General del Proceso implanta en el sistema jurídico colombiano; para ello, se parte del concepto general de la prueba, sus principios y su práctica dentro de la oralidad procesal, revisando uno a uno los medios probatorios con fundamento en las teorías tradicionales esbozadas y sostenidas por reconocidos teóricos del derecho probatorio procesal. Busca el autor, ademas dar claridad a la aplicación de la prueba en los diferentes procesos regulados en las novísima codificación procesal, sin pretender eso sí, dar la última palabra al respecto, pues hay que tener en cuenta que ya con el antiquísimo Código de Procedimiento Civil colombiano […].
La Prueba ilícita y la regla de exclusión es un libro extraordinariamente oportuno y necesario, en virtud de que a diario observamos en las distintas legislaciones cómo se violan principios constitucionales y legales en los diversos procesos judiciales, muy a pesar de que tienen previsto en la Constitución nacional la prohibición expresa de utilizar pruebas ilícitas, llevando a juicios ilegales a cualquier persona. El libro está escrito de manera sencilla y cómoda y en un estilo popular para que sea leído e interpretado por cualquier persona, pero dirigido, muy especialmente, a la población de abogados y estudiantes de Derecho que tengan un marcado interés en hacer valer los derechos, tanto propio como de sus patrocinados. Este libro se ocupa de allanar el camino para hacer más visible el tratamiento del tema de que se ocupa, es decir, la prueba ilícita y la regla de exclusión, haciendo énfasis en el derecho comparado, en sus modalidades relativas en la teoría del fruto del árbol envenenado, prevista en diferentes constituciones, tanto de la República Bolivariana de Venezuela, como la de Colombia, también de Estados Unidos y otros países, donde se plasma el respeto a las garantías constitucionales. En ese sentido, el autor de la obra, haciendo uso del derecho comparado, hace un estudio profundo de la prueba ilícita y la regla de exclusión, en el cual hace énfasis en que a las pruebas obtenidas ilícitamente no se les debe otorgar ningún valor probatorio y su consecuencia es su exclusión del proceso; de igual forma aborda el tema de la impugnación de la prueba ilícita y su oportunidad procesal, sin dejar de observar en todo momento que debe primar la supremacía de la Constitución de cada Estado como ente rector de todo proceso judicial. Siendo este el planteamiento del libro, queda en manos del lector hacer una profunda reflexión en el rescate de la Constitución nacional, y así evitar se sigan llevando procesos con franca violación constitucional.
En conclusión, el presente libro busca brindar un aporte al mundo jurídico y permitir, al público en general, pero con especial interés en los operadores de justicia, obsequiar mejor servicio a los justiciables todo en función del fortalecimiento de un Estado de derecho robusto, pero sin apartar la vista de la justicia, la paz y la democracia.
Las pruebas testimonial y pericial adquieren inusitada importancia en el proceso penal acusatorio, fase deticio oral y público, dada la viabilidad, material y normativa, que ofrecen para ser practicadas en la audiencia, con vigencia plena de los principiosde inmediacion, concentracion, continuidady, naturalmente, respecto de su oralidady publicidad. Adiciona mente se trata de medios probatorios, tradicional y especialmente socorridos en materia criminal, que en gran medida se corresponden o adaptan en forma muy aceptable a los requerimientos de un proceso penal garantista, rápido y económico como el que ha pretendido diseñarse para Colombia.No obstante, se trata de medios probatorios que también tradicionalmente han sido fuente de riesgo y duda, pues, como lo hemos advertido a lo largo de nuestra investigación, se trata de formas demostrativas de fuente humana, verdaderos testimonios de conocimiento y percepción respectivamente, que no son inmunes a deficiencias y limitaciones objetivas, las cuales han de ser eficazmente neutralizadas, tanto en fase de elaboración legislativa como por vía doctrinal y, siempre, dentro del manejo y dominio que les proporcionen sus diferentes operadores, jurídicos y extrajurídicos. Esta la razón fundamental que impone la necesidad de un discernimiento, estudio y debate de todos sus elementos, desde las etapas de formación de la prueba, hasta los momentos, también trascendentales, de ofrecimiento, solicitud, admisión, práctica, contradicción, apreciación y valoración.En esta ocasión abordamos el estudio de la prueba pericial, labor que hemos emprendido gracias a la insospechada acogida que la comunidad jurídica ha dispensado -quizá de forma inmerecida- a nuestro anterior trabajo sobre la prueba testimonial, los interrogatorios y contrainterrogatorios en el sistema acusatorio, publicado gracias también al calor y la confianza de esta Casa Editorial.La también llamada prueba técnica, presenta tal vez mayor complefidad y por tanto mayor necesidad de estudio y reflexión; adquiere dentro del sistema de oralidad
Esta obra, “Prueba Ilícita y Regla de Exclusión” es, definitivamente, un libro para abogados, pero para abogados practicantes de la justicia penal. Es una obra con una didáctica que va de la teoría a la práctica. Su lectura hace a un especialista en la identificación de la prueba ilícita en el proceso penal y la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita, y enseña el mecanismo de exclusión. Es una obra completa que analiza la prueba ilícita y la regla de exclusión desde sus orígenes doctrinales, inicialmente, en la Europa Continental y su desarrollo jurisprudencial en Norte América y explica su evolución en la Europa Continental con el constitucionalismo de la segunda posguerra que trae consigo los cambios de paradigmas de la constitucionalización del proceso penal.
La responsabilidad civil cumple distintas funciones en el interior de los ordenamientos. Suelen ilustrarse entre otras, la compensación y la prevención.
Sin embargo, el derecho de daños es muy asociado con el tradicional dogma compensatorio de la clásica tríada, daño, víctima e indemnización (Art. 2341 C.C.). Tal paradigma resulta infortunado para develar los efectos preventivos de la responsabilidad, pues estos resbalan al modelo del daño causado a otro ligado a una reparación (Arts. 2355, inc. 2, y 2359 C.C.).
Por esos motivos es necesario reenfocar el estudio de la responsabilidad hacia el proceso generador del daño (iter damni) en sus perfiles fáctico y jurídico con el objeto de articular la institución de acuerdo con su naturaleza, unas veces preventiva, otras veces compensatoria.
La prevención tiene un marco propio de efectos, atañe al riesgo, la amenaza y la agravación latente, mientras que el resarcimiento responde a efectos relacionados con el daño y la agravación consumada; de allí que la responsabilidad se concibe como un derecho preventivo y resarcitorio de daños.La responsabilidad civil cumple distintas funciones en el interior de los ordenamientos. Suelen ilustrarse entre otras, la compensación y la prevención…
