LIJURSANCHEZ

«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.

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Marín Castro, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Amazonía del Caquetá y activo Defensor Público de la Regional Caquetá, entrega su obra titulada «GUÍA TEMÁTICA BÁSICA, Derecho penal especial: Desarrollo de 10 delitos de manera elemental».  El texto precisa el cuerpo legislativo penal, integrado por algo más de 32 leyes y cita en extenso, jurisprudencia que explica temas propios de la materia; además analiza, la estructura organizacional del actual Código Penal (Ley 599 de 2000), atreviéndose a presentar, en forma peculiarísima, los tipos de normas que lo configuran, los diferentes segmentos expositivos de la técnica legislativa, lo que da lugar a identificar en forma general, espacios distintos en su articulación y  otros aspectos del engranaje propio de las unidades expositivas de discurso. Igualmente, desarrolla diez delitos a partir de casuística y exposición puntual. Será, sin duda, un documento importante que sienta la línea de un Derecho coherente, entre lo que se debe enseñar en el aula y lo que necesita realmente el estudiante. De aquí, que estos contenidos, aunque brevísimos, le ayudaran al estudiante como al leyerato avezado a responder con cierta solvencia ante los problemas o necesidades futuras que se le presenten en su desempeño profesional.

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Conforme, entonces, a la posición interpretativa intermedia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y no a la posición fuerte de la Sección Segunda, no pueden los jueces ni la administración desconocer las consecuencias jurídicas derivadas del momento en que se adquiere el derecho a la pensión, que tal como lo explicita el artículo 48 de la Carta Política, ocurre cuando se cumplen los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas y que es en esa fecha en que se consolida el derecho conforme a los precedentes jurisprudenciales vigentes de los órganos de cierre en ese momento. Así, a manera de ejemplo, si el estatus pensional se adquirió con la Ley 33 de 1985 antes del 6 de julio de 2015 (fecha de publicación de la Sentencia SU-230 de 2015), el monto de la pensión será equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, bajo el entendido que la noción de monto incluye tanto la base de liquidación —IBL— como el porcentaje o tasa de reemplazo, acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 04 de agosto de 2010, que era el criterio jurisprudencial vigente antes de la SU-230, aún si el reconocimiento del derecho, o su reliquidación, se solicita en vigencia de esta última providencia, la cual, en esta hipótesis, no es la que debe tenerse en cuenta para resolver el caso.

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Tema: “La intervención oficiosa  del Juez en el proceso ordinario de menor cuantía: un modo de afectar las garantías constitucionales al debido proceso, el derecho a la defensa  e igualdad de las partes.  Las hipótesis de partida son: 1. “Cuando el Juez interviene de oficio en cualquier etapa del proceso lo desiguala y afecta directamente su impartialidad al ser parte del litigio […].

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Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.

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La obra que sostiene en sus manos desarrolla las instituciones jurídicas que se encuentran en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre ellas, el derecho a presentar peticiones, impedimentos y recusaciones, falta y conflictos de competencia, reserva de la información, recurso de insistencia, petición de extensión de jurisprudencia, pruebas, recursos, fuerza ejecutoria y revocatoria del acto administrativo. Este libro tiene como objeto lograr que el público general, estudiantes de Derecho y abogados entiendan cómo ejercer el derecho a presentar peticiones y la forma en que se lleva a cabo el procedimiento administrativo. A su turno, este estudio es pensado también en la administración, por lo que le brinda herramientas para el desarrollo de su rol como autoridad y entrega instrumentos prácticos para resolver situaciones procedimentales que generan tensión. Como novedad, el resultado de esta investigación no realiza una interpretación vaga de la norma, sino que la estudia a profundidad acudiendo a sus antecedentes y motivaciones, así como a la interpretación jurisprudencial, y aborda situaciones atípicas que pueden surgir durante el procedimiento administrativo frente a las cuales la ley, la jurisprudencia nacional y la literatura no se han pronunciado, por lo que se adopta un punto de vista propio; en el mismo sentido, le aporta a la academia ejemplos prácticos e ilustraciones que facilitan la comprensión de la teoría…

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La entrada en escena de la inteligencia artificial (ia), en múltiples y diversos campos, impacta de manera directa también nuestras vidas junto a nuestros oficios y profesiones. En sus apariciones la ia ya es un hecho comprobado que obliga a replantear escenarios de intervención en los que hemos de desenvolvernos con su ayuda y que, en ese contexto, las ciencias jurídicas para nada son ajenas. Las tareas automáticas y repetitivas serán del resorte de la ia asegurando, si se quiere, mayor efectividad y precisión que si las desempeñáramos los humanos. Ello nos obligará a desarrollar nuevos conocimientos y destrezas que, por lo pronto, nos diferencien y aventajen frente a los algoritmos y a las máquinas. Los centros de formación académica han de estar ya liderando una especie de alfabetización digital que garantice, como mínimo, la mejora de competencias y coopetencias para un desempeño futuro digno y, por ahora, algo incierto en donde haya espacio para todos. La dignidad de los datos, los derechos humanos, la protección a la propiedad intelectual, la garantía a los derechos del consumidor y una libre competencia desprovista de trucos maliciosos para engañar a las personas y a las sociedades, así como la prevención, la detección y la eliminación del ciberterrorismo son tareas que, entre muchas otras, los juristas y los ciberabogados han de enfrentar en un futuro próximo para el que deben prepararse con decisión y compromiso. Es el llamado que, mediante el presente texto, hacemos.

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«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.

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Revista Semestral Ordenada alfabéticamente,

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La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2020 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2021 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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