LIJURSANCHEZ

La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2023 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama

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Ordenada alfabéticamente,  con las providencias completas

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La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2020 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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CONTIENE QR CON LAS PROVIDENCIAS COMPLETAS La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2021 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2022 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2023 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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Podría entenderse como una herejía, que algunos estudiosos del saber penal dejen a un lado el ágora Judicial y sus hábitos de monjes adoradores de sistemas y procedimientos, además de  muchas de sus parafernalias legales y con firme decisión, como caballeros templarios, manifiesten su desánimo y encaren con franqueza que mucho de eso, que ha sido el Sistema Judicial Colombiano donde, de alguna manera han experimentado su rigor metodológico y funcional, y gastado mucho de su vida, no ha sido otra cosa que un escenario donde la justicia se muestra como algo aparente, selectivo, tardío, manipulada. Esta percepción u opinión crítica, propia del Derecho de Expresión (Corte Constitucional, Sentencia T-256/13), pero necesaria, puede sin duda, conllevar un descontento general, una afrenta para tan creída institucionalidad de poder público. La subjetividad y susceptibilidad de algunos caerá como borbollones; no obstante, habrá otros para los que sí es posible, encuentren caminos y voces convergentes, pero muy seguramente algunos de los ofendidos irán con piedras en la mano a promover la repugna y dilapidación por tal afrenta; y otros, sin perplejidad alguna, observarán de reojo y sin inmutarse, verán que el volcán en erupción arroja lava roja y caliente.

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La crisis actual por la que atraviesan los modelos tradicionales de justicia penal, basados esencialmente en el castigo del delincuente (léase cárcel), en tanto no han proporcionado soluciones reales y efectivas al conflicto personal y social generado con el delito, pues, por el contrario, en un muy alto porcentaje, en vez de solucionar el problema lo han acrecentado al descuidar los intereses y las necesidades de la víctima, pero también del propio ofensor, quien es sometido a claras dinámicas estigmatizantes y criminógenas que promueven la reincidencia delictual, lo cual ha llevado a una muy grave sobresaturación del sistema, por solo enumerar unas pocas cosas, ha hecho que desde los años 70 se vuelva la mirada hacia el lejano pasado para reconceptualizar la noción de delito desde una perspectiva ontológica asumiendo, de una manera más real, que aquel, antes que una ofensa al ordenamiento jurídico o a una etérea y abstracta sociedad, es un conflicto que genera un daño a una persona en concreto y afecta el tejido social de una comunidad en particular, por lo que la solución antes que pasar por el análisis de la norma infringida, la responsabilidad del infractor y el castigo que merece, debe hacerlo acerca del daño que se produjo, de las necesidades e intereses de la víctima, pero también de la comunidad e incluso del ofensor para determinar quién y cómo debe reparar el daño. Estas últimas cuestiones son los pilares fundamentales de la justicia restaurativa, lo cual, como se puede observar con toda claridad, implica un nuevo paradigma en la forma de hacer justicia. Lo contenido en este libro son nueve trabajos que servirán como una primera aproximación a este apasionante tema que esperamos sirvan para sensibilizar al lector frente a los nuevos retos que nos depara un ya muy cercano futuro que debe virar su rumbo, así sea parcialmente, hacia modelos de justicia que no profundicen el conflicto, sino que, por el contrario, permitan por medio de la reparación el reencuentro de la víctima con el ofensor y con ello la solución del conflicto, la reconstrucción del tejido social y, en ultimas, la anhelada paz social.

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Sale a la luz la obra en un momento culminante, en las consideraciones estatales de sellar un acuerdo con el principal grupo insurgente, que incluye su desmovilización, para los efectos de una paz segura y permanente, tal como se prevé en el Acto Legislativo 01 de 2012. El texto ha sido confeccionado por el autor desde los albores de su función como defensor público para mediados de los años 90 en la Regional de la Defensoría del Pueblo en Córdoba, sellado en el ejercicio judicial, y plasmada al interior de la maestría “Derecho Penal y justicia Transicional”, de la Universidad Santiago de Cali, graduado en el año 2013. Centro Académico en el cual funge como catedrático en Derecho Penal. El texto presagia, desde entonces, de la efectiva y eficaz aplicación de una justicia transicional restaurativa, tanto como audaz, aunque precariamente, se está aplicando, y sin cerrar la puerta para la aplicación de tal modelo de justicia a todos los intentos del pasado y del futuro para los otros autores conflictivos.La obra trasciende la actualidad, con pertinencia, y veracidad, en las claras, inequívocas y expresas, definiciones de los elementos de la aplicación de un proyecto de “justicia transicional y restaurativa”, como instrumento para canalizar el cese del conflicto para los efectos de la paz y la reconciliación nacional. El título: “justicia transicional y fin del conflicto; de la barbarie a la civilidad”, define los efectos trascendentes de la aplicación de esta clase de justicia. Y el título de la investigación al interior de la maestría: “Verdad para la justicia, la reconciliación nacional y la paz segura y permanente, en un proyecto de justicia transicional y restaurativa en Colombia”, previene de la necesidad de las definiciones veraces y verdaderas de toda la teoría de la justicia transicional como necesarias para que los actores, en todo el devenir del proceso, se sientan seguros y ciertos de lo ofertado y demandado, y el resultado de tal labor se refleje en una paz cierta, segura y permanente…

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La justificación de la aplicación del riesgo como factor de imputación en los eventos que se generen daños, producto de las actividades peligrosas, se constituye en una forma de reproducir in extenso los argumentos dispuestos en la sentencia del 24 de agosto de 2009, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión presentó alrededor de 60 folios argumentos de índole legal, doctrinal y jurisprudencial, orientados a establecer que el riesgo es el criterio de imputación aplicable a los eventos que ocasionen daños, producto del ejercicio de una actividad considerada como peligrosa.

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Mi primera aproximación a la ya reputada obra jurídica del jurista y profesor MAURICIO RODRIGUEZ TAMAYO ocurrió por cuenta del azar, ya hace varios años. En efecto, cuando me encontraba preparando algún trabajo sobre el proceso ejecutivo cayó a mis manos un libro suyo titulado “ LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” que obviamente despertó mi curiosidad, tanto más cuanto que para ese momento no se conocían en la doctrina nacional trabajos sobre la materia. Recuerdo haber recorrido el trabajo de ese novel autor que irrumpía con fuerza y contundencia en el panorama nacional, por lo que cité en el documento que entonces preparaba un aparte sustancioso y pertinente sobre la definición de los procesos ejecutivos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta nueva edición de la “LA ACCIÓN EJECUTIVA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA”, la única que en el país ha abordado en forma extensa y suficiente esta disciplina, sin duda es una obra que está llamada a perdurar por los temas abordados y su profundidad. Puede decirse, sin temor a exagerar, que quien lea este libro quedará en posesión de ilustración suficiente sobre la materia de las ejecuciones en esta área contencioso administrativa, y estará en capacidad de enfrentar un litigio de esta naturaleza, bien como juez o magistrado, asesor o estudiante. El tratado que hoy se pone de nuevo a disposición de la comunidad jurídica sienta los presupuestos dialécticos necesarios de la discusión, porque no ahorra esfuerzos para tratar el concepto del contrato estatal frete a sus complejos requisitos de perfeccionamiento, ejecución, presupuestal, la aprobación de las garantías y el acatamiento de otros requisitos legales. Sobre ese presupuesto el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO aborda con extensión justificable el estudio del título ejecutivo derivado de los contratos estatales y sus aspectos procesales, como lo relacionado con el complejo aspecto sobre si el silencio administrativo positivo puede o no considerarse título ejecutivo, aspecto que resuelve que convicción y maestría. También incluye esta visión panorámica las diferentes aristas de documentos constitutivos de ejecución, como la de la factura electrónica, tan debatida por estos días. No hay un solo escenario de ejecución de los que se presentan y discuten hoy, que no aparezcan en este texto, de manera que el lector puede tener la seguridad de encontrar aquí información sobre muchas situaciones que en la vida práctica de esta forma de ejecuciones suelen presentarse, asociadas todas a los contratos estatales y su exigibilidad. Aquí también el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO abunda en el examen de las diferentes posibilidades de ejecución, sin omitir ninguno de los distintos escenarios de la misma, como las obligaciones judiciales aprovisionadas en el Fondo de Contingencias, los Acuerdos de Pago celebrados por entidades estatales, el novedoso incidente de aprobación de la oferta de revocatoria propuesta por un ente público demandado y aceptada por el demandante en un proceso contencioso administrativo, los laudos arbitrales proferidos en controversias contractuales con entidades públicas, las conciliaciones prejudiciales y las que se logran en el trámite mismo de las ejecuciones. En la segunda parte del libro, adicionalmente, también se encontrará el lector con la presentación minuciosa de las diferentes etapas del proceso ejecutivo administrativo, tales como la jurisdicción y competencia, los requisitos de la demanda con sus recientes reformas introducidas por el CPACA y la ley 2213 de 2022, el mandamiento ejecutivo, los medios de defensa, , la sentencia que se pronuncie sobre las excepciones, los recursos contra la misma incluyendo el extraordinario de unificación de jurisprudencia, la liquidación del crédito y, por supuesto, no podía faltar un acápite extenso y bien sustentado sobre el siempre complejo universo de las medidas cautelares en estos procesos de ejecución contencioso administrativa.

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