En toda la historia del constitucionalismo moderno, las sociedades organizadas han protegido y garantizado con especial rigor el derecho a la vida. En efecto, las cartas Constitucionales de todos los países del mundo reconocen a este derecho la categoría de un bien supremo que debe ser celosamente tutelado, pues sin duda la vida humana constituyeexistencia misma de la comunidad por eliminación de los individuosque la integran.La vida es, en este orden de ideas, elevada al rango de derecho inviolable cuya vulneración suele acarrear consecuencias de orden jurídico-penal, por cuanto las conductas que lesionan o ponen en peligro este bien de especial relevancia, son conminadas con sanciones de naturaleza punitiva.Ahora bien, la discusión contemporánea sobre el derecho a la vida, gua en torno a la definición del contenido esencial del mismo, lo que conduce a definir si este derecho fundamental tiene carácter absoluto, o si por el contrario, puede ser razonablemente limitado en circunstancias concretas.Desde esta perspectiva, los temas que mayor inquietud y controversia generan entre los juristas, filósofos, médicos y científicos sociales en general, son el aborto y la eutanasia, por cuanto ambos son supuestos en los que se elige la muerte. En el primer caso se elige la muerte antes de haberse comenzado la vida, y en el segundo antes que esta hayaterminado.La eutanasia plantea como problema de primer orden, la posibilidad de que surja en el titular del derecho a la vida, la facultad de lore disposición sobre la misma. En otros términos, plantea couve interrogante de innegable complejidad, si el derecho a la vida incluye el derecho a la propia muerte.
Eutanasia en Colombia. Estudio jurídico
Contenido: Capítulo Primero. Definición, historia y clases de eutanasia; Capítulo Segundo. La eutanasia en el mundo; Capítulo Tercero. La eutanasia en Colombia: 3.1. El pronunciamiento de la Corte Constitucional en 1977; Capítulo Cuatro. Salvamentos de voto hechos tras la sentencia C-239 de 1997: 4.1. Salvamento de voto Magistrado José Gregorio Hernández Galindo. 4.2. Salvamento de voto Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. 4.3. Salvamento de voto Magistrado Hernando Herrera Vergara; Capítulo Quinto. Constitución, ley y jurisprudencia frente a la eutanasia: 5.1. El derecho a la vida frente a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; Capítulo Sexto. Actualidad de la eutanasia en Colombia: 6.1. Sentencia T-970 de 2014. 6.2. Resolución 1216 de 2015. 6.3. La demanda. 6.4. El primer caso de eutanasia legal en Colombia. 6.5. El procurador, la eutanasia y su actualidad en Colombia.
Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.
«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.
Contenido: La decisión judicial: I. La decisión judicial: (reformulación del pensamiento de Hart); II. La proposición; III. Interpretación gramatical de la Constitución. Hermenéutica: I. La hermenéutica; II. Escuelas; III. Decisión judicial como acto de voluntad; IV. Interpretación de la ley; V. Comprender e interpretar; VI. Cómo se inicia la hermenéutica; VII. Lenguaje y hermenéutica; VIII. Discurso; IX. La sentencia judicial; X. Hermenéutica y filosofía analítica; XI. El precedente jurisprudencial; XII. Doctrina probable; XIII. Doctrina probable administrativa: (Superintendencia de industria y comercio); XIV. Precedentes y cambio jurisprudencial; XV. Imperio de la Ley; XVI. Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional; XVII. Doctrina constitucional; XVIII. Fuentes del derecho. Interpretación: I. Definición; II. La lógica tradicional y la interpretación del derecho. Fundamentación de las decisiones jurídicas: I. Discurso práctico racional; II. Valores y jurisprudencia; III. Valores y dogmática jurídica; IV. Importancia de la jurisprudencia. Los precedentes: I. Jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado; II. El carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional para las autoridades; III. Límite de la fuerza del precedente: apartamiento judicial; IV. Desconocimiento de la cosa juzgada y doctrina constitucional por parte de la Corte Suprema; V. Vinculatoriedad de las decisiones de las altas cortes; VI. La jurisprudencia como fuente formal del derecho; VII. Las altas cortes están sometidas al imperio de la Ley; VIII. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; IX. Nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; X. Obligatoriedad de la doctrina judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia; XI. ¿Cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales?; XII. Fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre; XIII. Unificación jurisprudencial; XIV. Cambio de jurisprudencia constitucional; XV. Control constitucional de un precepto legal según el derecho viviente; XVI. Diferencia entre jurisprudencia y precedente; XVII. Ratio decidendi, alcance del respeto al precedente y cosa juzgada constitucional implícita; XVIII. Doctrina constitucional y ratio decidendi; XIX. Identificación de la ratio decidendi de la sentencia c-543 de 1992; XX. Interpretación de conformidad con tratados de Derechos Humanos; XXI. Consideración sobre la ratio decidendi: (casuismo excesivo). Conflictos constitucionales: I. Reglas y principios; II. Conflictos normativos; III. La ponderación.
Jurisprudencia penal crítica es "crítica" porque dentro del estado del arte del derecho penal asume una posición de cuestionamiento y de cierta ruptura. En principio, se asume la perspectiva social de los conflictos que se relievan en la cuestión criminal. El delito es un fenómeno social y como tal implica el conocimiento de un contexto social, implica una contextualización. Por eso el juez debe ser consiente de que cada caso es un caso concreto, de carne y hueso, de deseos y sentimientos; no una cifra estadística más o un caso rutinario que se repite icesantemente, como para despacharlo mecánicamente o dejarle al más relegado amanuense su resolución. Los hechos que constituyen los casos judiciales tienen su historia, una microhistoria tejida entre sus protagonistas, y una inserción de un marco histórico, que es aquel en que se producen las normas y se las aplica. El derecho es construcción cultural. Por ende, es histórico y social. Planteamos que el enfoque crítico debe superar la vieja confrontación de escuelas. Superar el positivismo que hace de la ley un fetiche y divorcia la justicia de derecho. Superar también a los neoclásicos, que con su tesis del derecho natural desconocen todos los factores de poder que intervienen en la creación y en la aplicación de la ley. El neoconstitucionalismo y el garantismo constituyen claves importantes para esa superación. El formalismo y el abstraccionismo jurídicos nos han llevado a sofisticadas elaboraciones conceptuales, pero nos han desconectado de la realidad social, de la realidad de las necesidades y delas expectativas sociales. Articular esa realidad a la interpretación del derecho, a la adjudicación de la justicia, es una de los signos de la postmodernidad.
Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2016. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido y que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia.
Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2020. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido con la Ley 2080 de 2021 y con los desafíos impuestos por el COVID-19 que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia digital.
La presentación de este trabajo tiene por objetivo hacer un análisis, de forma crítica, del alcance del contenido de las normas que regulan la ley 258 de 1996 y demás normas que la adicionan, reforman o modifican, que tratan sobre la protección del bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con destino a la habitación de la familia, llamada «Afectación de la Vivienda Familiar» o comúnmente conocida como la ley de la doble firma.Del contenido de esta normatividad vigente a partir del 18 de Enero de 1996, se desprende que inicialmente el propósito era de proteger el grupo familiar, luego de los debates en la Cámara y Senado, terminó amparando solo el patrimonio con relación a un bien (El destinado a la habitación de la familia).El desarrollo de los diferentes temas y estudiados las distintas inquietudes en su aplicación y efectos, hemos querido hacer claridad en algunas apreciaciones jurídicas en su operancia notarial y registral, con ánimo de despejar dudas y dar pautas para una mejor interpretación que permita una mayor efectividad jurídica en beneficio de la sociedad.De manera breve, pretendemos hacer un cuadro comparativo entre el patrimonio de familia inembargable y la ley de afectación a vivienda familiar, observando ventajas o desventajas de una y otra institución familiar, en cuanto a su cobertura en el ámbito familiar, la naturaleza del bien protegido y sus efectos y aplicación.
La doctora María Mercedes López Mora de la Universidad Autónoma Latinoamericana "Unaula" de Medellin; especialista en derecho penal y criminología de la Universidad de Medellín; magíster en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y doctora en derecho de ese mismo centro de estudios, donde, hace un par de años, defendió como tesis doctoral el trabajo que hoy tengo el honor de prologar. Además, es especialista en alto gobierno de la Universidad de los Andes; y tiene dos diplomados: uno, en derechos fundamentales; y, otro, en gestión ambiental.
La distribución selectiva y el comercio paralelo de productos de lujo
Contenido: I. Introducción a la distribución selectiva: 1. Distribución comercial y contratos de distribución; 2. La distribución selectiva o autorizada como sistema o modelo de distribución indirecta integrada. II. Los sistemas de distribución selectiva desde la perspectiva del derecho de la libre competencia: 1. Los acuerdos verticales en el régimen de ilícitos contra la libre competencia; 2. Los acuerdos verticales de distribución selectiva ante el derecho de la libre competencia. III. La marca y los sistemas de distribución selectiva: 1. El papel de la marca en los sistemas de distribución selectiva; 2. La incidencia de los sistemas de distribución selectiva en el poder distintivo del signo. IV. El comercio paralelo (mercado gris) de bienes de lujo y prestigio: 1. Las ventas grises ante los modelos de distribución selectiva: entre la libre circulación de mercancías, la libre competencia y el derecho exclusivo de marca; 2. Estrategias contractuales y comerciales para prevenir el comercio paralelo de productos comercializados mediante redes de distribución selectiva; 3. La protección de la marca y del sistema de distribución selectiva mediante la competencia desleal; 4. La defensa de los sistemas de distribución selectiva mediante el derecho de marca: el problema del agotamiento del derecho exclusivo y de sus excepciones aplicado al comercio paralelo en la distribución selectiva; 5. Otra vuelta de tuerca: las ventas grises en internet a través de intermediarios en línea: el caso ”Ebay“.
La importancia que la contratación pública tiene en las actividades desarrolladas por el Estado colombiano, en su economía, en su sociedad y de manera evidente, en su Derecho administrativo, hace que la reflexión - desde la perspectiva de la eficiencia y la eficacia, como conceptos económicos y de buen gobierno - sobre las normas que regulan la actividad contractual del Estado colombiano en general y en particular, de aquellas que regulan el contrato de consultoría interventoría, resulte de la mayur utilidad para, por una parte, determinar cómo la globalización del derecho ha impactado en la transformación de toda la actividad desarrollada por el Estado colombiano y de manera evidente, en la construcción y consolidación de las relaciones entre la administración pública nacional y los únicos destinatarios de su actividad, es decir, sus ciudadanos y por otra parte, para determinar, desde una perspectiva práctica, los efectos de las reformas que han sido implementadas con el fin de "modernizar" el régimen de compras y contratación administrativa en Colombia.
