Los contratos estatales en Colombia, es la nueva obra que presento al país y por supuesto a aquellos que se dedican a la contratación pública, ya sea en su labor profesional como abogados litigantes, asesores jurídicos o jueces de la República. El libro recoge las experiencias adquiridas tanto en la cátedra que dicto desde hace varios años en la Universidad del Rosario, como del ejercicio profesional. La estructura sencilla del libro será pues de gran ayuda para todos aquellos que les interese la materia. Así, en él se hace un breve estudio del desarrollo histórico y legal del contrato estatal. De la misma forma, se indican cuáles son las reglas de escogencia del contratista y como se perfecciona y legaliza el negocio jurídico estatal. Seguidamente, se analizan los distintos fenómenos que surgen en la ejecución del contrato, así como se describen las principales potestades y cláusulas excepcionales de las que goza la administración en sus relaciones contractuales. Finalmente, se analiza la terminación y liquidación de los contratos, así como las distintas tipologías especiales consagradas en la Ley 80 de 1993 para concluir con el estudio de los mecanismos procesales para resolver todo tipo de controversias contractuales.
En nuestra calidad de defensores públicos o representantes judiciales de víctimas de la Defensoría del Pueblo, que lo fuimos, nos hemos propuesto escribir este libro, que acaso sirva para ilustrar un poco al lego en esta materia y para investigar, recopilar y compendiar no solo algunos apartes de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y de los tribunales superiores de Distrito Judicial, sino también para copiar textualmente algunos aportes de otros autores sobre el tema y las experiencias vividas por las víctimas de este tipo de delitos y realizar algunas propuestas en materia de reparación integral.
En la tercera edición de esta obra se continúa realizando un análisis comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo colombiano, teniendo en cuenta no solo la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 01 de 1984, sino, el Proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado), que se presenta como la primera gran reforma legal al CACA, y que, seguramente, será ley de la República en el corto plazo.De igual forma, los más de siete años de vigencia de la Ley 1437 de 2011, le han permitido a la doctrina y, especialmente, a la judicatura, decantar estas instituciones procesales a través de importantes pronunciamientos que han sido objeto de análisis y reflexiones en el presente texto, y que han servido de fundamento para la formulación de críticas y propuestas que buscan enriquecer el debate académico y quizá, fomentar un cambio sobre el papel que los presupuestos procesales están llamados a cumplir en el derecho colombiano en procura de la materialización de la tutela judicial efectiva.
La tercera edición se centra en el desarrollo del derecho social, establece un marco teórico de introducción a los estudios del derecho, pone al descubierto la insuficiencia de los contenidos del Código Civil y plantea nuevos modelos de interpretación y aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos, por otra parte plantea la polémica de la concepción de los derechos subjetivos y el sujeto del derecho. El texto invita a un nuevo enfoque del derecho civil en Colombia ubicado en el siglo XXI y facilita su comprensión a los estudiantes y académicos.
La presente obra capital, es una amalgama jurídica entreiser un compendio de definiciones y conceptos, temas de derecho de interés práctico y líneas jurisprudenciales; este trabajo, que no se pensó en publicar inicialmente, pues es el fruto del estudio, que como juez debo hacer diariamente de mi labor y por ello esta obra constituye "mi manual de trabajo cotidiano", se ofrece para bien de toda la comunidad jurídica un estudio elaborado y consolidado adquiridos del análisis jurisprudencial como servidor judicial y sobre los cuales espero que les sea igualmente útil en su ejercicio profesional, desde la posición en que se encuentren.Los temas se desarrollan en orden alfabético y gronológico, los cuales han sido seleccionados conforme a la importancia o su ocurrencia habitual en el medio judicial y académico, no se puede reducir a una simple lista de extractos de temas, sino que es un manual de consulta, una guía de estudio sistemático, es una análisis jurisprudencial para cualquier estudioso del derecho y aplicador del derecho, es una elaboración práctica y precisa de temas vigentes y actualizados, es una reflexión conjunto con la doctrina y la evolución del derecho a partir de la constitución de 1991, que a su vez constitucionalizó todo el derecho, y el derecho civil no es la excepción.
En el año 2006, luego de una confrontación jurídica de largo aliento, una de las tantas batallas que han existido y que seguramente seguirán existiendo entre grupos abortistas y pro vida llegaría a su fin, el saldo, una victoria parcial de los primeros sobre los segundos, el motivo, la decisión de nuestra Corte Constitucional de despenalizar parcialmente el aborto en Colombia.Lo que se hizo por mano de estos juristas como era natural, generó inconformidad en parte de la población que consideraba que se había facultado a las madres para disponer sobre la vida de sus hijos, siendo que este derecho, la vida, es el primero de todos los derechos y debe gozar de protección absoluta; como también de otros que consideraban que el único competente para decidir sobre la vida es Dios.Al margen de la validez y solidez de estos contraargumentos jurídicos y extrajurídicos formulados frente a la decisión de la Corte, la Sentencia C - 355 de 2006', providencia de constitucionalidad que es obligatoria para todas las autoridades de la República, cambio la noción del concepto vida y creo una nueva realidad jurídica en nuestro país, y naturalmente para el derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado, quién fue llamado en esta sentencia a cumplir un importante papel.Bajo esta lógica, la Corte señaló en la sentencia citada que la vida desde el momento de la concepción y en el estado en que se encuentre es susceptible de protección constitucional, sin embargo, manifestó
La NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA es relativamente novedosa en Colombia; el primer Decreto-1092 fue de 2.012 y el Decreto vigente-160- es de 2.014; apenas han transcurrido 6 o 4 años; es un tema apenas en desarrollo, rico en ciertos, aportes, dudas y errores; estamos en un proceso de aprendizaje colectivo.
Las ocho-8- ediciones de este libro se explican por la necesidad de ir respondiendo al curso de los acontecimientos; por ellos su reelaboración progresiva, derivada de la suma de factores tales como la experiencia del Autor construida desde su calidad de integrante de la Comisión Redactora de los Decretos # 1092 y 160, de asesor, de investigador y de profesor de la materia en el post grado de la Universidad Externado…
Desde cuando empezamos nuestra labor, produciendo la primera edición en el año 2005, que habiendo transcurrido cinco -5- años y siete -7- aproximados meses, nos proponemos realizar los respectivos ajustes, mismos que obedecen tanto a la evolución de la institución jurídica en el procedimiento penal colombiano, como lo que implica maravillosa experiencia de la referida institución jurídica y normativa, objeto de estudio. Al efecto, esta segunda propuesta (edición), guarda intima relación con destacadas y complementarias consagraciones, (i) la Ley 1312 de 2009, que reforma la Ley 906 de 2004 en lo que a Principio de Oportunidad y Política Criminal de Estado respecta, a través de sus artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, introdujo importantes modificaciones a los preceptos normativos números 323, 324, 325, 326 y 327 del Código de Procedimiento Penal acusatorio que se implementa; (ii) la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-936 de 2010 (M.P doctor Luis Enrique Vargas Silva) en el radicado D-8131, que declaró inexequible el artículo 2° de la Ley 1312 de 2009, por violar claros preceptos normativos tanto de la Carta Política como de la Convención Americana de Derechos Humanos; (iii) y en igual sentido y dirección, todo lo relacionado con la Justicia Restaurativa Transicional y Transaccional, que en los artículos 518 a 527 de la Ley 906 de 2004 y la propia Ley 975 de 2005, aplican directa relación con la básica figura del Principio de Oportunidad.Que siendo consecuentes con la concepción global (holística) e inicial en la que nos hemos inspirado, relacionada con el histórico significado de aquellas instituciones mencionadas, que han servido como reacción constitucional, legal, social, estatal e histórica ante la criminalidad (delito, delincuencia e impunidad), esta nueva ocasión nos sirve, para realizar importantes ajustes en la obra, introduciendo un quinto capítulo que relaciona el 'Principio de Oportunidad', con aquellos elementos de Justicia restaurativa', como 'La Mediación' y la institución jurídica - La Conciliación'- del Derecho Civil. Ello por cuanto, si bien nuestro trabajo tiene en sus fundamentos lo normativo, es menos cierto que en su argumentación y los soportes de ésta, se hacen concretas alusiones a básicos conceptos y fundamentos filosóficos de pensadores
En las postrimerías del siglo XVIII el genio crítico y catedrático de la Universidad de Gotinga Georg Christoph Lichtenberg, impuso un legado a la ciencia en general, al expresar que «es tiempo de enseñar a la gente cómo pensar y no qué pensar». Tal raciocinio entroniza en el estado actual de las ciencias jurídicas una visión que deja como directriz la preocupación del jurista por la forma de cómo llevar a la realidad los mandatos normativos.
Conspira contra la coherencia argumentativa de la política criminal estatal, la falsa idea de hacer prevalecer el eficientismo sobre las garantías, pensar que en el proceso penal se debe conseguir la verdad a cualquier precio es volver a los episodios más oscuros de la historia de la humanidad.
Una justicia pensada con criterios puramente estadísticos y económicos causa tanto daño como una justicia soportada en el tormento como medio para el logro de la confesión.
La promulgación de códigos corresponde, en la organización política de los poderes de nuestro país, al legislativo y no son de frecuente ocurrencia. Recordamos el Código de la Unión de finales del siglo XIX, el Código Judicial de la Nación de 1931, el Código de Procedimiento Civil de 1970 y, finalmente, en el año 2012 el Código General del Proceso (CGP).De los años 2004 a 2011, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal se empeñó en la tarea reformatoria de las instituciones procesales para entregarle al país una renovada codificación acorde con los desarrollos y las tendencias sociopolíticas y culturales del momento.Fue así como la sugerencia que de fuera el Instituto el ponente del proyecto, que se convertiría en ley de la República, se sustituyó por que más bien se entregará, una vez concluido el trabajo, al gobierno nacional.Allí, por parte de la comisión asesora, se empezó a socializar y, una vez revisadas las propuestas modificatorias al proyecto, fue entregado al Congreso. Esta comisión de reforma hizo alrededor de 600 modificaciones que, por demás, enriquecieron el Código.Entre otras sugerencias se tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional que venía aplicándose en modificación de algunas disposiciones del Código de Procedimiento Civil vigente, esto como uno de los más importantes aportes a los ajustes que debían ocurrir en la nueva ley procesal.Con criterio y compromiso social, se conservó en el nuevo código la estructura del Código de Procedimiento Civil, pues lo pretendido era modificar lo que era necesario modificar sin afanes políticos de reclamar para algunos sectores reivindicación alguna, lo que, a decir verdad, es una de las bondades del Código en cuanto al lógico orden en el tratamiento de las distintas materias. En el orden lógico procedimental no cabe discusión que por estructura primero son las providencias y luego los recursos, el recurso de reposición se encuentra primero que el de apelación. Se tuvo en cuenta la legislación foránea que ya venía adelante en similares reformas de la justicia en este campo en los paises vecinos y del área.Amplios debates doctrinarios ocurrieron. Se juntaron, entonces, voluntad del gobierno, academia y ciudadanos.Se hacía necesaria la reforma ocurrida con el CGP, pues los datos estadísticos sobre la aplicación de la justicia en nuestro país ya nos acusaban de tardos y lentos en la administración de la misma. En unas de las presentaciones del nuevo código se hizo alguna referencia estadística, por citar un ejemplo, que en Guinea, país del África, un proceso dura para su conclusión 730 días y es el último en cuanto a la celeridad en la administración de justicia en el mundo. Solo a ese país nosotros le ganamos con una duración de 1400 días aproximadamente. Era pues la oralidad la necesaria respuesta a la expectativa de mejorar.Recibió la denominación de Código General del Proceso por cuanto no es único, pues existen, además, el Contencioso Administrativo, el Laboral, el Penal.En nuestro estudio, trataremos de dar explicación doctrinaria y jurisprudencial a los asuntos de familia relativos a los principios constitucionales del derecho y del derecho de familia, el patrimonio de familia inembargable, la afectación de la vivienda familiar, la violencia intrafamiliar, la competencia de las defensorías y comisarías de familia, de los inspectores de policía, de los jueces de pequeñas causas, jueces civiles municipales, civiles del circuito, promiscuos de familia y de familia sin abarcar las demás disposiciones reguladas por el Código General del Proceso y que se encuentran definidas en el artículo primero de la codificación procesal.También se podrá consultar la competencia de los notarios en los asuntos de familia, la jurisprudencia constitucional referida a los asuntos de competencia de los jueces, al igual que presentaremos una práctica forense respecto de los asuntos de competencia de los notarios y de los jueces de familia o jueces civiles con tales funciones.Haremos un estudio especializado, con una perspectiva constitucional, solo en el área de familia como es lo que constituye nuestra propuesta, dado que, como codificación, la legislación de familia no se encuentra recogida en ninguna disposición legal y más bien se trata de disposiciones que, por dispersas, venían dificultado su conocimiento, lo que por ahora se ha visto morigerado por la recopilación que hizo el nuevo Código General del Proceso en cuanto a las competencias para conocer de los asuntos por parte de los distintos funcionarios que operan esta jurisdicción.
El presente libro recopila y actualiza una serie heterogénea de lecturas críticas sobre el contenido institucional de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) acaecidas en la historia reciente de Colombia.
Al hablar de «víctima» en este libro, se hace referencia al otro radical, a aquel que es capaz de interpelar a la sociedad a través de la autoridad de su sufrimiento. Un sufrimiento cuya inocencia impide hacer distinciones entre quienes lo padecen, que insinúen jerarquías entre ellas o consideren que existirían unas vidas dignas de duelo y otras que no merecerían ser lloradas.
A través de un tránsito analítico por diversidad de escenarios normativos y jurisprudenciales, englobados en el tópico de «justicia transicional», desde la denominada «Ley de Justicia y Paz» hasta la normativa de implementación del Acuerdo de Paz de Noviembre de 2016, pasando por la llamada «Ley de Víctimas», se busca proponer una postura que explique el daño en violaciones a derechos humanos no solo como una definición jurídico dogmática, sino como una expresión del sufrimiento humano históricamente «impensado».
Soluciones jurídicas alternativas a problemas económicos en contratos de ejecución sucesiva
Contenido: I. Propósito. II. La ”relación“ inicial entre ”obligaciones“ y ”derechos“: 1. La ”relación“ desde la perspectiva de una de las partes; 2. La alteración sustancial de la ”relación“ y la disposición a cumplir el contrato; 3. El ”oportunismo“ contractual; 4. Complejidad en las causas de la alteración en la relación inicial y modulación de los remedios legales. III. La ley y las circunstancias específicas de alteración en la relación contractual: 1. Ubicación del tema dentro de la legislación contractual: instrucciones relacionadas; 2. La ”fuerza mayor“ o ”caso fortuito“; 3. La pérdida de la cosa debida, y el objeto imposible; 4. La ”revisión por excesiva onerosidad sobreviniente“; 5. El restablecimiento del equilibrio económico; 6. Una advertencia metodológica: la especialidad de las normas colombianas.
