Los días de privación de la libertad personal, cesaron y, cuando fue injusta, el Estado debe pagar la indemnización del daño antijuridico inferido. Este es el fondo del compromiso político del Estado al reservarse la administración de justicia e impartirla injustamente como sinónimo de arbitrariedad estatal o sin apego a las reglas del debido proceso nacional.
La finalidad no es otra que mantener una atenta revisión académica de las instituciones que hacen posible la vida social de las personas, su pacifica convivencia y revisitar su eficacia con el propósito de atender a su fin predilecto que no puede ser otro distinto que la protección de la persona humana y muy especialmente de aquellas que ocupan una posición de debilidad en la sociedad.
Una obra jurídica que analiza las implicaciones legales y científicas de la prueba de ADN, su evolución y las dificultades que plantea para los sistemas legales
Con este libro proporcionan un entendimiento sobre cuáles son las soluciones jurídicas que se han obtenido ante los retos que impone el uso masivo de WhatsApp, una aplicación de teléfono móvil que crea eventos de competencia para la justicia contemporánea.
La exquisita distinción que se hace entre documento electrónico, digital y el uso como fuente y medio de WhatsApp, nos permite dejar en claro su valor como prueba en los estrados judiciales colombianos, además de las características que forjan su autenticidad.
El libro aborda la complejidad del fenómeno judicial en el ámbito del derecho procesal constitucional, centrándose específicamente en las particularidades y desafíos de la actividad probatoria en estos procesos.
Los temas principales que se tratan incluyen:
El concepto del derecho constitucional a la prueba como una posición jurídico-constitucional fundamental.
Las complejidades que surgen al intentar aplicar las normas procesales ordinarias (como el Código General del Proceso en Colombia) a los procesos constitucionales, los cuales tienen dinámicas y finalidades distintas, como la protección de derechos fundamentales.
La función de la prueba y su valoración por parte del juez constitucional.
Temas novedosos en el momento de la publicación, como el uso de herramientas tecnológicas en la producción y aporte de pruebas, influenciado por normativas como el Decreto 806 de 2020 en Colombia, emitido durante la pandemia de COVID-19.
El diálogo probatorio entre tribunales nacionales e internacionales y la interpretación de las pruebas conforme a nuevos estándares hermenéuticos.
La obra es parte de una colección sobre Derecho Procesal Constitucional del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional (CCDPC)
En el escenario jurídico colombiano, el libro se centra en especial a explicar cada uno de los momentos en los que la acción de reconvención procede en cada uno de sus aspectos sustanciales y procedimentales, aplicando criterios de distinción entre (i). reconvención y acumulación, (ii). reconvención y excepción, (iii) reconvención y compensación, (iv) reconvención y contraprestación. Todos estos elementos reconfiguran una verdadera teoría y práctica de la reconvención en Colombia, conectándose con especial reconsideración a las reglas de procedencia de la reconvención y a los actos de defensa del demandado en el proceso de ejecución singular, lo que para este constitucionalista no podría dejarse pasar por desapercibido, ya que inmediatamente nos traslada al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política.
plantea la tesis central de que, a pesar de la percepción de un derecho de obligaciones puramente abstracto y técnico, la moralidad juega un papel fundamental e inseparable en su aplicación y desarrollo.
Los puntos clave de la introducción y el enfoque general de la obra son:
Refutación del carácter abstracto: Ripert argumenta en contra de la noción de que la teoría de las obligaciones es una construcción puramente lógica y abstracta, despojada de consideraciones éticas.
Vínculo entre moral y derecho: Sostiene que no existe una diferencia de fin entre la regla moral y la regla jurídica; el derecho debe, por naturaleza, realizar la justicia, lo que implica una base moral.
Influencia del derecho natural: La introducción aborda cómo la doctrina del derecho natural ha tratado de resolver la integración de la moral en el derecho positivo, sirviendo como fundamento para sus argumentos.
Análisis del contenido: A lo largo del libro (y anticipado en la introducción), el autor explora cómo los principios morales permean áreas prácticas del derecho civil, incluyendo los contratos, la responsabilidad civil, y la relación entre deudor y acreedor.
Propósito de la obra: El objetivo principal es demostrar que las consideraciones morales son esenciales para comprender y aplicar correctamente las normas que rigen las obligaciones civiles, más allá de la simple exégesis legal.
Establece la problemática central de la obra: la falta de uniformidad y la confusión en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano al determinar la responsabilidad estatal cuando un servidor público sufre un accidente en el ejercicio de funciones que implican un riesgo inherente o excepcional.
Analiza la responsabilidad disciplinaria de particulares, con un enfoque especial en aquellos que apoyan la supervisión de contratos estatales y otros escenarios donde sujetos no públicos pueden ser disciplinables
Esta obra aborda la responsabilidad de los funcionarios desde una perspectiva innovadora dentro del Derecho Administrativo Disciplinario, enfocándose en el cumplimiento de normativas no vinculantes de manera tradicional
Enfoque en Derecho Blando (Soft Law): Analiza cómo el incumplimiento de normas de derecho blando administrativo (guías, recomendaciones o estándares internacionales) puede generar implicaciones sancionatorias y derivar en responsabilidad disciplinaria.
Marco Normativo: Se contextualiza en el sistema disciplinario colombiano, el cual se rige principalmente por la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), reformada por la Ley 2094 de 2021.
Estructura de la Responsabilidad: El autor examina los elementos fundamentales para determinar la falta:
Sujeto disciplinable: Capacidad y calidad del servidor público.
Ilicitud sustancial: El incumplimiento del deber funcional que afecte los fines del Estado.
Tipicidad y Culpabilidad: El análisis del dolo o la culpa en la conducta del servidor.
Propone un sistema normativo integral de imputación para la responsabilidad estatal, superando la simple constatación fáctica del nexo causal para integrar criterios de derechos fundamentales y teorías modernas de imputación.
