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Mi primera aproximación a la ya reputada obra jurídica del jurista y profesor MAURICIO RODRIGUEZ TAMAYO ocurrió por cuenta del azar, ya hace varios años. En efecto, cuando me encontraba preparando algún trabajo sobre el proceso ejecutivo cayó a mis manos un libro suyo titulado “ LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” que obviamente despertó mi curiosidad, tanto más cuanto que para ese momento no se conocían en la doctrina nacional trabajos sobre la materia. Recuerdo haber recorrido el trabajo de ese novel autor que irrumpía con fuerza y contundencia en el panorama nacional, por lo que cité en el documento que entonces preparaba un aparte sustancioso y pertinente sobre la definición de los procesos ejecutivos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Esta nueva edición de la “LA ACCIÓN EJECUTIVA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA”, la única que en el país ha abordado en forma extensa y suficiente esta disciplina, sin duda es una obra que está llamada a perdurar por los temas abordados y su profundidad. Puede decirse, sin temor a exagerar, que quien lea este libro quedará en posesión de ilustración suficiente sobre la materia de las ejecuciones en esta área contencioso administrativa, y estará en capacidad de enfrentar un litigio de esta naturaleza, bien como juez o magistrado, asesor o estudiante. El tratado que hoy se pone de nuevo a disposición de la comunidad jurídica sienta los presupuestos dialécticos necesarios de la discusión, porque no ahorra esfuerzos para tratar el concepto del contrato estatal frete a sus complejos requisitos de perfeccionamiento, ejecución, presupuestal, la aprobación de las garantías y el acatamiento de otros requisitos legales. Sobre ese presupuesto el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO aborda con extensión justificable el estudio del título ejecutivo derivado de los contratos estatales y sus aspectos procesales, como lo relacionado con el complejo aspecto sobre si el silencio administrativo positivo puede o no considerarse título ejecutivo, aspecto que resuelve que convicción y maestría. También incluye esta visión panorámica las diferentes aristas de documentos constitutivos de ejecución, como la de la factura electrónica, tan debatida por estos días. No hay un solo escenario de ejecución de los que se presentan y discuten hoy, que no aparezcan en este texto, de manera que el lector puede tener la seguridad de encontrar aquí información sobre muchas situaciones que en la vida práctica de esta forma de ejecuciones suelen presentarse, asociadas todas a los contratos estatales y su exigibilidad. Aquí también el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO abunda en el examen de las diferentes posibilidades de ejecución, sin omitir ninguno de los distintos escenarios de la misma, como las obligaciones judiciales aprovisionadas en el Fondo de Contingencias, los Acuerdos de Pago celebrados por entidades estatales, el novedoso incidente de aprobación de la oferta de revocatoria propuesta por un ente público demandado y aceptada por el demandante en un proceso contencioso administrativo, los laudos arbitrales proferidos en controversias contractuales con entidades públicas, las conciliaciones prejudiciales y las que se logran en el trámite mismo de las ejecuciones. En la segunda parte del libro, adicionalmente, también se encontrará el lector con la presentación minuciosa de las diferentes etapas del proceso ejecutivo administrativo, tales como la jurisdicción y competencia, los requisitos de la demanda con sus recientes reformas introducidas por el CPACA y la ley 2213 de 2022, el mandamiento ejecutivo, los medios de defensa, , la sentencia que se pronuncie sobre las excepciones, los recursos contra la misma incluyendo el extraordinario de unificación de jurisprudencia, la liquidación del crédito y, por supuesto, no podía faltar un acápite extenso y bien sustentado sobre el siempre complejo universo de las medidas cautelares en estos procesos de ejecución contencioso administrativa.

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Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2016. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido y que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia.

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Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2020. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido con la Ley 2080 de 2021 y con los desafíos impuestos por el COVID-19 que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia digital.

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El proyecto consiste en desarrollar de manera legible el marco normativo de cada uno de los principios que rigen la actuación administrativa según el artículo 209 Superior. La administración pública es la sumatoria de agentes y actuaciones estatales que concentra la totalidad de la fuerza (al mejor sentido hobbesiano) para alcanzar objetivos mucho más loables que la simple conservación de la vida. En esencia, la visión del autor de Leviatán define dos aspectos medulares de la existencia del Estado en nuestros días: (i) su construcción es un acuerdo de voluntades y, (ii) el Estado se define a partir de la concentración de la fuerza. El estudio de los principios constitucionales ofrece un punto de flexión benévolo y oportuno en la interacción de un liderazgo estatal respaldado por particulares conscientes de la prestación especial que tienen determinados servicios dentro del Estado social de derecho.

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El Big Data constituye una innovación tecnológica disruptiva que ha impactado todos los ámbitos de la vida económica y social. Si bien sus efectos más evidentes se manifiestan en el surgimiento de la economía digital, el Big Data también tiene la potencialidad de impactar a la administración pública al generar lo que aquí la autora ha denominado el modelo de administración pública datificada. En el caso de Colombia, las políticas públicas de Big Data (gobierno abierto, explotación de datos, y territorios y ciudades inteligentes) tienen la potencialidad de impulsar procesos de innovación que no solo transformarían radicalmente las dinámicas imperantes en la administración pública, sino que también podrían tener repercusiones importantes sobre el derecho administrativo y sobre el modelo de Estado actual. ¿Estaremos ante un nuevo paradigma o ante una variación de un modelo ya existente?

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La presentación de este trabajo tiene por objetivo hacer un análisis, de forma crítica, del alcance del contenido de las normas que regulan la ley 258 de 1996 y demás normas que la adicionan, reforman o modifican, que tratan sobre la protección del bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con destino a la habitación de la familia, llamada «Afectación de la Vivienda Familiar» o comúnmente conocida como la ley de la doble firma.Del contenido de esta normatividad vigente a partir del 18 de Enero de 1996, se desprende que inicialmente el propósito era de proteger el grupo familiar, luego de los debates en la Cámara y Senado, terminó amparando solo el patrimonio con relación a un bien (El destinado a la habitación de la familia).El desarrollo de los diferentes temas y estudiados las distintas inquietudes en su aplicación y efectos, hemos querido hacer claridad en algunas apreciaciones jurídicas en su operancia notarial y registral, con ánimo de despejar dudas y dar pautas para una mejor interpretación que permita una mayor efectividad jurídica en beneficio de la sociedad.De manera breve, pretendemos hacer un cuadro comparativo entre el patrimonio de familia inembargable y la ley de afectación a vivienda familiar, observando ventajas o desventajas de una y otra institución familiar, en cuanto a su cobertura en el ámbito familiar, la naturaleza del bien protegido y sus efectos y aplicación.

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Tal como se precisa en el libro, Colombia es el único país que regula la amigable composición como método alterno de solución de conflictos diferente a la mediación y al arbitraje; sin embargo, por su desconocimiento y poca práctica, ocupa el lugar de “la Cenicienta”, con lo cual se pierde la oportunidad de resolver cualquier conflicto contractual por medio de este novedoso y flexible método de composición.

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La buena administración pública es un derecho fundamental, así se desarrolle de manera expresa o tácita en la Constitución Política, pues la confianza ciudadana puesta en manos de los servidores públicos se constituye en un deber y una obligación de excelencia en el manejo del erario. En Colombia tiene amplio desarrollo normativo y jurisprudencial. El autor presenta un estudio novedoso, resultado de años de investigación, en el que por primera vez se alinea el concepto de la buena administración al tema del control fiscal, y plantea un proyecto basado en el fundamento de mayor tecnología al servicio ciudadano y se demuestra que es posible implementar un modelo de gestión eficiente y efectivo que aporte a la buena gobernanza, desde el control fiscal, que en esta segunda Edición, se concluye además que la Buena administración no solo es un derecho fundamental, sino un derecho humano.

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El advenimiento del Estado Social de Derecho reformuló la manera de entender los sistemas positivos, fundamentalmente los ordenamientos adjetivos o de enjuiciamiento. Por su puesto que, el recurso de casación, formalista en su concepción primigenia, ha morigerado su rito para ponerse en sintonía como un instrumento más de defensa de los derechos fundamentales, otorgando incluso poderes oficiosos al sentenciador a efectos de restablecer las garantías infringidas. La labor la cumple, una Corte Suprema de Justicia provista no solamente de Legitimidad y grandes dosis de creatividad jurídica, sino de un alto sentido de responsabilidad social habida cuenta que sus decisiones tienen repercusión política en el espejo público, pues sus fallos interesan a todo el colectivo. Nuestro texto, como propuesta metodológica y novedosa, aunque aborda en toda su dimensión los tópicos históricos, normativos, sustantivos y procedimentales, intenta privilegiar el diálogo con otras instancias internacionales y, especialmente, la casuística derivada del apego a la técnica, proponiéndose con tips y ejemplos puntuales, los aspectos necesarios a tener en cuenta por el abogado litigante cuando con sus escritos pretende arribar al escrutinio de la Corte en el momento medular de la Casación: la calificación de la demanda.

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El juicio de la responsabilidad patrimonial del Estado es quizás uno de los más complejos, pues su validez está en el análisis del daño antijurídico, la causalidad y la imputación, que en conjunción pueden dotar de conocimiento al juzgador de si existe o no mérito para declarar la estructuración de la responsabilidad. De los anteriores elementos, consideramos que la causalidad es de gran relevancia, en el entendido de que no se puede estipular un único sistema teórico para resolver los casos, sino que ello dependerá del tipo de reproche obligacional que se le realice a la actuación estatal. Por ello, en el presente trabajo se desarrolla una metodología de análisis de la causalidad en la responsabilidad patrimonial del Estado, bajo la premisa de que si dicha estructura de análisis no es clara o sus elementos necesarios de análisis presentan problemas de utilización, se puede correr el riesgo de convertir al Estado en un asegurador universal.

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La cesión de crédito, regulada en el Código Civil colombiano, se encuentra influenciada por el derecho francés, lo que justifica un estudio de derecho comparado entre los dos ordenamientos jurídicos. Según el análisis predominante tanto en derecho francés como en derecho colombiano, la cesión permitiría la transferencia de la obligación analizada desde un punto de vista del acreedor y, en virtud de su naturaleza traslativa, no implicaría ninguna modificación para el deudor del crédito cedido; en últimas, la particularidad de la cesión de crédito sería la de permitir la transferencia la obligación por su parte activa. Sin embargo, esta visión merece ser revisada. La obligación, antes que nada, es una relación jurídica en la cual los sujetos no son indiferentes. El derecho de crédito, en cambio, es no solamente un efecto de la obligación, sino también un bien incorporal. Esta distinción fundamental entre la obligación y el derecho de crédito, así como la relación que existe entre ambos, explica la necesidad de que la cesión sea analizada como la modificación unilateral de un vínculo jurídico y, al mismo tiempo, como una transferencia convencional de un bien incorporal. A partir de esta doble naturaleza jurídica de la cesión de crédito se comprende mejor la calidad y la situación del deudor del crédito cedido. Igualmente, el análisis propuesto permite un entendimiento más claro de la relación entre las partes -cedente y cesionario-, al igual que de la situación de los terceros.

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