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El lavado de activos y la corrupción son flagelos que afectan a los países del mundo y se reflejan en los riesgos a los que se exponen las empresas públicas, las compañías privadas y las entidades sin fines de lucro, lo que obligo a los sistemas jurídicos a convertir en sujetos obligados y sujetos de reporte al sector financiero, al sector no financiero o también denominado sector real y al sector de las organizaciones gremiales y caritativas. Estos delitos confluyen en el concepto del compliance y la gestión del riesgo y a su vez, se complementan con otras conductas delictivas como la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado y; el soborno trasnacional y la corrupción privada, por el otro. Esta guía de prevención y control es un insumo fundamental para los Oficiales de Cumplimiento y para todos los actores de la cadena de valor de contención del crimen organizado como supervisores, unidades de inteligencia financiera, fiscales, agentes del ministerio público, policías judiciales y jueces, en la que van a encontrar aspectos históricos, conceptuales, estándares internacionales y mejores prácticas, regulación administrativa, regulación penal, regulación de extinción de dominio y un toolkit de herramientas que sirven para desempeñar cada uno de estos roles.

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Una de las políticas idóneas que puede ejercer el Estado es la mejora regulatoria como una herramienta que busca alcanzar calidad y competitividad institucional. En consecuencia, esta obra tiene como objetivo identificar y describir teórica y conceptualmente los efectos jurídico-económicos que conlleva la débil implementación de políticas de mejora regulatoria, así como la presencia y permanencia de barreras burocráticas y otras de índole legal en el contexto latinoamericano.Dr. Daniel Robalino OrellanaDirector Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Derecho de Competencia, EcuadorDr. Javier Robalino OrellanaSocio Director del Estudio Robalino AbogadosEste volumen representa un estudio innovador sobre un tema tan importante como la mejora del sistema de regulación. La investigación se lleva a cabo con una metodología moderna inspirada por ideas provenientes del análisis económico del derecho (AED) y capaz de combinar reflexiones de derecho comparado y de profundo carácter jurídico con consideraciones prácticas. Las alternativas planteadas en nuestra opinión resultan muy atractivas para un lector no necesariamente especializado, es decir, precisas, eficaces y pueden extenderse más allá de las jurisdicciones mencionadas dado que aspiran a discutir la necesidad de una base normativa estable y clara lo cual claramente resulta de común interés en todos los sistemas jurídicos y constituye un requisito previo para el desarrollo y crecimiento de la sociedad.Francesca Benatti, Ph. D.Universidad del Sacro Cuore, ItaliaEsta obra de frontera e interdisciplinaria entre el derecho y la economía, enfoca su análisis a contextos jurídicos-sociales emergentes y caracterizados por debilidad institucional. Asimismo, otorga como ejemplo, escenarios donde prima una regulación ineficiente e ineficaz, con claras consecuencias en cuanto al costo de oportunidad social. Ciertamente, consideramos que por momentos podemos caracterizar su contenido de audaz, aunque sin dejar de denotar fortaleza teórica y conceptual y, por lo tanto, desbordar su propósito y objeto de estudio: la mejora regulatoria como proceso. Esto en el sentido de que su metodología, combinación de una narrativa crítica, estructurada y muy reflexiva ha sido construida sobre ejemplos y casos de fácil abstracción lógica y extrapolables a otras experiencias y espacios latinoamericanos, y en ese sentido, es perfectamente aplicable a cualquiera de nuestras realidades e incluso sintonizarse para usos de Inteligencia Artificial (IA). Esta última cuestión es necesaria y se integra a la agenda pendiente de la academia regional que requiere con suma urgencia generar un mayor número de exploraciones científicas de avanzada con impacto y visibilidad real. María Isabel Cornejo Plaza, Ph. D.Universidad Autónoma de Chile, ChileReencontrar el amor a la ley que otrora Montesquieu percibió como el elemento de seguridad y de libertad que ofrecía el Estado de Derecho, es la propuesta de Gabriel Suárez Jácome y Rubén Méndez Reátegui en estas "Consideraciones jurídico-económicas para un régimen regulatorio eficiente. Propuestas de Mejora y Reformas". Basados sobre su más reciente experiencia en Latinoamérica y en específico en el Ecuador ?país que es tomado de ejemplo extrapolable?, el libro nos enfrenta ante una realidad en la que el Derecho, sobre todo aquel que surgió durante la pandemia, se convirtió en un instrumento de coacción sobre los individuos por el poder, en lugar de ser un instrumento de emancipación por el poder. Inflación normativa, confusión, dilución entre los obligatorio y lo facultativo, pluralismo de fuentes del derecho, Ecuador al igual que otros países de la región, sufre de esta misma enfermedad contemporánea que aqueja a los países de tradición Romano-Germánica, pero, en esta ocasión los investigadores Suárez Jácome y Méndez Reátegui enseñan cómo establecer un diálogo entre esas fuentes regulatorias para encontrar de nuevo ese sentido que nos pueda volver a hacer creer en la voluntad de eficiencia de la reglamentación. Betty Martínez-CárdenasUniversidad Autónoma de Chile, Chile

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Nuestro país hace gala de una larga tradición con la cual se celebran y exaltan los principales acontecimientos del proceso independentista, un momento que fue confuso, dilatado y sangriento. De hecho, sendas leyes de la República establecen tres festivos nacionales para conmemorar hitos sobresalientes de ese momento de nuestra historia (20 de julio, 7 de agosto y 11 de noviembre). En ese mismo orden de ideas, ni que decir de la inabarcable bibliografía sobre los hechos ocurridos entre 1810 y 1819 a través de la cual se ha registrado y analizado hasta el más mínimo detalle de esos acontecimientos, así como la trayectoria de sus protagonistas. Pero inexplicablemente, cuando se trata de analizar la creación civil de la República, el hecho capital de nuestra historia nacional, nos enfrentamos a un indiferente silencio y a mucho olvido. Se produce así una extraña paradoja en la que nuestra historia lleva 200 años inmersa en un notable esfuerzo por mantener vivo el recuerdo de la gesta militar, a la vez que ha sostenido una discreta relación con los acontecimientos que dieron origen a nuestro Estado constitucional.

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El presente escrito es producto del proyecto de investigación La Constitución de 1991 a treinta años de su expedición. Análisis de su origen, desarrollo e impacto en la transición hacia una verdadera democracia, que se desarrolló entre julio de 2006 y julio de 2008. La finalidad central del proyecto era indagar, a través de los testimonios de los constituyentes –los protagonistas principales de ese hecho histórico–, por las complejas circunstancias que rodearon el proceso de expedición de la Constitución que fue promulgada en julio de 1991. De esto se desprende que la principal fuente de información en el curso de la investigación, hayan sido entrevistas en profundidad a un número significativo de delegatarios y que fueron seleccionados de un modo tal, que sus visiones fueran comprensivas de un panorama muy amplio dentro del espectro ideológico que se tuvo presencia en el escenario constituyente.

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Actualizada con los Actos Legislativos
N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02
de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017;
01 de 2016; 01, 02 de 2015.
Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706
de 2017 y Sentencia C-332 de 2017 14.a edición Contiene cuadros sinópticos

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¿Deben los Tribunales Constitucionales seguir teniendo la última palabra en la sociedad? ¿Deben definir nuestros desacuerdos más íntimos y los dilemas que conmueven a la sociedad? ¿El aborto, la eutanasia, la dosis mínima de drogas, entre tantos casos, pueden ser mejor considerados por una corporación minoritaria? ¿Poseen los Tribunales un mejor juicio que el que podría ofrecer la ciudadanía? Este trabajo analiza la dificultad contramayoritaria u objeción democrática, con el objetivo de formular una propuesta que permita hacer compatible el principio democrático con el mantenimiento del control judicial de constitucionalidad. La investigación adopta como punto de partida el análisis de la cualidad de la constitución, para determinar si el origen de esta objeción surge del diseño constitucional. Seguidamente, desde la lectura de autores como R. Dworkin, J. Waldron y L. Kramer, aborda los principales argumentos que pretenden justificar o solucionar la objeción democrática: la supremacía constitucional, legislativa y popular. Posteriormente, reconociendo la primacía de la democracia y la necesidad del ejercicio de un control judicial de constitucionalidad con mayor legitimidad, se presenta la propuesta de un constitucionalismo procesal débil, la cual permite que los conflictos constitucionales también puedan debatirse ante el legislativo, e incluso por la ciudadanía, como detentadora de la última palabra en la sociedad. Por último, se complementa la propuesta formulada con un procedimiento de selección judicial basado en el mérito, con el fin de promover que los Tribunales Constitucionales cuenten con los mejores jueces y que su selección sea un asunto de deliberación pública. Estos elementos permiten llegar a la conclusión de que es posible optimizar la legitimidad de los Tribunales Constitucionales, siempre que se garantice una real participación y decisión ciudadana. Este libro es un importante insumo para académicos, estudiantes, funcionarios judiciales, litigantes y en general para los estudiosos del derecho constitucional y la filosofía del derecho, pues presenta un tópico que debe empezar a ser debatido de forma crítica frente al poder judicial.

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Las actuales constituciones latinoamericanas cumplen la doble tarea de estructurar la comunidadpolítica, su funcionamiento y, al mismo tiempo, posibilitar su transformación. Su catálogode derechos -explícitos e implícitos-, su apertura hacia otros derechos, de distintas fuentes yexperiencias, comprometen a la comunidad política con la afi rmación de la igualdad y la justiciasocial o con la lucha permanente contra la desigualdad y la injusticia social. En las últimas tresdécadas, se ha producido una mayor interacción horizontal entre los países de esa región, dadasu amplia convergencia normativa en torno a los principios básicos del Derecho Internacional delos Derechos Humanos y el sustrato común suscitado por los retos derivados de la desigualdadpolítica y social, pobreza y subdesarrollo. Con enfoque en estas expresiones de transnacionalizacióndel derecho constitucional y con el apoyo teórico del "Ius Constitutionale Commune enAmérica Latina" (ICCAL) como guía, los autores y autoras de este trabajo presentan sus refl exionessobre las posibilidades y limitaciones de la consolidación y fortalecimiento del constitucionalismotransformador en América Latina. Los textos son el resultado del intercambio de ideasy debates que tuvieron lugar en un panel del ICON-S en Santiago de Chile, 2019 y defi enden latransformación de la realidad política y social latinoamericana, a través del fortalecimiento de lademocracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

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Una de las bases fundamentales de la identidad del Derecho disciplinario colombiano es su constitucionalización, la cual encuentra respaldo en la misma Carta Política de 1991 en su artículo 92, al consagrar la posibilidad de aplicar sanciones penales o disciplinarias a las autoridades públicas, derivadas de conductas irregulares.Tal proceso de constitucionalización del Derecho disciplinario permite también aceptar la coexistencia de diversas especies de la potestad sancionatoria del Estado, sin que ello implique violación alguna a los derechos fundamentales de quien resulte investigado y sancionado por una misma conducta ante autoridades distintas.La Constitución nos muestra igualmente que el Derecho disciplinario no es Derecho administrativo, pues la función jurisdiccional de investigar y sancionar disciplinariamente a empleados y funcionarios judiciales no es una actividad de la administración, sino de la rama judicial.En esta obra se analiza, entre otras cosas, la importancia constitucional y convencional que tiene el Derecho disciplinario como herramienta preventiva de lucha contra la corrupción, siempre que se utilice de forma correcta y respetando los derechos humanos de los involucrados.

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CONSTRUIR DEMOCRACIA. 50 AÑOS DE PERIODISMO DE OPINIÓN. TOMO I. POLÍTICA, DEMOCRACIA Y OTROS TEMAS. Es un aporte original que condensa dimensiones sustantivas de la evolución que, como periodista de opinión, ha realizado el autor en el intervalo comprendido entre abril de 1969 y marzo de 2019. El trabajo ha sido arduo y comprensivo, habiendo abordado temas en las instancias política, económica, social, cultural y ambiental, a nivel nacional e internacional, organizados de tal manera, que faciliten la formación de nuevos periodistas de opinión. Quien estudie las orientaciones transversales de la obra, encontrará que es una elaboración en el sentido sostenido por Carlos Fuentes: "El valor mayor es contribuir a la educación y a la información y en consecuencia al conocimiento y al desarrollo humano". Con precisión afirma Alfredo Sarmiento Gómez en el Prólogo: "Definitivamente, este libro es un aporte que por su gran calidad deberá acompañar la docencia y la reflexión sobre la democracia en el periodismo, en las tertulias intelectuales y en las aulas universitarias. Esta obra es una vida convertida en testimonio de periodismo al servicio de la comunidad".

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Las primeras regulaciones jurídicas del transporte, con cierto nivel de sofisticación, ocurrieron en el marco del comercio marítimo. El pueblo romano tuvo la capacidad de integrar en su derecho la rica tradición jurídica mediterránea, elaborada por diversos pueblos con vocación de navegación. Como es de suponer, esta evolución no se detuvo en ese momento histórico, sino que continúo desarrollándose durante la edad media, la edad moderna, hasta la elaboración de los Códigos de Comercio Marítimos, en la etapa codificadora, que sirvieron de antecedente a la regulación de la materia en los Códigos de Comercio actuales.En esta obra se ofrece una visión completa de esta evolución jurídica, entendida en su contexto histórico y económico, con la finalidad de brindar una interpretación de la configuración de las instituciones jurídicas que regulan el transporte de mercancías por vía marítima, adecuada y ajustada a las realidades de nuestra época. No puede igualmente faltar en este análisis, la necesaria referencia a la jurisprudencia que sobre la materia se ha producido en el Tribunal Supremo español y en la Corte Suprema de Justicia de Colombia y también, a las normativas internacionales vigentes, integradas, particularmente, en las llamadas Reglas de la Haya-Visby, Reglas de Hamburgo y Reglas de Rotterdam.

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Los convenios y contratos interadministrativos son figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, cuya finalidad es facilitar la colaboración entre entidades estatales, posibilitando la contratación directa sobre la base de que el bien, servicio u obra pública que se requiera lo pueda satisfacer otro ente oficial, que cuente con la experiencia, capacidad técnica, financiera, etc.    Funcionarios públicos inescrupulosos, para evitar los requisitos establecidos en la ley para la selección objetiva del contratista, que inicia con la convocatoria pública, elaboración del pliego de condiciones, la publicación en el sistema electrónico de contratación pública, SECOP I y SECOP II, participación de los proponentes en las distintas etapas, deciden hacer uso equivocado de los convenios y contratos interadministrativos, en contravía de la ley e incurriendo en actos de corrupción, que dan  lugar a la declaración judicial de nulidades y condenas patrimoniales a las entidades involucradas. Para los jefes de las entidades estatales, alcaldes, Gobernadores, gerentes de entes descentralizados, este libro les será de mucha utilidad pues los hará entender que caer en la trampa de cambiar el objeto social de la empresa pública escogida para torcer el pescuezo de la ley, eludiendo la convocatoria pública, les saldrá bien caro, les esperan penas de prisión muy altas, por tratarse de delitos repudiables socialmente que no gozan de subrogados penales, es decir que la condena se cumple completa, sin descuentos y cien por ciento intramural.  La razón de ser de la presente investigación es aportar en la formación de los operadores jurídicos para evitar las dolorosas consecuencias de ignorar lo dicho arriba, para este propósito se analizan sentencias condenatorias proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos de corrupción donde precisamente se ponen de acuerdo dos o más personas para robarse los recursos públicos, siendo de resaltar que se tiene el concierto para delinquir como un delito autónomo, independientemente del resultado, basta con el acuerdo de voluntades que conduzca a evitar la licitación pública. Finalmente, la explicación del porqué la mezcla de derecho administrativo con derecho penal en esta obra, tiene que ver con la necesidad de que los lectores tengan muy claros los conceptos y definiciones , que les permitan distinguir el contrato y el convenio interadministrativo, y los casos en que se pueden utilizar sin riesgo de caer a la cárcel.

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La temática de la obra y la peculiar manera de aproximarse al tema, a través del estudio de casos y de temas que generan debate en el ejercicio de la actividad judicial, la convierte en fuente para estudiosos, litigantes, y jueces.  Y además en acicate para investigadores, pues, generará muchas inquietudes, que la obra no evade. La inmensa producción jurisprudencial hace necesario que hoy el Derecho se estudie a través de este tipo de obras. El Derecho nuestro es cada vez más jurisprudencial y menos legislativo, el control de convencionalidad y en particular el área del derecho de daños y de responsabilidad estatal son paradigmáticas en este sentido. Este tipo de obras, con esta metodología y con el cuidado de extraer lo esencial y útil de las sentencias judiciales debe ser modelo a seguir de nuestra doctrina.

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