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Hoy, pacíficamente, se admite por la doctrina y la jurisprudencia que en la responsabilidad médica se aplica la doctrina de la pérdida de una oportunidad de curación cuando el paciente sufre un daño durante el acto médico y no se puede saber si la conducta culposa del médico fue la causa de dicho daño.

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Prevención y resolución pacífica de conflictos familiares.

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Esta séptima edición de la obra del profesor de las Universidades de Antioquia, Pontificia Bolivariana y Medellín retoma, mas ya corrigiéndolo, ya ampliándolo, ya actualizándolo, el paradigma de la cuarta edición, consistente en una teoría de los principios jurídicos, que revisa seis características:1ª Exclusiva y netamente tanto racional como razonable, con prescindencia de todo presupuesto metafilosófico de índole religiosa;2ª Predominantemente fuerte;3ª Constitucional;4ª Identificadora de los principios con los valores fundamentales, sociales y bilaterales de una comunidad, del constituyente primario o de la doctrina;5ª Humanista; y6ª Una teoría de un discurso esencialmente filosófico-jurídico. El libro, considerado por la crítica especializada como el mejor sobre la materia, que se haya escrito en lengua española, se divide en ocho partes:Una introducción al derecho principal; seis capítulos, de los cuales cinco son teóricos (funciones, historia, origen, naturaleza y fundamentación de los principios), y uno predominantemente práctico, el sexto (descubrimiento y enumeración de los principios generales del derecho); el trabajo se cierra con la octava parte, la de recapitulación y conclusiones. La obra se destina a todas las personas que se interesan por los temas jurídicos, con el objetivo específico de hacer muy comprensible un asunto que, siendo el más importante del derecho, bien como ordenamiento, bien como ciencia (¡vaya qué paradoja!), ha caído, por desgracia, en un total desconocimiento, cuando no en un olvido insuperable, acompañados el uno y el otro de un gratuito menosprecio.  

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En dos tomos, y más de 1.500 páginas, esta obra aborda el estudio de aspectos fundamentales del derecho notarial y disciplinas anexas, con un fin cuidadoso y elevado rigor jurídico. Para tal fin, emplea el orden alfabético de los diccionarios clásicos, denominando «entradas», para cada uno de los títulos que integran esta enciclopedia jurídica notarial, caracterizados por su claridad conceptual y su densidad narrativa, método que, a su vez, crea un ambiente de orden, precisión y claridad para la lectura, la consulta eficaz y todo proceso de investigación. el estudio analiza desde el sustento constitucional del derecho notarial, hasta las distintas áreas jurídicas involucradas en su ejercicio.

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La  injusticia  se  cierra  como  una  sombra  sobre  la  humanidad.  Por  siglos  el  mundo  ha  tenido  la  verdad  distorsionada,  y  la  justicia  es  una  lujo  para  pocos,  muchas  veces  la  inocencia  es  castigada  y  la  culpa  es  recompensada,  la  fe  en  el  sistema  se  desvanece.  La  injusticia  se  alimenta  del  silencio  y  la  indiferencia,  creciendo  en  poder  y  destructividad.  Pero  aún  hay  voces  que  se  alzan,  aún  hay  corazones  que  late  con  la  pasión  de  la  justicia,  aún  hay  esperanza  para  que  la  verdad  prevalezca  y  la  justicia  sea  restaurada  y  aún  hay  defensores  que  con  pasión  hacemos  la  defensa  por  la  justicia.

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Innovar, replantear, reaprender, inventar, crear, descubrir, idear, revaluar, son las constantes de nuestro equipo de trabajo y ello por cuanto el sistema procesal penal de corte acusatorio es dinámico, exigente y de constante aprendizaje, es ese contexto; el que nos motiva a nuestra dinámica, esperamos sea de su disfrute.

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Nuevas reflexiones sobre derecho de la hacienda pública edicion 1 -2021

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Podríamos decir que desde el Código Judicial contenido en la Ley 105 de 1931, que determinaba la manera en que se adelantaban entre nosotros los procedimientos judiciales, pasando por las diferentes normativas especiales, como ocurre con el Código de Procedimiento Penal de 1938 y de 1971, el Código de Procedimiento Civil, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procedimientos y trámites, era realmente muy poco.  Esta revolución tecnológica se presenta, en nuestro sentir, en tres momentos, marcados por los cambios normativos, y por supuesto, el avance de las tic.  En un primer momento aparece una nueva normativa que viabiliza y propende por una sucesiva implementación de las tic en los procesos judiciales. La Constitución Política de 1991 y la consecuente expedición de la Ley 270 de 1996, desarrollan el derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, y, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia formula la idea de avanzar en la implementación de la tecnología en el servicio público esencial de la Justicia.  Ya para entonces, para los años 90, los Despachos Judiciales de nuestro país comenzaban a dejar atrás las máquinas de escribir que eran parte del paisaje de los Juzgados y pasaban a los computadores y las impresoras. Incluso, en algunos Despachos se permitió el envío de documentos vía fax, aun cuando la radicación y el archivo de documentos siguió siendo la costumbre, básicamente, hasta la pandemia.  La llegada del Siglo XXI trajo a Colombia una sucesiva reforma de los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo, disposiciones todas que hacen una apuesta por la implementación de las tic, y la oralidad como un criterio modulador de la actuación, lo que permitió la realización de algunas diligencias por la vía de lo que se denominaba para entonces la “videoconferencia”. Aún con una normativa generosa que permitía la aplicación de las tic a las actuaciones judiciales, la práctica judicial colombiana marcada por la desconfianza hacia la tecnología seguía rindiendo culto a la actuación por escrito, y las diligencias se realizaban en los despachos judiciales, en los que el único cambio fue que se cambiaron las extensas transcripciones por la grabación en audio o video de las actuaciones.  Con ocasión del advenimiento de la pandemia del covid-19 en marzo del año 2020 Colombia entró en un confinamiento obligatorio que llevó al desafío de resolver la manera de impartir justicia cuando todos los ciudadanos estaban en sus casas. En un primer término, se suspendió la prestación del servicio de justicia en las áreas civil, comercial, laboral, administrativo, y, en general, todas, con excepción de la penal, que se desarrolló de manera presencial con las medidas de bioseguridad del caso.  Sin embargo, rápidamente, en aplicación a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004 jueces, fiscales y abogados rápidamente pasaron a las audiencias virtuales y encontraron los múltiples beneficios que dispensan. Mayor seguridad en el almacenamiento de la información, seguridad para testigos y víctimas, reducción de las circunstancias que conducen a la frustración de las diligencias, fueron apenas algunas de las ventajas que aparecieron para todos los colombianos. La llegada de la virtualidad a la administración de justicia no solamente supuso la realización de audiencias telemáticas, sino también la radicación de los documentos a través del correo electrónico o incluso aplicaciones de mensajería instantánea, la digitalización de los expedientes y el archivo de las actuaciones en la nube, en condiciones de seguridad y trazabilidad de las actuaciones.  Ante las ventajas que eran evidentes para todos los ciudadanos se expidió el Decreto 806 de 2020 que dispuso la realización de audiencias virtuales, radicación de documentos vía electrónica y toda una puesta en marcha de una justicia digital, acorde a los tiempos que corren. Se dispuso una vigencia de 2 años a partir de su promulgación, en tanto que se pensaba inicialmente como una medida coyuntural mientras se superaba la pandemia. Superada esta crisis sanitaria, para el año 2022 un amplio movimiento donde intervinieron todos los actores del sector justicia clamaron por el mantenimiento de la justicia digital y es así como el Decreto 806 de 2020 se convierte en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022.  La Justicia Colombiana en apenas dos años tuvo un avance sin precedentes, tanto desde las prácticas como desde lo normativo a través de las experiencias de aprendizaje que dispensó un evento tan lamentable como lo fue la pandemia.  Justo en el momento en que los colombianos valoraban y ponderaban los avances de las tic en la administración de justicia, la Sentencia C-134 de 2023 proferida por la Corte Constitucional nos retornó a la Justicia del año 1999. Al ordenar la realización de juicios presenciales con argumentos basados en sesgos y prejuicios, con una sorprendente falta de rigurosidad se dispuso un retroceso en detrimento de todos los ciudadanos y de la Administración de Justicia. Es, por decir lo menos, lamentable, que una Corte que en otros tiempos generaba admiración en todas las latitudes por su carácter disruptivo y progresista tomara una decisión como esta, quedando como consuelo el que la tecnología nos rebasa, hoy podemos estar atónitos frente a una realidad que es incomprensible, pero que será cosa del pasado en muy poco tiempo, cuando veamos los efectos que esta decisión va a tener para todos los colombianos. 

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En esta obra se contempla la nulidad absoluta del contrato estatal, cuando es celebrado en contra de expresa prohibición legal o constitucional. No hay duda, que en los contratos estatales, siempre subyace un interés público de Estado, que le da fundamento a una categoría especial de negocio jurídico, aunado a esa finalidad esencial que en ellos se persigue y que se constituye a su vez en un elemento diferenciador frente al contrato privado. El régimen de las nulidades de los contratos, cumple un papel esencial en la sociedad y en el derecho, pues con él no solo se ejerce un control preventivo sino sancionatorio […].

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Obligaciones

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«El sistema de procesamiento criminal establecido en Colombia mediante la ley 906 del 2004, con las consiguientes reformas, ley 1142 de 2006 y la 1453 de 2011, incorpora una nueva forma o sistema de debate y de demostración de las postulaciones de las partes.Al tratarse de un sistema que desarrolla toda su estructura, o casi toda, a través de la oralidad, es imperativo para las partes e intervinientes un conocimiento concreto y profundo de las destrezas necesarias para poder entregar al juez con claridad y en forma ordenada y entendible sus posiciones en torno a los diferentes aspectos que en cada audiencia se confrontan».«El sistema de procesamiento criminal establecido en Colombia mediante la ley 906 del 2004, con las consiguientes reformas, ley 1142 de 2006 y la 1453 de 2011, incorpora una nueva forma o sistema de debate y de demostración de las postulaciones de las partes.Al tratarse de un sistema que desarrolla toda su estructura, o casi toda, a través de la oralidad, es imperativo para las partes e intervinientes un conocimiento concreto y profundo de las destrezas necesarias para poder entregar al juez con claridad y en forma ordenada y entendible sus posiciones en torno a los diferentes aspectos que en cada audiencia se confrontan».

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Pensamiento contemporáneo sobre el castigo es un libro que contribuye con la consolidación de la nueva criminología regional y colombiana. Para ello, se ha reunido a un grupo de investigadores dedicados a la cuestión quienes, desde los resultados de las investigaciones por ellos conducidas durante los últimos años, ofrecen alternativas teóricas y metodológicas para proseguir el análisis del crimen y el castigo en Latinoamérica. El libro ofrece un conjunto de herramientas derivadas de ejercicios y problemas particulares de investigación que brindan alternativas a los investigadores novatos y expertos para encontrar formas de aproximarse al análisis del crimen y el castigo. El punto de partida de cada texto es una pregunta formulada a los investigadores sobre la incidencia que la obra de autores del Norte global ha tenido en las investigaciones conducidas por ellos -y otros profesionales en la región-, y la manera en que han logrado articularlos para darle solución a problemas analíticos derivados de su ejercicio investigativo. En palabras más simples, el libro se pregunta cómo los expertos dialogan entre sí en espacios de investigación y producción académica distintos, mostrando la manera en que los investigadores latinoamericanos se relacionan con la literatura global, y le dan sentido para responder preguntas propias de la región

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