Administrativo

En consonancia con las finalidades establecidas para el proceso y la sanción disciplinaria, este manual de derecho disciplinario se erige como una herramienta fundamental de ilustración general sobre los principios, normas, procedimiento y sanciones que, a juicio de los autores, son de imperativo conocimiento para los servidores públicos, profesionales del derecho, operadores disciplinarios e inclusive para aquellos particulares que desempeñan funciones públicas, a los que a partir de un lenguaje claro, preciso, conciso y sencillo se pretende facilitar la comprensión de las generalidades del procedimiento disciplinario y de los principios. en que se funda. Ahora bien, el contenido del texto se divide en tres capítulos, el primero define de forma general los principios básicos en que debe fundarse la actuación disciplinaria; el segundo señala las etapas y procedimiento que debe observar el operador disciplinario en fase de instrucción y juzgamiento, haciendo hincapié en la importancia del mandato establecido para los operadores disciplinarios de observar las garantías fundamentales, constitucionales y legales que arropan al sujeto disciplinable.  Finalmente, el tercer capítulo de esta obra aborda uno de los temas más polémicos del derecho disciplinario en la actualidad, relativo a las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios elegidos por voto popular, allí, los autores se aventuran a plantear algunas propuestas sobre cómo superar la discusión que se zanja a partir del caso Petro Orrego vs Colombia; de esta manera lograr, en lo que consideran los autores, que el régimen disciplinario colombiano se acomode al estándar Interamericano.

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Contiene las modificaciones de la Ley 2080 de 2021; 2195; 2207 “Términos Derecho de Petición”; 2213 de 2022 “Por la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020” Sentencia C-91/2022 Ley 2220 de 2022

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Descripción El derecho procesal es el instrumento diseñado por el Legislador para lograr la realización del derecho sustancial. En consecuencia, quien conoce el proceso judicial diseña su victoria. Por ello, a través del presente manual suministro una serie de herramientas útiles para que los lectores se conviertan en los escultores de la justicia en el ámbito de las actividades litigiosas. El texto está nutrido con normas, doctrina, jurisprudencia y la experiencia académica y profesional adquirida por el autor durante 20 años dedicados al litigio. No se agota el texto en el ámbito de la teoría, pues incluye una parte práctica, en la que se plasman situaciones reales para que el lector aprenda a elaborar solicitudes de conciliación y demandas contenciosas administrativas. El autor.

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Contiene la reforma de las Leyes 2080 de 2021, 2213 de 2022 y la 2220 de 2022 La Ley 640 de 2001, cuya vigencia empezó a partir del día 6 de enero de 2002, abrió un nuevo panorama en todos los conflictos en Colombia para desjudicializarlos y permitir la solución oportuna, dándole un nuevo impulso a la institución, exigiendo en el ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales el previo agotamiento del trámite de conciliación, estableciéndolo como requisito de procedibilidad. Por su parte, la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, extendió la conciliación prejudicial a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y así el artículo 161, numeral 1.º del CPACA consagró la obligación de acudir a la conciliación antes de demandar en los asuntos que sean conciliables de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Recientemente se expidió la Ley 2220 de 2022, con la cual se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en Colombia, la cual entró a regir el 30 de diciembre de 2022, derogando todas las disposiciones anteriores y convirtiéndose en el único régimen vigente para esa figura. En lo referido a lo contencioso administrativo, mantuvo el requisito de procedibilidad en los mismos casos fijados en el CPACA, en los que se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, al paso que actualizó sus reglas y procedimientos, buscando, ante todo, la protección del interés general y la salvaguarda del patrimonio público. Esta nueva reglamentación unificó y estandarizó la dispersión normativa que existía sobre la conciliación, pues dado que esta se regía en algunos aspectos por la Ley 640 de 2001, por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y por el CPACA, se generaban conflictos de interpretación que, en algunos casos, terminaban dificultando el uso de este instrumento y afectando el acceso a la justicia de los ciudadanos.

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La naturaleza y funciones de los principios jurídicos en el Estado social y constitucional de derecho constituye uno de los temas de mayor importancia para la teoría general del derecho, el derecho constitucional y el derecho procesal. En esta oportunidad, el autor demuestra de manera original y desde una perspectiva sociojurídica, que toda idea de principios jurídicos debe corresponder a las circunstancias de cada contexto, al deseo de cada sociedad por alcanzar la justicia material y a su interés por limitar el ejercicio del poder.  Con una metodología práctica, pero sin rehuir a las reflexiones más profundas en relación a los principios jurídicos, el autor indica que son mucho más que criterios auxiliares de la actividad judicial. En el Estado social y constitucional, son normas pertenecientes al ordenamiento jurídico que condicionan la validez de las restantes normas, concretan el contenido de los valores y limitan el ejercicio del poder, cumpliendo una importante función jurídica, axiológica y política, respectivamente. La Excepción de Principialidad, novedosa propuesta de control constitucional que ya es aplicada por funcionarios jurisdiccionales y administrativos, responde a dos crisis: la del razonamiento jurídico liberal con el ingreso del Estado social y constitucional y la de la administración de justicia. Ambas truncaron el cumplimiento de la función principal del constitucionalismo: la limitación del ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales. Es una herramienta teórica y práctica fundamental para todo jurista que confía en la posibilidad de fusionar la justicia material con una idea de derecho entendido como principal instrumento para la transformación social.  

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Ley 1952 de 2019 incluidas las modificaciones de la ley 2094 de 2021, en paralelo con el código disciplinario único Ley 734 de 2002

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El objetivo de estas lecciones consiste en examinar las múltiples hipótesis que suelen presentarse en cada etapa del proceso ejecutivo, estudiar los problemas jurídicos que surgen y proponer la solución más apropiada de cara al régimen normativo contemporáneo. Para alcanzarlo se emplea la casuística que ofrece la experiencia forense, y se echa mano de la ley, de los principios generales del derecho procesal, de la doctrina constitucional y de los criterios aplicados en la jurisprudencia de las cortes colombianas. El autor es especialista en derecho procesal civil y doctor en derecho. Su tesis doctoral sobre la “eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad” mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de derecho procesal en las universidades bogotanas Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, de los Andes, del Rosario, Libre y Santo Tomás. Participó en la redacción de las leyes 794 de 2003, 1098 de 2006, 1194 de 2008, 1395 de 2010 y1564 de 2012 (Código General del Proceso). Aparte de la tesis doctoral, ha publicado múltiples obras, entre las cuales se destaca el Código General del Proceso comentado (2023).

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La siniestralidad vial es una preocupación global que anualmente resulta en la pérdida de aproximadamente 1,19 millones de vidas (Organización Mundial de la Salud [oms], 2023), además de numerosas lesiones graves. En Colombia, entre enero y noviembre de 2023 se reportaron 7576 víctimas fatales en siniestros viales ("Más de 7.500 víctimas por accidentes", 2023). El exceso de velocidad destaca como uno de los principales factores de riesgo tanto en Colombia como a nivel global, pues según la oms (2023) está implicado en cerca del 40% de los accidentes mortales. Este factor subraya la urgencia de que haya políticas más estrictas y campañas efectivas de concienciación para mejorar la seguridad vial.

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En materia de compensación de los perjuicios inmateriales por daño a la  salud y de la vida de relación, en el Consejo de Estado y la Corte  Suprema de Justicia, desde el nacimiento de esta subcategoría, se han  emitido fallos que para los planteamientos de esta investigación generan  violación al derecho de igualdad, y se constituye en un claro  quebrantamiento al principio de reparación integral de las víctimas, por  cuanto el resarcimiento económico a falta de baremos compensatorios y  el arbitrio judicial cómo criterio subjetivo del juzgador no son suficientes  para satisfacer aspectos de igualdad, dado el matiz poco estructurado de  elementos axiológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos, sobre la  magnitud de este como criterio omnicomprensivo del ser humano en la  pérdida de esos aspectos sustanciales de la vida. Desde esa óptica  hacemos críticas profundas al sistema existente y planteamos  recomendaciones de cómo llevarlos al plano de la igualdad, pues el  sistema de competencias judiciales en Colombia no puede ser óbice de  criterios desiguales frente a daños de semejante identidad. 

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El presente libro comenta una a una las normas de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

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Publicación diseñada para el uso académico y profesional, contiene la actualización de las cuantías para determinar competencias para efectos de control jurisdiccional en aquellos procesos adelantados en vigencia del anterior decreto 01/84

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Tomo I: Introducción general. Parte primera. La administración y su régimen jurídico. Título primero. Aspectos fundamentales del derecho administrativo. La noción de derecho administrativo. Origen y estado actual del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. Los principios en el derecho administrativo. El principio de legalidad. Título segundo. La organización administrativa. Fundamentos de la organización administrativa. La administración nacional. La administración territorial. Título tercero. Los medios de acción de la administración. La función pública. El patrimonio público. Título cuarto. El derecho administrativo transnacional o global. La noción de derecho administrativo transnacional o global. La administración pública transnacional. La función y la normativa administrativas transnacionales. El control de la normativa y de las actuaciones de la administración pública transnacional.

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