Administrativo

En el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.En desarrollo de la actividad ministrativa se apela inexorablemente a la contratación pública como un instrumento para el cumplimiento de los fines del Estado, en especial para la satisfacción del interés general, es así como el procedimiento administrativo contractual están inmersas actuaciones, tales como el acto de adjudicación y el contrato mismo, de los cuales deontológicamente se pregona, en el presente texto, ser demandados por cualquier persona sin necesidad de la acreditación de un interés directo lo anterior porque el contrato público, al igual que todos sus componentes previos y posteriores constituye un proceder Sublime que involucra a todos los ciudadanosEn el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.

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El control sobre los recursos públicos y la eficacia del mismo ha sido una constante preocupación en la historia del Estado Social de Derecho colombiano y en la evolución de nuestras instituciones político-administrativas, como también lo ha sido el cuestionamiento ciudadano permanente por los resultados de este control. Cabe entonces preguntarse ¿En Colombia tiene funcionalidad el control fiscal? ¿Es necesario estudiar otros sistemas de control fiscal y de autocontrol para propender por una mayor eficacia y eficiencia de nuestros recursos públicos? De consuno con estos interrogantes, es menester tomar en cuenta la historia de la evolución institucional de las contralorías y del control fiscal propiamente dicho, para así comprender cómo se llegó a lo que hoy tenemos. Adicionalmente, a estos supuestos teóricos se debe agregar la ubicación del control fiscal dentro de los demás controles al ejercicio del poder político. En este sentido, se ha erigido la ubicación de las contralorías como pieza principal, mas no única, en el sistema de control fiscal, y, finalmente, su papel como parte del conjunto de “instituciones presupuestales”, es decir, aquellas a través de las cuales se expresa la economía pública…

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La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general. Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse. Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.

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En Colombia, el incremento de siniestros viales impacta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia de COVID-19 generó una disminución temporal en estos eventos, la subsiguiente reactivación ha provocado un aumento alarmante, exacerbado por el uso intensivo de vehículos privados y conductas de conducción peligrosas. Este documento se propone dos objetivos esenciales: informar y sensibilizar sobre la grave situación de siniestralidad vial que afecta a la infancia y promover la incorporación de Sistemas de Retención Infantil (SRI) como un componente crucial de las políticas de seguridad vial nacionales. Mediante un análisis detallado de estadísticas tanto nacionales como internacionales, se resalta la imperiosa necesidad de adoptar medidas específicas de protección y explora los desafíos asociados a su implementación, subrayando la importancia de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Este documento no solo aborda una crisis de salud pública, sino que también plantea un marco para mejorar las políticas de seguridad vial, integrándolas dentro de un contexto más amplio de salud pública y derechos humanos. Adicionalmente, refuerza los esfuerzos de Dejusticia para tratar la seguridad vial como un asunto clave de salud pública y fomentar políticas que efectivamente reduzcan esta problemática.

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Para la Confederación Colombiana de Consumidores, la Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la ACM, es un placer manifestar nuestro sentimiento de aprecio, estimación y dolor, en el marco académico internacional que rinde merecido homenaje a nuestro querido amigo, compañero, líder, padre, consultor, defensor de los derechos humanos y dirigente social, DON ANSELMIRO DE JESÚS BAÑOL SÁNCHEZ, cuyo legado y banderas se asumen  al interior del movimiento de los consumidores de Antioquia y Colombia, por ser un trabajo continuo y exitoso de más de cuarenta años dedicado a elevar el grado de conciencia comunitaria del país.

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa».

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa»

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Mi sensibilidad por la regulación, en términos de teoría del derecho, está sucintamente expresada en dos textos de mi autoría: En Público y Privado: las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa1, y en Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios2, en los cuales esbocé algunos problemas relacionados con el tema. Claro está que en el segundo libro abordé con detalle mi perspectiva de lo que es la regulación –capítulo XI-, en sentido estrictamente jurídico, pero en el primer texto formulé algunas ideas de tipo teórico-dogmático –en términos de legitimidad del poder- que ponen en cuestión la posibilidad que tiene la regulación, y con mayor razón la autorregulación, de convertirse en una alternativa para la creación de derecho positivo. En este sentido, indicaba que la incidencia del mercado sobre la estructura estatal moderna no solo afecta la forma del Estado y su aspecto externo, sino que interesaba considerar la manera como la producción normativa, antaño alcázar de la soberanía estatal, también sufre una importante transformación, o por lo menos se percibe un proceso desestabilizador en este sentido.

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La presente investigación analiza el régimen disciplinario del congresista en Colombia desde el concepto jurídico alemán conocido como la relación especial de sujeción, con el fin de verificar si realmente aquel servidor público debe soportar dicha carga pública compleja ante el Estado. Así, analizando con suficiencia y de manera detallada dicha categoría, reconocida en Colombia como un principio ius fundamental, este trabajo clasifica adecuadamente qué tipo de relación especial de sujeción ostenta el congresista, para posteriormente, revisar desde criterios propios de la categoría doctrinal si es plausible definir que dicho servidor público ostente el mayor status desigual en razón o con ocasión de las atribuciones funcionales adquiridas. Actualmente, el régimen disciplinario administrativo del congresista está compuesto por la Ley 1952 de 2019 y la Ley 1828 de 2017; sin embargo, académicamente no se ha evaluado si material y formalmente está justificada dicha coexistencia de normas. Por ello, este trabajo, a través de la relación especial de sujeción hace un análisis minucioso formal y material de por qué está justificada la configuración legislativa actual, revisándose las funciones públicas que ejerce, la investidura que ostenta, y el sistema de elección, para que a posteriori no se ponga en riesgo la legitimidad de la potestad disciplinaria contra el parlamentario.

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