Teoría y dogmática de los delitos contra la administración pública
A lo largo de estas páginas se aborda el tema desde la perspectiva de los tipos penales y discute instituciones jurídicas de las ciencias penales como el principio de oportunidad, la suspensión de ejecución de la pena, los beneficios penitenciarios, la imprescriptibilidad, la inhabilitación y la reparación civil.
El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.
Este libro es el fruto de las JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE DERECHO PROCESAL, organizadas por las entidades antes mencionadas bajo la Coordinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2017 en esta misma ciudad, con el propósito no de lograr utópicos y muchas veces no deseables unanimismos, sino simplemente el de abrir un espacio de reflexión académica para los diferentes actores del proceso penal sobre temas de mucha relevancia en el quehacer diario judicial.El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.
Tras dos décadas de la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Colombia, nos surge una pregunta inquietante: ¿Por qué, a pesar de tener una estructura normativa clara, nuestro sistema judicial-penal sigue sumido en la congestión, la imprecisión técnica y las interpretaciones personalistas?
En esta obra proponemos desmitificar las complejidades que han convertido el proceso penal en un obstáculo para la justicia. Por medio de una crítica aguda a la «actitud personalista» de los profesionales del derecho, creamos una herramienta simple, lógica y práctica: el mapa del caso.
En ella se busca demostrar cómo en la administración de justicia, no solo desde el ámbito del juez, sino también desde la postura de los abogados defensores y fiscales, se desarticula el sistema penal, que en los códigos consagra el compromiso y la necesidad de eficacia, justicia real, restauración del daño y celeridad procesal, pero que, en la vida real, ninguno de esos objetivos se logra.
El mapa del caso no es solo un libro de teoría jurídica; es un llamado a crear metodología para el estudio del caso penal, en el que se evidencia la coherencia, la lógica y la eficacia en los estrados. Es una invitación a dejar atrás la búsqueda de figuración personal para retomar el verdadero norte de la abogacía; permitir la fluidez y la claridad en la administración de justicia, teniendo en cuenta el espíritu de las normas procesales y sustanciales.
La aplicación de esta propuesta aportará a la eficacia en el ejercicio de la abogacía en el campo penal, y también dará a conocer cómo plantear y llevar un caso desde la óptica del defensor, el juez y el fiscal, para evitar llegar a la etapa de juicio, con lo que denominamos como un «caos procesal» y a cambio se propone crear el mapa del caso, en el que se evidencia estudio, método, conocimiento, estructura y, sobre todo, táctica y estrategia procesal, lo que limita la creencia, equivocada, por supuesto, de que el juicio es un teatro político o un juego de azar.
Sugerencia para defensas penales estratégicas es un libro de consejos
que tiene su génesis en la experiencia personal, profesional y docente.
Es el atisbo desde una ventana alta a partir de la cual se ve el desarrollo
de la manera como se hace justicia en Colombia, los altibajos y los
inconvenientes que debe conocer y sortear el futuro abogado en el
momento de la litigación. La práctica judicial que se respira a diario
(intrigas subrepticias, incomodidades y rivalidades), que lleva a
reconocer que en el intrincado judicial (fiscal y defensa) se crea, siempre,
un juego de insidias y de extremos odiosos inevitables. Luego, el
abogado debe estar preparado, manejar técnica oral (la palabra como
acto de astucia), conocer espectros temáticos de cada uno de los delitos
(referentes jurisprudenciales) y saber elegir la mejor estrategia (técnica
de litigación). Hacer las cosas bien es el mejor truco del abogado
litigante. Este libro es ideología y buenas lecciones de qué es lo que se
encuentra en el litigio y el paso itinerante por unos abismos que deben
ser caminados con mucho cuidado y prudencia.
En el derecho colombiano se empezaron a reconocer los daños causados por los enemigos del Estado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tradición jurídica que mantuvieron las altas cortes y que se conserva hasta hoy. A pesar de que, en la actualidad, es indudable la posibilidad de reconocer los daños causados por los grupos armados ilegales, el Consejo de Estado ha fijado unos parámetros para su reparación integral, los cuales no conocen todos los operadores jurídicos. Ante este vacío, fue necesario, tanto desde una perspectiva académica como desde una jurídica, sistematizar la jurisprudencia para que abogados, jueces, litigantes y todo el que quiera conocer el complicado mundo de la responsabilidad estatal pueda acceder fácilmente a esta información y, concretamente, al complejo tema de “La responsabilidad estatal por los daños causados por los grupos armados en la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia”.
Con el ánimo de seguir contribuyendo con el análisis y difusión de los aportes jurisprudenciales de nuestras máximas corporaciones de justicia, la Librería Jurídica Sánchez, presenta a consideración de sus lectores y amantes de estos temas, la REVISTA JURISPRUDENCIAL No. 22, correspondiente al segundo semestre del año 2021. Nuestro objetivo ha sido dar a conocer los pronunciamientos más relevantes e impactantes que se ventilan en los tribunales, que involucran a los ciudadanos y personalidades de la vida pública nacional.
En esta oportunidad, la REVISTA está dividida en siete partes: En la Primera Parte destacamos tutela que fuera resuelta en favor de Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., por publicación de providencia en la REVISTA JURISPRUDENCIAL.
En la Segunda Parte resaltamos varios estudios doctrinarios: -A propósito de la discusión sobre la aprobación del aborto en Colombia el papel de los jueces y el equilibrio entre lo sagrado y lo secular en las decisiones judiciales.
La Tercera Parte dedicada a destacar providencias de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La Cuarta Parte, destaca novedosos pronunciamientos de la Sala Penal de la CSJ, -Caso del Exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, -Caso del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, -Caso del Exgobernador de Boyacá, Richard Aguilar.
La Quinta Parte, destaca providencias importantes del Consejo de Estado.
La Sexta Parte está encargada de destacar tutelas y sentencias de la Corte Constitucional: Eutanasia o muerte digna.
La Séptima y última parte, está dedicada a destacar legislación con carácter penal expedidas durante el segundo semestre de 2021: -Ley 2197 de 2022, -Ley 2168 de 2021, -Decreto 1417 de 2021, -Ley 2111 de 2021.
Entre los meses de febrero y marzo del presente año, El Tribunal Superior de Medellín (Colombia), y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (México), con el auspicio y apoyo de varias instituciones universitarias y estatales nacionales, organizaron en la capital antioqueña las II Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal con la participación de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, más de cuarenta conferencistas nacionales e internacionales de las más excelsas calidades académicas y personales y con la inscripción virtual y presencial de más de 5000 participantes.
En este foro académico internacional las ponencias se aglutinaron alrededor de seis ejes temáticos: justica restaurativa, dogmática y proceso penal, régimen de nulidades en el proceso penal, allanamientos y negociaciones en el proceso penal, régimen probatorio en el sistema penal y, derechos fundamentales y proceso penal.
Las Jornadas, de esta manera, lograron convertirse en un foro de discusión y reflexión internacional de temas no solo de latente actualidad, sino de común preocupación a todos los países iberoamericanos, los cuales fueron abordados desde muy diversas perspectivas, lo que permitió seguir con nuestra política de ser un foro absolutamente pluralista y democrático.
Fruto de esta gran experiencia intercontinental surge la obra jurídica Derecho procesal penal III. Cuestiones fundamentales en la cual se condensan la mayoría de las ponencias cuyo propósito no es más que dejar documentado el evento académico, para que el libro sirva de material de consulta sobre los diversos temas que ahí se tocaron, nunca bajo la pretensión ingenua de sentar verdades o cerrar discusiones, sino, por el contrario, de abrir puertas a la incertidumbre y plantear nuevas preguntas sobre los temas tocados que en algo contribuyan al avance de la ciencia del derecho.
Leonardo Efraín Cerón Eraso
Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Medellín
Coordinador académico
Históricamente, el control fiscal en Colombia ha tenido varios períodos de transformación parcial, pero que no han sido simétricos con la dinámica del país y mucho menos con la acelerada corrupción que ha permeado las instituciones del Estado colombiano, sin que podamos tener la certeza de que las normas, los procedimientos, los sistemas de información y las técnicas de verificación, entre otros, sean instrumentos contundentes para combatir esta plaga que desangra las finanzas públicas del país.
Con esta publicación procuramos articular varias herramientas existentes hoy en Colombia, para el adecuado ejercicio del control fiscal, que, si bien no garantizan que la putrefacción de las entidades del Estado desaparezca, por lo menos, sí puede atenuar este cáncer que nos está destruyendo a pasos agigantados, ante la mirada impotente de los ciudadanos de bien que observan cómo el recaudo de los tributos es utilizado para alimentar a aquellos zánganos de la patria.
En el año 2001, recién comenzaba la vigencia del actual Código Penal -Ley 599 de 2000-, escribimos la obra FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, teniendo básicamente como norte el llamado ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN contenido en la Ley 190 de 1995, aunque comparándolo con las nuevas normas penales. Las pretensiones de ese estatuto eran combatir la corrupción administrativa en todos los sectores de la administración pública, como uno de los grandes males que siempre ha existido en Colombia y en otras latitudes del universo, porque el dinero fácil es la más grande oportunidad y tentación de enriquecimiento con el patrimonio público para aquellos servidores del Estado que no tienen unos valores morales y éticos bien acendrados. Por ello, para nadie es un secreto que los delitos contra el Patrimonio Económico del Estado, se incrementan día a día y que el respeto por los bienes oficiales se ha acrecentado de una manera desbordada, al punto que los ciudadanos del común los miran con cierta tolerancia y aún con complacencia, cuando indirectamente resultan beneficiados con las desviadas conductas de los servidores públicos…
El fenómeno de la delincuencia organizada o de las empresas criminales, ha obtenido un amplio, pero sobre todo, vertiginoso avance en el contexto social latinoamericano que les ha permitido a los grupos delincuenciales expandir su radio de acción desde su país de origen a otros territorios del continente.
No se puede ignorar los ingentes esfuerzos y avances que han intentado realizarse desde los distintos colectivos para edificar una serie de políticas criminales trasnacionales para hacerle frente a esta problemática, pero tampoco se pueden desconocer las maniobras empleadas por estos emprendimientos criminales para mutar su accionar y seguirse manteniendo al margen del radar de acción de las autoridades que abogan por su judicialización.
Las diferentes maneras en que se desarrolla la actividad delictiva organizada, los fines ilícitos más recurrentes, las formas en que se mimetizan en la sociedad, los modos usados para agrandar su acción nacional y trasnacional, entre otros aspectos, son temas que merecen ser materia de un estudio coherente y, sobre todo, mancomunado por parte de los Estados, contando con el apoyo de la comunidad jurídica con miras a obtener respuestas claras sobre la forma en que se deberían encaminar las diferentes políticas criminales que busquen hacerle frente, de forma certera, a esta problemática que día a día prolifera a lo largo y ancho del continente.
«EL DERECHO PENAL MILITAR Y POLICIAL. Su historia y su normatividad jurídica» recoge la evolución que ha tenido lo concerniente a esta materia, haciendo un recorrido por la historia universal y nacional, posicionándose con propiedad en aspectos que resultan uniformes en las civilizaciones del mundo particularmente en Roma, Francia y España. Así, se viene a concluir que aspectos como el monopolio de las armas en manos del estado, la obligatoriedad de la prestación del servicio militar como acto de honor patrio, la usanza de uniforme y acicalamiento propias del militar, la organización interna y las estrategias de combate organizado e inteligente fueron copias de modelos que triunfaron en otras latitudes.
Igual decir, de la legislación (prestada en un inicial momento) frente al fuero penal militar y policial y al derecho poliforme militar (laboral, disciplinario y penal) que da pauta para la propia confección del nuestro y su institucionalidad, incluyéndose claro está, la figura del iudex militari o juez militar que abrió el espacio de la historia nuestra.
Así entonces, esta obra surge como necesaria ante la disparidad que caracteriza al DPMP, creando así una fuente importante de consulta y abordada con la seriedad académica e histórica que contribuirá a su estudio y posicionamiento actualizado, revisándose también la institucionalidad y sus normas (Ley 1407 de 2010) que conforman el acuño de un derecho privilegiar y exclusivo propio de una jurisdicción especial.
Ley 65 de 1993. Incluye en su articulado las reformas de las Leyes 2346 de 2024; 2197 de 2022; 2098 de 2021; 2014 de 2019; 1709 de 2014, 504 de 1999, 415 de 1997 y el Decreto 2636 de 2004
