Penal

Gustosamente presentamos a consideración del público amante de los estudios y compilaciones jurisprudenciales, este primer tomo del estudio sobre los Delitos contra la Administración Pública, dedicado al DELITO DE PECULADO, en todas sus manifestaciones dogmáticas, de acuerdo con la consagración legal que hace el Título XV del Código Penal.  Nuestra intención no ha sido ni será la de pontificar sobre estos delitos, labor que dejamos a quienes, desde hace muchos años, han cimentado, a través de juiciosas obras jurídicas, todo el conocimiento posible sobre la interpretación de las normas que sobre estos temas decantaron los códigos penales de 1936, 1980 y 2000. Al lado de estos grandes doctrinantes, se encuentran también eméritos jurisconsultos que dieron  brillo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos, al unísono, forjaron las teorías que se reproducen con autoridad por las nuevas generaciones de magistrados, quienes, alimentados con nuevas interpretaciones jurídicas, sientan las novedosas tesis interpretativas de los delitos contra la Administración Pública.  Nuestro aporte, en estos temas, no va más allá, del compendio organizado y sistematizado de los hitos y desarrollos jurisprudenciales, con el único propósito de servir de herramienta útil y oportuna a los distintos operadores jurídicos. Labor que adelantamos de la mano de las explicaciones casuísticas que hagan más entendibles las síntesis jurisprudenciales. El tomo segundo de esta serie jurisprudencial, estará dedicado a los DELITOS DE CONCUSIÓN Y COHECHO.

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«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.“…Castaño utilizó la palabra como último recurso. Con voz recia dio la orden a los combatientes parados en frente de él, apuntándole, que le dijeran quién estaba detrás de todo el operativo. Pronto llegó Monoleche y todo rastro de duda de Carlos Castaño cesó. Como si acaso se hubiera evaporado”.»«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.“…Castaño utilizó la palabra como último recurso. Con voz recia dio la orden a los combatientes parados en frente de él, apuntándole, que le dijeran quién estaba detrás de todo el operativo. Pronto llegó Monoleche y todo rastro de duda de Carlos Castaño cesó. Como si acaso se hubiera evaporado”.»«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.

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La celeridad, eficiencia y eficacia son elementos fundamentales en el ejercicio de la administración de justicia, una administración de justicia que continúa congestionada. Se requiere en consecuencia que los servidores judiciales actúen con agilidad y dinámica. En este sentido, la Corte Constitucional decantó en la sentencia C 037 de 1996 que examinó la exequibilidad de la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Justicia, que “el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador”.

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«El sistema de procesamiento criminal establecido en Colombia mediante la ley 906 del 2004, con las consiguientes reformas, ley 1142 de 2006 y la 1453 de 2011, incorpora una nueva forma o sistema de debate y de demostración de las postulaciones de las partes.Al tratarse de un sistema que desarrolla toda su estructura, o casi toda, a través de la oralidad, es imperativo para las partes e intervinientes un conocimiento concreto y profundo de las destrezas necesarias para poder entregar al juez con claridad y en forma ordenada y entendible sus posiciones en torno a los diferentes aspectos que en cada audiencia se confrontan».«El sistema de procesamiento criminal establecido en Colombia mediante la ley 906 del 2004, con las consiguientes reformas, ley 1142 de 2006 y la 1453 de 2011, incorpora una nueva forma o sistema de debate y de demostración de las postulaciones de las partes.Al tratarse de un sistema que desarrolla toda su estructura, o casi toda, a través de la oralidad, es imperativo para las partes e intervinientes un conocimiento concreto y profundo de las destrezas necesarias para poder entregar al juez con claridad y en forma ordenada y entendible sus posiciones en torno a los diferentes aspectos que en cada audiencia se confrontan».

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La presente obra está destinada para que sirva de utilidad práctica, a Fiscales, Jueces, Procuradores, Defensores Públicos, Abogados Litigantes, principalmente, y les permita resolver situaciones que le correspondan definir en los procesos penales, o intervenir de cualquier manera en los mismos, existe esa necesidad toda vez que el sistema procesal penal acusatorio que rige en nuestro País, así lo exige, no hay tiempo para dar una definición en curso de estos procesos de consultar los textos jurídicos de autorizados expositores del Derecho Penal, la oralidad y las características de este sistema así lo imponen. Al mismo tiempo, realizo un análisis breve de algunos delitos del que poco se han ocupado los más destacados tratadistas en esta materia en nuestra Nación. Y propongo por existir necesidad de ello, de realizar para algunos delitos, una reformulación típica para que tengan plena aplicación y de algunas circunstancias de agravación con el mismo fin, y para otros delitos del que me ocupo, agregar otros requisitos de tipicidad. Primera obra que escribo; con la esperanza de que sea de provecho para la comunidad Jurídica de nuestra Nación, y con el propósito de seguir con esta pedagogía implementada con la metodología de preguntas y respuestas.

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Este texto lo he titulado “Manual práctico de derecho penal general”, porque eso es lo que pretende, ser un manual, explicar con lenguaje sencillo la dogmática del derecho penal.  No pretende ser un tratado, tampoco el crear nuevas teorías del derecho penal solo busca invitar al lector a darse la oportunidad de adentrarse en los caminos de esta rama del derecho. La motivación para la construcción de esta compilación sencilla, fue la sugerencia de estudiantes de Derecho que me pidieron que lo desarrollado en clase se estructurara en un trabajo como este. La obra está estructurada en siete capítulos, en donde se hace un análisis del por qué del derecho penal,  la reseña del derecho penal en Colombia. Luego en el capítulo dos se desarrollan los principios rectores y su armonía con la Constitución Política. Posteriormente en el capítulo tres se desarrolla el estudio de la conducta punible. En los capítulos cuatro, cinco y seis se estudia la estructura tripartita de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para terminar abordando en el capítulo siete la punibilidad y las consecuencias civiles de la conducta antijurídica.

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Innovar, replantear, reaprender, inventar, crear, descubrir, idear, revaluar, son las constantes de nuestro equipo de trabajo y ello por cuanto el sistema procesal penal de corte acusatorio es dinámico, exigente y de constante aprendizaje, es ese contexto; el que nos motiva a nuestra dinámica, esperamos sea de su disfrute.

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Entre los meses de febrero y marzo del presente año, El Tribunal Superior de Medellín (Colombia), y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (México), con el auspicio y apoyo de varias instituciones universitarias y estatales nacionales, organizaron en la capital antioqueña las II Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal con la participación de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, más de cuarenta conferencistas nacionales e internacionales de las más excelsas calidades académicas y personales y con la inscripción virtual y presencial de más de 5000 participantes. En este foro académico internacional las ponencias se aglutinaron alrededor de seis ejes temáticos: justica restaurativa, dogmática y proceso penal, régimen de nulidades en el proceso penal, allanamientos y negociaciones en el proceso penal, régimen probatorio en el sistema penal y, derechos fundamentales y proceso penal. Las Jornadas, de esta manera, lograron convertirse en un foro de discusión y reflexión internacional de temas no solo de latente actualidad, sino de común preocupación a todos los países iberoamericanos, los cuales fueron abordados desde muy diversas perspectivas, lo que permitió seguir con nuestra política de ser un foro absolutamente pluralista y democrático. Fruto de esta gran experiencia intercontinental surge la obra jurídica Derecho procesal penal III. Cuestiones fundamentales en la cual se condensan la mayoría de las ponencias cuyo propósito no es más que dejar documentado el evento académico, para que el libro sirva de material de consulta sobre los diversos temas que ahí se tocaron, nunca bajo la pretensión ingenua de sentar verdades o cerrar discusiones, sino, por el contrario, de abrir puertas a la incertidumbre y plantear nuevas preguntas sobre los temas tocados que en algo contribuyan al avance de la ciencia del derecho. Leonardo Efraín Cerón Eraso  Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Medellín  Coordinador académico

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Históricamente, el control fiscal en Colombia ha tenido varios períodos de transformación parcial, pero que no han sido simétricos con la dinámica del país y mucho menos con la acelerada corrupción que ha permeado las instituciones del Estado colombiano, sin que podamos tener la certeza de que las normas, los procedimientos, los sistemas de información y las técnicas de verificación, entre otros, sean instrumentos contundentes para combatir esta plaga que desangra las finanzas públicas del país. Con esta publicación procuramos articular varias herramientas existentes hoy en Colombia, para el adecuado ejercicio del control fiscal, que, si bien no garantizan que la putrefacción de las entidades del Estado desaparezca, por lo menos, sí puede atenuar este cáncer que nos está destruyendo a pasos agigantados, ante la mirada impotente de los ciudadanos de bien que observan cómo el recaudo de los tributos es utilizado para alimentar a aquellos zánganos de la patria.

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El nuevo Código Procesal Penal incorpora en nuestro derecho un modelo acusatorio, garantista y con rasgos adversariales. Ello, más que un cambio normativo implica un cambio cultural, porque se reemplaza la totalidad de paradigmas existentes en materia de administración de justicia penal. En el tema específico del juzgamiento, se introducen las técnicas de litigación oral, sin las cuales es imposible para cualquier operador participar en un juicio. Ciertamente todo cambio de ese tipo es traumático en su fase inicial, pero con una adecuada capacitación los objetivos pueden lograrse como ha sucedido en gran parte de nuestro países hermanos (Chile, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, etc.), donde a la fecha el citado modelo viene aplicándose con éxito.

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Hoy, en el mundo entero y especialmente en Colombia, además de los tipos penales tradicionales, nos encontramos con una novedosa gama de actos delictivos, que, por desarrollarse en el universo virtual, no son de común observancia. Existe, entonces, la necesidad de que sea la criminología la que se ocupe de este fenómeno, espacios de comisión delictiva, modos de realización, componentes sociales, políticas públicas para su prevención, investigación, descubrimiento y penalización y que, como criminólogos, nos concentremos en el estudio, el análisis y la comprensión de estos nuevos ambientes delictivos con el objeto de identificar los mencionados factores y a partir de ellos elaborar experticias con mayor nivel de especialización y comprensión del fenómeno delictivo. La criminología, ocupada históricamente en descripción, desarrollo e identificación de la génesis delictiva (Real Academia Española, 2000, p. 1033), formas delincuenciales y perfiles criminógenos, requiere el conocimiento de los orígenes de estas, para lo que es fundamental la actualización científica y tecnológica a partir de la descripción integral de las nuevas conductas desviadas, teniendo como fuente los aportes prácticos y teóricos actuales en la materia.

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El Peritaje Psiquiátrico en el Proceso Penal, es una obra que nace ante la indiferencia judicial que existe en los procesos penales, donde se ve involucrada una persona que ha cometido un delito perseguible bajo la modalidad de atroz. Preocupados por la mala aplicación del Peritaje Psiquiátrico en los procesos penales, y por propia experiencia en la litigación, es que nos vimos motivados a efectuar una investigación profunda, haciendo énfasis en casos ocurridos en diferentes partes de Iberoamérica, siendo nuestro objetivo principal llevar a la comunidad una explicación con fundamentos legales a los efectos que conozcan, como y donde actuar cuando se encuentren frente a un caso de esta naturaleza, la importancia del peritaje psiquiátrico en el proceso penal  se hace necesaria para  eximir y/o ratificar una responsabilidad penal, el juez tiene las herramientas necesarias  y procesales para admitir un dictamen pericial y en caso de dudas aplicar un metaperitaje, esto a los fines de una sana y correcta administración de justicia en aras de una equilibrada, y justa relevancia y supremacía de la ley, siempre teniendo como norte el viejo adagio que reza; dar a cada quien lo que le corresponda. Podemos concluir, sin  temor a equivocarnos que, la presente obra es un importante aporte a las ciencias jurídicas, y servirá de referencia, a los Estudiantes, Abogados y público en general, pero con especial interés a los administradores de justicia y con ahínco en los abogados litigantes, quienes son las llamados a conocer a profundidad la actuación de los peritos y así poder hacer las preguntas necesarias para esclarecer un hecho y evitar a toda costa que triunfe la injusticia.

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