La obra aborda la jurisdicción indígena como un reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de Colombia, fundamentado en los derechos constitucionales para proteger la identidad, las instituciones, las costumbres y los sistemas jurídicos propios de los pueblos originarios.
Se centra en el procedimiento que se sigue ante los órganos internacionales del sistema (la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Analiza cómo estos mecanismos limitan y complementan las jurisdicciones internas de los Estados miembros cuando se vulneran derechos fundamentales.
Concepto Clave: Un eje fundamental de la obra es el desarrollo del "control de convencionalidad". El autor explica la obligatoriedad que tienen los jueces y autoridades nacionales de aplicar las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en sus propias decisiones, garantizando la supremacía de los estándares internacionales sobre el derecho interno.
La obra analiza el derecho fundamental de las víctimas a la verdad como el eje central para justificar mecanismos de justicia transicional en Colombia. Su enfoque principal incluye:
Legitimación de amnistías: Explica cómo el acceso a la verdad puede fundamentar el decreto de amnistías e indultos sin que estos se traduzcan en impunidad.
Contexto colombiano: Aborda el dilema entre la aplicación de justicia y la paz tras los acuerdos con grupos armados.
Derecho Internacional: Examina la obligación del Estado de adecuar sus normas para garantizar que la verdad sea un componente restaurativo efectivo.
La obra realiza una investigación sobre el pasado, presente y futuro de los procesos de justicia transicional en Colombia, enfocándose en el acuerdo para el fin del conflicto y su marco constitucional
Aborda cómo el derecho internacional se integra en los ordenamientos jurídicos nacionales para orientar y limitar la actuación del poder público, asegurando la protección de los derechos fundamentales.
La obra se centra en el sistema procesal penal colombiano (Ley 906 de 2004) y defiende los siguientes puntos clave:
Naturaleza Jurídica: Analiza la imputación como el inicio formal de la etapa de investigación y no solo como un trámite administrativo.
Régimen Probatorio: Examina los requisitos de información y carga probatoria que la Fiscalía debe cumplir para comunicar los cargos a un indiciado.
Efectos Procesales: Aborda las consecuencias legales de la audiencia, como la interrupción de la prescripción de la acción penal y la vinculación formal del sujeto al proceso
Analiza la inimputabilidad como una categoría jurídica en la que el sujeto, al momento de realizar una conducta típica, no posee la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse según ella debido a inmadurez psicológica, trastorno mental o diversidad sociocultural
La obra analiza el principio de oportunidad como una herramienta esencial de la política criminal en el sistema penal acusatorio colombiano, permitiendo la terminación anticipada del proceso. Entre sus temas principales destacan:
Marco Teórico: Ubicación del principio en la teoría general del derecho y su relación con el principio de legalidad.
Justicia Restaurativa: Su papel en la reparación integral a la víctima y la solución alternativa de conflictos.
Aplicación Práctica: Análisis de las causales reguladas en el Código de Procedimiento Penal (Art. 324) y el control de legalidad por parte del juez de garantías.
Este texto analiza el principio de oportunidad específicamente dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), donde adquiere un carácter fundante y no meramente complementario, buscando la protección integral y la resocialización del menor.
Esta obra de 103 páginas ofrece una crítica profunda a la forma en que opera la justicia penal militar en el país, cuestionando su efectividad y su apego a los principios del debido proceso y las garantías judiciales. El autor, abogado litigante en las áreas de derecho penal y disciplinario, aborda las problemáticas inherentes a este sistema especializadoEl libro es una obra colectiva que recopila las ponencias y trabajos presentados durante el V Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en la Ciudad de Panamá en julio de 2016. Aborda temas relacionados con el garantismo jurídico y cómo los principios constitucionales permean y orientan el resto del sistema legal.
La obra es producto de una investigación que analiza la prueba ilícita desde una perspectiva histórica y crítica en el contexto colombiano. Entre sus puntos principales se encuentran:
Concepto de Prueba Ilícita: Aquella obtenida mediante la vulneración de derechos fundamentales (como la dignidad, intimidad o debido proceso) o garantías del enjuiciado.
Diferenciación Jurídica: Distingue entre prueba ilícita (violación de derechos fundamentales) y prueba ilegal (incumplimiento de requisitos legales para su asunción).
Constitucionalización: Analiza cómo este concepto se afianzó en Colombia a través de leyes como la Ley 600 de 2000 y el posterior Código de Procedimiento Penal.
Cláusula de Exclusión: Estudia el tratamiento procesal para excluir estos medios de prueba cuando atentan contra la integridad del debido proceso penal.
La investigación se centra en analizar el impacto del control de convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las funciones de las Personerías Municipales y Distritales en Colombia. Los puntos clave incluyen:
Ajuste al Sistema Interamericano: Evalúa cómo las personerías deben aplicar instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente tras el fallo de la Corte IDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia.
Competencia Disciplinaria: Analiza la facultad de las personerías para vigilar la conducta oficial y ejercer potestad disciplinaria en el marco de la Ley 2094 de 2021, que reformó el Código General Disciplinario para alinearlo con estándares convencionales.
Perspectiva Hermenéutica: El texto propone una valoración de cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) redefine las competencias investigativas y sancionatorias de estas entidades locales