Este libro ofrece una sugestiva mirada sobre las complejas relaciones entre verdad, proceso y prueba, en la que se entrelazan con acierto las perspectivas histórica, filosófica, dogmática y comparatista. Su tesis central es que determinar la verdad de los hechos en el proceso es posible y necesario para la justicia de la decisión judicial, particularmente en un sistema jurídico basado en el principio de legalidad. Esta tesis es sólo en apariencia trivial, pues se enfrenta, en realidad, a numerosos adversarios, que postulan –ya sea de modo general, como ocurre con la filosofía postmoderna, ya sea en el ámbito particular del proceso, como ocurre, por ejemplo, con las ideologías que lo conciben como una «cosa privada de las partes» o como un instrumento dirigido exclusivamente a la resolución de las controversias– la irrelevancia de la verdad. Una vez justificada la atribución de una función epistémica al proceso, se realiza en el libro un acucioso análisis comparado y crítico de numerosas instituciones del derecho probatorio. El lector encontrará, así, una detallada evaluación de las reglas de exclusión de prueba, de las diversas modalidades de asunción de la prueba testimonial, de las reglas de prueba legal que todavía subsisten en algunos ordenamientos, de los poderes de instrucción del juez y de la alternativa entre jueces profesionales y jueces legos. Por último, el autor se ocupa también de la decisión sobre los hechos y de su justificación, considerando el rol que corresponde a los estándares de prueba, a las reglas de carga de la prueba y a la exigencia de motivación, para que se pueda decir que esa decisión enuncia la verdad.
Uno de los debates contemporáneos más importantes en la teoría del derecho hispanoamericana ha girado en torno al papel de los jueces en aquellos casos en los que el derecho guarda silencio (i.e., situaciones que el derecho no regula). La relevancia de este debate está determinada por sus conexiones con otros problemas centrales de la teoría jurídica como, por ejemplo, la naturaleza sistemática del derecho, el alcance de la discrecionalidad judicial, la existencia de lagunas normativas, la función de las normas permisivas, la diferencia entre normas y principios, etc. En este libro se analizan dos modelos (Clásico y Alternativo) que ofrecen soluciones opuestas a esos problemas clásicos. Mientras que el Modelo Clásico ha sido desarrollado por Alchourrón, Bulygin y sus discípulos, el Modelo Alternativo se analiza básicamente a partir de textos de Arend Soeteman, Fernando Atria, Juan Ruiz Manero y Juan Carlos Bayón.
Temática central: El dilema histórico de si la jurisdicción constitucional es una función estrictamente técnica o de naturaleza política, y cómo conciliar el control judicial de las leyes (judicial review) con el principio democrático.
Contexto global: La obra examina la vulnerabilidad actual de los tribunales frente a recortes de competencias o nombramientos partidistas en contextos como el de Estados Unidos, España, Hungría, Polonia y América Latina.
La tutela inhibitoria no sólo llama la atención sobre el error que supone unificar las categorías de la ilicitud y la responsabilidad civil, sino que también hace surgir la necesidad de técnicas procesales alternativas a las habitualmente utilizadas por los procesalistas. Si se piensa en el proceso en términos de -tutela de derechos-, se ve que la tutela jurisdiccional no puede seguir clasificándose según criterios procesales, sino que es necesario reflejar su interconexión con el derecho material. Esta forma de ver la tutela jurisdiccional permite diferenciar la tutela inhibitoria de la cautelar, y clasificar las tutelas jurisdiccionales a partir de los puntos que tienen en común.
