LIJURSANCHEZ

Desprevenidamente suele a menudo asimilarse los términos «proceso» y «procedimiento»; por ello es preciso hacer claridad conceptual entre estos vocablos para diluir equívocos existentes.Etimológicamente, ambos términos provienen del termino «procedere» que significa «avanzar», «poner en marcha», o «en movimiento», «desarrollar», etc; sin embargo, son términos disímiles.En efecto, todo proceso requiere para su ejecución o desarrollo de un procedimiento, pero no todo procedimiento es un proceso. Un ejemplo de existencia de procedimiento sin proceso lo encontramos en el artículo 120 del CPTSS que le otorga la facultad a los menores que carecen de representante legal, de nombrar cuaradores para que ejerciten por ellos las acciones laborales que emanen del contrato de trabajo. Si el juez estimare que no es idóneo, le nombrará uno para la litis.Desprevenidamente suele a menudo asimilarse los términos «proceso» y «procedimiento»; por ello es preciso hacer claridad conceptual entre estos vocablos para diluir equívocos existentes.Etimológicamente, ambos términos provienen del termino «procedere» que significa «avanzar», «poner en marcha», o «en movimiento», «desarrollar», etc; sin embargo, son términos disímiles.

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El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal. Este libro es el fruto de las JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE DERECHO PROCESAL, organizadas por las entidades antes mencionadas bajo la Coordinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2017 en esta misma ciudad, con el propósito no de lograr utópicos y muchas veces no deseables unanimismos, sino simplemente el de abrir un espacio de reflexión académica para los diferentes actores del proceso penal sobre temas de mucha relevancia en el quehacer diario judicial.El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.

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En el año 2017 el Tribunal Superior de Medellín, en asocio de otras entidades públicas y privadas, organizó las Jornadas Interinstitucionales de Derecho Procesal Penal y fruto de las mismas se publicó la obra “Derecho Procesal Penal, Cuestiones Fundamentales”, que es el compendio de las ponencias de los 23 conferencistas que participaron el evento, el cual tuvo lugar en la Universidad de Medellín pero que, además, se transmitió vía virtual a ocho Tribunales del país. De ello han pasado 5 años y después de estos extraños tiempos de pandemia, esta Corporación Judicial retomó la idea y nuevamente con la colaboración de diversos sectores, especialmente de la Universidad de Medellín, que se ha convertido en la casa oficial del evento, se organizó, ahora, las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, realizadas entre el 3 de agosto y el 24 de noviembre del año 2022 con la participación de 20 países, entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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Entre los meses de febrero y marzo del presente año, El Tribunal Superior de Medellín (Colombia), y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (México), con el auspicio y apoyo de varias instituciones universitarias y estatales nacionales, organizaron en la capital antioqueña las II Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal con la participación de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, más de cuarenta conferencistas nacionales e internacionales de las más excelsas calidades académicas y personales y con la inscripción virtual y presencial de más de 5000 participantes. En este foro académico internacional las ponencias se aglutinaron alrededor de seis ejes temáticos: justica restaurativa, dogmática y proceso penal, régimen de nulidades en el proceso penal, allanamientos y negociaciones en el proceso penal, régimen probatorio en el sistema penal y, derechos fundamentales y proceso penal. Las Jornadas, de esta manera, lograron convertirse en un foro de discusión y reflexión internacional de temas no solo de latente actualidad, sino de común preocupación a todos los países iberoamericanos, los cuales fueron abordados desde muy diversas perspectivas, lo que permitió seguir con nuestra política de ser un foro absolutamente pluralista y democrático. Fruto de esta gran experiencia intercontinental surge la obra jurídica Derecho procesal penal III. Cuestiones fundamentales en la cual se condensan la mayoría de las ponencias cuyo propósito no es más que dejar documentado el evento académico, para que el libro sirva de material de consulta sobre los diversos temas que ahí se tocaron, nunca bajo la pretensión ingenua de sentar verdades o cerrar discusiones, sino, por el contrario, de abrir puertas a la incertidumbre y plantear nuevas preguntas sobre los temas tocados que en algo contribuyan al avance de la ciencia del derecho. Leonardo Efraín Cerón Eraso  Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Medellín  Coordinador académico

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A diferencia de otros textos, la indagación del profesor Francisco Perea puede considerarse como un delicado y profundo estudio en derecho ambiental. Y se dice «delicado y profundo estudio en derecho ambiental» porque sus páginas analizan, con la pericia de un científico que escudriña en la materia, los aspectos más significativos y destacados de esta importantísima rama del derecho. Dividido en siente capítulos, el libro trata temas que todo fanático del medio ambiente problematiza cuando tiene oportunidad. Por ejemplo, discute cuestiones como los antecedentes del derecho ambiental, sus orígenes en la historia del pensamiento, la relación actual entre medio ambiente y el concepto del desarrollo sostenible, el Estado y el medio ambiente, el sistema colombiano del medio ambiente, la función ecológica de la propiedad, los crímenes contra el medio ambiente, un rodeo bastante interesante respecto a la legislación ambiental, entre otros. ¡No olviden!, la obra del profesor Perea es ante todo un libro de consulta y un curso perfecto en derecho ambiental. ¡Disfrútenlo!

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La transformación radical que ha tenido el proceso penal peruano, unida a la complejidad de alguna de sus instituciones, justifican la publicación de esta obra, a la vez que explican su estructura y contenido.

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Nuevamente al mercado “El Diccionario de jurisprudencia penal”, actualizado totalmente y ampliado en conceptos y aspectos que son necesarios manejar en un momento determinado frente a las lides de la práctica judicial penal. Este es un esfuerzo vivo y real, pensando en una inmensa masa lectora y consultante, que ha entendido el valor académico de este libro, revisado en su enteridad, integridad y cuidado. Se realizó en horas silenciosas y cargadas de una atención especial, todo buscando su corrección y actualización, pedido necesario para responder ante la gran acogida que ha tenido entre los profesionales del derecho penal. Luego, hoy entregamos con mucha satisfacción, su edición 2023. Es la ideación de un libro creativo, articulado en forma temática, cronológica y alfabéticamente organizado para hacer ágil la búsqueda y consulta. Esta vez, su actualización se hace evidente y, además, repetimos, se ha trazado una línea conceptual de términos que se hacen necesarios a la discusión litigiosa y usanza práctica del Derecho Penal; también, su contenido encuentra una caracterización especialísima dado que se ofrece como un libro didáctico y oportuno ante la discusión presurosas que muchas veces surgen en el foro, creando distintas puertas de entrada y alternativas fáciles de revisar y consultar por parte del abogado.

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’Interpretar’ viene del latín interpretor, que dimana de interpres, que designa al traductor, al que hace accesible lo que no se entiende. El interpres era el intermediario capaz de lograr el entendimiento entre las partes. Por tanto, interpretar significa <<servir de intermediario>> o <<venir en ayuda de>>. Lo que hace necesario saber si la Corte Constitucional colombiana, cumple con su tarea de <<venir en ayuda de>> la sociedad, o cooperar con esta, otorgándole en su interacción jurisprudencial una contribución pertinente, verdadera y clara. Este texto, Busca formular correcciones a los posibles desmanes de la Corte Constitucional colombiana cuando se presuman potenciales vulneraciones a los principios de razonabilidad y coherencia, o se pueda deducir interpretación creativa […].

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Para hacer referencia a todo lo que conlleva la palabra Carnaval, se requiere de una mentalidad polifacética; de un pensamiento que sea, al mismo tiempo, el de un historiador, de un antropólogo, de un sociólogo, de un investigador, pero que también posea un poco de teólogo. Cada una de estas disciplinas intelectuales está íntimamente ligada al concepto muy acertado de Carlos Ángel Arboleda Mora, según el cual, el Carnaval, cualesquiera que sean sus características, es una religión universal de celebraciones cósmicas existentes en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Si el Carnaval es una religión, necesariamente se tiene que desarrollar en las profundidades del alma, por cuanto no se concibe al ser humano alejado de cualquier principio de espiritualidad: siempre vivirá aferrado a una deidad creada por él, la cual le proporciona grandes cosas, unas buenas y otras malas. Tal espiritualidad se fundamenta en complejas teorías que explican la creación con todos sus efectos y con todas las incidencias sobre las criaturas. El hombre atribuye, entonces, la aparición, desarrollo y continuidad del Universo a fuerzas y poderes que jamás logrará comprender y que para satisfacer esa natural frustración las explica según su propio obrar y su manera de pensar…

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII

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La Ley de Restitución de Tierras como los decretos que facilitan la restitución de los derechos territoriales étnicos establecen como límite al ejercicio de la acción de restitución por despojo o desplazamiento el 1.º de enero de 1991, y para el caso étnico desde 1990 cuando se trata de despojo o desplazamiento de tierras coloniales. El control de convencionalidad con respecto al ejercicio pretemporal de la acción de restitución tiene como finalidad establecer, a partir del control de convencionalidad, los elementos de juicio necesarios que permitan determinar el carácter inconvencional de la limitación temporal para el ejercicio de la acción de restitución, señalada en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y replicada sin ninguna contemplación a la acción de restitución de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas en los decretos leyes 4633 y 4635 de 2011.

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