A diferencia de otros textos, la indagación del profesor Francisco Perea puede considerarse como un delicado y profundo estudio en derecho ambiental. Y se dice «delicado y profundo estudio en derecho ambiental» porque sus páginas analizan, con la pericia de un científico que escudriña en la materia, los aspectos más significativos y destacados de esta importantísima rama del derecho.
Dividido en siente capítulos, el libro trata temas que todo fanático del medio ambiente problematiza cuando tiene oportunidad. Por ejemplo, discute cuestiones como los antecedentes del derecho ambiental, sus orígenes en la historia del pensamiento, la relación actual entre medio ambiente y el concepto del desarrollo sostenible, el Estado y el medio ambiente, el sistema colombiano del medio ambiente, la función ecológica de la propiedad, los crímenes contra el medio ambiente, un rodeo bastante interesante respecto a la legislación ambiental, entre otros.
¡No olviden!, la obra del profesor Perea es ante todo un libro de consulta y un curso perfecto en derecho ambiental. ¡Disfrútenlo!
En el derecho penal y procesal penal encontramos numerosos principios y términos en latín. Podemos mencionar la institución jurídica de la exceptio veritatis, que figura en el artículo 134 del Código Penal, así como los términos intraneus y extraneus que son novedosos y, a la vez, muy utilizados en los delitos cometidos por funcionarios público. De igual forma, se denomina el término latino in fine, que se halla en el artículo 38, inciso 2, del nuevo Código Procesal Penal. Los hombres del foro lo utilizan al efectuar sus alegatos de apertura o clausura, como también otros manejos que se le pueda dar a este.Los doctrinarios al desarrollar sus obras en materia penal y procesal penal, también utilizan términos y tratan de principios que están en latín, como el principio reformatio in peius.La presente obra recoge los términos latinos más utilizados en estas disciplinas y que se emplean aún en la actualidad. Para su mejor aprovechamiento, los ‘presentamos en un lenguaje sencillo y adecuado para nuestra sociedad, El libro tiene como propósito que el estudiante, el abogado, los litigantes y público en general, al momento de leer o estudiar, cuenten con una herramienta que les ayudará a entender y comprender cuál es la fuente y el significado de los términos latinos que se usan con mayor énfasis en el derecho penal y el derecho procesal penal.
La transformación radical que ha tenido el proceso penal peruano, unida a la complejidad de alguna de sus instituciones, justifican la publicación de esta obra, a la vez que explican su estructura y contenido.
Nuevamente al mercado “El Diccionario de jurisprudencia penal”, actualizado totalmente y ampliado en conceptos y aspectos que son necesarios manejar en un momento determinado frente a las lides de la práctica judicial penal.
Este es un esfuerzo vivo y real, pensando en una inmensa masa lectora y consultante, que ha entendido el valor académico de este libro, revisado en su enteridad, integridad y cuidado. Se realizó en horas silenciosas y cargadas de una atención especial, todo buscando su corrección y actualización, pedido necesario para responder ante la gran acogida que ha tenido entre los profesionales del derecho penal.
Luego, hoy entregamos con mucha satisfacción, su edición 2023. Es la ideación de un libro creativo, articulado en forma temática, cronológica y alfabéticamente organizado para hacer ágil la búsqueda y consulta.
Esta vez, su actualización se hace evidente y, además, repetimos, se ha trazado una línea conceptual de términos que se hacen necesarios a la discusión litigiosa y usanza práctica del Derecho Penal; también, su contenido encuentra una caracterización especialísima dado que se ofrece como un libro didáctico y oportuno ante la discusión presurosas que muchas veces surgen en el foro, creando distintas puertas de entrada y alternativas fáciles de revisar y consultar por parte del abogado.
’Interpretar’ viene del latín interpretor, que dimana de interpres, que designa al traductor, al que hace accesible lo que no se entiende. El interpres era el intermediario capaz de lograr el entendimiento entre las partes. Por tanto, interpretar significa <<servir de intermediario>> o <<venir en ayuda de>>. Lo que hace necesario saber si la Corte Constitucional colombiana, cumple con su tarea de <<venir en ayuda de>> la sociedad, o cooperar con esta, otorgándole en su interacción jurisprudencial una contribución pertinente, verdadera y clara. Este texto, Busca formular correcciones a los posibles desmanes de la Corte Constitucional colombiana cuando se presuman potenciales vulneraciones a los principios de razonabilidad y coherencia, o se pueda deducir interpretación creativa […].
Para hacer referencia a todo lo que conlleva la palabra Carnaval, se requiere de una mentalidad polifacética; de un pensamiento que sea, al mismo tiempo, el de un historiador, de un antropólogo, de un sociólogo, de un investigador, pero que también posea un poco de teólogo. Cada una de estas disciplinas intelectuales está íntimamente ligada al concepto muy acertado de Carlos Ángel Arboleda Mora, según el cual, el Carnaval, cualesquiera que sean sus características, es una religión universal de celebraciones cósmicas existentes en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Si el Carnaval es una religión, necesariamente se tiene que desarrollar en las profundidades del alma, por cuanto no se concibe al ser humano alejado de cualquier principio de espiritualidad: siempre vivirá aferrado a una deidad creada por él, la cual le proporciona grandes cosas, unas buenas y otras malas. Tal espiritualidad se fundamenta en complejas teorías que explican la creación con todos sus efectos y con todas las incidencias sobre las criaturas. El hombre atribuye, entonces, la aparición, desarrollo y continuidad del Universo a fuerzas y poderes que jamás logrará comprender y que para satisfacer esa natural frustración las explica según su propio obrar y su manera de pensar…
Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.
Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.
Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.
En el presente trabajo, se define en forma práctica y concisa el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano. La obra, surge a partir de la necesidad de otorgar solución a las vicisitudes diarias observadas en la práctica judicial por el autor en su rol de Juez Penal, pretendiendo en el escrito, identificar y ofrecer respuesta a los principales problemas jurídico-penales que orbitan el tema.
Cometido que se logra desarrollando las siguientes temáticas: (i) primero como introducción se define qué son los hechos para el derecho y cómo surge el concepto, (ii) luego, se verifican las diferencias del concepto con las regulaciones procesales anteriores a la ley 906; para posteriormente, (iii) definir qué son los hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; por último (iv) en forma didáctica se explica la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores prácticos, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, el control que puede o no hacer el juez dentro del marco de su competencia, sus implicaciones prácticas en el proceso, en relación con los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.
Se trata entonces de una obra bastante útil y accesible para el devenir diario de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, pues el libro se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha; pero teniendo sumo cuidado el escritor, en no realizar citas extensas, pues no se trata de una compilación jurisprudencial, sino de una herramienta práctica para comprender globalmente el concepto, acompañado del criterio jurídico que la experiencia le otorga a su autor.
Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII
La Ley de Restitución de Tierras como los decretos que facilitan la restitución de los derechos territoriales étnicos establecen como límite al ejercicio de la acción de restitución por despojo o desplazamiento el 1.º de enero de 1991, y para el caso étnico desde 1990 cuando se trata de despojo o desplazamiento de tierras coloniales. El control de convencionalidad con respecto al ejercicio pretemporal de la acción de restitución tiene como finalidad establecer, a partir del control de convencionalidad, los elementos de juicio necesarios que permitan determinar el carácter inconvencional de la limitación temporal para el ejercicio de la acción de restitución, señalada en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y replicada sin ninguna contemplación a la acción de restitución de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas en los decretos leyes 4633 y 4635 de 2011.
Históricamente, el control fiscal en Colombia ha tenido varios períodos de transformación parcial, pero que no han sido simétricos con la dinámica del país y mucho menos con la acelerada corrupción que ha permeado las instituciones del Estado colombiano, sin que podamos tener la certeza de que las normas, los procedimientos, los sistemas de información y las técnicas de verificación, entre otros, sean instrumentos contundentes para combatir esta plaga que desangra las finanzas públicas del país.
Con esta publicación procuramos articular varias herramientas existentes hoy en Colombia, para el adecuado ejercicio del control fiscal, que, si bien no garantizan que la putrefacción de las entidades del Estado desaparezca, por lo menos, sí puede atenuar este cáncer que nos está destruyendo a pasos agigantados, ante la mirada impotente de los ciudadanos de bien que observan cómo el recaudo de los tributos es utilizado para alimentar a aquellos zánganos de la patria.
Una de las causas de responsabilidad patrimonial del Estado que mayor tráfico tiene en los estrados judiciales y por la cual se le condena son las irregularidades que se presentan en las actuaciones administrativas contractuales de tipo sancionador, especialmente por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares contratistas o terceros que concurren a las mismas, razón por la cual encontramos plausible realizar un ejercicio académico que analice los alcances de ese derecho y sus garantías en el marco de las citadas actuaciones. Máxime ahora que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley tendiente a modificar nuevamente el Estatuto General de Contratación de la Administración, y en lo que se refiere a este punto, pareciere dar al traste con los grandes avances jurisprudenciales construidos por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia (especialmente la Sección 3.ª), así como con las normas proferidas ulteriormente, con ocasión del contenido de ese «derecho viviente»
