LIJURSANCHEZ

’Interpretar’ viene del latín interpretor, que dimana de interpres, que designa al traductor, al que hace accesible lo que no se entiende. El interpres era el intermediario capaz de lograr el entendimiento entre las partes. Por tanto, interpretar significa <<servir de intermediario>> o <<venir en ayuda de>>. Lo que hace necesario saber si la Corte Constitucional colombiana, cumple con su tarea de <<venir en ayuda de>> la sociedad, o cooperar con esta, otorgándole en su interacción jurisprudencial una contribución pertinente, verdadera y clara. Este texto, Busca formular correcciones a los posibles desmanes de la Corte Constitucional colombiana cuando se presuman potenciales vulneraciones a los principios de razonabilidad y coherencia, o se pueda deducir interpretación creativa […].

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Para hacer referencia a todo lo que conlleva la palabra Carnaval, se requiere de una mentalidad polifacética; de un pensamiento que sea, al mismo tiempo, el de un historiador, de un antropólogo, de un sociólogo, de un investigador, pero que también posea un poco de teólogo. Cada una de estas disciplinas intelectuales está íntimamente ligada al concepto muy acertado de Carlos Ángel Arboleda Mora, según el cual, el Carnaval, cualesquiera que sean sus características, es una religión universal de celebraciones cósmicas existentes en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Si el Carnaval es una religión, necesariamente se tiene que desarrollar en las profundidades del alma, por cuanto no se concibe al ser humano alejado de cualquier principio de espiritualidad: siempre vivirá aferrado a una deidad creada por él, la cual le proporciona grandes cosas, unas buenas y otras malas. Tal espiritualidad se fundamenta en complejas teorías que explican la creación con todos sus efectos y con todas las incidencias sobre las criaturas. El hombre atribuye, entonces, la aparición, desarrollo y continuidad del Universo a fuerzas y poderes que jamás logrará comprender y que para satisfacer esa natural frustración las explica según su propio obrar y su manera de pensar…

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII

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Según Pelayo Vial Campos, el objetivo del contraexamen es que sea útil a la teoría del caso de quien lo realiza. En la litigación oral nada puede ser hecho a espaldas de la teoría del caso. Cada vez que un testigo termina de ser examinado por la parte que lo presentó se da la oportunidad a la contraparte para contraexaminarlo. Las posibilidades son dos: 1 realizar un contraexamen, o 2 no realizar un contraexamen.

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La Ley de Restitución de Tierras como los decretos que facilitan la restitución de los derechos territoriales étnicos establecen como límite al ejercicio de la acción de restitución por despojo o desplazamiento el 1.º de enero de 1991, y para el caso étnico desde 1990 cuando se trata de despojo o desplazamiento de tierras coloniales. El control de convencionalidad con respecto al ejercicio pretemporal de la acción de restitución tiene como finalidad establecer, a partir del control de convencionalidad, los elementos de juicio necesarios que permitan determinar el carácter inconvencional de la limitación temporal para el ejercicio de la acción de restitución, señalada en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y replicada sin ninguna contemplación a la acción de restitución de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas en los decretos leyes 4633 y 4635 de 2011.

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Históricamente, el control fiscal en Colombia ha tenido varios períodos de transformación parcial, pero que no han sido simétricos con la dinámica del país y mucho menos con la acelerada corrupción que ha permeado las instituciones del Estado colombiano, sin que podamos tener la certeza de que las normas, los procedimientos, los sistemas de información y las técnicas de verificación, entre otros, sean instrumentos contundentes para combatir esta plaga que desangra las finanzas públicas del país. Con esta publicación procuramos articular varias herramientas existentes hoy en Colombia, para el adecuado ejercicio del control fiscal, que, si bien no garantizan que la putrefacción de las entidades del Estado desaparezca, por lo menos, sí puede atenuar este cáncer que nos está destruyendo a pasos agigantados, ante la mirada impotente de los ciudadanos de bien que observan cómo el recaudo de los tributos es utilizado para alimentar a aquellos zánganos de la patria.

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Una de las causas de responsabilidad patrimonial del Estado que mayor tráfico tiene en los estrados judiciales y por la cual se le condena son las irregularidades que se presentan en las actuaciones administrativas contractuales de tipo sancionador, especialmente por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares contratistas o terceros que concurren a las mismas, razón por la cual encontramos plausible realizar un ejercicio académico que analice los alcances de ese derecho y sus garantías en el marco de las citadas actuaciones. Máxime ahora que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley tendiente a modificar nuevamente el Estatuto General de Contratación de la Administración, y en lo que se refiere a este punto, pareciere dar al traste con los grandes avances jurisprudenciales construidos por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia (especialmente la Sección 3.ª), así como con las normas proferidas ulteriormente, con ocasión del contenido de ese «derecho viviente»

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En esta oportunidad, el autor deja a consideración de toda la comunidad académica y de la ciudadanía, en especial, este trabajo exclusivamente jurídico, titulado El delito de cohecho. Análisis dogmático y jurisprudencial de la casuística en Colombia, como una obra, además, de carácter histórico que no puede faltar en la biblioteca de todo ciudadano colombiano que se interese en el acontecer político y social de la nación. La yidispolítica, el escándalo político que se originó en 2008 y dio lugar a juicios penales que culminaron en sentencias condenatorias contra altos funcionarios del Gobierno nacional y contra congresistas de la época por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio […].

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El Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales, nace ante la realidad que representa el Internet y las redes sociales, en vista que, al hacer uso de la web, estamos ante un gigantesco espejo que refleja para los demás lo que se está publicando, es por ello que hemos afirmado que nada se puede borrar de internet, porque una vez publicado pertenece a ese mundo de la web, en consecuencia, también hemos afirmado que, el término Derecho al Olvido, semánticamente, no es el más apropiado, sencilla y simplemente porque no se olvida nada, lo que si logra efectivamente, es que al ingresar los datos de una persona que haya ejercido el Derecho al Olvido es que  sus datos sean de difícil ubicación, pero siempre estarán disponibles en la web, lo que viene a desmentir, algunas voces que insisten en decir que este derecho atenta flagrantemente contra el derecho a la información y la libertad de expresión, dejando de considerar lo ya expuesto, aunado el hecho cierto que existe la hemeroteca digital, donde permanecen los datos personales, solo se debe buscar con mayor rigor y se encuentran. Finalmente, dejamos a la consideración, de la academia y al público general la presente obra, de un interesante tema que sin dudas va en evolución, y por lo tanto el derecho debe hacer su mayor esfuerzo de aparejar tal evolución, pues, no es secreto que siempre, el derecho queda muy atrás de la tecnología. El debate queda abierto, las opiniones, críticas y comentarios, darán un solo ganador, que somos todos los interesados en este hermoso tema, Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales.

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La presente edición conserva la estructura temática de las anteriores ediciones a saber: generalidades, principios fundamentadores del Derecho Procesal Laboral, conciliación laboral, reclamación administrativa, incidentes, conflictos laborales, demanda, contestación de demanda, notificaciones, recursos ordinarios y extraordinarios, grado jurisdiccional de consulta y régimen probatorio. La novedad de esta obra, estriba en la actualización de dos temas puntuales: (i) El relativo a la conciliación consagrado en la Ley 2220 de 2022, que amplió la competencia para llevar a cabo la conciliación extrajudicial, otorgándosela también a los jueces laborales, y (ii) El concerniente a la Ley 2213 de 2022, que consagró una nueva forma de presentación de demanda, un método complementario de otorgamiento de poder y una nueva forma y complementaria de llevar a cabo la notificación personal.

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Son muchas las definiciones que se han ensayado sobre esta materia. Traemos a colación las siguientes:Fabián Vallejo Cabrera, dice que es “el conjunto de preceptos, principios, valores y sistemas que rigen la función jurisdiccional del Estado a fin de garantizar los derechos y con ello la observancia del ordenamiento jurídico”. Rafael Del Pina, por su parte, informa que “es la disciplina que estudia las instituciones procesales del trabajo con finalidades y métodos científicos”.Juan Ramírez Gronda, afirma que es un “conjunto de normas y de principios especialmente destinados a regular los procesos tendientes a dirimir las controversias que surgen de las relaciones de trabajo”.Se advierte, que si bien es cierto que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social tiende a solucionar conflictos surgidos de las relaciones de trabajo; también lo es, que en ocasiones resuelve controversias que no dimanan de ella, como por ejemplo, cuando se discute el otorgamiento de una pensión de sobreviviente por parte de un beneficiario; o cuando un trabajador independiente, discute una pensión de vejez con una Administradora de Fondo de Pensiones “AFP”Son muchas las definiciones que se han ensayado sobre esta materia. Traemos a colación las siguientes:Fabián Vallejo Cabrera, dice que es “el conjunto de preceptos, principios, valores y sistemas que rigen la función jurisdiccional del Estado a fin de garantizar los derechos y con ello la observancia del ordenamiento jurídico”. Rafael Del Pina, por su parte, informa que “es la disciplina que estudia las instituciones procesales del trabajo con finalidades y métodos científicos”.Juan Ramírez Gronda, afirma que es un “conjunto de normas y de principios especialmente destinados a regular los procesos tendientes a dirimir las controversias que surgen de las relaciones de trabajo”.

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