LIJURSANCHEZ

La fraternidad y solidaridad ha permeado al Derecho Privado. A lo largo de estas páginas, de la mano de profesores de diferentes universidades de Colombia y Perú, se evidencia cómo se ha surtido este proceso durante los últimos tiempos. Se presentan diversos análisis desde el Derecho de Personas, de Familia, de los Contratos, Derecho Comercial y la Responsabilidad Civil, lo cual permite un primer acercamiento coherente, sistemático y estructurado sobre el sentido y alcance de la fraternidad y solidaridad al interior del Derecho Privado.

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Sugerencia para defensas penales estratégicas es un libro de consejos  que tiene su génesis en la experiencia personal, profesional y docente.  Es el atisbo desde una ventana alta a partir de la cual se ve el desarrollo  de la manera como se hace justicia en Colombia, los altibajos y los  inconvenientes que debe conocer y sortear el futuro abogado en el  momento de la litigación. La práctica judicial que se respira a diario  (intrigas subrepticias, incomodidades y rivalidades), que lleva a  reconocer que en el intrincado judicial (fiscal y defensa) se crea, siempre,  un juego de insidias y de extremos odiosos inevitables. Luego, el  abogado debe estar preparado, manejar técnica oral (la palabra como  acto de astucia), conocer espectros temáticos de cada uno de los delitos  (referentes jurisprudenciales) y saber elegir la mejor estrategia (técnica  de litigación). Hacer las cosas bien es el mejor truco del abogado  litigante. Este libro es ideología y buenas lecciones de qué es lo que se  encuentra en el litigio y el paso itinerante por unos abismos que deben  ser caminados con mucho cuidado y prudencia. 

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El nuevo proceso laboral peruano y la oralidad en el proceso — Técnicas de conciliación aplicadas al proceso laboral — Los abogados y los medios alternativos de resolución de conflictos — Guia práctica de litigación en materia laboral — Técnicas de litigación oral — Teoría del caso — Alegato de apertura — El examen directo — El contraexamen — Las objeciones — Uso de declaraciones previas — Prueba material, documental y otros medios de prueba — Examen y contra examen de peritos — Técnicas avanzadas de contraexamen — Alegato de clausura — Conciliación extrajudicial especializada en materia laboral conforme a la ley de conciliación — Conciliación en materia laboral — Contenidos de los cursos de conciliación especializada en materia laboral — Apéndice normativo.

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En la revista “TEMAS PROCESALES”, el lector encontrará 28 temáticas relacionadas con el estudio del derecho procesalactual y el análisis de jurisprudencia. El texto es fruto delesfuerzo realizado por un grupo de trabajo en el cualparticipan representantes de diferentes universidades de la ciudad, que han unido esfuerzos con el aval de la maestra Beatriz Quintero de Prieto, para dar continuidad a tan importante proyecto académico y que orgullosamente se presenta a toda la comunidad académica e investigativa que se preocupa por indagar en discusiones de actualidad en el derecho procesal

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En la revista “TEMAS PROCESALES”, el lector encontrará 29 temáticas relacionadas con el estudio del derecho procesalactual y el análisis de jurisprudencia. El texto es fruto delesfuerzo realizado por un grupo de trabajo en el cualparticipan representantes de diferentes universidades de la ciudad, que han unido esfuerzos con el aval de la maestra Beatriz Quintero de Prieto, para dar continuidad a tan importante proyecto académico y que orgullosamente se presenta a toda la comunidad académica e investigativa que se preocupa por indagar en discusiones de actualidad en el derecho procesal.

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En la revista «TEMAS PROCESALES», el lector encontrará temáticas relacionadas con el estudio del derecho procesal actual y el análisis de jurisprudencia. El texto es fruto del esfuerzo realizado por un grupo de trabajo en el cual participan representantes de diferentes universidades de la ciudad, que han unido esfuerzos con el aval de la maestra Beatriz Quintero de Prieto, para dar continuidad a tan importante proyecto académico y que orgullosamente se presenta a toda la comunidad académica e investigativa que se preocupa por indagar en discusiones de actualidad en el derecho procesal.

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Sin lugar a dudas que con ocasión del proceso formativo en la ciencia jurídica se hace menester la búsqueda permanente del aprestamiento académico en consonancia con los avances y desarrollos fenomenológicos. Tal periplo supone la realización de múltiples ejecuciones de naturaleza investigativa y científica; no obstante, ello debe acompasarse con la realidad contextual y ecuménica.Por otra parte, estas reflexiones doctrinales se hallan orientadas a realizar una exploración –que es al mismo tiempo descriptiva, comprensiva y crítica– en relación con la categoría jurídica contrato, el cual puede entenderse como aquel instrumento del Derecho Privado (en este caso) que hace posible las interacciones socio-jurídicas en el tráfico negocial; a partir de tal figura se realiza una propuesta doctrinal respecto a sus alcances de cara al contraste que tradicionalmente tal cometido ha gestado, por una parte, con el negocio jurídico, por la otra, con las obligaciones y ?nalmente con las reglas hermenéuticas que le asisten dada su insoslayable evolución ético-social. ?Sin lugar a dudas que con ocasión del proceso formativo en la ciencia jurídica se hace menester la búsqueda permanente del aprestamiento académico en consonancia con los avances y desarrollos fenomenológicos. Tal periplo supone la realización de múltiples ejecuciones de naturaleza investigativa y científica; no obstante, ello debe acompasarse con la realidad contextual y ecuménica.

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El nuevo Código Procesal Penal incorpora en nuestro derecho un modelo acusatorio, garantista y con rasgos adversariales. Ello, más que un cambio normativo implica un cambio cultural, porque se reemplaza la totalidad de paradigmas existentes en materia de administración de justicia penal. En el tema específico del juzgamiento, se introducen las técnicas de litigación oral, sin las cuales es imposible para cualquier operador participar en un juicio. Ciertamente todo cambio de ese tipo es traumático en su fase inicial, pero con una adecuada capacitación los objetivos pueden lograrse como ha sucedido en gran parte de nuestro países hermanos (Chile, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, etc.), donde a la fecha el citado modelo viene aplicándose con éxito.

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Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad. El derecho procesal general los «procedimientos», es producto de una pregunta que surge ante el derecho natural, hoy llamado positivo. Evidentemente, el derecho sustancial o connatural o tendría eficacia al ejecutarlo si no existiera el modo adecuado para exigirlo dentro de esta comunidad gregaria. De este fenómeno surge los conflictos y para tener soluciones distintas a imposiciones del más fuerte, el liderazgo del hombre, reconocido por toda la comunidad, fue llamado por los romanos juris-dictio.Sin la jurisdicción y sus cinco poderes de novio, vocativo,coertio, iudiium y ejecutio hubiese sido vana la solución de los conflictos. En las circunstancias romanísticas, solo hasta el derecho canónico, se vislumbra los «procedimientos» y el libro de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, hace un aparte a los mismos. Por lo tanto, es España quien enarbola por primera vez el Código en Enjuiciamiento Civil español, aunque a principio del Siglo XIX, hacen prominencia Savigny, Mutter, Chiovenda, Capelletti, Carnelutti y otros.Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad…  

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Tanto en el derecho público como en el privado se discute sobre la  existencia y los límites del unilateralismo en materia contractual. En  relación con el incumplimiento, algunos contratos típicos del Código Civil y  del Código de Comercio incorporan la facultad de terminación unilateral  como un elemento de la naturaleza. No obstante, la dificultad surge al  pactarla como elemento accidental fuera de los casos donde la  terminación está prevista legalmente.     En el derecho privado, pese a que la acción resolutoria tácita de los  artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio requiere    pronunciamiento judicial, un sector de la doctrina y la jurisprudencia  estiman que la facultad de pactar la terminación unilateral por  incumplimiento se ajusta a la autonomía de la voluntad. En el derecho  público, el problema se traslada a los contratos estatales, especialmente  cuando las normas civiles y comerciales hacen parte del régimen jurídico  de las entidades sometidas al EGCAP –arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993–  y de las de régimen exceptuado –art. 13 de la Ley 1150 de 2007–.      Considerando el alcance del principio de legalidad, este libro analiza si las  entidades públicas pueden autoatribuirse la potestad de pronunciarse  motu propio sobre el incumplimiento de las obligaciones. En este  contexto, desde la teoría y la praxis, constituye un esfuerzo académico por  delimitar el alcance de la terminación unilateral por incumplimiento en el  desafiante campo de la contratación estatal. 

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Tipología penal de los juegos de suerte y azar es un llamado a repensar el  rol del Estado y de la justicia en la protección de los bienes públicos y los  derechos fundamentales de los ciudadanos. El compromiso con el  combate a la ilegalidad en los juegos de azar no es solo una cuestión  económica, sino una responsabilidad social que incide directamente en el  derecho a la vida, la salud y la dignidad de los colombianos. Este texto  invita a todos los actores implicados a sumar esfuerzos para garantizar que  los recursos generados por esta actividad se destinen efectivamente al  mejoramiento del sistema de salud y al bienestar de la población más  vulnerable.  En el desarrollo del texto, se analiza la génesis del monopolio, en este  caso, de los juegos de suerte y azar, y ha sido de sorpresa para muchos que  la República de Colombia es de las pocas en el mundo que ostenta una  destinación específica para la distribución de este, acorde con el  artículo 336 de la Constitución Política.  La necesidad de abarcar la simultaneidad de tipos penales, no solo la del  artículo 312 del Código Penal del ejercicio ilícito de actividad monopolística  de arbitrio rentístico, conduce, por el contrario, a poder llevar a la justicia a  todos quienes atenten ya no tan solo en contra del derecho a la salud,  eventualmente más bien atentan contra el derecho a la vida de miles de  colombianos; es necesario llevarlos a la justicia con otras figuras, tales  como el lavado de activos, el concierto para delinquir, la estafa, la  extinción de dominio, entre otras.  Por último, sin que sea menos importante, hacer patria no solo se  constituye en lo que nuestros antiguos próceres diligenciaron en favor de  nuestra historia para la consolidación de nuestro Estado colombiano, sino  que también se hace a partir del cumplimiento de nuestras obligaciones  como funcionarios públicos, ya que solo en esta medida seguiremos  contribuyendo a la fortaleza de esta.   

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa».

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