La obra aborda temas críticos y contemporáneos del sistema penal colombiano, estructurados en capítulos que analizan desde cambios legislativos hasta dilemas procesales:
Nueva era y decisiones novedosas: Reflexiones sobre la evolución del derecho penal en Colombia.
Prisión y medidas cautelares: Análisis sobre el acceso a la libertad y la problemática de la "casa por cárcel".
Derecho procesal: Límites a la formulación de imputación y balances sobre la Ley de Justicia y Paz.
Accidentalidad: Discusiones sobre la calificación de eventos como accidentes en el marco penal.
Analiza la normativa colombiana, específicamente la Ley 2081 de 2021 (Ley "No más silencio"). Esta ley establece que la acción penal contra delitos de libertad, integridad y formación sexuales, o incesto, cometidos contra menores de 18 años, es imprescriptible, eliminando el límite de tiempo de 20 años que existía anteriormente.
El autor sostiene, de manera contraria a la doctrina mayoritaria y al Consejo de Estado, que figuras como las multas, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no constituyen sanciones administrativas, sino que tienen una naturaleza distinta en el marco de la contratación estatal
Era necesario realizar un estudio reciente sobre los principales temas que atañen al derecho administrativo colombiano, con el fin de representar un nuevo aporte sobre la materia y a la vez, brindar una visión complementaria de los textos anteriormente referidos. Adicionalmente, era imperioso construir una obra conjunta que reuniera los expertos sobre diversas materias, en la que pudieran expresar sus ideas en un trabajo común que constituyera una verdadera unidad.A pesar de las dificultades, gracias a la generosidad de algunos de los más significativos representantes del derecho administrativo colombiano, se ha conseguido la participación de 39 autores, 2 de ellos han realizado los prólogos, quienes provienen de distintos lugares y sectores. Por ejemplo, se cuenta con la presencia de egresados de las principales universidades del país; a su vez realizan destacados aportes los litigantes; del mismo modo participan estudiosos del derecho con títulos de maestría, de doctorado y post-doctorado, obtenidos en distintos países y finalmente, se cuenta con la participación de magistrados y ex magistrados del Consejo de Estado.El resultado de este trabajo es un libro denominado “instituciones de Derecho Administrativo” dividido en dos tomos que son: “Tomo I. La administración y su actividad” y “Tomo 2.Responsabilidad extracontractual, contratos y procesal”
En nuestro país, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y el establecimiento de la jurisdicción constitucional, cada día es más frecuente la discusión sobre temas de Derecho parlamentario. Las sentencias y autos que produce nuestra Corte constitucional en torno a los vicios de fondo o de forma que afectan leyes o actos legislativos aprobados por el Congreso de la República, nos ofrecen abundante material de análisis sobre asuntos de Derecho parlamentario.
Esta obra funciona como un compendio pedagógico diseñado para estudiantes que inician su carrera. Su estructura facilita la comprensión de conceptos complejos mediante la síntesis de textos de otros autores reconocidos.
A-Z Jurisprudencial se presenta como un material de consulta útil para abogados, funcionarios, estudiantes, investigadores y demás interesados en conocer el desarrollo de la jurisprudencia elaborada por las altas cortes. En este volumen se recopila la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala penal correspondiente al primer semestre del 2016, dotándola de los siguientes valores agregados que facilitan su consulta: orden alfabético, relevancia temática, tabla de consulta, índice analítico, CD con la totalidad de la jurisprudencia y trazabilidad.
La obra aborda los presupuestos institucionales, el objeto, el proceso y la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, incluyendo su aplicación en países como Perú, México y Bolivia
Una herramienta del derecho administrativo colombiano diseñada para reponer el erario público cuando este ha indemnizado a un particular por la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público.
La obra es una monografía que aborda la compleja relación jurídica y constitucional de la acción de tutela en Colombia frente a las decisiones emitidas por tribunales de arbitramento (laudos arbitrales). El autor argumenta a favor de la procedencia de la tutela en casos de decisiones arbitrales que resulten "arbitrarias, caprichosas o abusivas", especialmente cuando se vulneran derechos fundamentales como el debido proceso.
El libro analiza:
La naturaleza del laudo arbitral como equivalente a una sentencia judicial.
Los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra laudos, buscando resolver aspectos que trascienden cuestiones meramente legales o contractuales.
La jurisprudencia y doctrina existente sobre el tema en el contexto colombiano.
El proyecto consiste en desarrollar de manera legible el marco normativo de cada uno de los principios que rigen la actuación administrativa según el artículo 209 Superior. La administración pública es la sumatoria de agentes y actuaciones estatales que concentra la totalidad de la fuerza (al mejor sentido hobbesiano) para alcanzar objetivos mucho más loables que la simple conservación de la vida. En esencia, la visión del autor de Leviatán define dos aspectos medulares de la existencia del Estado en nuestros días: (i) su construcción es un acuerdo de voluntades y, (ii) el Estado se define a partir de la concentración de la fuerza. El estudio de los principios constitucionales ofrece un punto de flexión benévolo y oportuno en la interacción de un liderazgo estatal respaldado por particulares conscientes de la prestación especial que tienen determinados servicios dentro del Estado social de derecho.
El ejercicio de la autotutela administrativa es la máxima expresión de las potestades de la Administración, sin embargo es inexcusable precisar que no estamos ante la presencia de una potestad implícita como en algún momento lo patrocinó el Consejo de Estado, pues la prerrogativa no es el fundamento de la competencia, sino que es la competencia el elemento indispensable de habilitación para ejercer los poderes derivados de la autotutela, y la competencia, inescindiblemente, debe estar consagrada en el ordenamiento jurídico.
Será el ordenamiento legal, con su dinámica constante, quien siempre determinará la necesidad de dotar de este tipo de potestades a la Administración, y de imponer limites precisos y claros que eviten la constante tensión entre el ejercicio de potestades y los derechos de los Ciudadanos. El legislador tiene una gran responsabilidad, pues como órgano legitimado para habilitar y determinar cuando y bajo que condiciones puede la Administración ejercer prerrogativas como la autotutela, está llamado a “… consultar de manera cuidadosa la realidad sobre la cual se habrán de aplicar y los efectos que tendrán sobre el goce efectivo de los derechos constitucional”.
