La libertad de expresión suscita un debate siempre abierto. Su importancia y constantes transformaciones empujan a que el interés sobre ella no decaiga pese al paso del tiempo. Este libro se ubica en el corazón de este debate, pues desarrolla el régimen jurídico que le corresponde a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los precedentes de la Corte Interamericana (ambos aplicables a básicamente toda América Latina), apoyándose también en los estándares derivados de otros órganos convencionales de los sistemas universal y europeo de derechos humanos y en la jurisprudencia de cortes locales de Latinoamérica.
El libro analiza su estatus iusfundamental (estructura, propiedades y dimensiones), contenido (incluidas algunas de sus posiciones jurídicas), aspectos básicos de sus restricciones, los fines por los que puede ser limitada (orden público, salud pública, seguridad nacional, etc.), la cuestión del discurso de odio y su régimen en América Latina, las garantías y su relación con la libre expresión (donde destaca el estatuto de responsabilidad de los intermediarios de Internet) y sus garantías primarias (ej., prohibición de censura o prohibición de discriminación basada en el contenido).
La creación en 1993 del Sistema Integral de Seguridad Social constituye un punto fundamental en el desarrollo de la seguridad social en Colombia y la base para su evolución.
La Ley 100 de 1993 creó el Subsistema de Riesgos Profesionales, hoy de Riesgos Laborales, introduciendo modificaciones estructurales de gran importancia en la organización y prestación de los servicios y beneficios derivados de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Entonces se dio autorización para que el sector privado participara en el aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo, dando continuidad a los progresos que presentaba el Instituto de Seguros Sociales (rss) en materia de aseguramiento de dichos riesgos, por lo que a esta institución se sumó un importante número de aseguradores privados.
Por otra parte, los sectores productivos, empleadores y trabajadores les han otorgado mayor importancia a la prevención y al aseguramiento frente a las posibles contingencias que se pueden presentar en el desarrollo del trabajo, que no solo afectan al individuo que las padece, sino la marcha y la productividad de las organizaciones empresariales.
Este libro es una edición póstuma y corresponde al resultado de un trabajo de investigación realizado por el profesor ALFREDO PUYANA SILVA, quien contó con una reconocida trayectoria en el estudio de los temas de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Externado de Colombia.
Este documento tiene la virtud de introducir al lector en el contexto del actual Sistema. General de Seguridad Social y explicar en forma sencilla y completa el subsistema de pensiones, desde sus características hasta las modalidades de pensión, con un valor adicional, y es que dedica un aparte al estudio de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, con lo cual el alcance del régimen de transición creado por dicha ley, aún vigente, es más fácil de comprender y aplicar.
Estamos seguros de que la lectura de este trabajo orientará a todos los operadores jurídicos, particularmente los estudiantes de derecho, en el estudio del tema pensional y despertará el interés por esta materia que se ha vuelto de particular actualidad y relevancia para los colombianos en general y para quienes de antaño se dedican al-estudio de los asuntos relacionados con el derecho y el mercado de trabajo.
El subsistema de seguridad social en salud. regulado en la Ley 100 de 1993, desarrollo del artículo 49 constitucional, modificó la forma como el Estado garantizará el acceso a los servicios de salud para todos los habitantes del territorio nacional. El mecanismo operativo es el aseguramiento del riesgo de la Salud, con lo cual la persona y su grupo familiar aseguran la prestación, médico-asistencia, que comprende la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento necesario, la rehabilitación, cuando se necesite y sea viable, y los servicios paliativos.
Las decisiones de la Corte Constitucional, junto con los tratados y pactos internacionales, han llevado al reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, como se consagra en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que junto con lo previsto en la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1435 de 2011, forma un estatuto del cual puede afirmarse se tiene un todo reglamentado, pero con protuberantes fallas en su aplicación, por cuanto las quejas sobre el servicio son cada día mayores.
Con esta publicación se busca organizar el material legislativo vigente hacia julio de 2017 para tener una visión de cómo se ha conformado el subsistema de seguridad social en salud, y en donde el lector puede ir estableciendo la brecha entre lo pretendido en la ley y la falla humana en la aplicación.
La legítima defensa constituye una de las instituciones irrenunciables de cualquier orden jurídico de libertades, por lo que ha sido estudiada en profundidad en los sistemas de los que se ha nutrido históricamente el derecho penal colombiano. En nuestro ámbito, sin embargo, son escasos los trabajos que se ocupan de los fundamentos teóricos y de los criterios y límites de aplicación de la legítima defensa, lo que ha repercutido de manera negativa en una praxis judicial poco profunda y no pocas veces confusa.
El denominador común de los textos que componen este volumen consiste precisamente en analizar, a la luz del ordenamiento penal colombiano, una serie de recientes casos prácticos relativamente complejos, en los cuales la discusión gira en torno al cumplimiento total o meramente parcial de los requisitos de la legítima defensa. De esta manera, se pretende avivar la discusión teórica en Colombia sobre este tema trascendental y, al esbozar las principales líneas argumentativas para dotar de contenido a los requisitos de la legítima defensa, prestarle un aporte a nuestra praxis jurídica que desafortunadamente se enfrenta a complejas situaciones de esta naturaleza prácticamente todos los días.
El Derecho penal está inmerso, desde hace décadas, en una tendencia expansiva. Hacia dentro del sistema, se crean nuevos delitos, se agravan las escalas penales, se flexibilizan las reglas de imputación y se relativizan garantías. Actualmente y hacia fuera, crecen las expresiones propias de una supuesta <> paralela: linchamientos, escraches, cultura de la cancelación, etc. Para hacer frente al fenómeno expansivo, es necesario recuperar el diálogo entre la dogmática jurídico-penal y el Poder Judicial, insistiendo en que la función social del académico radica en proporcionar nuevas herramientas que permitan a los jueces hacer mejor su trabajo: separar, de forma justa, los hechos punibles de aquellos que no son ni deben ser punibles.
No obstante, debe reconocerse también que la dogmática -entre otras cosas- no ha logrado sistematizar todo aquello que, una vez cometido el delito, afecta la posibilidad de ejercer (o la intensidad con que se ejerce) la facultad punitiva del Estado. En este campo trazan surcos las líneas de esta monografía: aquí se pretende aminorar esa deficiencia mediante la construcción y puesta a prueba de una teoría general de los equivalentes funcionales de la pena retributiva; esto es, un modelo que permite asignar, de forma sistemática y segura, consecuencias jurídicas a diferentes institutos del Derecho penal, estén o no contemplados en la contingente legislación moderna. Para la construcción del modelo y en el primer bloque de contenidos, se utilizan tres herramientas básicas. La primera, un sistema bipartito del hecho punible que, construido sobre la base de una teoría dualista de las normas, permite mantener lo sistemático de la teoría del delito a nivel de injusto culpable (antinormatividad) y, al mismo tiempo, proporcionar criterios nuevos en el campo del hecho punible (sancionabilidad). La segunda, adoptar una teoría retributivo-comunicativa de la pena en el marco una concepción del Derecho como praxis efectivamente practicada. La tercera, el método comparativo del funcionalismo de las equivalencias. Delineado el modelo, el bloque segundo pone a prueba su capacidad de rendimiento a través del análisis detallado de tres institutos clave: el desistimiento de la tentativa, la regularización tributaria y la atenuante de confesión.
Según la opinión de Jesús-María Silva Sánchez y Omar Palermo, directores de la investigación y prologuistas del libro, se trata de «la primera monografía -en cualquier lengua que tiene por objeto la elaboración de una teoría de los equivalentes funcionales de la pena»; «una gran obra de filosofía del Derecho penal y de dogmática de la teoría del delito» y, en definitiva, «un extraordinario libro de Derecho penal; aquí y allá; antes y ahora».
El objetivo del presente trabajo es analizar el instrumento de evaluación de riesgos PRISMA (Perfil de Riesgo de Reincidencia para Solicitud de Medida de Aseguramiento), implementado por la Fiscalía General de la Nación en el año 2019. Con este propósito, en primer lugar, se estudia la regulación de las medidas cautelares del procedimiento penal en Colombia y se revisan los problemas prácticos de la utilización generalizada de la detención; posteriormente, se hace mención del modelo de servicios de antelación al juicio desarrollado en países de tendencia anglosajona, como principal antecedente; y, por último, se referencian el funcionamiento y los objetivos del instrumento, se valora críticamente su diseño y se proponen algunas modificaciones.
Las transformaciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas han hecho que el derecho de la competencia sea hoy una de las herramientas más importantes para garantizar la economía social, la libertad y permanencia de los operadores económicos en el mercado, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Más reciente, controversial e interesantes resulta la posición según la cual el derecho de la competencia debe propender igualmente por la equidad y la justica en las relaciones de poder y, en esa medida, debe ser claramente un instrumento no solo de intervención en la economía sino de política social.
El derecho de la competencia enfrenta a día de hoy retos a todo nivel, desde la generación de un sistema de prohibiciones y excepciones coherente, pasando por la revisión de ciertas conductas prohibidas, el rol que juegan estas normas como mecanismos de lucha contra la corrupción y su injerencia en el manejo y protección de datos personales, al igual que su utilidad frente a los nuevos desarrollos tecnológicos, hasta llegar a temas como la abogacía de la competencia -en cuanto mecanismo para evitar la indebida intervención del Estado en los mercados- y los fines que deben cumplir las autoridades de regulación y competencia. Todos estos tópicos se abarcan en este libro fruto del esfuerzo de numerosos expertos e investigadores cuyo examen se pone al servicio de una mayor difusión y desarrollo de la materia en nuestro país.
La obra Estudios de responsabilidad civil pretende mostrar al lector diferentes escenarios de la responsabilidad civil, analizando en cada uno de los capítulos las consecuencias que generan los daños causados en la actividad transportadora, especialmente en el campo del transporte aéreo y del transporte multimodal, los daños ambientales y los daños que resultan de la prestación de los servicios de salud, recogiendo las tendencias modernas del derecho de la responsabilidad sobre la aplicación de la teoría del riesgo y la crisis de la teoría de la culpa.
Kindháuser articula un sistema de imputación penal que descansa sobre dos ideas fundamentales: en primer lugar, la atribución de responsabilidad penal ha de ser comprendida como la reconstrucción discursiva de una defraudación de la expectativa de fidelidad al Derecho depositada en la persona destinataria de una norma penal y, en segundo lugar, el juicio de reproche penal se formula en contra de la persona autora del delito por haber realizado el comportamiento contrario a Derecho, pese a haber podido comportarse intencionalmente con-forme a Derecho.
Con el fin de brindar una visión integral a las premisas fundamentales de la obra de Kindháuser, este libro compila un conjunto de sus estudios más representativos referidos a la Parte general del Derecho penal. De este modo, se podrán encontrar los lineamientos de su teoría del delito que busca clarificar, desde el punto de vista de una teoría analítica de las normas y de la acción, el sistema de reglas jurídico penales.
El libro aborda la violencia que se reproduce en las familias en la contemporaneidad, y es este problema un "antiguo conocido", cuya pluralidad de estudios es amplía. El objetivo propuesto por el equipo docente interdisciplinar de la Universidad Externado de Colombia, fue indagar sobre las violencias presentes en el interior de las familias, así fue que se analizaron la multiplicidad de formas de actuar de los sujetos y, la manera como el Estado se posiciona, ora como garante, ora expresando omisión y negligencia. Esto por considerar la profunda relación existente entre la sociedad, los contextos y las familias, y la necesidad de ampliar los análisis que las culpabilizan por los escenarios violentos que vivencian en su cotidianidad. La finalidad del libro, en el marco de un campo ampliamente conocido y estudiado por las ciencias sociales, es aportar a la reflexión, a la comprensión del problema y, a los diversos procesos que implican las respuestas necesarias, dado que la familia - institución social que estructura la vida ha sido reconocida como un espacio contradictorio donde, siendo una de las principales responsables por la socialización de los sujetos, puede simultáneamente significar la construcción de relaciones solidarias y de cuidado y, a la vez, reproducir dinámicas jerárquicas autoritarias y violentas en el marco especialmente de las desigualdades de clase, género, "raza" y generacionales.
En esta obra se sintetizan los aportes y hallazgos originales de Kaufman, su propio enfoque de los problemas jurídicos, sin prejuicio de presentar amplia y rigurosamente las demás concepciones del derecho, así algunas de ellas sean ajenas a sus puntos de vista. No podía ser de otra manera, pues toda su producción está orientada por el principio de la tolerancia en una sociedad pluralista, frente a todas las opiniones, sin que ello signifique ausencia de profundas y razonadas convicciones personales.La obra recoge los temas tradicionales de la filosofía del derecho, por ejemplo el de la justicia, pero poniéndolos al día con la exposición de las modernas teorías procesales, desde Kant hasta Rawls y Habermas. Otro rasgo de la Filosofía del Derecho de Kaufmann es la estrecha vinculación entre teoría y práctica. No se trata de una obra puramente especulativa, sino ligada al acontecer jurídico, a la práctica judicial, al caso concreto. La obra recoge los temas tradicionales de la filosofía del derecho, por ejemplo el de la justicia, pero poniéndolos al día con la exposición de las modernas teorías procesales, desde Kant hasta Rawls y Habermas. Otro rasgo de la Filosofía del Derecho de Kaufmann es la estrecha vinculación entre teoría y práctica. No se trata de una obra puramente especulativa, sino ligada al acontecer jurídico, a la práctica judicial, al caso concreto.
