Desde hace años el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (sidh) ha ganado popularidad en el contexto latinoamericano, no solo por la especial relevancia que han tenido sus decisiones para los Estados, sino también por sus impactos multidimensionales al interior de los ordenamientos jurídicos nacionales y de la cultura jurídica regional. En esa medida, la investigación y la producción académica en torno al trabajo que realizan tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) como la Corte Interamericana (Corte idh) son bastante profusas.
Con el fin de afrontar la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19, los Gobiernos tomaron una serie de medidas que tuvieron fuerte impacto, algunos negativos, en la vida cotidiana y laboral de las personas. El distanciamiento social y la cuarentena generaron el cierre de algunas empresas y la consecuente incidencia en el mercado laboral: se disminuyeron las jornadas laborales, los salarios y se impuso el trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo como la regla general en la ejecución del contrato.
Aunque estaba prevista como una situación transitoria, la pandemia generó secuelas definitivas en el mundo del trabajo. En este marco, el presente texto recoge las ponencias presentadas en las VI Jornadas de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia, en donde se reflexiona a cerca de los retos que tiene la legislación laboral para afrontar estas con-secuencias, no solo en el ámbito sustancial, sino frente al procedimiento laboral que se ha visto impactado por la presencia de la virtualidad.
Teniendo en cuenta las situaciones que afectan la cobertura y financiación de los sistemas de seguridad social, en los ámbitos nacional e internacional se ha planteado la existencia de mecanismos de protección social denominados “pisos", con el fin de ampliar progresivamente la cobertura de la población frente a las contingencias que pueden pre- sentarse a lo largo de la vida. En Colombia existe un antecedente en la materia, creado con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y reglamentado a partir del Decreto 1174 de 2020; sin embargo, la norma del PND fue declara- da inexequible y no se encuentra en el país ninguna figura vigente que se le asimile.
Pese a lo anterior, debido a la trascendencia de dichos asuntos y a la necesidad de definir un ámbito de protección que cobije a aquellas personas que no pueden acceder al sistema de seguridad social, se debe plantear, a partir de las experiencias obtenidas del antecedente que existió en el ámbito nacional, la necesidad de crear mecanismos que garanticen la cobertura y protección de esta población, conforme a los principios que en el campo internacional se han establecido en materia de seguridad y protección social.
En el mundo actual, el respeto por los derechos fundamentales del trabajador ha cobrado notoria importancia y el derecho a la intimidad ha sido incluido en múltiples instrumentos internacionales de protección relativos a los derechos humanos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y determinados convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El tema que despliega la presente investigación parte de la hipótesis de que en Colombia no es claro el límite jurídico que separa la intimidad personal del empleado y el poder subordinante del empleador, en relación con la potestad de dirección y organización empresarial, que resulta determinante en el ejercicio de vigilancia, seguimiento y control de las herramientas de trabajo. Lo anterior, sumado al principio constitucional de libertad de empresa, que le permite al empleador un margen de libertad para decidir y contratar a sus empleados, mediante procesos internos de selección y vinculación de personal acorde a las necesidades y dentro del marco de la autonomía privada empresarial.
Al ser conscientes de la importancia y el valor humano Que tiene el derecho de asociación sindical en el mundo actual y Que cuenta con, protección en las normas nacionales e internacionales del trabajo, nos permitiremos por medio de esta obra aproximarnos al concepto y al contenido jurídico de tan importante derecho humano. La obra se desarrolla en dos capítulos: el capítulo primero versa sobre el marco conceptual del derecho de asociación sindical, los mecanismos internacionales, los universales, los regionales y los nacionales de protección. Y en el capítulo segundo se analizarán las principales violaciones al derecho de asociación sindical en Colombia en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2012.
La desigualdad pareciera ser un tema presente en las agendas de todos los países, esto es, un problema de preocupación de la comunidad humana. Sin embargo, en el contexto colombiano este problema se presenta con mayor fuerza, pues sin lugar a dudas la historia, las cifras y la realidad social innegable describen a Colombia como un país abiertamente inequitativo, como 10 constata el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que la sitúa en el puesto noveno entre las sociedades con mayor desigualdad.': un país que aún refleja en su tejido social los rasgos del régimen estamental francés; una sociedad en la que la estratificación de los ciudadanos marca los senderos y los criterios más apropiados para asignar recursos o para restringir derechos. Lo correcto sería que los planes y las estrategias para superar la enorme brecha social que identifica a nuestra comunidad fueran asuntos prioritarios para ser abordados por los poderes públicos.
Este libro pretende contribuir al debate sobre el proceso de transformación de la familia a partir de la consideración de la manera como se han desarrollado algunos principios o el derecho mismo en algunos ordenamientos jurídicos, y de cómo se abordan nuevos problemas partiendo de las categorías generales. El objetivo no es, pues, brindar una mirada exhaustiva, sino ofrecer lecturas adicionales.
En ese sentido, se trata de una obra colectiva en la que participan juristas de diversa proveniencia (nacional y académica): Chile, Colombia, Croacia, España e Italia. Cada capítulo aborda un tema u ordenamiento jurídico distinto, valiéndose en cada caso de una metodología diferente.
El punto de partida de esta obra, antes que nada, evoca la siguiente premisa: un país que en su constitución o en sus leyes contempla la protección de sus ciudadanos, pero en su tarea judicial desprotege a los consumidores, es un país que se ufana de ser un todo y termina siendo nada; en otras palabras, se convierte en una república que se asemeja a un árbol sin frutos. Con el desarrollo de la doctrina nacional e internacional, Colombia ha tenido una larga y distinguida historia en materia de responsabilidad; no obstante, con la expedición de la Ley 1480 de 2011, se han combinado los planteamientos y conceptos generales de la responsabilidad civil con la materia del producto defectuoso, dando como resultado un régimen íntegro –y no poco elaborado– de la responsabilidad civil por productos defectuosos, como una clase de responsabilidad ex nova, independiente, autónoma y con una filosofía diversa, que hace que esta no se ubique dentro del derecho mercantil, sino que se trata de un tipo de responsabilidad ideada para enfrentar casos reales y desafíos judiciales, más que hipótesis abstractas y didácticas –las cuales no dejan de ser útiles para la enseñanza del derecho, especialmente del derecho del consumo
En Colombia sí se evidencia la precarización del trabajo en los esquemas de tercerización. Además, la normativa que regula la tercerización laboral en el país es deficiente, lo cual impide el debido control de la precarización y, a su vez, limita el ejercicio de la libertad de empresa. Por lo anterior, el Estado colombiano debe propender hacia una configuración normativa de la tercerización que incorpore los límites requeridos para contener la precarización y, a la vez, garantice el ejercicio de la libertad de empresa. Estos límites se traducen en características y elementos esenciales. Las características son la integralidad y la transversalidad. Los elementos esenciales se formulan clasificándolos en conceptos, derechos y responsabilidades. En cuanto a los conceptos, se hace necesaria la unificación de los conceptos tercerización, intermediación, suministro de personal y servicio público de empleo. En cuanto a los derechos, resulta necesario incorporar un piso mínimo de derechos del trabajo, prohibiciones excepcionales y un régimen de negociación colectiva por rama. Y en cuanto a las responsabilidades, se requiere la reconfiguración de la unidad de empresa y del régimen jurídico de responsabilidad.
En 1988, la primera edición de este libro anticipó la concepción que adoptarían el Constituyente y el Legislador colombianos, pocos años después para fundamentar y desarrollar el nuevo Sistema de Seguridad Social integral contenido en la Ley 100 de 1993. En sus posteriores ediciones, se actualizó el contenido, presentando con más detalle los antecedentes y alcances de las reformas implicadas en esta ley, sus posteriores modificaciones.
La cuarta edición de este título constituye un nuevo texto en el que el autor lo revisa y amplía, e incluye las disposiciones más recientes en materia de seguridad y protección social. En esta edición, el autor conserva las virtudes de las anteriores, llena vacíos conceptuales y presenta de manera clara y esquemática las distintas instituciones de la seguridad social y su evolución, permitiendo a lectores expertos y entusiastas tener una visión panorámica y una comprensión integral de la seguridad social en Colombia.
