Este texto presenta los lineamientos jurisprudenciales, doctrinales y prácticos de la Consulta Previa (en adelante CP), como un derecho fundamental de los sujetos colectivos de protección especial, donde la participación libre e informada, en las diferentes decisiones administrativas o legislativas, obras, proyectos o actividades (OPA´s). La temática desarrollará en su parte general los aspectos internacionales; el Estado en sus diversas dimensiones, la CP en tres (3) fases así: pre consulta, consulta y post consulta, se considerarán los principios y características de vital importancia en su interpretación.
«Por primera vez en nuestra legislación se consagra la teoría de la Protección integral y el principio de la corresponsabilidad como base conceptual sobre la cual se soporta la ley 1098 de 2006 en relación con la prevención, protección y reafirmación de los derechos de niños y adolescentes. Con fundamento en este nuevo gravamen social radicado en el Estado, surgen importantes efectos sobre la Responsabilidad Penal que es preciso analizar. Después de un desarrollo histórico, normativo y constitucional se exploran y logran concluir las consecuencias que sobre la responsabilidad del Estado nacen por la expedición de la ley de infancia y adolescencia, los efectos que se encuentran en su aplicación y las posiciones en garantía que han surgido para la familia, la sociedad y el Estado».
Se precisa, luego de su evolución, el concepto de familia, escenario de aplicación de los alimentos, sus legitimantes activos y pasivos, institución investigada desde siempre hasta el derecho positivo de hoy, en el campo civil – familia, penal, comercial, laboral.
La intervención del Estado en los procesos de filiación: Estudio de la Constitución Política y del derecho convencional que proyecta la intervención del Estado en la acción de filiación en procura de la equiparación de responsabilidades parentales y el establecimiento de las relaciones familiares entre padres e hijo/a en un ambiente de amor y comprensión.
Esta conducta punible o tipo penal, como a bien se le quiera denominar, es para un grueso número de la doctrina y la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema y Constitucional, una gran conquista de Colombia cuando logró tipificarla, proyectando supuesta mente con esto, en apariencia. sanear la impunidad que sobre tal conducta, se venían desarrollando por ciertos grupos criminales, estando el grave error de esta tipicidad, en cambiarle su esencia estructural tal como la tiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, siendo lesiva para una persona como hoy se encuentra codificada, toda vez que violenta de manera flagrante su Inmunidad personal, consignado en nuestra Carta Magna.
Esta segunda edición de La policía judicial en el sistema penal acusatorio, con diez capítulos es producto de las vivencias y experiencias del autor como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que realizó investigaciones en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y por violación de derechoshumanos, como también del desempeño como Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en donde fue muy importante el acumulado que ese organismo traía desde la época de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con un personal comprometido con la investigación criminal y el trabajo criminalístico y de las ciencias forenses.
Es un análisis constitucional de la Ley 906 de 2004, desde la perspectiva victimológica, en la cual se refleja la situación actual de la víctima en nuestro panorama procesal penal.
Esta obra en su segunda edición, se constituye como una herramienta pedagógica diseñada por el autor para el abordaje práctico del Código General del Proceso colombiano (Ley 1564 de 2012), así como para el aprendizaje, el uso práctico y técnico de algunas temáticas claves y fundamentales del derecho procesal, mediante el uso de reglas de tres por tres (3×3) que permiten crear una estructura mental del Código y de aquellos aspectos básicos del derecho procesal, que resulta ciertamente práctica, útil y oportuna para el ejercicio de la profesión, y sobre todo, del litigio, ya que permite la sistematización mental sobre cuestiones relacionadas con instituciones procesales, tramites, particularidades y formalidades propias del proceso. Por ello, la obra es en sí misma un aporte significativo a la labor de operadores judiciales, litigantes, siendo también un instrumento didáctico para todos los estudiantes al permitirles un acercamiento y un abordaje más dinámico del derecho procesal. Es la herramienta de las trilogías.
Esta ley anunciada como el sanalotodo de nuestros variados, graves y tradicionales males, solo es una muestra más del crónico reformismo judicial propio de todos los gobiernos que se instalan y solo están bien provistos de improvisaciones. Acudiendo al conocidísimo apólogo es, más o menos, un parto de los montes: un ratoncillo jurídico. Y fue un parto asistido porque el proyecto original que contenía 80 artículos,• quedó en 111. Sus características: intensificar la supresión de beneficios a los procesados (aun tocando a los intocables menores de edad, aspecto que omitimos ahora comentar, asi sea perfunctoriamente, y esperar a que otros mas expertos lo hagan), con notoria involución del sistema acusatorio de reciente data, acelerar virtualmente el trámite, innovar delitos, modificar los vigentes y en especial aumentar penas sin ton ni son aunque se diga que todo ello es conclusión de científicos y sesudos estudios de politica criminal, que nadie conoce ni ha podido sopesar.Finalmente, obstinarse en mejorar la extinción de dominio que va de mal en peor hasta el punto que, en Colombia, sea un constante y absoluto peligro adquirir algo sin ser objeto de esa acción extraordinaria de purificación. La legislación en este punto no logra consolidarse ni acertar, sobre todo en la proteccion que merece el adquirente de buena fe.
Se describe como una "obra autónoma derivada" fundamentada principalmente en la jurisprudencia constitucional colombiana. Analiza los criterios para la concesión de este beneficio penal, estructurando sus páginas a partir de los lineamientos de las altas cortes.
Este texto no construye teoría, no pretende asombrar con el hallazgo de una novedad, solo busca aportar a la práctica del proceso penal la percepción del autor, de lo vivido en los juicios, algunas veces con ejemplos reales o hipotéticos.
No es un texto generoso en notas a pie de página. Está escrito para el estudioso del derecho y el litigante con un contenido eminentemente práctico, en un escenario tan complejo y a la vez atractivo: el juicio oral
Este artículo hace una presentación general de los tipos de decretos que expide el Gobierno Nacional en el sistema constitucional colombiano. Pretende, de una parte, mostrar la forma como el Ejecutivo ha manipulado la Constitución Política para dictar piezas normativas ajenas a nuestro sistema de fuentes del Derecho y por la otra, generar en la sociedad y en órganos como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la preocupación por la imperiosa tarea de identificar en nuestro ordenamiento jurídico con precisión, una tipología de enunciados normativos que permitan alertar con facilidad sobre aquellas normas que expida el Ejecutivo y que vulneren la supremacía de la Constitución, iniciando, de esa manera, la desarticulación del paradigma de invención normativa que viene operando en Colombia.
