«Por primera vez en nuestra legislación  se consagra la teoría de la Protección integral y  el principio de la corresponsabilidad como  base conceptual sobre la cual  se soporta la ley 1098 de 2006 en relación con la prevención, protección y reafirmación de los derechos de  niños y adolescentes. Con fundamento en este nuevo gravamen social radicado en el Estado, surgen importantes efectos sobre la Responsabilidad Penal que es preciso analizar. Después de un desarrollo histórico, normativo y constitucional se exploran y logran concluir las consecuencias que sobre la responsabilidad del Estado nacen por la expedición de la ley de infancia y adolescencia, los efectos que se encuentran en su aplicación y las posiciones en garantía que han surgido para la familia, la sociedad y el Estado».