Civil

(Titulado, con concordancias jerarquizadas, anotado con más de 900 comentarios tanto doctrinales como jurisprudenciales, con especial referencia al Código General del Proceso y legislación complementaria)

Leer Más Menos

En el escenario jurídico colombiano, el libro se centra en especial a explicar cada uno de los momentos en los que la acción de reconvención procede en cada uno de sus aspectos sustanciales y procedimentales, aplicando criterios de distinción entre (i). reconvención y acumulación, (ii). reconvención y excepción, (iii) reconvención y compensación, (iv) reconvención y contraprestación. Todos estos elementos reconfiguran una verdadera teoría y práctica de la reconvención en Colombia, conectándose con especial reconsideración a las reglas de procedencia de la reconvención y a los actos de defensa del demandado en el proceso de ejecución singular, lo que para este constitucionalista no podría dejarse pasar por desapercibido, ya que inmediatamente nos traslada al derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política.

Leer Más Menos

La dogmática clasifica las presunciones en legales y judiciales según sea el sujeto que la formule, enrutando sus efectos hacia la verdad de los hechos. Se plantea que la presunción juris tantum admite prueba en contrario y que las iure et de jure no admite la producción de prueba en contrario del hecho presumido. Se plantea entonces una mirada crítica al concepto de presunciones por parte de la doctrina para eliminarlas de la noción tradicional y reconducirlas a otros conceptos como la carga de la prueba, las ficciones legales y las inferencias probatorias, pero con la salvedad de que existirán otras circunstancias que justifican que el concepto se mantenga.

Leer Más Menos

Es el derecho de alimentos uno de los más importantes por reconocer en el ser humano, como que «encierra un profundo sentido ético y social, ya que significa la preservación del valor primario: la vida, un deber de solidaridad familiar que se impone de acuerdo con la necesidad del que debe recibir y en la posibilidad de quien debe darlos» (T. 212/93), amén de ser protegido por la Constitución nacional, en la cual se le otorga el carácter fundamental, no es entonces asunto fácil de tratar en estas líneas si no se hace de manera clara y ordenada.Pensamos de inmediato en el interés superior del menor y, nos vamos ubicando en que primero es el niño; aquel del que trata el artículo 34 del Código Civil, 42, 44, 45 de la CN, artículo 8.° de la Ley 1098 de 2006 CIA, pero sin que podamos olvidar que este derecho de alimentos también le asiste a otros que, sin ser menores, pueden reclamarlo, como los mayores imposibilitados para proveérselos por sí mismos y los incapaces. Es el derecho de alimentos uno de los más importantes por reconocer en el ser humano, como que «encierra un profundo sentido ético y social, ya que significa la preservación del valor primario: la vida, un deber de solidaridad familiar que se impone de acuerdo con la necesidad del que debe recibir y en la posibilidad de quien debe darlos» (T. 212/93), amén de ser protegido por la Constitución nacional, en la cual se le otorga el carácter fundamental, no es entonces asunto fácil de tratar en estas líneas si no se hace de manera clara y ordenada.Es el derecho de alimentos uno de los más importantes por reconocer en el ser humano, como que «encierra un profundo sentido ético y social, ya que significa la preservación del valor primario: la vida, un deber de solidaridad familiar que se impone de acuerdo con la necesidad del que debe recibir y en la posibilidad de quien debe darlos» (T. 212/93), amén de ser protegido por la Constitución nacional, en la cual se le otorga el carácter fundamental, no es entonces asunto fácil de tratar en estas líneas si no se hace de manera clara y ordenada.Pensamos de inmediato en el interés superior del menor y, nos vamos ubicando en que primero es el niño; aquel del que trata el artículo 34 del Código Civil, 42, 44, 45 de la CN, artículo 8.° de la Ley 1098 de 2006 CIA, pero sin que podamos olvidar que este derecho de alimentos también le asiste a otros que, sin ser menores, pueden reclamarlo, como los mayores imposibilitados para proveérselos por sí mismos y los incapaces. Es el derecho de alimentos uno de los más importantes por reconocer en el ser humano, como que «encierra un profundo sentido ético y social, ya que significa la preservación del valor primario: la vida, un deber de solidaridad familiar que se impone de acuerdo con la necesidad del que debe recibir y en la posibilidad de quien debe darlos» (T. 212/93), amén de ser protegido por la Constitución nacional, en la cual se le otorga el carácter fundamental, no es entonces asunto fácil de tratar en estas líneas si no se hace de manera clara y ordenada.

Leer Más Menos

Hacia mediados de 2020, un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, de Bogotá (COLOMBIA), ha presentado un Proyecto de Nuevo Código Civil Colombiano, que sustituya al actual, con la intención que él fuera conocido y criticado por el mayor número posible de interesados en el asunto. Esta obra, pues, se inscribe en tal contexto. He ahí la razón por la cual el presente libro se intitula “Críticas al Proyecto de Nuevo Código Civil Colombiano”. Se lo divide en dos grandes partes: 1ª. Críticas generales; y 2ª. Críticas particulares. La 1ª. parte versa sobre unas críticas generales, por cuanto subyacen a todo o a muy buena parte del Proyecto. La 2ª., en cambio, analiza los 2069 artículos, de que consta el Proyecto y, en cada uno de los criticables, hemos colocado nuestra opinión. No nos ha animado espíritu diferente del de contribuir a que haya la mayor claridad en torno a una iniciativa, que interesa enormemente, no sólo a los abogados, sino a todo el mundo, comoquiera que un Código Civil regula las cuestiones más vitales de la existencia humana.

Leer Más Menos

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA POLICIAL 2010 – MEJORES POLICÍAS  DE COLOMBIA – AUDITORIO GENERAL SANTANDER – DIRECCIÓN GENERAL  DE LA POLICÍA NACIONAL – BOGOTÁ. D.C., 14 DE DICIEMBRE DE 2010.-   

Leer Más Menos

La ciudad tiene su propio latido. Es un compás irregular donde conviven el tráfico, las voces, los reclamos y las esperanzas. Entre el ruido y la palabra, entre el muro pintado y la sentencia escrita, se levanta un diálogo improbable: el de la música urbana y el Derecho. Ambos hablan del orden y del desorden, de las reglas que se rompen y de las que se inventan para sobrevivir. El jurista y el músico trabajan con el mismo material: la palabra que ordena, nombra y transforma la realidad. Aunque uno se expresa en códigos normativos y el otro en versos y compases, ambos constituyen lenguajes de poder, legitimidad y resistencia. Cada verso improvisado es un alegato; cada fallo judicial, una narrativa sobre el poder y sus límites. En los barrios donde la norma llega tarde, la música urbana se adelanta. Funciona como un sistema jurídico alternativo, la legitimidad se gana en la calle y el respeto se conquista con palabra y coherencia. Este libro nos invita a repensar el Derecho desde el ritmo, la lírica y la resistencia. A entender que la norma también puede rimar, que la sentencia puede tener flow, y que detrás de cada conflicto social hay un coro de voces que exige ser escuchado. Propone un punto de encuentro entre ambas disciplinas. No pretende fusionarlas ingenuamente, sino explorar los puntos de fricción donde el Derecho puede aprender de la estética urbana: su cercanía con la realidad, su escucha activa del entorno y su capacidad de generar comunidad.

Leer Más Menos

El  urbanismo  y  sus  edificaciones  tienen  alta  perdurabilidad  en  el  tiempo,  irradiando  así  mismo  impactos  positivos,  negativos  oneutros  en  los  territorios.  Las  normas  jurídicas  y  el  soft  law  ayudan en  la  estructuración  de  dinámicas  colectivas,  sin  embargo,  por  si solas  no  transforman  la  realidad,  es  así  como  al  correlacionar urbanismo,  edificaciones,  normas  jurídicas,  soft  law,  con  el  cambio climático  (realidad  innegable  ante  datos  de  migración  por condiciones  ambientales,  deshielo  de  polos  árticos,  aumento  del nivel  del  mar,  contaminación  de  recursos  naturales  no  renovables, mayores  precipitaciones  en  lluvias,  tornados,  ciclones,  temperaturas más  extremas),  se  avizora  la  necesidad  imperiosa  por  un  urbanismo y  construcción  sostenible,  sumándole  una  gestión  adecuada  del parque  inmobiliario  existente  a  fin  de  rehabilitarlo.  En  Colombia  han  sido  importantes  los  esfuerzos  y  decisiones  para promover  el  urbanismo  y  la  construcción  de  edificaciones sostenibles,  sin  embargo,  se  observa  que  a  nivel  internacional, específicamente  en  la  Unión  Europa  (UE)  y  España,  se  tiene  unadelanto  más  significativo,  toda  vez  que  desde  la  normativa  jurídica de  España,  se  incluyen  disposiciones  coercibles  desde  hace  más tiempo  sobre  dichas  áreas,  considerando  además,  la rehabilitación  de  lo  existente,  mientras  que  en  Colombia,  es  una tendencia  más  reciente  desde  la  normativa  jurídica,  siendo  más principialística  que  coercible,  y  todavía  no  considera  la  rehabilitación de  lo  existente.  Se  resalta  que  tanto  España  como  Colombia  tienen Leyes  del  año  2021  sobre  el  cambio  climático,  precisando  que  la española  establece  de  manera  prescriptiva  metas,  tiempos  y estrategias  coercibles,  sobre  el  urbanismo,  la  construcción  de edificaciones  nuevas  y  la  rehabilitación  de  las  existentes,  mientras que  la  colombiana  todavía  es  más  de  intencionalidades  y  no  alude de  manera  expresa  al  urbanismo,  la  construcción  de  edificaciones nuevas  o  rehabilitación  de  las  existentes. 

Leer Más Menos

El estímulo de escribir “Fundamentos de Bienes” fue alcanzar varios objetivos: El inicial, de poder destacar una visión de algunas figuras jurídicas como la misma noción de bienes, la clonación de órganos, presentar en toda su dimensión el derecho de retención, un tema novedoso como la propiedad en los cementerios, incluyendo su embargabilidad o inembargabilidad, los ejidos, los humedales, los baldíos, y la cláusula de inalienabilidad. Otro, brindar criterios para la fundamentación en la materia de bienes. Un tercero, satisfacer al educando universitario con un texto completo sobre la parte general de bienes, y simultáneamente servir en algo a mis compañeros en el ejercicio de la abogacía. Y el final, dar a conocer el valor intelectual de nuestra comarca. La fuente fueron los apuntes desarrollados en cada una de mis clases en las diversas universidades que he enseñado, durante más de 20 años, preparadas día a día en cumplimiento de la misión, pensando en la responsabilidad asumida.

Leer Más Menos

Prevención y resolución pacífica de conflictos familiares.

Leer Más Menos

Por la facilidad con que puede apreciarse, el daño es objeto del conocimiento común. Pero además de ser un fenómeno físico, puede integrar un fenómeno jurídico, es decir, susceptible de ser jurídicamente calificado y, desde este punto de vista, entra en los dominios del estudio de los juristas. Más específicamente, todavía, el daño, puede ser un efecto jurídico. Ciertamente, perjuicio puede ser padecido por una determinada persona a causa de la inobservancia de una norma, que para obtener un resultado favorable le impone una determinada conducta; por lo que, precisamente el efecto desfavorable, ha sido querido por el derecho, a raíz de la falta de matización de tal comportamiento, o sea, de la inobservancia por él mismo.

Leer Más Menos

Conforme, entonces, a la posición interpretativa intermedia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y no a la posición fuerte de la Sección Segunda, no pueden los jueces ni la administración desconocer las consecuencias jurídicas derivadas del momento en que se adquiere el derecho a la pensión, que tal como lo explicita el artículo 48 de la Carta Política, ocurre cuando se cumplen los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas y que es en esa fecha en que se consolida el derecho conforme a los precedentes jurisprudenciales vigentes de los órganos de cierre en ese momento. Así, a manera de ejemplo, si el estatus pensional se adquirió con la Ley 33 de 1985 antes del 6 de julio de 2015 (fecha de publicación de la Sentencia SU-230 de 2015), el monto de la pensión será equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, bajo el entendido que la noción de monto incluye tanto la base de liquidación —IBL— como el porcentaje o tasa de reemplazo, acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 04 de agosto de 2010, que era el criterio jurisprudencial vigente antes de la SU-230, aún si el reconocimiento del derecho, o su reliquidación, se solicita en vigencia de esta última providencia, la cual, en esta hipótesis, no es la que debe tenerse en cuenta para resolver el caso.

Leer Más Menos