Que nadie piense que la poesía y la criminología, hermanadas, como siempre, en este libro, sugieren un tiempo de armonía. Es la «ambigüedad de la penumbra» la que nos lleva, como sabiamente nos conduce el maestro. No se trata de un aporte para el disfrute, sino para la elevación, para la contradicción, para la antítesis, para la discusión. Es ver la crueldad aparente de la sombra, sentir su sonido, no someterse a su fatalidad.
Delito y pena (origen); delito y pena (derecho a castigar); delito y pena (consecuencias); delito y pena (interpretación de ley); delito y pena (oscuridad de la ley); delito y pena (captura); delito y pena (indicio y forma de perjuicio); delito y pena (testigo); delito y pena (acusación secreta); delito y pena (pregunta capciosa); delito y pena (juramento); delito y pena (tortura); delito y pena (proceso y prescripción); delito (tentativa); delito (cómplice); delito (impunidad); suavidad de pena; pena de muerte; delito y pena (destierro y confiscación); delito y pena (infamia); delito y pena (prontitud); delito y pena (certeza e infiabilidad); delito y pena (asilo); delito y pena (de talla); delito y pena (proporción); delito y pena (medida); delito y pena (división); delito de lesa majestad; delito contra seguridad del particular; delito y pena (injuria); duelo; hurto; contrabando; deudor; tranquilidad pública; ocio político; suicidio e inmigrante; delito y pena (prueba difícil); delito y pena (género particular del delito); delito y pena (falsa idea de utilidad); delito y pena (espíritu de familia); delito y pena (fisco); delito y pena (prevención del delito).
Al igual que la democracia, el Estado de derecho se ha vuelto un concepto hegemónico: hoy en día es casi inconcebible que un Estado no pretenda ser un Estado de derecho. Por ejemplo, la constitución canadiense establece que Canadá está fundado en principios que reconocen la primacía del derecho y la colombiana afirma que aquel país constituye "un Estado social de derecho". Por su parte, la Carta democrática interamericana confirma los lazos indisolubles entre la democracia y el Estado de derecho. A menudo, en el contexto internacional actual, los Estados se ven en la obligación de pasar de la palabra a los hechos : las reformas orientadas hacia la mejora del Estado de derecho en los países del sur constituyen por lo general una exigencia de los países occidentales o de los organizaciones financieras internacionales.
En esta obra se estudian, de forma completa y detallada,los deberes y la responsabilidad civil de los administradoresde sociedades. Además de explicar con claridad elrégimen actualmente aplicable, el libro tiene un alcancemucho más amplio al analizar la legislación, jurisprudenciay doctrina del Estado de Delaware, en los EstadosUnidos, y de distintas jurisdicciones en Europa. El análisisen derecho comparado que nutre los diferentes temasque se desarrollan, siempre es complementado con suexamen a la luz de las instituciones jurídicas en Colombia,lo cual permite su mejor comprensión y muestra la sendapara su modernización.Dentro de los diversos aspectos que se tratan llamanparticularmente la atención el análisis minucioso de laregla de deferencia al criterio empresarial de los administradoreso "business judgment rule", los administradoresde hecho, el deber de diligencia o cuidado y el delealtad, los deberes de los administradores en fusiones yadquisiciones M&A y en la etapa preconcursal, asícomo las diferentes acciones que se pueden instaurarcontra ellos.
LEY 906 DE 2004Desde la configuración constitucional del sistema penal acusatorio, Acto Legislativo(A.L.) 03 de 2002, se vislumbraba con toda claridad que uno de los principales cambios del proceso consistiría en que la «prueba» para dictar sentencia cambiaba de escenario, es decir, no «permanecía» o se recaudaba en la investigación, sino que ésta tenía que incorporarse y practicarse, dentro del juicio oral, de una manera concentrada, pública, oral, contradictoria, con inmediación- tanto en la formación, aducción y práctica- en presencia del Juez y de las partes.Lo anterior quiere decir que las pruebas, de cara a la nueva estructura procesal (Ley 906 de 2004), están regidas y condicionadas por unos principios constitucionales que le dan contenido y determinan su validez, por lo que no se trata de una retórica abstracta, sino que esos postulados diseñan el nuevo paradigma probatorio constitucional del proceso.
La defensa judicial de la posesión en Colombia se ocupa del estudio, serio y detallado, de una temática de grandes implicaciones socio-jurídicas: la protección posesoria. En ese sentido, el texto desarrolla la posesión, no sólo a partir de un enfoque teórico y dogmático, sino que trasciende a su comprensión normativa por medio de los mecanismos que garantizan su efectiva protección, resaltando, al mismo tiempo, el trasunto social que subyace a su efectivo reconocimiento, en tanto representa un instrumento de justicia social que promueve los fines y valores esenciales de un Estado constitucional, a saber: la igualdad, la solidaridad, la dignidad humana y el trabajo.
Por lo anterior, es decir, por aquella conexidad entre la posesión y la realización de valores constitucionales, se ha conferido a la posesión un lugar privilegiado en el marco de los debates que discurren por los senderos del derecho patrimonial y, concretamente, por los del llamado derecho de bienes. Y este libro, concretamente, se propone aportar significativamente en el escenario de aquella discusión.
El autor de estas obras (Tomos II y III) nos entrega casos particulares de su ejercicio profesional, haciendo conocer toda su rica experiencia en el área del Derecho Penal con interesantes lecciones que contribuyen a un mejor conocimiento de la experiencia profesional. Sus defensas son novedosas y firmes por defender con rigor y estrictez, los buenos principios jurídicos. Esta obra va dirigida a los abogados, fiscales, y en general, a todos los juristas dentro del campo penal.
Toda la normatividad que, de manera directa, se ocupa de las relaciones jurídicas que tienen como epicentro al sujeto de especial protección llamado campesino y los que se le asemejan como son los grupos étnicos; así como de lo relativo a la conservación y explotación de la tierra y de los recursos naturales. De esta manera, sin aplicar el dogma del "Rey Midas", encontramos que el Derecho Agrario se nutre de las diferentes ramas del derecho, como el Civil, el Administrativo, el constitucional, el Financiero, el Cooperativo, el Laboral, el Minero, el Energético, el Notarial, el catastral, el Registral, el comercial, el Internacional, el Ambiental y, en fin, de todas las especiales regulaciones jurídicas que resulten directamente predicables a esos sujetos especiales, a la explotación de los recursos naturales y al medio ambiente. Con este criterio hemos elaborado el presente trabajo, que abarca la búsqueda de las definiciones consignadas en las diferentes providencias de nuestras Altas Cortes desde el año de 1886 hasta nuestros días, y esperamos resulte útil para los colegas y en general para los comprometidos con este mundo de nuestro derecho patrio. Las definiciones son punto esencial en las ciencias, especialmente en la ciencia del derecho y en su naciente rama del DERECHO AGRARIO INTEGRAL, pues ellas permiten el entendimiento y cabal desarrollo de sus diferentes instituciones. Ya lo dijeron los filósofos: "definid y no disputareis".
La presente obra busca ser una base argumental para proponer la dignificación del notario de provincia quien con gallardía, valor y nobleza, presta su servicio, como profesional calificado, producto de un concurso de méritos, a las comunidades que están viviendo en poblaciones donde el conflicto armado, el orden público, las bandas criminales, la carencia de servicios públicos, la ausencia de infraestructura vial, la pobreza del municipio llevó a que lo hubiesen catalogado como perteneciente al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac); por ende, el notario de provincia debe ser objeto de un enfoque diferencial, a fin de atender la normativa supraconstitucional que deviene del bloque de constitucionalidad y del Acuerdo de La Habana. Asimismo, pretende acercar a la comunidad en general a comprender cuáles son las competencias y el quehacer notariales, conocimiento que llevará al ciudadano del común a saber de los derechos, sobre las herramientas jurídicas y la jurisprudencia vigente que le brinda una notaría con el fin de mejorar su entorno y tener mejor calidad de vida. Este libro es también herramienta académica para el notario y para el estudiante de Derecho que encuentra en la obra un apoyo para su oficio regular, laboral y académico.
El dictamen de parte se introdujo como medio de prueba tanto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, como en el Código General del Proceso - CGP. En este trabajo se estudian las características del mismo y se compara con el dictamen judicial que hasta ahora venía utilizándose de manera exclusiva. En este libro se muestra que esta innovación, en la que la prueba la aporta la parte y la contradicción se hace con otro dictamen y con el interrogatorio de los peritos en la audiencia, representa un cambio fundamental en el aspecto probatorio del proceso. “El libro del doctor Bermúdez ofrece principalmente al lector colombiano, pero no únicamente, un examen tanto conceptual como crítico-práctico de la prueba pericial en la Ley 1437 de 2011, de 18 de enero, por la que se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código en el que el artículo 219 regula el dictamen de parte, si bien con algún extremo poco claro. Y tan poco claro que su existencia explica sobradamente un libro como el que aquí se presenta al lector. Ese lector empleará el tiempo con aprovechamiento si se detiene en su lectura”
