Cuando aún nos encontrábamos adaptándonos a la normatividad del Código General del Proceso, aplicable obligatoriamente al proceso laboral cuando haya falta de reglamentación en el Código especializado conforme lo ordena el artículo 1.o de aquel, nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19 que puso a la justicia y, en general, a todo el país y al mundo frente a una suspensión de actividades que conllevó el represamiento de la litigiosidad con todas sus consecuencias negativas. Con el fin de afrontar dicha pandemia y sus nefastas consecuencias, mas no con el de poner la justicia a tono con las tecnologías de la información y las comunicaciones, se dictó por el Gobierno nacional el Decreto Legislativo 806 de 2020 que impuso la utilización de mecanismos técnicos que evitaran el contagio de los funcionarios, los empleados y los usuarios de la justicia y, de esta manera, hacer posible la operatividad de la justicia así sea en su mínima expresión.
La idea tuvo buenos resultados ya que nos introdujo, en forma obligada, en la utilización de dichas tecnologías que fue la herramienta utilizada para lograr ese objetivo de sanidad, hasta el punto de que el Congreso le dio vida permanente al decreto extraordinario mediante la Ley 2213 de 2022.
Se estableció con dicha medida legislativa una regla general para el trámite de los procesos en la casi totalidad de las jurisdicciones: su adelantamiento se surtirá por medio de audiencias virtuales quedando la presencialidad vigente solo para situaciones excepcionales de lo cual el juez deberá dejar la respectiva constancia en la actuación.
Esa regla general que se muestra tan simple en su enunciado, trajo serias reformas a los procedimientos que, en forma obligatoria, se deberán tener en cuenta no obstante que expresamente dispuso la referida ley que sus normas tendrían carácter complementario de las que conforman los códigos especializados, mas no derogatorios ni reformatorios de estas, dado que el objeto de la Ley 2213 fue imponer el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el trámite del proceso.
Con el fin de adentrarnos en el entendimiento y la aplicación correcta de las normas que configuran la Ley 2213 de 2022 se ha pensado en esta nueva edición. Para cumplir con ese objetivo se hará referencia a los pronunciamientos de las Altas Cortes en donde se ha abordado su estudio. Desde luego que también se aprovecha la oportunidad no solo para ponerla a tono con las últimas decisiones de carácter destacable tomadas por aquellas en materia procesal, sino para introducir algunos temas nuevos que en las ediciones anteriores no se habían tocado. Se conserva nuestro sentido crítico constructivo en la exposición lo que se aprovecha para poner de presente asuntos que ameritan a gritos alguna reforma.
a constante evolución del derecho procesal laboral y de la seguridad social nos lleva a reflexionar sobre los profundos cambios introducidos por la normativa reciente. Al revisar nuevamente lo expuesto en la edición anterior, constaté que sus planteamientos siguen siendo pertinentes, por lo que decidí reproducirlo en su esencia. No obstante, esta décima edición tiene el propósito de actualizar y enriquecer el texto con las últimas disposiciones jurisprudenciales y doctrinales, especialmente en relación con la digitalización y la oralidad, buscando siempre una aplicación práctica que contribuya a una justicia más efectiva y equitativa.
En este sentido, el propósito del libro es dar una mirada de conjunto a una de las cuestiones más importantes para una Constitución: la organización territorial del Estado. Para ese efecto nos hemos reunido un reconocido grupo de constitucionalistas latinoamericanos, a fin de abordar este asunto que, junto a la separación del poder del Estado en ramas y la enunciación de un catálogo de derechos fundamentales y sus garantías para los asociados, hace parte del conjunto de contenidos mínimos y exigibles a todo contrato político que aspire a ser reconocido como una Constitución.
«Abordar el estudio de una institución de la seguridad social, como lo es la pensión de vejez, con el fin de abrir el paso a una teoría que permita entrar a validad su utilidad social es un trabajo en extremo dificultoso.No es que exista una gran variedad de autores en el mundo y, en especial, en nuestro país, que hayan escrito sobre la seguridad social, sus programas, sus prestaciones, etc.Tampoco faltan quienes hayan ensayado sobre su definición y contenido , ni mucho menos quienes se hayan referido a sis fuentes de financiamiento, consecuencias, eficiencias. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos conocido son estudios bastante limitados, poco comprensivos del universo que compone la seguridad social, que de una manera u otra señalan verdades parciales que generan creencias generales, falacias de composición que sólo una investigadora consagrada buscaría evitar a través de la construcción de un marco teórico fuerte, dispuesto a ser probado con la rudeza que exige el método científico […].».
Esta segunda edición de La policía judicial en el sistema penal acusatorio, con diez capítulos es producto de las vivencias y experiencias del autor como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que realizó investigaciones en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y por violación de derechoshumanos, como también del desempeño como Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en donde fue muy importante el acumulado que ese organismo traía desde la época de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con un personal comprometido con la investigación criminal y el trabajo criminalístico y de las ciencias forenses.
Los obligados pari gradu son una institución propia de los títulos-valores, que exigen ser observados frente al fenómeno de la prescripción extintiva y la solidaridad pasiva, bajo la arista del derecho cambiario y los principios que lo rigen. De este ejercicio, puede arribarse a la conclusión de que existen tantas relaciones cambiarias independientes, unas de otras, como obligados pari gradu, y donde la suerte de alguno de ellos dista de la de los demás, como es el caso de la prescripción extintiva formulada por uno de los pari gradu, que de estimarse, solo afecta la relación obligacional de este, extinguiendo su única y exclusiva relación, perdurando la de los demás pese a la solidaridad pasiva que existe entre ellos […].
Los días de privación de la libertad personal, cesaron y, cuando fue injusta, el Estado debe pagar la indemnización del daño antijuridico inferido. Este es el fondo del compromiso político del Estado al reservarse la administración de justicia e impartirla injustamente como sinónimo de arbitrariedad estatal o sin apego a las reglas del debido proceso nacional.
Esta obra tiene tres finalidades: ilustrar el tratamiento jurídico del transporte, aclarar la forma de aplicación del derecho del consumo en el comercio electrónico y estudiar sus particularidades en cuanto al transporte de las mercancías que adquiere el consumidor en plataformas digitales empresariales.
El libro se desarrolla bajo un enfoque de derecho preventivo, consistente en asegurar la validez, la eficacia y la seguridad jurídica de acuerdo con las variables (formales y materiales) de cada caso.
Se espera que los lectores disfruten su recorrido y que este aporte en relación con las buenas prácticas jurídicas que deben crear, aplicar y retroalimentar las empresas cuando forman relaciones jurídicas (extracontractuales o contractuales) con consumidores a través de medios digitales.
La nueva obra que el Doctor Bañol Betancur pone en circulación, permite que la ciencia del Derecho pueda ser abordada desde diferentes dimensiones para su mejor aplicación en sociedades complejas y conflictivas. Por ello se comparte el pensamiento del Dr. Motta cuando señala que: “En lo que respecta a la aplicación de la perspectiva del pensamiento complejo al tema central de la tesis, evidencia un conocimiento apropiado y cierta originalidad al aplicarlo al tema como marco valorativo”
Desde hace algún tiempo, se viene cuestionando en cierto sector de la Doctrina europea, en especial la de España e Italia, lo mismo que en la Latinoamericana, lo concerniente a los poderes materiales del juez, con especial énfasis en el deber impuesto a los jueces de decretar pruebas de oficio.La prueba de oficio, como deber- poder material del juez, consistente en que el juzgador, a su iniciativa, en los procesos civiles, laborales, contencioso administrativo y aún penal, pueda decretar pruebas no solicitadas por las partes, sin más limitaciones que los establecidos por el ordenamiento jurídico, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en aras de buscar la verdad de los enunciados fácticos propuestos por las partes.Las pruebas de oficio, van más allá de las medidas para mejor proveer, que eran definidas como «aquellas que el juzgador puede disponer, en el momento que ha de dictar una providencia, y con las garantías y los requisitos establecidos por la ley, al objeto de lograr que dicha providencia sea más ajustada al derecho y la justicia; esto es, como su nombre lo indica, para mejor proveer»'.
La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general.
Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse.
Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.
