La trata de personas es una de las manifestaciones más graves de la criminalidad organizada transnacional, caracterizada por la cosificación del ser humano con fines de explotación. Su expansión a través de redes criminales que trascienden fronteras plantea importantes retos en materia de cooperación internacional y jurisdicción, donde la jurisdicción universal se presenta como herramienta indispensable para perseguir a los responsables sin importar el lugar de comisión o la nacionalidad de las partes.
De igual forma, el enfoque victimocéntrico se ha consolidado como paradigma en la atención de este delito, reconociendo a la víctima como sujeto de derechos que debe ser protegido y reparado. La normativa nacional e internacional ha reforzado sus garantías procesales en cuanto a información, asistencia, participación, protección y reparación, con el propósito de prevenir la revictimización. Sin embargo, la declaración de una víctima de trata en el proceso penal enfrenta obstáculos como el temor a represalias, la desconfianza hacia las autoridades, la estigmatización social y las secuelas psicológicas, lo cual afecta la calidad de su testimonio. Por ello, reflexionar sobre este fenómeno resulta de gran interés, en tanto permite evidenciar falencias del sistema penal y la necesidad de un modelo de justicia que reconozca a la víctima como eje de protección jurídica y fortalezca la respuesta frente a este flagelo.