En el año 2006, luego de una confrontación jurídica de largo aliento, una de las tantas batallas que han existido y que seguramente seguirán existiendo entre grupos abortistas y pro vida llegaría a su fin, el saldo, una victoria parcial de los primeros sobre los segundos, el motivo, la decisión de nuestra Corte Constitucional de despenalizar parcialmente el aborto en Colombia.
Lo que se hizo por mano de estos juristas como era natural, generó inconformidad en parte de la población que consideraba que se había facultado a las madres para disponer sobre la vida de sus hijos, siendo que este derecho, la vida, es el primero de todos los derechos y debe gozar de protección absoluta; como también de otros que consideraban que el único competente para decidir sobre la vida es Dios.
Al margen de la validez y solidez de estos contraargumentos jurídicos y extrajurídicos formulados frente a la decisión de la Corte, la Sentencia C - 355 de 2006', providencia de constitucionalidad que es obligatoria para todas las autoridades de la República, cambio la noción del concepto vida y creo una nueva realidad jurídica en nuestro país, y naturalmente para el derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado, quién fue llamado en esta sentencia a cumplir un importante papel.
Bajo esta lógica, la Corte señaló en la sentencia citada que la vida desde el momento de la concepción y en el estado en que se encuentre es susceptible de protección constitucional, sin embargo, manifestó