CONTENIDO

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2015.
•Es inexequible porque amplió tácitamente la competencia de los delitos
de conocimiento de la jurisdicción penal militar a infracciones contra el
derecho internacional humanitario. Salvamento de voto.
ALLANAMIENTO ILEGAL.
•Debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria.
ALUMNOS DE ESCUELAS DE FORMACIÓN POLICIAL.
•No están amparados por el fuero penal militar por no estar ubicados
dentro de la jerarquía y escalafón policial y no ejercer funciones públicas.

AUDITORES DE GUERRA.
•Los auditores de guerra en la Ley 522 de 1999.
CÓDIGO PENAL MILITAR.
•Características de la remisión al Código Penal ordinario y relación del
delito con el servicio.
•No puede crear condiciones más benéficas que las contenidas en la
legislación penal ordinaria. Caso de la tentativa desistida.
•Sentido de la no exclusión de delitos ordinarios.
COMISIÓN POR OMISIÓN.
•Por regla general, el fuero penal militar no aplica para conductas en las
que se pretenda establecer responsabilidad penal de comisión por
omisión (omisión impropia).
CONFLICTO ARMADO.
•El derecho internacional humanitario -DIH- y el derecho internacional de
los derechos humanos -DIDH- no siempre son complementarios en las
investigaciones y juzgamientos contra miembros de la fuerza pública
relacionadas con el conflicto armado. Salvamento de voto.
•El derecho internacional humanitario -DIH- y el derecho internacional de
los derechos humanos -DIDH- son complementarios en las
investigaciones y juzgamientos contra miembros de la fuerza pública
relacionadas con el conflicto armado.
•El derecho internacional humanitario -DIH- y el derecho internacional de
los derechos humanos -DIDH- son concurrentes en las investigaciones y
juzgamientos contra miembros de la fuerza pública relacionadas con el conflicto
armado. Salvamento de voto.
CONFLICTO DE COMPETENCIA.
•Factores para dirimir conflictos de competencia con la jurisdicción ordinaria.
•Puede ser provocado por la Fiscalía General de la Nación.
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
•Las garantías procesales que contempla la convención son aplicables en
la justicia penal militar.
CRÍMENES DE GUERRA.
•No constituyen delitos relacionados con el servicio y por tanto no son de
competencia de la justicia penal militar. Salvamento de voto.
DEFENSA.

•No puede ser asumida por oficiales en servicio activo, aunque sean
abogados, pues carecen de la independencia necesaria para ejercer el
encargo encomendado.
DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DIH.
•Incompetencia de la justicia penal militar.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS.
•La justicia penal militar carece de competencia para juzgarlos.
DERECHO AL SUFRAGIO.
•Los miembros de la Fuerza Pública son ciudadanos con restricción para
ejercer el derecho al sufragio.
DESAPARICIÓN FORZADA.
•La justicia penal militar no es competente para su investigación y
juzgamiento.
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.
•El juez penal militar puede hacer las veces de ejecutor de la sentencia.

FAVORECIMIENTO DE LA FUGA Y COHECHO.
•No tienen relación con el servicio.
FUERO PENAL MILITAR.
•Cobija exclusivamente las faltas cometidas en desarrollo de actuaciones
legítimas.
•Cuando no es clara la situación en la que se concreta el hecho delictivo,
la competencia es de la jurisdicción ordinaria.
•Elementos.
•Es un privilegio.
•Guardar silencio sobre un homicidio ocurrido en el marco de la protesta
social, no tiene relación con el servicio.
•No es un privilegio.
•No opera en materia disciplinaria.
•No viola el derecho a la igualdad.
•Requisitos de la ley que establece el fuero.
•Se aplica a los miembros de la Policía Nacional.
•Se debe distinguir cuáles actos u omisiones se les pueden imputar como
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el
mismo y cuáles como ciudadanos ordinarios.
GENERALES Y ALMIRANTES.
•La competencia de la Corte con respecto a generales y almirantes es una
excepción al fuero penal militar.
JUEZ PENAL MILITAR.
•Le son aplicables los principios de independencia e imparcialidad.
JUSTICIA PENAL MILITAR.
•Alcance de la expresión “con arreglo a las prescripciones del Código
Penal Militar” contenida en el artículo 221 de la Constitución Política.

•Ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1765 a los
militares en retiro y a los civiles que desempeñen cargos en la Justicia
Penal Militar y Policial.
•Atribución de juzgar a civiles atenta contra la división de poderes.
•Características de estructura y funcionamiento en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
•Características del órgano que ejerce la facultad jurisdiccional, el cual
debe responder a los principios constitucionales que caracterizan a la
administración de justicia.
•Características del proceso penal militar en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
•Competencia.
•Competencia en caso de que las víctimas no sean civiles sino
combatientes.
•Competencia restringida y excepcional.
•Constituye una excepción constitucional a la regla del juez natural.
•Criterios para determinar su falta de imparcialidad.
•Cuando juzgan violaciones a derechos humanos contra particulares,
ejercen jurisdicción frente a las víctimas civiles.
•El reservista de primera línea que ha sido llamado al servicio readquiere
la calidad de militar en servicio activo.
•En caso de duda sobre la configuración de los elementos subjetivo y
funcional del fuero penal militar, conoce la jurisdicción penal ordinaria.
•En contextos de creación de mecanismos jurídicos para la consolidación
de la paz, debe tender a su desaparición. Salvamento de voto.
•En la Constitución Política.
•Estándares o parámetros sobre las limitaciones que se deben observar
para su aplicación.
•Fundamento de la existencia de una normativa propia.
•Justificación.
•La competencia para conocer de delitos ordinarios cometidos por
miembros de la fuerza pública requiere una relación directa y próxima con
la función militar o con la afectación de bienes jurídicos del orden militar
•La ruptura de la imparcialidad como prevención en abstracto no es
argumento válido para una declaratoria de inconstitucionalidad. Se
presume la imparcialidad y buena fe de los militares que administran
justicia. Salvamento de voto.
•Legislaciones nacionales.
•Margen de configuración legislativa.
•Modelos Internacionales.
•No es competente para juzgar a militares en retiro.
•No es competente para juzgar violaciones sexuales.
•No es juez natural de civiles.
•No es juez natural de civiles aunque fueren empleados de las fuerzas
armadas.
•No existe contradicción constitucional en las normas que la regulan.
•Pertenece a la rama ejecutiva y administra justicia.
•Que los tribunales militares y las cortes marciales estén integrados por
miembros de la fuerza pública, no viola los principios de autonomía e
independencia.
•Que los sujetos involucrados pertenezcan a las fuerzas armadas o que
los sucesos hayan ocurrido dentro de un establecimiento militar no
activan per se la jurisdicción.
•Quien ha participado de la instrucción no puede asesorar o participar del
juzgamiento. Caso de los auditores de guerra en la Ley 522 de 1999.
•Regla general de competencia.
•Se violan los principios de igualdad, juez natural y autonomía e
independencia judicial si se asume el conocimiento, investigación y
juzgamiento de delitos que no se ajustan a los parámetros restringidos de
competencia.
•Semejanzas y diferencias con la jurisdicción penal ordinaria.
•Situaciones sospechosas conforme a la Constitución y a los instrumentos
internacionales.
•Solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que
atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.
•Solo tendrá competencia para conocer delitos comunes cuando tengan
relación directa con el marco de las actividades asignadas a ésta por la
Constitución.
•Su estructuración no es de reserva de ley estatutaria.
•Su organización y funcionamiento deben responder a los principios que
caracterizan a la administración de justicia.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
•Su duración no puede ser inferior a la prevista en la legislación penal
ordinaria.
MULTA.
•Es exequible su conversión en arresto.
ORDEN DE SERVICIOS.
•Competencia de la jurisdicción ordinaria cuando se actúa sin que exista
orden de servicios, en el curso de una misión o de una tarea policiva
legítima.
PARTE CIVIL.
•Tiene derecho a acceder a documentos reservados en el proceso penal.
PENA EJEMPLARIZANTE.
•La función ejemplarizante de la pena es contraria a la Constitución
Política por carencia de precisión conceptual.
PENAS PRINCIPALES.
•Pueden imponerse penas principales superiores a las previstas en la
legislación penal ordinaria.
•Su duración no puede ser inferior a la prevista en la legislación penal
ordinaria.
POLICÍA NACIONAL.
•Contradicción constitucional del fuero militar aplicable a la Policía Nacional.
Principio de armonización.
•La consagración de la justicia penal militar para conocer de las conductas
de sus miembros no vulnera el principio de juez natural.
•Naturaleza jurídica.
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES.
•Son admisibles en la justicia penal militar.
PRESCRIPCIÓN DE LA PENA.
•La comisión de un hecho delictivo nuevo no puede afectar la prescripción
de la pena por un delito anterior.
PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.
•En los procesos adelantados para el juzgamiento de miembros de la
Policía Nacional.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
•Prohibición constitucional de aplicarlo en esta jurisdicción.
PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN INSTALACIONES MILITARES.
•Es restrictiva y excepcional.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
•Se pueden crear en la justicia penal militar, pero deben respetar el debido
proceso.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
•Está legitimada para actuar como ministerio público en los procesos
penales militares.
PRUEBAS.
•Competencia del juez para decidir el orden en que debe presentarse la
prueba.
PRUEBAS DE OFICIO.
•Son admisibles en el proceso penal militar.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
•Los funcionarios de la jurisdicción penal militar están sometidos, en
principio, al régimen disciplinario establecido para la Rama Judicial.
RELACIÓN CON EL SERVICIO.
•Alcance.
•No la tienen los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, delitos
de lesa humanidad, los que signifiquen un atentado contra el Derecho
Internacional Humanitario ni las conductas abiertamente contrarias a la
función constitucional de la fuerza pública.
•Si se actúa por fuera de la ley se está también por fuera del servicio
público. Salvamento de voto.
RESERVA SUMARIAL.
•Aplicación en la Ley 522 de 1999.
SUBROGADOS PENALES.
•No se puede restringir su concesión cuando existe identidad del delito
militar con el delito ordinario, a menos que haya justificación para el trato
diferenciado.
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR.
•Aunque las calidades para ser magistrado deberían fundarse en
condiciones morales y profesionales de los aspirantes,
constitucionalmente es relevante el carácter de militar en servicio activo o
en retiro.
•Independencia e imparcialidad de los magistrados que lo integran,
nombrados por el presidente de la República.
•Se integra por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro

UNIDAD DE MATERIA.
•Las leyes que regulen la justicia penal militar deben respetar esta regla.
USO DE LA FUERZA.
•Competencia de la jurisdicción ordinaria cuando no se observan los
principios de legalidad, no discriminación, estricta necesidad y
proporcionalidad.
•Competencia de la justicia ordinaria en casos de incumplimiento de
protocolos sobre uso de la fuerza en materia de protesta social.
VÍCTIMAS.
•Concepto de víctima en la justicia penal militar.
•Derechos de las víctimas en el procedimiento regulado por la Ley 522 de
1999.
•La representación de víctimas está legitimada para impugnar mediante
tutela la competencia de la justicia penal militar.
•Los derechos que se les reconoce en la jurisdicción ordinaria se
extienden a todas las actuaciones que se surtan en la justicia penal
militar.
•No se puede limitar el número de víctimas que participen en la fase de
investigación.
•Tienen derecho a participar en los preacuerdos que se celebren en la
justicia penal militar.
•Tienen derecho a participar en los procesos que adelante la justicia penal
militar.
•Tienen derecho a que el Estado les designe un representante judicial.

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
•La justicia penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar
a los autores de violaciones a los derechos humanos.
•La justicia penal militar no es competente para su investigación, incluso si
son cometidas por militares en contra de militares y en sus propias
instalaciones.
•Los militares en servicio activo carecen de independencia e imparcialidad
para juzgarlas.
•Para su investigación y juzgamiento es competente la jurisdicción ordinaria,
independientemente de la gravedad del hecho.
VIOLENCIA SEXUAL.
•La justicia penal militar no es competente para conocer de violaciones
sexuales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública.
VOCALES O JURADOS.
•No se les puede asignar la función de administrar de justicia.
VOCALES Y FISCALES.
•Debería ser exequible que deban ser oficiales en servicio activo.
Salvamento de voto.
•Que deban ser oficiales en servicio activo contraviene los principios de
independencia, imparcialidad y objetividad.