El ejercicio de la autotutela administrativa es la máxima expresión de las potestades de la Administración, sin embargo es inexcusable precisar que no estamos ante la presencia de una potestad implícita como en algún momento lo patrocinó el Consejo de Estado, pues la prerrogativa no es el fundamento de la competencia, sino que es la competencia el elemento indispensable de habilitación para ejercer los poderes derivados de la autotutela, y la competencia, inescindiblemente, debe estar consagrada en el ordenamiento jurídico.

Será el ordenamiento legal, con su dinámica constante, quien siempre determinará la necesidad de dotar de este tipo de potestades a la Administración, y de imponer limites precisos y claros que eviten la constante tensión entre el ejercicio de potestades y los derechos  de los Ciudadanos. El legislador tiene una gran responsabilidad, pues como órgano legitimado para habilitar y determinar cuando y bajo que condiciones puede la Administración ejercer prerrogativas como la autotutela, está llamado a “… consultar de manera cuidadosa la realidad sobre la cual se habrán de aplicar y los efectos que tendrán sobre el goce efectivo de los derechos constitucional”.