En Colombia, la potestad disciplinaria funcionarial del Estado reafirma su existencia con la Constitución de 1991 y las normas de desarrollo disciplinario general, principalmente y desde tiempo atrás, con la Ley 200 de 1995, la Ley 734 de 2002 o C.D.U., y últimamente con la Ley 1952 de 2019 o C.G.D. y ésta reformada, adicionada y derogada parcialmente por la Ley 2094 de 2021 y dirigida a todos los servidores del Estado a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, a los órganos de control, organismos autónomos constitucionales y a los particulares con función pública.