En este libro se explora de manera crítica y propositiva el control de constitucionalidad de los actos administrativos y las complejidades que lo circundan, entendiendo por tal control los diversos mecanismos e instituciones estatuidas en un ordenamiento jurídico para garantizar la defensa y primacía de la Constitución. En el ordenamiento jurídico colombiano el control de constitucionalidad, cuando se trata de actos administrativos, por orden del Constituyente de 1991 debe ser llevado a cabo por el Consejo de Estado de una manera híbrida que la doctrina tuvo a bien denominar residual, bajo una modalidad abstracta que deberá materializarse de forma integral.