¿Deben los Tribunales Constitucionales seguir teniendo la última palabra en la sociedad? ¿Deben definir nuestros desacuerdos más íntimos y los dilemas que conmueven a la sociedad? ¿El aborto, la eutanasia, la dosis mínima de drogas, entre tantos casos, pueden ser mejor considerados por una corporación minoritaria? ¿Poseen los Tribunales un mejor juicio que el que podría ofrecer la ciudadanía? Este trabajo analiza la dificultad contramayoritaria u objeción democrática, con el objetivo de formular una propuesta que permita hacer compatible el principio democrático con el mantenimiento del control judicial de constitucionalidad. La investigación adopta como punto de partida el análisis de la cualidad de la constitución, para determinar si el origen de esta objeción surge del diseño constitucional. Seguidamente, desde la lectura de autores como R. Dworkin, J. Waldron y L. Kramer, aborda los principales argumentos que pretenden justificar o solucionar la objeción democrática: la supremacía constitucional, legislativa y popular. Posteriormente, reconociendo la primacía de la democracia y la necesidad del ejercicio de un control judicial de constitucionalidad con mayor legitimidad, se presenta la propuesta de un constitucionalismo procesal débil, la cual permite que los conflictos constitucionales también puedan debatirse ante el legislativo, e incluso por la ciudadanía, como detentadora de la última palabra en la sociedad. Por último, se complementa la propuesta formulada con un procedimiento de selección judicial basado en el mérito, con el fin de promover que los Tribunales Constitucionales cuenten con los mejores jueces y que su selección sea un asunto de deliberación pública. Estos elementos permiten llegar a la conclusión de que es posible optimizar la legitimidad de los Tribunales Constitucionales, siempre que se garantice una real participación y decisión ciudadana. Este libro es un importante insumo para académicos, estudiantes, funcionarios judiciales, litigantes y en general para los estudiosos del derecho constitucional y la filosofía del derecho, pues presenta un tópico que debe empezar a ser debatido de forma crítica frente al poder judicial.