La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los Estados se vean en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional, de manera conjunta.