El lector encontrará en las páginas que siguen un estudio riguroso, sustentado en la normativa vigente, en la doctrina especializada y en la jurisprudencia relevante, que no solo describe el estado actual del arbitraje y del proceso ejecutivo en Colombia, sino que también proyecta escenarios futuros en los que el arbitraje se erige como un verdadero aliado de la justicia estatal en la tarea de garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Este manual es una herramienta de consulta para conocer los atributos, elementos, clasificación, controles y noción del acto administrativo. El autor define el acto administrativo como un acto jurídico unilateral de quienes ejercen funciones administrativas para producir efectos jurídicos. Algunas características del acto administrativo son:• Es unilateral• Está regulado por el Derecho Administrativo• Es dictado por una Administración Pública• Es fiscalizable• Es singular y concreto• Tiene carácter consultivo Los elementos que constituyen el acto jurídico administrativo son:El sujeto, La voluntad, El objeto, El motivo, El fin, la forma.
Estas páginas son algo más que unos apuntes de observaciones y mucho menos que un cuerpo de doctrina. Nada hay en ellas de científico ni de narración amena. Son sencillamente, la expresión de un estado de conciencia.
Esa es la razón de existir este libro. Primero, porque, a mi entender, todo hombre que ha cursado profunda y dilatadamente una disciplina, está en la obligación de explicar lo que piensa de ella; y después, porque la sustancia de la Abogacía descansa en sutilísimos y quebradizos estados psicológicos que no figuran en ninguna asignatura ni se enseñan en las aulas. Por todas partes os explicarán lo que es el retracto y la tutela, y la legislación de ferrocarriles y el recurso de fuerza en conocer y la doctrina internacional de los Estatutos… Pero la función social del abogado, las tribulaciones de su conciencia, sus múltiples y heterogéneas obligaciones, la coordinación de sus deberes, a veces antagónicos… todo esto es para el principiante una incógnita, y nadie se cuida de despejársela
El texto aborda la independencia e imparcialidad del árbitro, las reglas del debido proceso y la responsabilidad e inmunidad del árbitro en el ejercicio de sus funciones.
¿Le gustaría poder aprender seis herramientas letales de litigación oral que desconocen el 90% de los abogados litigantes y que incrementarán exponencialmente las probabilidades de una victoria judicial en asuntos no penales? Si su respuesta fue positiva, este libro es para usted. Se trata de una de las primeras obras que, de forma sería, profunda y práctica, explica cómo planificar y ejecutar un litigio de manera profesional.
Uno de los problemas más difíciles que enfrentan las partes en el proceso penal es la prueba del dolo, más aún cuando se trata de supuestos de intervención plural de personas en el delito, porque en este caso no se trata solamente de probar lo que el autor pudo conocer con relación al tipo penal, sino también lo que alguien pudo saber respecto a la aptitud de su contribución para conformar el injusto en un contexto delictivo. Entonces, ¿Qué clase de razonamiento debe elaborar el fiscal para que su hipótesis de dolo se acepte como probada? ¿Qué razonamiento debería elaborar el juez del caso para considerar probada esa hipótesis acusatoria? Se sabe que el juez solo puede proferir condena cuando alcanza un conocimiento más allá de toda duda razonable acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, ¿Cómo determinar, con un conocimiento más allá de toda duda razonable, el dolo del interviniente en la conducta típica de intervención en el injusto?
El libro aborda la evolución histórica y jurídica del principio de la buena fe, enfocándose en su aplicación práctica dentro del ordenamiento colombiano. La autora propone una síntesis de este postulado ético-jurídico para confrontar los deberes de conducta exigidos en procesos de adquisición de vivienda mediante licitación pública o remate.
El núcleo de la investigación plantea que los terceros adquirentes en procesos judiciales actúan bajo una convicción de legalidad y lealtad, lo que les otorga una protección especial fundamentada en la confianza legítima y la estabilidad de las decisiones judiciales. La obra examina cómo la buena fe, más allá de ser un concepto abstracto, se convierte en un estándar de comportamiento (honestidad, lealtad y transparencia) que vincula tanto a los particulares como a la administración de justicia en la formación de vínculos contractuales derivados de subastas.
La obra profundiza en la normativa colombiana (Ley 820 de 2003 y Código General del Proceso) aplicada a vivienda urbana y locales comerciales. Incluye modelos de contratos y de demandas de restitución.
En Colombia, el modelo de control judicial de constitucionalidad es mixto. Esto, por cuanto reúne elementos tanto del control concentrado como del control difuso. Se le asigna a la Corte Constitucional la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las Leyes y de los Decretos expedidos por el presidente de la República que tienen rango, fuerza y valor de Ley. Por otra parte, los demás operadores judiciales, esto es, jueces y Tribunales, tienen la obligación de realizar un control difuso en los asuntos bajos su conocimiento. Esta investigación tiene por objeto el estudio de la excepción de inconstitucionalidad, procedimiento que en Colombia vehicula el control difuso de constitucionalidad de las leyes
Este nuevo trabajo tiene unas características que los sitúan en las pocas obras con la impronta de la interdisciplinariedad, tan necesaria y poco explorada. Así, tiene vocación para despertar el interés de abogados y de profesionales de las ciencias administrativas, económicas contables, entre otras.
La estructura de la obra cuenta con seis partes. Todos son temas esenciales. No se evaden los asuntos de mayor complejidad y discusión. Un proyecto ambiciosos que, realizado a dos manos por sus autores, profundiza, deja interrogantes y suscita innumerables polémicas. Ello es lo que debe esperarse cuando expertos en una materia deciden comprometerse con estudios y análisis en la literatura técnica.
Este nuevo trabajo tiene unas características que los sitúan en las pocas obras con la impronta de la interdisciplinariedad, tan necesaria y poco explorada. Así, tiene vocación para despertar el interés de abogados y de profesionales de las ciencias administrativas, económicas contables, entre otras.
La estructura de la obra cuenta con seis partes. Todos son temas esenciales. No se evaden los asuntos de mayor complejidad y discusión. Un proyecto ambiciosos que, realizado a dos manos por sus autores, profundiza, deja interrogantes y suscita innumerables polémicas. Ello es lo que debe esperarse cuando expertos en una materia deciden comprometerse con estudios y análisis en la literatura técnica.
Por la facilidad con que puede apreciarse, el daño es objeto del conocimiento común. Pero además de ser un fenómeno físico, puede integrar un fenómeno jurídico, es decir, susceptible de ser jurídicamente calificado y, desde este punto de vista, entra en los dominios del estudio de los juristas. Más específicamente, todavía, el daño, puede ser un efecto jurídico. Ciertamente, perjuicio puede ser padecido por una determinada persona a causa de la inobservancia de una norma, que para obtener un resultado favorable le impone una determinada conducta; por lo que, precisamente el efecto desfavorable, ha sido querido por el derecho, a raíz de la falta de matización de tal comportamiento, o sea, de la inobservancia por él mismo.
