Esta segunda edición de La policía judicial en el sistema penal acusatorio, con diez capítulos es producto de las vivencias y experiencias del autor como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que realizó investigaciones en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y por violación de derechoshumanos, como también del desempeño como Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en donde fue muy importante el acumulado que ese organismo traía desde la época de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con un personal comprometido con la investigación criminal y el trabajo criminalístico y de las ciencias forenses.
Es un análisis constitucional de la Ley 906 de 2004, desde la perspectiva victimológica, en la cual se refleja la situación actual de la víctima en nuestro panorama procesal penal.
Esta obra en su segunda edición, se constituye como una herramienta pedagógica diseñada por el autor para el abordaje práctico del Código General del Proceso colombiano (Ley 1564 de 2012), así como para el aprendizaje, el uso práctico y técnico de algunas temáticas claves y fundamentales del derecho procesal, mediante el uso de reglas de tres por tres (3×3) que permiten crear una estructura mental del Código y de aquellos aspectos básicos del derecho procesal, que resulta ciertamente práctica, útil y oportuna para el ejercicio de la profesión, y sobre todo, del litigio, ya que permite la sistematización mental sobre cuestiones relacionadas con instituciones procesales, tramites, particularidades y formalidades propias del proceso. Por ello, la obra es en sí misma un aporte significativo a la labor de operadores judiciales, litigantes, siendo también un instrumento didáctico para todos los estudiantes al permitirles un acercamiento y un abordaje más dinámico del derecho procesal. Es la herramienta de las trilogías.
Esta ley anunciada como el sanalotodo de nuestros variados, graves y tradicionales males, solo es una muestra más del crónico reformismo judicial propio de todos los gobiernos que se instalan y solo están bien provistos de improvisaciones. Acudiendo al conocidísimo apólogo es, más o menos, un parto de los montes: un ratoncillo jurídico. Y fue un parto asistido porque el proyecto original que contenía 80 artículos,• quedó en 111. Sus características: intensificar la supresión de beneficios a los procesados (aun tocando a los intocables menores de edad, aspecto que omitimos ahora comentar, asi sea perfunctoriamente, y esperar a que otros mas expertos lo hagan), con notoria involución del sistema acusatorio de reciente data, acelerar virtualmente el trámite, innovar delitos, modificar los vigentes y en especial aumentar penas sin ton ni son aunque se diga que todo ello es conclusión de científicos y sesudos estudios de politica criminal, que nadie conoce ni ha podido sopesar.Finalmente, obstinarse en mejorar la extinción de dominio que va de mal en peor hasta el punto que, en Colombia, sea un constante y absoluto peligro adquirir algo sin ser objeto de esa acción extraordinaria de purificación. La legislación en este punto no logra consolidarse ni acertar, sobre todo en la proteccion que merece el adquirente de buena fe.
Se describe como una "obra autónoma derivada" fundamentada principalmente en la jurisprudencia constitucional colombiana. Analiza los criterios para la concesión de este beneficio penal, estructurando sus páginas a partir de los lineamientos de las altas cortes.
Este texto no construye teoría, no pretende asombrar con el hallazgo de una novedad, solo busca aportar a la práctica del proceso penal la percepción del autor, de lo vivido en los juicios, algunas veces con ejemplos reales o hipotéticos.
No es un texto generoso en notas a pie de página. Está escrito para el estudioso del derecho y el litigante con un contenido eminentemente práctico, en un escenario tan complejo y a la vez atractivo: el juicio oral
Este artículo hace una presentación general de los tipos de decretos que expide el Gobierno Nacional en el sistema constitucional colombiano. Pretende, de una parte, mostrar la forma como el Ejecutivo ha manipulado la Constitución Política para dictar piezas normativas ajenas a nuestro sistema de fuentes del Derecho y por la otra, generar en la sociedad y en órganos como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado la preocupación por la imperiosa tarea de identificar en nuestro ordenamiento jurídico con precisión, una tipología de enunciados normativos que permitan alertar con facilidad sobre aquellas normas que expida el Ejecutivo y que vulneren la supremacía de la Constitución, iniciando, de esa manera, la desarticulación del paradigma de invención normativa que viene operando en Colombia.
El Derecho de Sucesiones, pilar fundamental del Derecho Privado, regula la transmisión del patrimonio de una persona natural tras su fallecimiento. Este Tomo VII del Manual Civil Sucesiones, en su edición actualizada a 2024, se sumerge en los aspectos más prácticos y complejos del fenómeno hereditario, aquellos que definen el destino final de los bienes del causante.
Si bien el primer tomo sentó las bases conceptuales y los principios generales de la sucesión ya sea testada, intestada o mixta , este segundo volumen se centra en el desarrollo de la segunda etapa crucial del proceso sucesorio: la liquidación y la partición de la herencia.
Nuestra labor en estas páginas es desentrañar las complejidades que surgen tras la delación de las asignaciones, guiando al lector a través de:
La Capacidad y Dignidad para Suceder: Un análisis detallado de quiénes están llamados a heredar y las causales que pueden impedir la vocación hereditaria.
La Aceptación y Repudiación de la Herencia: El ejercicio del derecho de opción del asignatario, con énfasis en el beneficio de inventario y sus implicaciones legales y patrimoniales.
La Petición de Herencia y las Acciones de Rescisión: Mecanismos judiciales para proteger los derechos de los herederos reales frente a poseedores putativos.
La Liquidación de la Comunidad Hereditaria: La transición de la indivisión a la adjudicación de bienes específicos a cada coheredero.
El Proceso de Partición: Desde la designación del partidor hasta la aprobación judicial o notarial del trabajo de partición, incluyendo la colación y el pago de deudas hereditarias y cargas testamentarias.
La edición de 2024 integra las interpretaciones jurisprudenciales más recientes y las posibles reformas legislativas, proporcionando un instrumento de consulta indispensable tanto para estudiantes avanzados como para profesionales del derecho que se enfrentan diaramente a los desafíos que plantea la práctica sucesoral en Colombia.
Confiamos en que este manual sirva como una herramienta clara, rigurosa y actualizada para navegar las aguas, a menudo turbulentas, del derecho de sucesiones.
Aparece la tercera edición, la cual se centra en dos ejes: el primero, apunta a la constitucionalización del derecho de familia; el segundo, tiene que ver con la familia frente al derecho y los nuevos tipos de familia, que rompe con el modelo tradicional ortodoxo de concebir la familia solo a través de una pareja heterosexual y patriarcal; y se trabaja las familias del mismo sexo en la unión marital como en el matrimonio; por otra parte ubica por primera vez al derecho de familia en las políticas públicas; desarrolla temas nuevos de la filiación y la centra como un negocio jurídico; por otra parte el presente manual plantea la solidaridad familiar o familia de crianza, como forma de filiación; el arrendamiento de vientre y la disputa entre la familia biológica y la genética; los nuevos tipos de familia; y por último introduce el nuevo régimen de guardas. El texto que el doctor Aroldo Quiroz ofrece a estudiantes y estudiosos del derecho de familia involucra de manera didáctica y organizada un análisis actualizado. Igualmente, dispone de una metodología que facilita la lectura y la comprensión del texto.
La finalidad de esta obra, ya tradicional en el ámbito universitario y profesional, es didáctica; su objetivo es facilitar el entendimiento, memorización y consulta de la norma penal, general y especial, por lo cual es un instrumento de consulta y estudio directo, sinóptico, completo y original, sirviendo como guía de investigación en la disciplina. Para esta novena edición, el autor procedió a ampliar y actualizar su trabajo, incorporando nuevos aspectos doctrinales y jurisprudenciales, además del correspondiente estudio de las últimas reformas realizadas al Código Penal vigente.
El título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla todas las posibilidades que tienen los asociados de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para plantear los diversos medios de control y obtener un pronunciamiento judicial. Como génesis, se sustentó en la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley que los medios de control contienen, en sí mismo, las pretensiones que podrán promoverse ante la jurisdicción especializada. En síntesis y adecuación al fin que se destinan, es la pretensión la que le asigna la denominación a cada medio de control. Ello lo analizamos, detenidamente, en la introducción del título preliminar, al deslindar tres siguientes aspectos: la unificación de acciones, los fines propuestos y los medios de control judicial.El C. P. A. C. A. enumera tanto las típicas pretensiones contencioso-administrativas conocidas de siempre, como también aquellas de raíz constitucional o legal adicionadas que pueden instaurarse, y les fija a cada una de ellas los elementos y características propias. Por consiguiente, se podrá suscitar el control jurisdiccional de la actividad y actuación del Estado sujetas al derecho administrativo, realizadas por las entidades públicas y los particulares que desempeñen funciones administrativas, acudiendo, como pretensión, al ejercicio de los medios contencioso-administrativos que establece el estatuto procesal en sus artículos 135 a 147, salvo el control inmediato de legalidad ( art. 136) y el control por vía de excepción (art.148) que no incorporan el derecho a incoar mediante demanda».«El título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempla todas las posibilidades que tienen los asociados de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para plantear los diversos medios de control y obtener un pronunciamiento judicial. Como génesis, se sustentó en la exposición de motivos del respectivo proyecto de ley que los medios de control contienen, en sí mismo, las pretensiones que podrán promoverse ante la jurisdicción especializada. En síntesis y adecuación al fin que se destinan, es la pretensión la que le asigna la denominación a cada medio de control. Ello lo analizamos, detenidamente, en la introducción del título preliminar, al deslindar tres siguientes aspectos: la unificación de acciones, los fines propuestos y los medios de control judicial.
