Comercial

Reseña : Reformas estatutarias y transformación; Fusión; Aspectos prácticos de las operaciones de integración societaria; Escisión; Derecho de retiro; Matrices subordinadas y grupos empresariales; Disolución de la sociedad; Causales de disolución; Liquidación; Empresa unipersonal de responsabilidad limitada; El proyecto de reforma al régimen de sociedades; Bibliografía; Índice de autores; Índice de disposiciones; Índice de materias. de clausura de la fiscalía; El hecho; Los presupuestos procesales; Los actos procesales; El procedimiento intermedio; El procedimiento principal (panorama general); Las máximas procesales; El tribunal en el juicio oral; Los intervinientes en el proceso; Medios de prueba;  Conceptos fundamentales del derecho probatorio; La producción de la prueba y el procedimiento probatorio;  El deber de esclarecimiento, § 244, inciso 2º; El derecho a requerir prueba; La oralidad de la recepción de la prueba; La inmediación de la recepción de la prueba; Prohibiciones probatorias; Libre valoración de la prueba; La sentencia concertada. acuerdo en el proceso penal; La sentencia; Cosa juzgada; Clases especiales de procedimiento; Recursos: reglas generales; Apelación; Casación; La queja; Intervención del ofendido en el proceso penal; Las costas del proceso.

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Esta obra ofrece al lector una mirada sencilla y sistemática de la doctrina de las cláusulas abusivas dada la creciente importancia que esta temática tiene en un contexto como el actual, caracterizado por la desigualdad en el poder de negociación de los partícipes en el mercado y la utilización de contratos cuyo contenido ha sido establecido por una sola de las partes. Así, el texto presenta el estado actual y los elementos más importantes de la doctrina de las cláusulas abusivas. Para ello, a partir del análisis de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como extranjera, el autor aborda, entre otros asuntos, el estudio de los principios y conceptos jurídicos que la sustentan, así como las finalidades que persigue. Adicionalmente, define qué es una cláusula abusiva e identifica sus características y sanciones jurídicas. Finalmente, expone los mecanismos de control existentes para evitar la inclusión de las mencionadas cláusulas en los contratos

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En el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.En desarrollo de la actividad ministrativa se apela inexorablemente a la contratación pública como un instrumento para el cumplimiento de los fines del Estado, en especial para la satisfacción del interés general, es así como el procedimiento administrativo contractual están inmersas actuaciones, tales como el acto de adjudicación y el contrato mismo, de los cuales deontológicamente se pregona, en el presente texto, ser demandados por cualquier persona sin necesidad de la acreditación de un interés directo lo anterior porque el contrato público, al igual que todos sus componentes previos y posteriores constituye un proceder Sublime que involucra a todos los ciudadanosEn el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.

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La lesión se erige en uno de los institutos más asistemáticos e inequitativos de toda la normatividad colombiana. De tal manera es ello así que bien se podría hablar, con toda propiedad lingüística y normativa, de que la lesión es un monstruo jurídico (monstrum iuris), por las inequidades que puede implicar, inequidades que son la negación más rotunda del principio de equidad, en que se basa o debería basarse esa institución. El escrito pretende, muy respetuosamente, hacerle unas sugerencias al legislador para que elimine o reforme el vigente régimen abstruso de la lesión. Si no es posible eliminarlo o derogarlo, al menos, reemplazarlo por otro que, con base en sus principios (equidad, buena fe, autonomía de la voluntad, enriquecimiento sin causa, no abuso del derecho, fraude a la ley, conmutatividad, rebus sic stantibus, seguridad jurídica) y, particularmente, en el de economía procesal, para tratar de descongestionar los despachos judiciales, adopte la lesión objetiva en toda su extensión, fijando una desproporción matemática más justa e inflexible para todos los negocios jurídicos mobiliarios o inmobiliarios, que otorgue al lesionado, no una acción rescisoria sino una de reducción o ajuste de la desproporción, mediante un proceso, lo más breve posible, con todo lo cual no haya lugar a la discrecionalidad judicial y se omita la complicación incalificable, que existe en la actualidad, cuando el comprador lesionante efectúa una segunda venta.

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La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general. Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse. Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.

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